Homicidio culposo

La opinión del Jurista y Docente Universitario…

CARLOS AUGUSTO HERRERA

Hablamos sobre el homicidio doloso y el homicidio agravado, el cual tiene algunos contrasentidos con esta legislación nueva como lo anotamos. Ahora vamos con el artículo 133 de nuestro Código Penal, y que sanciona a quien sin la intención cause la muerte de otro, con pena de prisión es de tres a cinco años. Esto es lo que denominamos en el lenguaje común la muerte por accidente.

La intencionalidad (del latín in-tendere, ‘tender hacia’) trata de una concepción filosófica que tiene que ver con la mente o la conciencia, es algo pensado y calculado. En esta materia sobre lo delictivo se habla del camino del crimen. De toda una serie de pasados materiales desde la concepción mental hasta lograr el objetivo.

Desde otro punto de vista, podemos abonar esa capacidad del sujeto de conocer la realidad que lo circunda y la focalización de esa intención de la voluntad para lograr la ejecución de lo planeado[1]. Se incluye en todas estas etapas el desistimiento con una serie de atenuantes para que se considere. Lo importante es diferenciar el dolo de la culpa como delito.

Otro asunto es si culposamente mueren varias personas, o fenece una más, ocurre una lesión en otra de las personas en un mismo acto; pero si la incapacidad de alguno es por más de treinta días, la sanción sería entre tres y seis años de prisión. Esta modalidad tiene una tercera parte de aumento, si el infractor ejercita una conducta como derivación de una profesión u oficio. En estas regulaciones la pena puede aumentar hasta dos terceras partes de la siguiente manera:

l. El autor sea un conductor de transporte público, colectivo o selectivo, y cometa el hecho durante la prestación del servicio.

La culpa especialmente es negligencia, impericia o ignorancia, pero ahora la norma penal imprime un grado de responsabilidad al conductor de un vehículo comercial de cargar pasajeros, si en el siniestro ocurre cuando trabaja. La verdad es que se presume que todos los conductores son capaces de calcular el riesgo al momento de operar un vehículo.   Todo esto empieza desde la verificación de las condiciones mecánicas. Unas llantas lisas representan un peligro latente mientras se conduce el automóvil, aparte de otros riesgos como pueden ser los frenos, la dirección, las luces, el propio motor.   Ahora, tenemos que analizarlo sobre la propiedad del aparato, el uso comercial si el conductor es un Llamado ‘palanca’ y todas las consecuencias al conducir un automóvil grande y cargar pasajeros que suben y bajan constantemente.

2. El autor cometa el hecho mientras conduce un equipo de carga pesada, corrosiva, inflamable o se trate de una sustancia de cualquier naturaleza que por su acción o difusión resulte peligrosa.

Generalmente son conductores experimentados que conocen el efecto de un accidente, derrame o incendio con esa carga voluble. Aquí de se media por el delito de resultado, es decir, por los efectos dañinos que pueda causar. Una persona que maneja estos aparatos, debe conocer los peligros que resultan por razón de un descuido. Todos conocemos las advertencias pintadas en los carros sobre el peligro de las llamas y el riegos de correr a velocidad ingobernable de un camión de esa naturaleza.

3. El autor cometa el hecho mientras conduce un vehículo bajo el efecto de bebidas alcohólicas, alucinógenas o sustancias que de cualquier forma sean alteradoras de sus facultades síquicas y/o fisiológicas.

Esto es más probable por el sentido de irresponsabilidad que impera en la sociedad. No hay conciencia. Piensan que nada les va a pasar. Por más que se eduque sobre lo peligroso que resulta conducir bajo los efectos de alguna droga, debido a que se pierden las proporciones, las distancias y los reflejos.   Si se trata de alcohol, que es una droga lícita, siempre el descuido se establece en la dosis, que supuestamente debe ir en función del peso de una persona, pero es que los efectos en el cuerpo humano difieren en cuanto a la capacidad de tolerar el alcohol en cada organismo.

