Por una Asamblea Nacional Constituyente

La opinión de…

Olmedo Beluche

Las cartas están sobre la mesa: el actual bloque oficialista y el presidente, Ricardo Martinelli, aspiran a la reelección, para lo cual requieren una reforma a la Constitución Política. Pero al igual que los gobiernos de los últimos 20 años, el nuevo parche a la Constitución de 1972 pretenden hacerlo de manera controlada para que sus intereses sean preservados y, si algo cambia, sea para peor. Por ello el mecanismo elegido para las reformas es que lo haga la actual Asamblea Nacional, bien controlada desde el Ejecutivo, y que sus decisiones sean ratificadas por un plebiscito o referéndum.

Se trata de que el poder político siga en manos de la misma oligarquía y sus políticos de siempre. Además de la reelección presidencial, se avizoran en la agenda ataques puntuales a derechos sociales y a la soberanía nacional (como la extradición de nacionales o que Estados extranjeros posean propiedad territorial, como en las minas). El objetivo, liquidar los últimos vestigios del Estado desarrollista de los años 1970 con su concepto de soberanía nacional, suplantándolos por el Estado neoliberal que se ha venido construyendo durante tres décadas y su sometimiento al “libre mercado”.

La oligarquía que controla el país tiene claro su concepto de Estado, y no podemos culparle por ello. El problema es de la clase trabajadora y sus organizaciones, sindicatos y movimientos sociales, que no han construido una concepción coherente sobre el Estado y el régimen político panameño. Por ello, o avanzamos unidos en levantar una concepción del Estado y el régimen desde la perspectiva de los intereses populares, alternativo al de la oligarquía, o seremos simples peones en el juego de intereses de la burguesía.

No debe volver a repetirse lo sucedido en la recién clausurada Comisión de Reformas Electorales (CNRE), en la que era imperativo para el movimiento obrero y popular ganar espacios democráticos de participación política, como la rebaja sustancial en la cuota de adherentes para partidos y candidatos por libre postulación, entre otras reformas, lo que fue desaprovechado sin pronunciamientos contundentes, ni movilización, por parte de la organizaciones sociales. El resultado fue una “curita” que no cambia nada sustancial.

En la CNRE, luego de que Frenadeso logró la importante conquista de acceder a un puesto en la mesa, no presentó propuestas de fondo y dejó la silla vacía la mayor parte del tiempo. Por su parte, Conato y Conusi optaron por no ir más allá de las propuestas muy moderadas del Foro Ciudadano, convenientemente controlado por la Apede y el Conep, incluso con derecho de veto. La única voz solitaria que se alzó con propuestas independientes fue la del Partido Alternativa Popular.

Urge que Frenadeso, Conato y la Unidad de Lucha Integral del Pueblo discutan un plan de acción común frente al proyecto de reforma constitucional que se nos viene encima. El primer punto de ese acuerdo tiene que anteponer a las reformas controladas de Martinelli, la exigencia de una Asamblea Nacional Constituyente con delegados elegidos por el pueblo de manera que no sólo la partidocracia actual pueda postular, sino que también el movimiento social pueda llevar sus voceros a la constituyente.

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Este artículo se publicó el  5  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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Supermercado de la política panameña

La opinión del Secretario General de CONUSI – FRENADESO….

GENARO   LÓPEZ
rologe54@yahoo.com

La principal actividad de un supermercado es ofrecer diversas mercancías a distintos precios, quienes tienen ingresos las pueden comprar. En el plano de la política panameña parece operar una lógica similar.

Las principales autoridades de gobierno (ministros, viceministros, directores de entidades, embajadores, cónsules) son nombradas a partir de su grado de consanguinidad, amistad o identidad partidaria. Es decir, por el solo hecho de parentesco o afinidad política parecen ‘merecer’ un cargo en las instancias gubernamentales. Esta práctica ha convertido, parafraseando la teoría del mercado, el parentesco en dinero que permite comprar altos cargos en la esfera pública. O sea, se institucionaliza la ‘ley del nepotismo’ en el supermercado político.

