Expansión del narcotráfico y crimen organizado

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La opinión de la Economista, Educadora y Humanista…
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LIZABETA S. DE RODRÍGUEZ
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Se despide el 2009.  Como es tradicional finaliza el periodo escolar, inician las fiestas navideñas y las vacaciones de verano. Pese a que este año nos ha dejado un amargo sabor, por el incremento de precios en los productos de primera necesidad, los centros comerciales están colmados de afanados consumidores que, animados por el jolgorio de las festividades, se dejan arrastrar por la cultura del consumo sin medir consecuencias.

Los tranques están a la orden del día, aún cuando el gobierno nacional, a través de la ATTT, puso en ejecución diversos operativos, como un intento por mejorar la circulación vehicular, pareciera que al mal no le encuentran el remedio. Por otro lado, las estadísticas de tránsito revelan que este año los accidentes aumentaron y con ello el índice de víctimas. La negligencia y falta de cortesía en el manejo, evidencian la necesidad de iniciar, con premura, campañas agresivas de educación vial, dejadas en el olvido.

En lo que respecta a la violencia y delincuencia, los sucesos acontecidos revelan que aumentan los actos cometidos por nacionales o extranjeros. Los raptos y hurtos a ciudadanos, indistintamente del género, edad o estatus social, no se han hecho esperar, incluso el robo a cajeros automáticos prolifera.

El tráfico de narcóticos y pandillas se diseminan, acarreando con ello una secuela de asesinatos e infortunios, que violentan la seguridad pública, crean incertidumbre y desasosiego en la ciudadanía, pese a las acciones emprendidas por las autoridades policiales para contrarrestar la ola de homicidios y transgresiones a la Ley.

Lo cierto es que nuestro país sufre un cambio vertiginoso. En menos de 20 años, pasada la invasión de EE.UU y desarticuladas las Fuerzas de Defensa, hemos pasado de una sociedad calmada a una sociedad convulsionada.   Observar esta situación nos hace meditar respecto a las posibles implicaciones que ese hecho nos ha podido originar. Pareciera que la invasión provocó la pérdida de respeto a la autoridad policial y germinaron las condiciones para propiciar el surgimiento de las pandillas, expansión del narcotráfico y crimen organizado.

Esta perspectiva debe llevar a las autoridades y a la sociedad en general a una profunda reflexión. Los expertos en el tema de la delincuencia y la violencia coinciden en que estos flagelos surgen, generalmente, como consecuencia de la falta de equidad y oportunidades que afectan en alguna medida la estabilidad emocional y existencial de poblaciones marginadas.

Otro aspecto relevante es la necesidad de predicar con el ejemplo. Un alto porcentaje de la ciudadanía ha perdido la credibilidad en los órganos de gobierno producto del “ juegavivo ”, la corrupción e impunidad propiciada históricamente, independientemente el colectivo político en el poder.

Es preciso, ante la crisis de valores por la que atravesamos, hacer frente a la ola de delitos. Se requiere actuar con objetividad, claridad y rendición de cuentas; así como organizar acciones efectivas, oportunas, que penen la corrupción y establezcan mecanismos ágiles que permitan la aplicación de las leyes para proteger a la población.

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Publicado el 16 de diciembre en el diario  La  Estrella  de  Panamá, a  quien  damos, lo mismo que a la autora, todo el crédito que le corresponde.

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El derecho sobre el poder

La opinión de…..

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Jaime Rodríguez Arana

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El Derecho sobre el poder

En pleno siglo XXI, es menester recordar los principios y basamentos sobre los que se construyó hace tantos años el estado de derecho: reconocimiento de los derechos individuales, principio de legalidad y separación de los poderes.

El estado de derecho, como bien sabemos, certificó el ocaso de una manera autoritaria y arbitraria de ejercer un poder que residía en las mismas manos y que se administraba, arbitrariamente, sobre la vida y las haciendas de los súbditos.

Hoy, afortunadamente, los ciudadanos ya no son meros destinatarios de los poderes y servicios públicos, sino que se han convertido en activos protagonistas de la definición de los intereses públicos.