4. El hecho ocurra por omisión o negligencia de las personas en quienes recaiga la obligación de garantizar las medidas de seguridad para los trabajadores y transeúntes, en las áreas de construcción.

Estas son regulaciones propias de las experiencias. Hay una cantidad de actividades cuya ejecución representa riesgos y peligros, especialmente en la construcción en donde se mueven materiales en cantidad. Para todo ello hay reglas que cumplir y todos sabemos que en muchos casos se descuidan, sin excluir a los operadores que llevan el mayor riesgo. Lo cierto es que exista la llamada omisión impropia, que no es otra cosa que la responsabilidad del superior con su condición de regente sobre el reto que se expone.

<> Este artículo se publicó el 17  de octubre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/herrera-carlos-augusto/

Autorregulación

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-La opinión del Periodista y Docente Universitario…

MODESTO A. TUÑÓN F.

Varios medios de comunicación destacaron la información, hace unos días, de un niño a quien le dispararon en la vecindad donde vive. La noticia apareció destacada en las primeras planas; se daba cuenta de la condición de la víctima, su identidad y otras señas personales, fotografías en primer plano y de su estado crítico cuando recibía la atención de los médicos.

Para el público que siguió el hecho, quedó claramente establecido de quién se trataba el caso; un menor al que se supone la ley le confiere la potestad del anonimato en este tipo de incidentes, por las implicaciones que puede tener en el futuro. La privacidad de los infantes es uno de los capítulos de la Convención Internacional de los Derechos del Niño que Panamá ha adoptado e incluido en su normativa.

Hacer público o no un detalle como este en una información sobre menores, es un caso típico de autorregulación; temas de discusión de poca preferencia para los comunicadores, porque consideran que se trata de censurar o acallar aspectos, enfoques, modos con los que pueden suministrarse detalles de un acontecimiento o experiencia para llegar a la audiencia.

Para los comunicadores este asunto tiene implicaciones tan amplias, que oscilan entre los perfiles morales, pasan por los legales y generalmente pueden terminar en el campo económico o financiero. Es como un terreno de arenas movedizas.

El texto constitucional referente a la libertad de expresión establece en su primer párrafo, que es un derecho universal que se ejerce sin cortapisas. Sin embargo, el artículo también consigna que el ejercicio de esta garantía, supone responsabilidades por parte de quien la usufructúa.

Por lo general se ha escrito y reclamado mucho sobre la libertad de expresión como herramienta de la democracia; pero poco se menciona sobre la responsabilidad que ella implica.

Hace unos días se realizó un taller sobre autorregulación que organizó el Consejo de Rectores, los ministerios de Gobierno y Desarrollo Social y el Consejo Nacional de Periodismo. La poca asistencia de representantes de los medios de comunicación, es una expresión del poco interés que despierta entre esta comunidad.

Se discutió sobre las vinculaciones de la censura con la gestión informativa, con la estructura programática en los medios de comunicación y el papel que ocupa la autocensura.

Este concepto no está aún claro en Panamá. Sobre todo en el desempeño de los medios de comunicación habituados a promover una libertad extrema. Hay muy poca práctica sobre autocensura, a pesar de que las estaciones de televisión (en 1999) y la radio (en 2002) plantearon sus propios regímenes de autocensura, sin establecer cómo se iban a desarrollar.

Surge la interrogante, por ejemplo, ¿cómo se aplica la autocensura en la información de televisión, en los noticieros y la franja de telenovelas? ¿Existe algún grupo o ente dentro de las estaciones que se ocupe de esta tarea? ¿Qué criterios utilizan para definir el horario de ciertos programas, el lenguaje de los conductores de programas y las imágenes que se transmiten?

Algo semejante en la radio. Desde la instauración del código de autorregulación ¿cuántas estaciones han orientado cambios en la conducta de locutores, conductores de programas o técnicos de controles (conocidos como DJs)? ¿Con qué instrumentos cuenta la radio para evitar excesos y otros casos semejantes? ¿Cuántas sanciones se han aplicado desde la adopción de la autocensura?