Algunos ejemplos en el actual gobierno, nombramiento de la hija de Giselle de Calcagno (ministra de la Pequeña y Mediana Empresa y ex-miembro del PRD), la hermana de Papadimitriu (ministro de la Presidencia). Martinelli, ha dado su cuota con el nombramiento de trabajadores de sus empresas (entre otros el director del Servicio de Protección Institucional del Estado, el director del Instituto de Investigación Agropecuaria, la ministra de Trabajo, la contralora de la República y algunos de los hijos de sus empleados ubicados, por ejemplo, en el Sistema Estatal de Radio y Televisión, en el IFARHU, el Servicio de Migración y Naturalización), igualmente sus familiares se colocan en embajadas y consulados, así como familiares políticos.

Esta situación parece consolidarse como regla de la gestión de gobierno, profundizándose en los últimos años (1990 a la fecha). Bajo la administración de Ricardo Martinelli, esta regla del mercado político parece respetarse, a pesar de que durante la campaña electoral prometió acabar con el nepotismo, considerada una ‘falla del mercado electoral’. Sin embargo, la compra ha sido a gran escala.

Por otro lado, a pesar de que constitucionalmente se establece la separación de poderes entre los Órganos de Gobierno, las compras también se realizan a estos niveles. Escandaloso han sido los cambios de tolda política de los diputados, y más aún las insinuaciones de sumas de dinero que han generado estas transacciones políticas. En esta semana, nuevamente se evidencian las compras, el PRD admite la pérdida de varios diputados, dicho sea de paso algunos de ellos comprados en años anteriores por este colectivo.   Similar situación se presenta a nivel de alcaldías y representantes de corregimientos. Esto es el ‘libre mercado político’ a su máxima expresión.

Pero el supermercado también funciona en lo empresarial.   Quienes aportaron ‘donaciones’ a las campañas políticas reclaman sus intereses, siendo beneficiados con jugosos contratos en el sector público o con leyes personalizadas que les permiten evadir impuestos.   A este nivel se ofrecen las llamadas contrataciones directas y se desregulariza el mercado (eliminación del control previo). Pero el gran atractivo del supermercado son los megaproyectos, que permiten trasladar ingresos sociales a manos privadas y que uno que otro ‘funcionario’ entre ‘pobre y salga millonario’ o entre ‘millonario y salga billonario’.

Lo cierto es que el nepotismo, la galopante corrupción y las canonjías empresariales, representan un alto costo para los que pagamos impuestos, la clase trabajadora y el pueblo. Además, pone en evidencia la demagogia que impera en los discursos electorales y la podredumbre que impera en la partidocracia.

Esta realidad es reprochable, máxime cuando se argumenta que no existen recursos financieros para abastecer a la CSS de los insumos que se requieren para una atención con calidad y calidez a los asegurados; o cuando se niega aumento de pensiones y jubilaciones, aunque el 41% de éstos viven en pobrezas, o se rechaza la propuesta de aumento salarial a los educadores; cuando se despiden miles de funcionarios públicos.

Frente a la continuidad del nepotismo y la corrupción, estamos obligados a organizarnos y construir unidad desde las bases, a fin de crear nuestra propia alternativa que permita levantar una sociedad de justicia y democracia.

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<> Este artículo se publicó el 5  de dicembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Diputados nacionales: ¿Necesitamos un minisenado?

La opinión del  Abogado, político independiente…

Juan Manuel Castulovich

La Constitución de 1904 tuvo como modelo a la colombiana de 1886; pero, de manera notable, se divorció de ésta en cuanto a la conformación del Órgano Legislativo.   Colombia, al igual que la mayoría de los países, tiene un Órgano Legislativo bicameral, con Asamblea de Diputados y Senado; Panamá, en cambio, adoptó el sistema unicameral, con una sola corporación legislativa: la Asamblea de Diputados.   Su nombre ha variado de Asamblea Nacional a Asamblea Legislativa y viceversa, pero no su naturaleza esencial.

