Otro 19 de diciembre

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La opinión del Jurista y Activista de derechos humanos…

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Miguel Antonio Bernal –

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Pasado mañana se cumplirán 31 años de la salvaje golpiza que, con intenciones de matarme, perpetraron tenebrosos integrantes del G-2 y la Guardia Nacional. Torrijos y su Gobierno, habían aceptado gustosos la imposición del Gobierno de Jimmy Carter de “dar asilo” al Sha de Irán en Panamá.

Desde su arribo a nuestro suelo patrio, el sábado 15 de diciembre de 1979, la población panameña expresó su desagrado por tal decisión.

Algunos comentaristas radiales convocamos a una manifestación pacífica para el miércoles 19 ante la Iglesia Don Bosco, en repudio a su presencia.   El día anterior, habían secuestrado a Betito Quirós con intención de matarlo… Poco antes de las cuatro de la tarde de ese día, varias decenas de personas habían comenzado a reunirse en el atrio de la Iglesia Don Bosco. También fueron concentrándose, a cierta distancia, numerosos radiopatrullas y motociclistas de la Guardia Nacional, todos con arreos de combate. Se notaba también la presencia de un sinnúmero de agentes del G-2, la mayoría de ellos difíciles de identificar pues vestían de civil.

Los, entonces, mayores Julián Melo y Armijo nos comunicaron que «por órdenes superiores la manifestación no podía celebrarse».   Al solicitarles que mostraran la orden legal que servía de fundamento a la prohibición, su sola respuesta, fue que eran «órdenes superiores» y que si había manifestación, «pagarán las consecuencias».

No bien habíamos empezado a agruparnos para marchar, se dejó oír el ruido ensordecedor de más de 20 motocicletas, al tiempo que las mismas avanzaban hacia el público.   Como consecuencia se produjo el pánico y los manifestantes corrieron. Las motocicletas se detuvieron a escasos metros de dónde yo me encontraba. Megáfono en mano, caminé hacia los guardias con el propósito de parlamentar. En fracciones de segundo, con una ferocidad inaudita, manguera en mano y vociferando un torbellino de vulgaridades y a los gritos de: «Aquí está Bernal, pégale, mátalo», los motociclistas se me echaron encima apoyados por numerosos G-2 y otra serie de elementos armados y en civil.   Unos a otros se empujaban para poder golpearme. Los manguerazos, puñetazos, puntapies, cayeron sobre mí con furia brutal. Eran demasiados, era una mancha inmensa con uniformes y mangueras que golpeaba y golpeaba, sin ningún escrúpulo, que me levantaban cuando caía para seguir golpeándome, que me arrastraban de un lado a otro impacientemente sin dejar de agredir una sola vez por todo el cuerpo.

La brutal golpiza alcanzó también a Victor Navas King, quien intervino en forma desesperada para tratar de sacarme del círculo mortal, como también lo hiciera Doña Elvia Lefevre de Wirz y otra dama desconocida. A lo lejos se escuchaban los gritos del público indignado e inerme que se confundían con las voces de los verdugos que repetían hasta el cansancio: «¡Pégale, Mátalo!».   El más feroz de todos era el que comandaba la agresión y que luego se supo era conocido con el significativo apodo de «Sangre».

En estado de inconsciencia se me condujo al Cuartel Central y mucho tiempo después, al Hospital Santo Tomás dónde los médicos me dieron, durante varios días, la atención que me salvaría la vida. La represión violenta que aquí narro no fue, lamentablemente, un hecho aislado, fue un capítulo que años más tarde se repetiría, con igual o mayor crueldad, contra numerosas víctimas. Los responsables directos de la agresión fueron debidamente denunciados públicamente por mí en numerosas oportunidades y, finalmente, ante las autoridades judiciales en 1990. A pesar de todas las pruebas testimoniales, fotográficas, médicas, videos y demás, se decretó la prescripción de la acción penal por los delitos contra las libertades públicas, libertad individual, abuso de autoridad e infracción de los deberes de los funcionarios públicos, de asociación de malhechores y de lesiones personales. Por su parte, el dos de febrero de 1994, el Segundo Tribunal de Justicia, «administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley», haciendo suyo el adagio «summum ius, summa iniuria», negó la apelación y confirmó la decisión, dejando así en la más absoluta impunidad los delitos perpetrados. Treinta y un años después y con la reciente represión en Changuinola, siguen “los mismos con las mismas” y es doloroso constatar que… aún no hay jueces en Berlín.

<>Artículo publicado el  17  de diciembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Los Derechos Humanos hoy

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La opinión del Jurista y Catedrático Universitario…

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Miguel Antonio Bernal –

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Un día como hoy, el 10 de diciembre de 1948, la humanidad dio un gigantesco paso con la aprobación por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

 

Los pesimistas y los cínicos, de la mano de los ignorantes y los mediocres, nos dirán que no hay nada que celebrar puesto que la Declaración Universal, ha sido repetidamente infringida a largo de las seis últimas décadas del pasado siglo. Sin embargo, el 10 de diciembre tiene un significado especial para los amantes de la libertad y de los Derechos Humanos, puesto que conmemoramos 62 años de un comienzo: el de una era y un mundo en el cual el ser humano busca lograr el respeto universal y efectivo de sus derechos.