Y en los diarios ¿cuántos expertos en Sexología orientan los espacios dedicados a estos temas? ¿Cuál es el criterio para las fotografías de damas semidesnudas en contraportada, en páginas del centro o en las deportivas? ¿Cuál es la orientación de ciertas tipificaciones en los titulares y palabras predilectas, como el verbo ‘joder’ y el sustantivo ‘vaina’?

Hace unas semanas, la noticia de una recién nacida que cayó en una letrina, fue desplegada en la primera plana de algunos diarios con la identidad de la víctima y la imagen de su cuerpo cubierto de excremento. ¿Adquiere algún valor noticioso esta imagen con menoscabo de la identidad de la menor?

La autorregulación tiene unos quince años de estar en tapete y, localmente se hace corredizo, pues muy pocos alcanzan a adoptarlo. ¿Cuántos medios de comunicación cuentan con un código de ética o manual de estilo donde se analice este tipo de casos?

Esta figura que pareciera un autocontrol, debe establecerse definitivamente en la gestión de comunicación, pues constituye un paso hacia la responsabilidad y el rescate de valores culturales, que parecen desaparecidos en una época en que tanta falta hacen y que pone a los medios como consistentes puntos de referencia para la sociedad.

<> Artículo publicado el 13  de octubre de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,    lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.

Las tabacaleras contraatacan

La opinión del Ingeniero y Analista político….

JOSÉ  I.  BLANDÓN  C. –

Hace un par de semanas escribí un artículo titulado, ‘El cinismo de las tabacaleras’, que generó una réplica de la British American Tobacco llena de molestias por la forma de redacción y con poco contenido a la sustancia del artículo.   Me imagino el grado de sonrojo que le produjo a los directivos de esta empresa tabacalera el título del artículo y la afirmación de que están acostumbrados a mentir.

En su réplica a mi posición, no contestaron lo referente a la caída del consumo de tabaco en los jóvenes y todo lo concerniente a los puntos expresados en el tema del contrabando.   Siempre ha sido mi costumbre, documentar mis intervenciones escritas y orales, con información científica y de una fuente directa y creíble. Es por ello, que aprovecho esta oportunidad para recordarle a la British American Tobacco la historia que ellos quieren olvidar.

En los Estados Unidos, la jueza Gladys Kessler, en una sentencia de 1742 páginas, condenó a la Phillip Morris, la R.J. Reynolds y Brown & Williamson (ahora fundidas en Reynolds American), Lorillard y British American Tobacco, por mentir al público estadounidense.

En su sentencia la jueza Kessler señaló que ‘durante más de 50 años mintieron y engañaron al público estadounidense sobre los devastadores efectos en la salud de fumar y ser fumador pasivo, y señaló que suprimieron investigaciones, destruyeron documentos, manipularon el uso de la nicotina para incrementar y perpetuar la adicción, distorsionaron la verdad sobre los cigarrillos ‘light’ y bajos en alquitrán para disuadir a los fumadores de dejarlo’.

La jueza no acabó allí, sino que en duros términos señaló en su sentencia ‘que (las tabacaleras) abusaron del sistema legal para lograr su objetivo: Hacer dinero con poca o ninguna consideración por el sufrimiento y la enfermedad individual, los rampantes costes en la sanidad o en la integridad del sistema legal’.

Esto es solo para recordarle a los ejecutivos de la British American Tobacco que mentir por cincuenta años deja un hábito y a eso se refiere mi artículo.   Por eso me llama mucho la atención la ‘indignación’ por mis afirmaciones.

Además, en una nueva estrategia de contraataque se han dividido las tareas en América Latina.   La Phillip Morris, ahora transformada en una empresa suiza y que pasó a llamarse Altria, se encarga de acosar al gobierno del Uruguay, mientras la British American Tobacco se encarga del gobierno de Panamá. ¿Por qué esta estrategia?