 

Cuando para superar la crisis política de 1945, incubada desde “el golpe de estado” del 41, fue convocada la Asamblea Nacional Constituyente, se introdujo la fórmula de “los diputados nacionales”, elegidos junto con los que representarían a cada una de las nueve provincias. Este grupo especial de nueve (9) diputados, seis principales y tres suplentes, no representaban a ninguna provincia sino a todo el país.   Ellos fueron: Abilio Bellido, Diógenes de la Rosa, Luis E. García de Paredes, Jacinto López y León, José Isaac Fábrega y Esther Neira de Calvo, principales, y Antonio Carrillo Vargas, Luis M. Hernández y Raquel Walker de Ducruet, suplentes.

El ensayo de los “diputados nacionales” tuvo corta existencia. La Constitución de 1946 no recogió esa figura. En su artículo 106, expresamente dispuso que todos los diputados a la Asamblea Nacional serían elegidos, por provincias.

En las Constituciones de 1941 y 1946, se crearon, respectivamente, una “Comisión Permanente” y “la Comisión Legislativa Permanente”. En la del 41, integrada por cinco (5) diputados, con la función de “asesorar al Poder Ejecutivo” cuando éste así lo solicite”. En la del 46, eran siete, uno de los cuales era el presidente de la última legislatura, que la presidía

La “Comisión Permanente” del 41 (ver Art. 79) era intrascendente, pues en el Art. 88, de la misma Constitución se creó otra “Comisión, Ad-hoc”, que era la que debía intervenir cuando la Asamblea otorgara al presidente de la República “facultades extraordinarias” para legislar mediante “decretos leyes”.

Los diputados que formaban parte de esas comisiones, por la función que ejercían, elevaban temporalmente “su estatura política” y, en cierta forma, “se desprendían del resto de sus colegas”; pero no eran un “mini Senado” ni nada que se le pareciera.

Según se ha anunciado, “los beneméritos magistrados”, como “ultima y novedosa aportación de su sabiduría electoral”, estarán proponiendo reintroducir la figura de “los diputados nacionales”, para que sea discutida como corolario de las interminables sesiones de la Comisión de Reformas Electorales; con la pretensión de que entre en vigor para las elecciones del 2014.

En esta materia, al igual que con “otras iniciativas”, como las de “las listas cerradas”, el triunvirato electoral demuestra su falta de sentido de la realidad. Desconoce nuestra tradición constitucional, ha perdido y hecho perder tiempo y recursos del Estado en “debates bizantinos”, con el deliberado propósito de soslayar los temas esenciales, para preservar “el status quo” y el reinado de la “partidocracia”.

Los llamados “diputados nacionales” sólo servirían para encumbrar a supuestos “super sabios legisladores”, una especie de “minisenado”, que accederían a ese privilegio por “arreglos” entre quienes controlan los partidos. Y como no habrá que esperar mucho, pronto se aclarará el entuerto.

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<>Artículo publicado el  30  de noviembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/castulovich-juan-m/

Presidente independiente

La opinión del Abogado y Ambientalista panameño…

Juan Ramón Sevillano Callejas

Falta mucho para las elecciones de mayo de 2014 y ya salieron encuestas sobre quién o qué partido las ganará. La verdad es que los panameños estamos hasta la coronilla de los partidos políticos y de sus amanuenses.

¿Hasta cuándo el pueblo va a elegir amorales, inmorales, codiciosos, ignorantes, maleantes, incompetentes o gentuza que solo se les ve cada cuatro años?

Necesitamos acabar con la partidocracia y ahora con la presidocracia. Deseamos una verdadera democracia, en la que el pueblo decida, por sí solo, su destino. No necesitamos una democracia participativa, que es esa donde supuestamente se oye al pueblo, pero no se le obedece.

Necesitamos a un presidente que no pertenezca, ni haya pertenecido a ningún partido político, ni tampoco a ninguno que se haga un partido propio para meter muchas veces las patas. Uno que cambie la Constitución, para darnos una verdadera independencia judicial de los otros poderes, mediante su elección, no por los políticos para protegerse penalmente, sino escogidos por la sociedad civil y todos sus sectores y con supremacía de créditos académicos y valores morales.    El pueblo además debe elegir a los procuradores y al contralor general de la República.

