Sobre la tercerización de los servicios públicos

La opinión del Abogado y Docente Universitario…

Guy De Puy Morales

Dentro del entorno globalizado, es fácil entender que se deben utilizar mecanismos para hacer más eficiente el funcionamiento de las empresas privadas, usando la tercerización o el “Outsourcing”. 

La tercerización consiste en dejarle a un tercero determinada responsabilidad de la empresa o del Estado, usualmente se usa para cobros,  ya que se entiende que la misma reduciría costos operativos, si le deja dicha actividad a una empresa especializada, bajo un sistema de comisión por cobros.

Hemos visto con mucha atención, la manera como el Estado utiliza este sistema para cobranza, que ya está siendo utilizado por el Municipio de Panamá, en diferentes centros de pagos para hacer efectivos los cobros a los contribuyentes, por intermedio de una empresa extranjera.

Con la implementación de la Autoridad Nacional de Aseo se autoriza a las empresas eléctricas a hacer los cobros, tercerizando una labor que le corresponde al Estado, bajo el concepto de que los cobros a través del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), no son efectivos.

Ahora bien, no sería más sencillo, que el Estado asuma la responsabilidad que le corresponde y legisle en ese sentido, y confiera los instrumentos legales, a las diferentes instituciones, a fin de hacer más eficaz los cobros.

Cada día son más las instituciones que procuran tercerizar los cobros, como vemos con el Ministerio de Economía y Finanzas que está a punto de aplicar este sistema para cobrar la cartera morosa de los contribuyentes, pero sin facultades de cautelar bienes por esas deudas.

Las comisiones para estas empresas por dichos cobros rondarían el 15% o 20% del monto recuperado, lo cual es elevado, en cuenta, el tamaño de dicha cartera de cobros.

Quisiéramos conocer ante quién podríamos presentar reclamos por una mala facturación o error en el consumo, ¿a la empresa cobradora o a la institución pública?,  aparte de todo, cómo se garantiza el cálculo del consumo efectivo y que no aparezcan “cobros misteriosos”, en detrimento de usuarios.

Sin pretender ahondar demasiado en dicho tema, nos preguntamos, al momento que el Estado renuncia a ejercer el servicio de estos cobros a favor de un tercero, de cierta manera privatiza ésta, pero hasta dónde llegaría dicha intención, será este acto la antesala del traspaso del servicio público mismo al sector privado?

Solamente esperemos que las actividades otorgadas a terceros, contengan la eficiencia que los ciudadanos nos merecemos, a fin de lograr un desarrollo íntegro en el siglo XXI.

“Los empleos públicos pertenecen al Estado; no son patrimonio de particulares. Ninguno que no tenga probidad, aptitudes y merecimientos es digno de ellos”.  Simón Bolívar.

<> Artículo publicado el 13  de octubre de 2010 en el diario El Panamá América, a quienes damos,    lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.

Sobre la seguridad de datos y las comunicaciones

La opinión del Abogado y Docente Universitario…

Guy De Puy Morales 

A pesar de existir la ley 6 de 2002 que establece la acción de habeas data y la transparencia de la gestión publica, que es básicamente nuestra normativa única en materia de manejo de la información,   su reglamentación fue derogada a inicios de la administración anterior, lo cual nos deja actualmente en un vacío legal frente a los diferentes escenarios en la comunicación diaria.

Como ciudadanos nos corresponde manejar, nuestros asuntos personales y profesionales, mediante el uso de aparatos de comunicación, pero que sucede cuando llegan a los mismos   mensajes no deseados, sea estos de promociones, mensajes de textos desconocidos, o de los famosos mensajes, de que la persona se ha hecho acreedor a un “ premio “, nuestra interrogante radica en ¿dónde se encuentra la autoridad encargada de protegernos frente a este tipo de situaciones irregulares e ilícitas?

En un país cuya cantidad de dispositivos de comunicación, supera los 3 millones de unidades, se hace necesaria una regulación especial para estos comunicadores e incluso para los de telefonía fija, ya que igualmente sucede este tipo de llamadas no deseadas, sean estos para “concursos”, ofrecer “promociones” e incluso las llamadas de telemercadeo, que sustentan “encuestas” que a la larga muchos de nosotros no estamos habituados, a responder asuntos de índole personal a un desconocido que puede ser o no ser legítimo.