En el 2006, Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina totalmente libre del humo de tabaco en lugares públicos. La ley dictada ese año también prohibió la publicidad de cigarrillos, obligó a las obras sociales a implementar planes de cesación para dejar de fumar y estableció un fuerte impuesto para desalentar el consumo. Los resultados han sido: Reducción del 17% en internaciones por infarto del miocardio, baja del tabaquismo del 32% al 25% en adultos y del 31% al 18,7% en adolescentes y, además, se incrementó en 120 millones de dólares los ingresos fiscales por impuesto de tabaco.

La Phillip Morris presionó al gobierno uruguayo del presidente José Mujica para firmara un decreto que pretendía flexibilizar algunas normas antitabaco. Pero, la reacción del ex presidente Tabaré Vásquez, impulsor de esta medida, obligó a dejar en suspenso las modificaciones. Esto significó una derrota para las tabacaleras.

En Panamá, que también marcha a la vanguardia en la lucha contra el uso del tabaco, se aprobó la Ley 13 del 2008, que regula el mercado del tabaco y además, se han tomado medidas administrativas para restringir la publicidad, así como se aprobó un incremento sustancial de los impuestos.

Durante las últimas semanas, la British American Tobacco, a través de sus ejecutivos, ha venido realizando una campaña de desinformación a la opinión pública panameña. Señalaron que las medidas en Panamá no habían logrado reducir el consumo y que los impuestos que ellos pagan se habían reducido también drásticamente y que el contrabando se había incrementado al 50%.   ¿Cuál es la verdad?

En materia impositiva se ha logrado un incremento del 130% en la recaudación de impuestos y en materia de consumo las cifras del Ministerio de Salud indican una reducción sustancial en los índices de prevalencia de consumo, particularmente entre los jóvenes.

La estrategia de la British American Tobacco en Panamá es presionar al gobierno panameño para que flexibilice las medidas sanitarias que se han tomado para controlar la epidemia del tabaquismo. A través de declaraciones con supuestos argumentos técnicos preparados por ellos y por expertos ligados a ellos, han divulgado una serie de estadísticas que no son ciertas.

Al final la sociedad panameña tiene el derecho de respirar un aire libre de tabaco y el gobierno tiene la responsabilidad de seguir tutelando la salud pública y evitar que sigan muriendo anualmente 2349 conciudadanos víctimas del tabaco.

<>Artículo publicado el  3  de septiembre  de 2010 en el en el diario  La Estrella de Panamá a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Proyectos y conservación patrimonial

La opinión de….

Orlando Acosta

Hemos planteado, en otras entregas, algunos conceptos y opiniones sobre el tema de la gestión de los sitios panameños bajo las categorías de reconocimiento mundial, los grandes proyectos urbanos y los instrumentos de evaluación ambiental.

Nos preocupa cómo los grandes proyectos urbanos de carácter vial afectarán el presente y futuro de estos sitios.   Estamos hablando de la extensión de la cinta costera, el posible entronque con el sector de Amador, el Metro Bus y la extensión del Boulevard Motta con la Avenida 12 de Octubre. Veamos.

Hace semanas un informe presentado por la Unesco evaluó la consideración de la exclusión de los sitios de Panamá Viejo y el Casco Antiguo de la categoría de Patrimonio Mundial, para ser ingresados en la lista de patrimonios en peligro.  Las razones son la poca claridad o el mensaje erróneo que el Estado panameño está enviando con relación a la política y gestión de los sitios patrimoniales bajo nuestra administración.

La extensión de la cinta costera frente al antiguo terraplén, en las cercanías del Casco Antiguo y la ausencia de un instrumento de gestión ambiental, aplicado al proyecto para evaluar el alcance de la intervención sobre los valores patrimoniales, es el asunto que gravita, entre otros, sobre la condición y futuro del sitio.

La posible extensión de la cinta costera para unirla al desarrollo de Amador se está considerando, sin que el impasse relacionado con los estudios de impacto ambiental, impuesto por la Ley 30 haya sido solventado.

La intervención del Estado en este proyecto de vialidad pone en riesgo definitivo los valores del Casco Antiguo y su condición patrimonial de carácter mundial.