La Declaración Universal de Derechos Humanos se fundamenta en la consideración de que “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”. Sin embargo, millones de personas en todo el mundo son hoy víctimas de prácticas que atropellan o pisotean su dignidad.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que “el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad”. Durante la primera década del siglo XXI, tales actos han seguido realizándose por todas partes, y al socaire de la guerra y la represión las autoridades de muchos Estados, matan, torturan, hacen desaparecer, encarcelan ilegalmente y violan, una y otra vez –prevalidas de su impunidad, los instrumentos internacionales que protegen a la persona humana contra los abusos del poder.

En nuestro Panamá los autores de flagrantes violaciones a los Derechos Humanos perpetradas en las últimas décadas, han logrado escapar a las investigaciones y al juzgamiento correspondiente, hecho que pone de manifiesto no solo la ineficacia de los poderes públicos constituidos -después de la invasión- de los “gobiernos democráticos”, sino también la indiferencia de la mayoría de los ciudadanos ante las acometidas de la violencia y el terror. La impunidad reinante no sólo hace manifiestas culpables fallas por parte del Estado, también revela un creciente deterioro de la conciencia pública.

Recientes acontecimientos, como por ejemplo: la postergación del sistema penal acusatorio; la criminalización de la protesta, los numerosos crímenes no resueltos; la violenta represión a precaristas; el maltrato a los reclusos en las prisiones; la multiplicidad de demandas y amenazas a periodistas; los indultos ilegales; la remilitarización de la Policía; el uso irracional de la fuerza en Changuinola; las escuchas telefónicas por parte de organismos del Estado; son algunos ejemplos vivos de que en Panamá los enemigos de los Derechos Humanos están ganando cada vez más terreno.

Ahora, pretenden casar la Constitución con la reelección presidencial y, así, darle la espalda a cualquier posibilidad de democratización, de institucionalización. La reelección presidencial que pretenden las huestes de Martinelli, significa entronizar el caudillismo. Existirán entonces, menos posibilidades de expresarse sobre lo bárbaro del caudillo, porque no lo permitirán ni la barbarie del caudillismo, ni el propio caudillo bárbaro.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama que todos los seres humanos “deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”, pero tanto en el desorden del orden mundial como en el nacional nos enfrentamos a dramáticos indicadores de que las relaciones de los pueblo y de las personas entre sí están lejos de ser generosas, solidarias y pacíficas.

En cada lugar de la tierra hay cada vez más gente que valerosamente se oponen a la injusticia y a la brutalidad, y corren muchos riesgos. En cada rincón de la tierra hay labios que denuncian los crímenes y atestiguan contra los criminales. Dígase lo que se diga, cada vez reina menos silencio en torno de los delitos de lesa humanidad y ello demuestra que algo ha empezado a cambiar en el mundo… E puor si move.

<>Artículo publicado el  10  de diciembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

¿Medidas cautelares?

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La opinión de…

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Miguel Antonio Bernal

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Cada día resulta más incomprensible e injustificable, cómo, en virtud de las normas jurídicas, funcionarios del Ministerio Público, supuestamente encargados de buscar la verdad e investigar con objetividad, sirvan cada vez más como brazo perseguidor del Ejecutivo.

Cada día más, en el Ministerio Público, la ciudadanía identifica más y más funcionarios, cuya dedicación no es otra que la de romper la trilogía sobre la cual está llamado a descansar un Estado de Derecho.    Con su actuar, nos dejan como fábula la teoría de Montesquieu.

Lo anterior queda de manifiesto cuando un Fiscal, utilizando teorías que contradicen todo principio básico de la administración, opta por ignorar las pruebas, el debido proceso y todo lo que debió aprender en las aulas, para así justificar medidas cautelares innecesarias.

Esto acontece con el tratamiento dado por el Fiscal a los siete miembros y ex miembros de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social,  a los cuales se le ha dado categoría de peligrosos delincuentes, al exigirles el tener que acudir al Ministerio Público a firmar los 15 y los 30 de cada mes. El objetivo primordial de este proceder, no es otro que el de inhabilitar a los tres que son miembros actuales de la Junta Directiva de la Caja, para así poder tener todos los votos que requieren para aprobar todo lo que desea el Ejecutivo en esa institución.

Este funcionario, obviando el Artículo 447 del Código Judicial donde se establecen las “Normas de Conducta”, ha violado los principios básicos y necesarios para interponer medidas cautelares.    Pero, lo más preocupante, es ver como estos funcionarios llamados a ser fieles cumplidores de las normas y las leyes, en nombre de ellas, juegan con el bien más preciado de todo hombre: su libertad, honra y decoro.