Los ciudadanos, que son los auténticos dueños del poder y de las instituciones públicas, cada vez son más conscientes de su posición jurídica y de la posibilidad de reducir a un poder público que, muchas veces, campa a sus anchas, eludiendo el control y buscando desesperadamente áreas de inmunidad. Las leyes de procedimiento administrativo han ido subrayando el catálogo de los derechos de los ciudadanos en relación con la Administración Pública.   En el mismo sentido, las leyes reguladoras de la jurisdicción contencioso administrativa han posibilitado, en tantas partes del globo, que el poder público esté controlado por el derecho y que se conduzca de acuerdo con los postulados del estado de derecho.

El reconocimiento de los derechos individuales de la persona, junto al principio de legalidad y a la separación de los poderes del Estado, son los pilares de esa magnífica construcción cultural que es el estado de derecho, que es hoy en día el solar sobre el que se asientan las modernas constituciones.   Es más, la principal señal de identidad de la cultura jurídica democrática es, precisamente, el estado de derecho, un concepto alumbrado con el firme propósito de garantizar un poder limitado, el equilibrio entre el orden y la libertad, la centralidad de los derechos fundamentales de la persona, el imperio de la ley frente al capricho del gobernante y la separación real entre el poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.   Renunciar a los postulados del estado de derecho equivale, simple y llanamente, a situarse en las antípodas del Estado democrático y a regresar a tiempos de absolutismo que conviene olvidar definitivamente.

En la Facultad de Derecho, aprendimos que la función del juez es la de resolver los conflictos jurídicos, que el juez es quien dice el derecho, lo que es o no adecuado al ordenamiento jurídico.   La lucha por el derecho ha hecho posible- es una tarea de mucho tiempo- someter el poder a los cánones del derecho.

La ley de la jurisdicción contencioso administrativa facilita que el ejercicio del poder se adecúe al derecho, eliminando cualquier atisbo o tendencia del poder a escapar del control, a eludir toda forma de límite razonable.

En España, la Constitución propicia que los actos del poder sean enjuiciados por los tribunales, además de en lo que se refiere a la legalidad, en lo que atiende al sometimiento de dichas actuaciones a los fines de interés público sobre los que deben fundarse.

En estos tiempos, muchos países como España o Portugal han reformado sus leyes de lo contencioso administrativo, con la aspiración de que todos los ciudadanos puedan reaccionar ante los actos del poder arbitrarios, contra los actos administrativos ilegales, mejorando las técnicas de legitimación, ampliando el objeto del proceso contencioso administrativo y delimitando mejor las medidas cautelares y así como el régimen de la ejecución de las sentencias de los tribunales contencioso administrativos.

Una buena jurisdicción contencioso administrativa hace posible algo con lo que todos los juristas del derecho administrativo soñamos: que el poder se ejerza al servicio de los derechos de los ciudadanos.

La semana del 14 al 19 de septiembre del año en curso, Panamá se convirtió, por derecho propio, en la capital iberoamericana del derecho administrativo.   Gracias a la generosidad de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, a través del magistrado presidente Mitchell y del magistrado presidente de la sala tercera Benavides, el Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo celebró en el país sus sesiones de trabajo, así como un congreso internacional.

Pues bien, la declaración final de los trabajos de estos días hace referencia a la importancia de la jurisdicción contencioso administrativa como una jurisdicción de fiscalización judicial de los actos del poder, sean expresos, tácitos, presuntos, inactivos o vías de hecho.   Los principios del estado de derecho garantizan la calidad de la democracia. Cuando se desconocen, arraigan el autoritarismo, porque el poder Ejecutivo suele asumir, más o menos formalmente, las riendas del mando único de la Nación.   Cuando no se garantizan los derechos fundamentales de las personas, cuando la separación de los poderes es un sueño y el principio de legalidad es nada más que simple forma, entramos en la peligrosa senda de la arbitrariedad que, como decía atinadamente Locke, es la ausencia de la racionalidad.

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Publicado el 29 de octubre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.