Un presidente que apoye de verdad a los productores nacionales, por encima de los importadores, para que haya seguridad alimentaria y no para que intermediarios se hagan ricos. Uno que construya muchos mercados de abastos en todas las ciudades, donde podamos comprar directamente a nuestros hermanos campesinos.

Necesitamos un presidente que le declare la guerra a los delincuentes, aun a pesar de que sabemos que en el conflicto vaya a caer gente buena e inocente. Que en sus tres o seis primeros meses de gobierno, declare estado de excepción o de sitio, como quiera llamársele.   El pueblo sabe, y por tanto la policía lo sabe, quienes son los delincuentes.   Si no se ha acabado con ellos, es por intereses oscuros del cual se benefician unos cuantos.

Queremos un presidente que acabe con la vulgaridad, la maleantería, la chabacanería, las atorrancias, en especial en los medios de comunicación social, el juega vivo, las chupatas a todas horas y en todos los lugares.

Necesitamos a alguien que ponga orden y decencia en este país.   Que se respete no solo para las autoridades, sino también a las personas de buen vivir.   No es posible que gente sin camisas y chancletas (por ejemplo) le grite obscenidades a la gente buena cuando estos últimos llamen la atención sobre su actuar incorrecto.

Le urge a Panamá un presidente que construya, además, centros de atención médica en las montañas, comarcas y en todos los lugaresapartados, para que nuestra gente humilde y sus niños no se mueran de un resfriado.

Uno que escoja los programas de estudios de los cinco mejores colegios del país y haga con ellos uno mejor, para que se imparta, tanto en colegios públicos como privados. Que restablezca la doble jornada escolar, para que nuestros niños no tengan tiempo de ocio y se conviertan así en buenos ciudadanos.

No necesitamos a un presidente que necesite un mazo para hacer los cambios que él crea, necesitamos a un presidente que haga los cambios que el pueblo quiere y que por encima de todo tenga la inteligencia y la capacidad para realizarlos de la mejor forma posible.

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<> Este artículo se publicó el  8  de noviembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/sevillano-callejas-juan-r/

El hombre y sus circunstancias

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11 DE OCTUBRE DE 1968  – La opinión de…

Rubén Darío Paredes 

En fechas que marcan sucesos trascendentales en el país como hoy, 42 años después del 11 de octubre de 1968,  sugerimos hacer una pausa para reflexionar y, como un águila, mirar desde las alturas, embriagados de optimismo hacia nuestra república, comprendiendo que los panameños hemos logrado hacer de ella una nación hermosa y pujante.

 

Solo ayer, en 1903, éramos la patria imberbe, indefensa, temerosa y bajo amenaza, pues aún teníamos el cordón umbilical unido a Colombia. Aquellas circunstancias obligaron a nuestros próceres a buscar protección en la bolsa marsupial de Estados Unidos para acumular fuerzas y lanzarnos luego a perfeccionar nuestra soberanía, lo que tomó un siglo.

 

Hoy, tras solo 107 de vida independiente, la república luce vigorosa y autodeterminada ante los retos para su desarrollo. La ocasión es propicia para repasar los hechos que fueron tallando nuestra personalidad de nación libre y soberana.

 

Veamos entonces. Algunos historiadores tildan de oportunista, conspirador e impostor al ingeniero Philippe Bunau–Varilla, porque siendo francés y no panameño incurrió en un abuso o arbitrariedad, al firmar el tratado a perpetuidad con Estados Unidos, sobre el Canal y zonas adyacentes, el 18 de noviembre de 1903, en la residencia del secretario John Hay, en la ciudad de Washington.

Deberíamos preguntarnos ¿Cuáles eran las circunstancias imperantes que obligaron a nombrar a este francés como nuestro primer embajador ante el Gobierno norteamericano?   Él no pudo autonombrarse embajador ¿verdad?