Sobre el sitio de Panamá Viejo el asunto no es menos grave. Se publicó recientemente información sobre el proyecto Metro Bus y la localización de estaciones de origen o destino, una en las cercanías de la estatua de Morelos y otra, en el Puente del Rey. En adición, se plantea la construcción de otro tramo marino frente a la playa para unir el Boulevard Motta en Costa del Este con la Avenida 12 de Octubre. La infraestructura de transporte del Metro Bus encajona el sitio patrimonial de Panamá Viejo.   En este caso, un instrumento metodológicamente aceptado y normado, como lo es el estudio de impacto ambiental, brillará en ausencia.

Los estudios de impacto ambiental son importantes para evaluar el efecto que tendrán estos proyectos sobre el presente y futuro de dos sitios de valor patrimonial y de carácter universal.

Los estudios de impacto ambiental sirven para analizar de forma estratégica los elementos de política que conducirán a una condición de sostenibilidad o sustentabilidad ambiental, social, administrativa y, finalmente, a la conservación de los sitios de Panamá Viejo y el Casco Antiguo.

El estudio de impacto ambiental sirve para analizar y articular la política pública con relación a los desarrollos urbanos y a la conservación patrimonial. Es útil como instrumento de consulta ciudadana; apoya los conceptos de gobernabilidad y apuntala los procesos democráticos.

Urge la discusión del presente y futuro de los sitios de patrimonio mundial bajo nuestra administración. Urge evaluar el alcance y modificaciones a la regulación ambiental. Urge cimentar las bases de un futuro promisorio y de una sociedad panameña democrática, moderna y científica.

<>Artículo publicado el  2  de septiembre de 2010 en el diario La Prensa,   a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Sobre la seguridad de datos y las comunicaciones

La opinión del Abogado y Docente Universitario…

Guy De Puy Morales 

A pesar de existir la ley 6 de 2002 que establece la acción de habeas data y la transparencia de la gestión publica, que es básicamente nuestra normativa única en materia de manejo de la información,   su reglamentación fue derogada a inicios de la administración anterior, lo cual nos deja actualmente en un vacío legal frente a los diferentes escenarios en la comunicación diaria.

Como ciudadanos nos corresponde manejar, nuestros asuntos personales y profesionales, mediante el uso de aparatos de comunicación, pero que sucede cuando llegan a los mismos   mensajes no deseados, sea estos de promociones, mensajes de textos desconocidos, o de los famosos mensajes, de que la persona se ha hecho acreedor a un “ premio “, nuestra interrogante radica en ¿dónde se encuentra la autoridad encargada de protegernos frente a este tipo de situaciones irregulares e ilícitas?

En un país cuya cantidad de dispositivos de comunicación, supera los 3 millones de unidades, se hace necesaria una regulación especial para estos comunicadores e incluso para los de telefonía fija, ya que igualmente sucede este tipo de llamadas no deseadas, sean estos para “concursos”, ofrecer “promociones” e incluso las llamadas de telemercadeo, que sustentan “encuestas” que a la larga muchos de nosotros no estamos habituados, a responder asuntos de índole personal a un desconocido que puede ser o no ser legítimo.

Hemos visto como países como México han empezado a tomar cartas en el asunto, en el que cada persona que adquiere celular con su correspondiente número debe registrarse y de la misma forma son responsables del uso de ese número, en caso de estar el dispositivo involucrado en actos ilícitos. De la misma forma de que si el dispositivo es sustraído de su dueño, su deber es reportarlo a la autoridad, para que conozca del hecho.

Igualmente, nos preocupa la proliferación de empresas que se dedican a la venta de datos, que proliferan mayormente en Internet, donde se ofrece información personal de ciudadanos trabajadores y profesionales que se ofrecen al mejor postor, lo cual constituye un peligro para la seguridad de los datos en suelo patrio.

Todos en nuestro país tenemos derecho una comunicación segura e ininterrumpida, pero que los datos del ciudadano, se encuentren a salvo, a manos de las Instituciones que son llamadas a proteger los mismos, para evitar que usando las fachadas, seamos presa fácil de los individuos que se dedican a actividades delictivas en Panamá.

