′Del dicho al hecho, hay mucho trecho′

La opinión del Abogado……

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MIGUEL ANTONIO CARRIZO

Hemos escuchando durante todo el periodo presidencial del señor Ricardo Martinelli, que desea convertir a nuestro país en un Singapur, utilizando o copiando para ello, su modelo económico de corte liberal.

Sin embargo, las actuaciones por parte del señor presidente distan mucho de lo que comprende el mencionado modelo económico de corte liberal que utiliza Singapur y otros países.

Dicho modelo comprende varios elementos necesarios para que funcione, tales como: una despolitizada y verdadera independencia judicial, misma que dará la confianza para la atracción de capitales extranjeros; reformas laborales que persigan el aumento de la producción y no la fatiga productiva que se vive hoy en día; políticas y leyes serias, que persigan y combatan la corrupción y el amiguismo político; la creación de políticas que incentiven la competencia como mecanismo de regulación de la oferta y de la demanda; la apertura en el ejercicio de determinadas carreras profesionales para los extranjeros; la eliminación del clientelismo político; reformas tributarias que incentiven las inversiones de capitales nacionales y extranjeros, etcétera.

Todos estos factores son la base para que funciones el modelo económico liberal que aspira el señor presidente.

Pero, las actuaciones conllevadas por el actual gobierno, desdibujan con el modelo liberal que tanto aspira el señor presidente. Actuaciones que se contradicen con lo arriba señalado.

Basta con mencionar el alegre despojo del cargo de la señora procuradora general de la Nación, lesionando con ello la institucionalidad y credibilidad de dicha institución; la forma política en que está compuesta la Corte Suprema de Justicia, la cual se parece más a una bancada parlamentaria que a un Tribunal de Justicia, obedeciendo a intereses políticos que a la justicia misma; las reformas tributarias que pretende el Ejecutivo aprobar, mismas que serán alejadas de impulsar el bienestar económico de los panameños; el corte autoritario sobre las instituciones de Go bierno que está avalando el Ejecutivo; el nuevo aumento del salario mínimo, mismo que está menoscabando a la pequeña y mediana empresa y que a todas luces beneficia a empresas cuyos propietarios se encuentran ocupando algún cargo dentro del Gobierno.

En fin, un sin número de situaciones que demuestran que “ del dicho al hecho, hay mucho trecho ”.

De todo lo antes señalado, está claro que lo dicho por el señor presidente huele más a demagogia, que al modelo económico de corte liberal que aspira para Panamá nuestro mandatario.

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Publicado el 5 de marzo de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

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Justicia vs política

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La opinión del Abogado….

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MIGUEL ANTONIO CARRIZO

Tengo a bien traer para el recuerdo de todos algunos episodios que enmarcan para mí las deliberaciones judiciales más injustas que ha sufrido nuestro país desde su separación de Colombia.    Se trata de escenas jurídicas que son dignas de recordar, para probar que en nada han cambiado las ambiciones políticas en el concurso por el detrimento de la justicia en nuestro Panamá.

Empezaremos por recordar el aberrante e injusto juicio histórico que condenó al Cholo Guerrillero, Victoriano Lorenzo. Guerrillero valiente que, pese a su decisión de deponer las armas juntos con sus correligionarios en beneficios de las paz del Departamento y pese a que también el Gobierno había ofrecido todas las garantías a los revolucionarios, de nada le valieron sus intenciones pacíficas, pues, el juicio continuaba con saña, insistiéndose en la concurrencia de nuevos testigos, preparados previamente con declaraciones amañadas contra una víctima indefensa.

Para el día 14 de mayo de 1903, un grupo de liberales de Santa Ana intervinieron a favor de Victoriano Lorenzo ante el gobernador del departamento, Dr. Mutis Durán, expresando:  “ Vos podéis, señor gobernador, con el prestigio del magistrado probo y enérgico, impedir un espectáculo sangriento y estéril como el que se anuncia; vos podéis evitar que se fusile al señor Victoriano Lorenzo. Cumplid con este acto de justicia en nombre de la humanidad ”.

En acopio de dicha solicitud, el día 15 de mayo de 1903, el gobernador Mutis Durán propone al Consejo de Guerra que se conmutara la pena de muerte impuesta a Lorenzo por la de presidio en el interior del país. Sin embargo, dicha solicitud fue denegada, procediendo así el mismo 15 de mayo de 1903 su injusto fusilamiento.

Otro de los entuertos jurídicos que regenta nuestra historia, es el propiciado al Dr. Arnulfo Arias M. por la Asamblea Nacional.   Hecho ocurrido el 16 de mayo de 1951.   Juicio que se originó a raíz de que el Dr. Arias, presidente de la República en esa fecha, declaró mediante Decreto de Gabinete dejar sin efecto la Constitución de 1946, desatándose así un caos en el país.