 

Ubicándonos en aquel episodio de emergencia independentista en 1903, nuestro primer presidente, colombiano de nacimiento, el Dr. Manuel Amador Guerrero y la “Comisión de Asuntos Constitucionales, a nuestro juicio jugaron su mejor carta al designar a Bunau–Varilla como embajador plenipotenciario y negociador ante EU, quien a juicio de muchos cumplió con la patriótica misión que se le había encomendado de negociar el tratado, una réplica exacta confeccionada por los gringos, la misma que había rechazado Colombia unos meses antes.

 

Bunau–Varilla partió hacia Washington con dicho documento en su maletín e instrucciones precisas para convertirlo en un tratado, sin dilación. Además, desarrolló una participación decisiva de inteligencia estratégica ante la Casa Blanca, en apoyo a la decisión separatista de Panamá de Colombia. Por otra parte, había demostrado tener vínculos de influencia, confianza y el respeto de los norteamericanos.

Es evidente que Bunau–Varilla no necesita que alguien –y menos yo– un siglo después lo defienda, lo que deseo es introducir el pensamiento filosófico sobre la conducta y proceder de los hombres.

 

El escritor español Ortega y Gasset expresa que la actuación de los hombres las definen las circunstancias donde se encuentra inmersos… “Yo soy y mis circunstancias”.   En consecuencia, opinamos que Bunau–Varilla, contrario al criterio de aquellos nuestros próceres, supo hacer frente con devoción a sus circunstancias, en 1903.

 

Durante el primer golpe de Estado en la historia republicana, el 2 de enero de 1931, las “circunstancias” imperantes obligaron a los hermanos Harmodio y Arnulfo Arias, letrados cabecillas del movimiento populista “Acción Comunal” a actuar contra la oligarquía, que derrocó al presidente constitucional Florencio H. Arosemena y dejó un saldo de 12 muertos.   Los objetivos de ese movimiento se desvanecieron en corto tiempo entre los intereses y la partidocracia.

 

El 3 de abril de 1959,  Santa Fe de Veraguas, Cerro Tute:  “Don Anatolio, mandó a decir a don Chico que salga temprano mañana y que use otro camino, porque estalló la guerra; la Guardia Nacional al mando de un capitán Torrijos está en el pueblo de Santa Fe”.

 

La presencia militar obedecía a que 25 estudiantes se habían alzado en armas contra el Gobierno y se encontraban en las faldas del cerro Tute. Cincuenta años después, Virgilio García, uno de los estudiantes combatientes expresó: “En esa gesta perdí a mi hermano menor Domingo García y a otros cuatro compañeros.   La aventura valió la pena, como consecuencia de ese alzamiento fructificó con los años en el golpe militar del 11 de octubre de 1968, entonces la situación del país mejoró radicalmente”.

 

El 11 de octubre de 1968, cuando la institucionalidad de la Guardia Nacional se vio amenazada por el gobierno del Dr. Arnulfo Arias, quien ganó las elecciones de mayo de 1968, al cancelar y derogar la Ley del Escalafón de Méritos y Antigüedades de la institución, y cuando algunos jefes obligados al retiro habían claudicado inertes, “eran las circunstancias”.

 

Además, en una previa crisis política que culminó con una conspiración de los partidos, es decir un “golpe parlamentario”, pero fallido, contra el presidente constitucional Marco A. Robles, en las postrimerías de su mandato, ese “parlamentazo” lo que buscaba era la cabeza política del Dr. Arnulfo Arias.

Omar Torrijos y prácticamente toda la oficialidad de la Guardia Nacional, decidimos derrocar al presidente Arias por instinto de conservación personal e institucional.   El constitucionalista Dr. Carlos Bolívar Pedreschi da una versión en un ensayo publicado de aquellos sucesos previos al golpe del 11 de octubre, donde reseña, cuáles fueron las “circunstancias” que obligaron a los militares de la Guardia Nacional a derrocar al Dr. Arnulfo Arias.

 

Pasan los años y desde la óptica de ese águila en las alturas, Omar Torrijos representa el “último prócer” de la creación de nuestra república.

<> Artículo publicado el 11  de octubre de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,    lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.