“La libre comunicación de los pensamientos y las opiniones es uno de los derechos más preciados por el hombre”, François de la Rochefoucauld.

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Este artículo se publicó el  15  de agosto de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Promesas por cumplir

La opinión de…

Abdel Fuentes    

“El pueblo al poder”, Ernesto Pérez Balladares; “Por un mejor Panamá”, Mireya Moscoso; “Sí se puede”, Martín Torrijos”, y “Los locos somos más”, Ricardo Martinelli, son eslóganes de las campañas políticas, posinvasión. Para todos es sabido que los electores evalúan a los presidentes, según el cumplimiento de sus promesas. En términos de administración, cabría preguntar, ¿las promesas incluyen a ministerios e instituciones?

En 1996, la administración Balladares creó el Ente Regulador de los Servicios Públicos, para garantizar excelencia en los mismos, luego de privatizar el IRHE y el Intel. En Latinoamérica estas instituciones han demostrado ser ineficientes. Según los expertos, por falta de independencia.   En EU y Europa los reguladores son independientes.   En Panamá, el Estado es regulador y funge como socio de las empresas privatizadas (C&W, Unión Fenosa y Elektra Noreste.

Las excusas de los gobiernos para privatizar, siempre son las mismas, ineficiencia del Estado para administrar y poca capacidad para invertir. Los beneficios prometidos también son los mismos, precios bajos y excelencia en la prestación de los servicios. Hoy se cuestiona si la telefonía fija y pública es menos costosa que cuando estuvo bajo la administración del Intel y si los servicios eléctricos son más onerosos que con el antiguo IRHE –el Estado subsidia a un sector de los usuarios.

Juan R. Porras, el vendedor del Intel, no logró convencer a Balladares de crear un ente exclusivo para atender el sector telecomunicaciones.   Contrario a ello, el ex presidente nos regaló una institución creada para regular sectores disímiles, como electricidad, telecomunicaciones, agua y alcantarillado sanitario, similar a lo que ocurre en otros países latinoamericanos.

El regulador atiende a los medios, regula las frecuencias en el espectro radioeléctrico y otorga licencias de locución para radio y televisión, sin contar con expertos en el tema. Expide licencias, sustentado en la certificación que algunas universidades le confieren a quienes hayan recibido un curso de locución. Los aspirantes que reciben los cursos, no son sometidos a evaluaciones para determinar si son locutores idóneos. Vaya manera de desprestigiar a los profesionales de la comunicación que ya están en el mercado.

La criatura del Toro nació con tres cabezas. Las decisiones más importantes debían ser tomadas por consenso o unanimidad. Eran tres directores con especialidades diferentes. El director de electricidad quería aplicar el formato eléctrico a la hora de regular telecomunicaciones o agua potable y viceversa.

Mientras la señora Moscoso dejó intacta la creación de Balladares, Torrijos intentó corregir el fenómeno. Creó por decreto ejecutivo la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) y reemplazó las tres cabezas por una.  Los resultados parecen poco alentadores.

La falta de expertos también ocurre en la regulación por sí misma, es decir, funcionarios sin formación en la materia. La regulación implica conocer toda su complejidad, en términos jurídicos y en el aspecto técnico de mercado del sector a regular. ¿Cuántos de estos expertos laboran en la Asep?   Los pocos que había fueron despedidos u obligados a salir hace menos de un año. ¿Dónde están las multas contra las empresas que violan nuestros derechos?

La iniciativa legislativa que plantean dos diputados para que Unión Fenosa y Elektra Noreste se responsabilicen por los daños ocasionados en nuestros equipos, debido a las interrupciones en el suministro eléctrico, es otra evidencia de que la Asep es un convidado de piedra. Los diputados deberían leerse, la Ley 26 de 29 de enero de 1996, que creó el Ente Regulador; la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, mediante la cual se dicta el marco regulatorio e institucional para la prestación del servicio público de electricidad; la Ley General de Telecomunicaciones y el decreto 73 de 1997.