Caos que obligó al Gobierno a reconsiderar la derogatoria de dicha Constitución y dejar sin efecto el prenombrado Decreto de Gabinete. Sin embargo, la Asamblea Nacional se constituyó en Tribunal Juzgador, decretó la suspensión provisional del Dr. Arias como presidente de la República y llamó al primer vicepresidente, Alcibíades Arosemena, para ocupar la misma. Ese día fue hallado culpable del delito de extralimitación de funciones constitucionales, destituido de su cargo e inhabilitado perpetuamente para cualquier cargo público.

Siguiendo el hilo de lo anterior, también tenemos el rey de reyes de todos los injustos procesos judiciales que registra nuestra historia y que corona los intereses políticos ante la justicia.   Recae sobre la figura del señor José Ramón Guizado, hombre probo, de rectitud merecida, pero víctima de las bajezas más infames que un ser humano, o mejor dicho, un grupo de seres humanos, pueden cometer a una persona.

A Guizado se le acusó del asesinato del presidente Remón Cantera, acusaciones que se basan en un solo testimonio, el declarado por el señor Rubén Miró.   Testimonio que no fue producto de sus propias percepciones, sino de oídos, por ende, sin ningún valor probatorio.    Sin embargo, las acciones políticas en resguardo de los intereses de algunas personas, siempre intervienen en detrimento de la justicia, como sucedió con el proceso que le montó la Asamblea Nacional al presidente Guizado.

Escenario Jurídico que fue montado en contra de las disposiciones constitucionales vigentes en esa fecha, porque la Asamblea Nacional solo podía juzgar a un presidente por extralimitación de sus funciones constitucionales, por actos de violencia o coacción en el curso del proceso electoral o que impidiera la reunión de la Asamblea Nacional o estorben a ésta o a las demás corporaciones o autoridades públicas que establece la Constitución en el ejercicio de sus funciones y por delito de alta traición. Es decir, por delitos políticos.

Ningunas de estas tres faltas eran aplicables al presidente Guizado, porque al momento de la muerte, o mejor dicho del crimen al presidente Remón Cantera, el señor Guizado era ministro de Relaciones Exteriores, por consiguiente solo podía ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en un juicio por delito común.

Sin embargo, lo más censurable del caso es que la propia CSJ dio validez constitucional para que la Asamblea Nacional juzgara al señor Guizado por un delito común en detrimento de la justicia y del debido proceso.

El final de este triste episodio de nuestra historia, fue que al señor José Ramón Guizado, lo condenaron por un delito común, culminando con una sentencia fuera del debido proceso y del derecho mismo, pagando como pena la prisión por un crimen que nunca cometió.

Por suerte, cuando el presidente Ernesto de la Guardia asumió el poder enderezó el entuerto, consiguiendo Guizado su libertad, pero a un precio tan alto, que asumo yo, nunca pudo reponerse de tamaña maldad.

La figura del ex procurador Rogelio Cruz fue centro de otro de los procesos judiciales de alto vuelo que se enmarcó fuera del derecho y de la justicia, obedeciendo más a pasiones políticas que al derecho mismo.

Esto es así, porque al Lic. Rogelio Cruz se le denunció por el supuesto delito de abuso de autoridad en el descongelamiento de fondos provenientes del narcotráfico, ordenándose la detención a través de la medida cautelar de casa por cárcel. Sin embargo, la CSJ levantó la medida cautelar a favor de Cruz. No obstante, la Procuraduría de la Administración se pronunció con una vista fiscal, solicitándole a la CSJ que se dictara un auto de llamamiento a juicio en contra de Cruz, por la supuesta comisión de los delitos de concusión, abuso de autoridad, violación de sellos y sustracción de documentos en oficinas públicas.

Dicha vista fue criticada por Cruz, manifestando que: “ lo único que justifica o explica este proceso es el insoslayable y público interés político que hay detrás del caso ”.

Sin embargo, nuestra CSJ consideró que sobre los delitos de concusión y peculado que se le imputaban a Cruz no existían suficientes pruebas que acreditaran los mismos. Pero sí consideró que existían elementos de juicios para juzgar a Cruz por los delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los funcionarios públicos.

Lo cierto es que el Lic. Rogelio Cruz fue víctima de pasiones políticas, más que por la supuesta comisión de los delitos que se le imputaban, triunfando con ello los intereses políticos sobre la justicia.

De los episodios históricos señalados en líneas anteriores, solo nos queda ser guardianes y garantes para que los mismos no se vuelvan a repetir. De lo contrario, seremos meros espectadores de nuevos episodios injustos y al margen del derecho y de la justicia, predominando los intereses políticos sobre estos últimos, con la única certeza de que sabremos cómo empieza, pero no sabremos cómo termina ni quiénes serán los próximos protagonistas.

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Publicado el  9  de enero de 2010   en el Diario La Estrella de Panamá , a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.