Hemos visto como países como México han empezado a tomar cartas en el asunto, en el que cada persona que adquiere celular con su correspondiente número debe registrarse y de la misma forma son responsables del uso de ese número, en caso de estar el dispositivo involucrado en actos ilícitos. De la misma forma de que si el dispositivo es sustraído de su dueño, su deber es reportarlo a la autoridad, para que conozca del hecho.

Igualmente, nos preocupa la proliferación de empresas que se dedican a la venta de datos, que proliferan mayormente en Internet, donde se ofrece información personal de ciudadanos trabajadores y profesionales que se ofrecen al mejor postor, lo cual constituye un peligro para la seguridad de los datos en suelo patrio.

Todos en nuestro país tenemos derecho una comunicación segura e ininterrumpida, pero que los datos del ciudadano, se encuentren a salvo, a manos de las Instituciones que son llamadas a proteger los mismos, para evitar que usando las fachadas, seamos presa fácil de los individuos que se dedican a actividades delictivas en Panamá.

“La libre comunicación de los pensamientos y las opiniones es uno de los derechos más preciados por el hombre”, François de la Rochefoucauld.

<>

Este artículo se publicó el  15  de agosto de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Sobre la Modernización Municipal

La opinión del Abogado y Docente Universitario…..

Guy De Puy Morales

Cuando se estableció el Régimen Municipal a través de la Ley 106 de 1973, el enfoque que tenía la administración municipal era distinto, tomando en cuenta las circunstancias históricas y económico-sociales de la época, en el sentido de que para que los usuarios tuvieran acceso a los múltiples servicios que requería el contribuyente de un distrito era menester centralizar todo en una sola institución, el Municipio.

Hemos visto cómo ha ido evolucionando el país, ya no es solo la necesidad de descentralizar los servicios sino que además los contribuyentes ahora requieren que el mismo, sea eficiente, rápido y sin burocracias. Veamos algunos puntos que analizamos deberían ser revisados a fin de modernizar las instituciones.

Se debe investigar y auditar las causar por las cuales los procesos dentro del engranaje alcaldicio, toma tiempo en demasía, el término de trámite de un expediente, de tal forma que el contribuyente termina abandonando el seguimiento de su proceso, porque simple y llanamente se convierte en mero convidado de piedra de su tramitación, y esperanzado que aparezca en el tarjetario (ya que no está automatizado el sistema de archivo), mientras que el proceso se encuentra en una esfera desconocida en el enramaje del sistema, el cual el mismo no conoce o no le informan, a ciencia cierta cuando tendrá entre manos una resolución a su caso.

Tenemos el tema de los permisos de licores, que como sabemos se encuentran dentro de las atribuciones municipales. Pero por la falta de controles efectivos, la proliferación de locales cuyas fachadas son de “parrilladas” y que a simple vista se denota que se trata de bares y cantinas, pareciese que aparte del aseo, este debería ser otro aspecto que debería ser supervisado por el Órgano Ejecutivo, por intermedio de la Gobernación de la Provincia, tal como sucede en otros países.

El tema de los proyectos que esperemos que sean discutidos, ya que la modernización alcaldicia debe incluir en efecto, la temática de los corregidores, cuyo modelo se encuentra desfazado, respecto a las nuevas tendencias administrativas, y se enfoque a los acuerdos del Pacto de Paz por la Justicia, para que se implementen a la brevedad, los jueces de paz.

Con respecto la futura Autoridad de Aseo, esperemos que sea la de enfocar todos los esfuerzos en garantizar que nuestras avenidas y residencias estén limpias y hagan campañas de que tomemos conciencia de evitar ensuciar las calles, e impulsar programas de reciclaje, a fin de prosperar en un ambiente limpio y saludable.

Aplicar los correctivos necesarios al sistema municipal y modernizarlos, nos garantizarán un ambiente sano, seguro, donde la prioridad sea la del bienestar de los ciudadanos, donde nos sintamos confiados de que las autoridades, encargadas de impartir justicia, sean personas capaces, y bien preparadas a fin de afrontar retos de la ciudad del siglo XXI que todos anhelamos y merecemos.

“Sólo con una ardiente paciencia conquistaremos la espléndida ciudad que dará luz, justicia y dignidad a todos los hombres. Así la poesía no habrá cantado en vano.” Pablo Neruda.

<>

Este artículo se publicó el  10  de junio de 2010 en el diario  El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.