¿Dónde están los registros y listados públicos con los nombres de las empresas de telecomunicaciones infractoras, que indique la fecha de la infracción y la sanción aplicada en los últimos cinco años, según lo establece el artículo 319 del Decreto Ejecutivo 73, de 29 de abril de 1997?

Señor Presidente, alguien le oculta lo que ocurre con el regulador, pues no solo debe ordenar la generación eléctrica, como ha sido su preocupación –desde antes que usted ascendiera al poder–, también debe velar por el bien común y evitar conflictos entre concesionarios y usuarios. Acaso la Asep antepone los intereses de algunos de sus funcionarios, por los intereses del pueblo”? ¿Será esta otra promesa por cumplir?

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Este artículo se publicó el 2 de agosto de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Los goles ambientales de una ley

La opinión de….

Indra Candanedo

Por las discusiones que escucho sobre los cambios a las regulaciones ambientales introducidos por la ley mundialista, pareciera que muchos panameños piensan que sólo los proyectos estatales de interés social estarán eximidos de los estudios de impacto ambiental.

Con el fin de confirmar esto me di a la tarea de revisar los diversos borradores disponibles de la referida ley, y este fue el resultado.

La propuesta original del Ejecutivo indicaba que los “proyectos del Estado, que sean declarados de interés social por el Consejo de Gabinete, estarán exentos del proceso de evaluación de impacto”.  En su lugar se planteaba un análisis de riesgo que debía incluir “estudios de probabilidad” y “modelos matemáticos”, frases que parecen haber sido añadidas para dotar de “rigor científico” a las modificaciones.

En el primer debate de la Asamblea Nacional se le añadió otro párrafo: “No serán consideradas para los efectos de esta ley proyectos de carácter privado,  tales como: minería, refinación de productos o subproductos derivados del petróleo, las generadoras de energía, procesamiento de desechos sólidos y similares”.

Esta inclusión parece reflejar una preocupación sobre la inserción de intereses privados en la ley y la adopción de polémicos proyectos mineros e hidroeléctricos como de interés social.

La propuesta que salió del tercer debate y que fue aprobada por el Presidente, eliminó este párrafo y sufrió mayores modificaciones.

Se introdujo el término de guía de buenas prácticas ambientales como un “conjunto de políticas generales y específicas que contemplan las regulaciones ambientales vigentes”, lo que incluye casi todo y en la práctica hace inviable su aplicación.

Se eliminaron “proyectos del Estado” y “de interés social” dejándolo de manera general.

Los “proyectos que deban someterse a un proceso de evaluación de impacto ambiental podrán acogerse a las guías que le sean aplicables, siempre y cuando hayan sido aprobadas por el órgano Ejecutivo”.   Lo que indica que todo tipo de proyectos, públicos y privados, podrán acogerse a normativas ambientales posiblemente más flexibles y le da a los ministros de Estado y al Presidente la capacidad de discernir cuáles proyectos utilizarán las guías y cuales no. Bajo qué criterios, no se indica.

Sólo se abrió una pequeñísima ventana. Antes de ser aprobadas las guías deben ser sometidas a consulta pública, para lo que la autoridad deberá publicar con antelación información sobre el proyecto en cuestión.

Esta publicación, sin embargo, será hecha por “una sola vez”.   Para remate, esta ley deroga el artículo 115 de la ley ambiental que otorgaba incentivos económicos a los que denunciaran delitos ambientales.

Los cambios hechos al contenido de la ley hacen evidentes los intereses que subyacen el discurso gubernamental de “interés social” y hacen más improbable el prometido acceso de nuestro país al primer mundo.

Como nota curiosa, mientras buscaba la Gaceta Oficial me tropecé con una resolución que declara el Parque Nacional Chagres como reserva minera y otra que modifica la carrera de los geólogos.

Los invito a que busquen los documentos en los sitios electrónicos de la Asamblea y la Gaceta Oficial y saquen sus propias conclusiones.

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Este artículo se publico el 23 de junio de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que a la autora,  todo el crédito que les corresponde.