La opinión de…
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Hugo Navarro –
Panamá tiene condiciones muy especiales: una superficie de 77 mil km2, y una población aproximada de 3.3 millones de habitantes, de características heterogéneas que forman parte de este pequeño istmo, bañado por dos mares, con mil 500 km de costas, con riquezas marinas, hídricas, tierras altas y llanuras.
Investigadores científicos catalogan a nuestro país como el centro que reúne las condiciones naturales y humanas para la investigación por su flora, fauna, abundancia de agua y riquezas minerales bajo su cubierta.
Las condiciones mencionadas se han convertido en una canasta abierta para los que nos miran desde afuera con deseos de aprovechar las condiciones extraordinarias para explotar y comercializar muchos de nuestros recursos que no aprovechamos, por ejemplo el mango, una fruta a la que poco atención le hemos dedicado y que se extiende por toda la campiña; para mi sorpresa en Rotterdam me sirvieron un té de mango.
Nuestro sistema de gobierno presidencial (autócrata) no ha permitido un desarrollo sustentable. Los gobiernos tienen un período de cinco años y la población que participa en los partidos políticos aspira a un puesto gubernamental “cuando gane mi partido”. El Presidente se mantiene ocupado con tareas menores que no le permiten pensar en el futuro del país.
Bajo estas condiciones no se han podido determinar las riquezas del país y su verdadero valor. Se han creado varias instituciones estatales con el propósito de informar y promover “nuestras necesidades” para que el capital extranjero se entusiasme con nuestras riquezas inexploradas, facilitando el camino para la inversión.
En el camino de la estructuración y organización de estas instituciones es natural que se cometan errores, por ejemplo, contradicciones en las leyes que permiten exceso de protección para el inversionista y poca garantía para los propietarios que sacrifican sus fincas para permitir el llamado desarrollo económico, pero que olvida lo social–humano.
El papel de juez y parte resalta como una solución “de acción forzosa” o “puede calificarse como de interés social”, que es una burla para los afectados que no han querido ceder sus propiedades a precios ridículos, que desean imponer los que invierten perjudicando a los que son afectados por estas acciones ilegales e injustas. Además de nuestras contradictorias leyes administradas por funcionarios que se atribuyen el papel de “juez y parte” interesada en proteger al inversionista que se aprovecha para inundarnos con falacias de riquezas que nunca llegarán a las arcas del país, debido a que son transferidas hacia el exterior.
Como siempre son los pequeños agricultores y granjeros los que quedan desprotegidos cuando se entrega la riqueza natural del país.
Nuestra corta visual no ha permitido ejecutar los inventarios de nuestra riqueza y el impacto económico–social–ambiental y su impacto a corto, mediano y largo plazo.
Los procedimientos de “acción forzosa” utilizados para satisfacer las aspiraciones de empresas en los ámbitos nacional e internacional tienen que ser manejados con mucha cautela e investigación que permitan analizar caso por caso considerando el verdadero valor de la intromisión que se está cometiendo al partir, clausurar, desviar lo que la sabia naturaleza ha construido por miles de años.
Con el interés que ha despertado en el país, es necesario un “plan maestro” para el desarrollo social económico–ambiental (sustentable). Lo importante es que hombres con visual lo puedan llevar a cabo, no importa sus afiliaciones, lo que interesa es su capacidad, integridad, y honestidad comprobada.
<>Artículo publicado el 10 de septiembre de 2010 en el diario la Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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