La canasta que no bajará

La opinión de…..

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Elías M. Levy

Hace unos días leí noticias en las que el señor ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, manifestaba que “bajar el costo de los alimentos de la canasta básica será “algo difícil”, debido a que la inflación afectó el mercado local y que “bajar los alimentos no es una tarea fácil”, entre otras afirmaciones.

En ese sentido hemos visto cómo en los últimos tres años han aumentado los precios de la canasta básica familiar, lo que representa un verdadero problema, no solo a los trabajadores más humildes de este país, sino a toda la sociedad panameña.

Según estadísticas del Ministerio de Economía y Finanzas, en enero de 2007 el precio de la canasta básica se ubicaba en $210.84 y según las mismas fuentes en diciembre de 2009 se encontraba en $266.87.

Al analizar la realidad económica mundial de los últimos tres años, no nos debería sorprender que se haya dado este aumento;   en julio de 2008 el barril de petróleo costaba más de $140.00, el kilovatio hora se pagaba en la república de Panamá a 22 centavos, el galón de gasolina costaba $4.20, el precio del maíz rondaba los $260.00 la tonelada y los aranceles de importación eran un factor importante al momento de fijar los precios finales. Ese año, la canasta básica familiar terminó costando $273.85, según la fuente anteriormente citada.

Hoy, la economía mundial y panameña nos brinda un nuevo escenario; el barril de petróleo está en un promedio de $75.00, el kilovatio hora se vende en Panamá a 16 centavos, el galón de gasolina de 95 octanos se vende en $3.05 y el actual gobierno tomó la decisión de rebajar las tasas arancelarias de 121 productos.

Sin embargo esta nueva realidad solo le ha representado a la familia panameña un ahorro de $3.73 en relación a enero de 2009 y un sobrecosto de $63.01 con relación a enero de 2007.

Recuerdo que en una entrevista televisiva del 3 de octubre de 2007 realizada por la actual ministra Lucy Molinar, se dijo que era muy fácil de eliminar esta distorsión. De acuerdo a nuestro punto de vista y los datos estadísticos plasmados en este artículo, los factores que encarecían los costos de operación y adquisición de productos por parte de los comerciantes ya desaparecieron y deberíamos estar, por lo menos, con los precios similares a los de 2007.

El pueblo ya hizo lo que le tocaba hacer, es hora de que los dueños de las distribuidoras y los supermercados pongan los intereses del pueblo primero y acepten, como se dijo ese 3 de octubre, una regulación de precios más justa y equitativa de algunos productos de la canasta básica familiar.

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Publicado el 5 de marzo de 2010 en el Diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Entre caprichos y promesas incumplidas

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La opinión de…..

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Elías M. Levy

El pasado 3 de mayo de 2009, la gran mayoría de nuestro pueblo pensó que el verdadero cambio venía. Hubo muchas promesas de campañas que hacían creer que no se iba a ver una gestión de gobierno con políticos “tradicionales”. Eso lo creyó el 60% del electorado. Habíamos otros que sentíamos que todo era un marketing diseñado para alcanzar un objetivo, el gobierno. Cinco meses han pasado y lamentablemente sigo sintiendo que no me equivoqué.

Entre otros caprichos y promesas incumplidas, deseo resaltar la descalificación del actual gobierno a los profesionales de nuestro país y el desmedro que se le tiene a la sociedad civil.

Pareciera que para el Ejecutivo, los panameños no contamos con profesionales idóneos para diseñar un edificio gubernamental.

El pasado 21 de diciembre de 2009, salió publicado en medios de nuestro país que el Gobierno nacional iba a contratar los servicios de una firma de arquitectos de Chicago por un cuarto de millón de balboas, afirmando tácitamente que ningún arquitecto panameño tiene el talento o capacidad de hacerlo bien.

Esto es así ya que el artículo 3 de la Ley 15 de 1959, que regula el ejercicio de la profesiones deingeniería y arquitectura establece que “Puede permitirse la contratación de profesionales extranjeros… cuando se compruebe ante la junta de que trata el capítulo II que no hay panameños profesionales idóneos para prestar tales servicios”.

Un segundo caso fue lacontratación directa de la firma McKenzie Co., por 2.5 millones de balboas para recibir apoyo en la elaboración del proyecto de reforma tributaria, según lo publicado por este medio el pasado 7 de agosto de 2009. Es decir, tampoco contamos con expertos en materia tributaria o fiscal, no hay contadores ni abogados que hayan podido asesorar al Gobierno nacional en la materia.

Por último, afirmar que en la lista de 71 aspirantes a la Corte Suprema de Justicia había abogados que no calificaban porque en algún momento habían defendido a personas procesadas por narcotráfico, además de descalificar a abogados penalistas en este país,   desconoce el principio constitucional de la presunción de inocencia y el debido proceso, y según esa interpretación antojadiza, a partir de ahora una persona acusada de narcotráfico, tendría grandes dificultades para conseguir un abogado decente que lo represente, pues estos no desearán quedar estigmatizados por hacer su trabajo.

Respecto a la sociedad civil, no es la primera ocasión que se escucha que no van a cogobernar con esta. Lamentablemente, el Gobierno nacional parece desconocer su plan de gobierno y que las democracias del siglo XXI han transformado sus fundamentos en la consulta pública y ciudadana y no ya en esa anacrónica competencia delegada y representativa que suponía la democracia del siglo XVIII.

La sociedad civil debe ser considerada una fuente permanente de consulta y orientación de los gobiernos. Es la expresión y opinión de los ciudadanos que de forma organizada se agrupan para tener una voz común.

Los gobiernos no deben considerar al ciudadano como tal únicamente cada cinco años al momento de las elecciones como lo hacen los políticos tradicionales.

Ciudadano se es siempre; es quien habla, critica, felicita, orienta, participa, recomienda, demanda, aplaude y exige el respeto a sus derechos en todo momento. Es quien participa de alguna forma en el desarrollo cultural, cívico, político e intelectual de un país.

Ser considerado ciudadano no solo conlleva derechos sino también deberes y obligaciones. Los políticos tradicionales deben tener muy claro que tienen la oportunidad de contar con un gran número de ciudadanos, que de forma desinteresada dispuestos a colaborar con quien lo solicite y a emitir su criterio cuando lo consideren prudente.

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Publicado en 28 de diciembre de 2009 en el diario La Prensa a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.