De manifiesto engaños de la clase política

La opinión del Ex Secretario General del SUNTRACS – FRENADESO…

GENARO LÓPEZ

Continúan los métodos de quebradera de brazos en el seno de la llamada clase política. Los cambios de tolda están a la orden del día, las disputas presupuestarias por fricciones de partidos en el gobierno, las denuncias de corrupción pasadas y presentes, las arremetidas a lo interno de las alcaldías (Panamá y San Miguelito), están a la orden del día.    Ello es una evidencia más de la podredumbre que impera en la partidocracia, es una muestra de que entre gobierno y oposición burguesa no hay contradicción.

Mientras tanto, las demandas sociales siguen desatendidas, el costo de la canasta de bienes y servicios alcanza precios exorbitantes, varios planteles educativos se encuentran cerrados por problemas en sus infraestructuras, en los centros de salud e instituciones de la CSS es manifiesta la falta de insumos médicos y medicinas, continúan en franco deterioro la infraestructura vial, la inseguridad ciudadana es creciente, la informalidad laboral es el referente de más de la mitad de la población ocupada, continúan los despidos en el sector público, el endeudamiento público se acrecienta, el problema del transporte sigue en el círculo de la definición de los megaproyectos entre los grupos de poder económico, el abandono a la política de soberanía y seguridad alimentaria es evidente, se incrementan las actividades depredadoras del ambiente (proyectos mineros, hidroeléctricos, turísticos).

Asimismo, a pesar del rechazo del pueblo panameño a la nefasta Ley 30 el gobierno sigue en su decisión de mantenerla, pues, como hemos señalado, detrás de ella se sientan intereses empresariales que buscan hacerse de la riqueza nacional vía la eliminación de los estudios de impacto ambiental y profundizar el abaratamiento de la fuerza de trabajo, así como profundizar las leyes que satanizan la protesta social. El llamado diálogo no llega a ser tal, el gobierno pretende saltar la voz del pueblo de Bocas del Toro, quien vio morir a varios de sus hijos en el proceso de lucha contra la Ley Chorizo, pueblo que sigue en las calles exigiendo justicia para los cientos de afectados y para que se eliminen los expedientes amañados. Igualmente se burla de los pueblos originarios que han rechazado el Decreto 537, el cual violenta la Ley Orgánica de la Comarca Ngäbe Buglé.

Como si ello fuera poco, en sus acostumbradas metidas de pata, el ministro Mulino, no conforme con las manos manchadas de sangre indígena, ahora le declara la guerra a las FARC.   La posición asumida por el ministro, indudablemente que generó preocupación y rechazo en diversos sectores del país.

Ya en febrero pasado Frenadeso había denunciado que: ‘La política del gobierno de Martinelli arrastra al país hacia el conflicto armado de Colombia y puede ser usada por los sectores más recalcitrantes de la clase dominante como una excusa que le abra las puertas a una nueva intervención armada de Estados Unidos en Panamá. He allí la gravedad de los hechos’.

En general, se vive un estado de represión, antidemocracia y contra los sectores populares, que obviamente recrudece el deterioro de las condiciones materiales de vida y evidencian un retroceso en el cumplimiento de los derechos humanos en todos sus órdenes.

Quienes creyeron que Martinelli haría el cambio, hoy están mayoritariamente desilusionados, así lo evidencian las encuestas. Se pone al descubierto que ‘el voto castigo’ es un eufemismo, que los grupos que ostentan el poder económico y político, agrupados en la partidocracia, coinciden en su plan de gobierno, que sus intereses están dirigidos a seguir acumulando más ganancia y a seguir utilizando al Estado como instrumento para hacerse de riqueza personal.

Frente a ello, nuestra alternativa se sienta en la base de organizarnos y levantar nuestro propio instrumento político, a fin de erradicar la corrupción, el nepotismo y la partidocracia, para levantar las bases que refunden el país en un estado de justicia, democracia, respeto de los derechos humanos y plena participación social.

<>  Este artículo se publicó el 19  de septiembre de 2010  en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.