¿Qué los lleva a dejar a un lado procedimientos básicos, como el que plantea el Numeral 3 del Artículo 2031 del Código Judicial que dice: “Averiguar todas las circunstancias que sirvan para calificar el hecho punible, o que lo agraven, atenúen o justifiquen”? Esto se evidencia cuando para satisfacer el morbo, creado por el propio Ministerio Público, afirman que la Vista (que al parecer es bizca), “estará lista pronto”.

¿Cómo pueden adelantar esas precisiones, sin tomar en consideración las declaraciones indagatorias recogidas a los “peligrosos delincuentes”, ni las pruebas aportadas dónde se demuestra que la compra se realizó por debajo del monto que la Ley le permite aprobar a la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social?.

¿Por qué el Ministerio Público, en abierto abuso del propio carcomido sistema inquisitivo y sin causa justificable en la norma, les declara estas absurda medidas a los “siete del patíbulo”, desconociendo el Artículo 2128 del Código Judicial, que, entre otras cosas, menciona que las medidas cautelares serán aplicables cuando el imputado se de a la fuga o exista peligro evidente que intente hacerlo?

Está evidenciado que estas “medidas cautelares”, impuestas a un grupo de ciudadanos que no representan un peligro a la sociedad, son utilizadas para poder beneficiar los intereses económicos de algunos bellacos que solo buscan salir más ricos de lo que entraron, gracias una vez más, a los dineros de los asegurados.

Resulta cada día más doloroso, que nuestra justicia, y nuestra libertad, se encuentren en manos de quienes, solo por preservar sus altos salarios, privilegios y prebendas, no cumplen con su verdadera función.

<>Artículo publicado el  3  de diciembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Lo hurtado por la Hurtado

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La opinión del Jurista,  Docente Universitario y Activista de los Derechos Humanos…

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Miguel Antonio Bernal–

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El estilo gubernamental de querer imponernos como verdad, la apariencia de la realidad, no deja lugar a dudas en el caso del asilo político otorgado por el Ejecutivo, a la ex directora de la DAS colombiana, María del Pilar Hurtado.

 

Lo que aparenta tener “el ánimo de contribuir a la estabilidad política y social en la región”, en realidad es una decisión “irresponsable” e “inamistosa”, como atinadamente ha sido calificada por prestigiosos medios y académicos del hermano país.

La irresponsabilidad del Gobierno panameño radica, entre otras, en la innecesaria y absurda tergiversación del significado y alcance de la figura del asilo.  Lo inamistoso del acto está contenido en la desconfianza que el Gobierno panameño exterioriza hacia los esfuerzos de la sociedad colombiana, en su lucha por el respeto, protección y defensa de los Derechos Humanos.

El compromiso que tiene el Estado panameño, como parte integrante del sistema internacional de Derechos Humanos, ha sido violado con la decisión tomada de proteger a una ex funcionaria colombiana, que está obligada a rendir cuentas ante las autoridades de su país por la comisión de un sin fin de delitos comunes y de lesa humanidad.

Con su actuación, el Ejecutivo panameño nos revela el desconocimiento profundo de cuánto la persona significa como término y fundamento de toda relación de justicia, como sujeto de derecho y como protagonista de orden jurídico y se hace cómplice de los victimarios de los que luchan en Colombia, por un orden fundado en la libertad, la justicia y la convivencia.

Una vez más, en medio de permanentes y crecientes ataques a la libertad de expresión y al derecho de información, y a escasos meses de la represión en Changuinola, el favor del Gobierno panameño a la Hurtado pretende robarnos las convicciones de libertad, dignidad, justicia, seguridad y equidad que deben sustentar a nuestra sociedad.

Las normas internacionales de Derechos Humanos, lo acepten o no las autoridades,   son de obligatorio cumplimiento supralegal y constitucional, que debe ser aplicado por todos los funcionarios estatales y respetado por los particulares.   El asilo otorgado a la Hurtado viola normas internacionales, que Panamá está en la obligación de obedecer y defender.   La protección a violadores de Derechos Humanos es una gravísima acción que no tiene nada que ver con el Derecho de Asilo y, esto, lo deben saber los autores, promotores y protectores de la Hurtado y de otros que aquí han llegado y se han quedado, después de haber torturado, robado o asesinado en sus Estados de origen.

Aquellos, que nunca faltan, y que aquí en Panamá, aplauden lo actuado, forman parte de ese sector cada vez más desorientado, perplejo y desengañado de nuestra sociedad, que galopa orgullosamente por los caminos de lo deshumanizado y, para quienes, todo es negociable, hasta lo hurtado por la Hurtado.

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<>Artículo publicado el  26  de noviembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/bernal-miguel-antonio/

¿Estado de Derecho?

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La opinión del Jurista y Docente Universitario…

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Miguel Antonio Bernal  –

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Llama la atención la cacofonía gubernamental en torno al Estado de Derecho. Los rectores de los Órganos del Estado no pierden ocasión de repetirnos hasta la saciedad que: “vivimos en un Estado de Derecho”. No cabe duda que pretenden imponernos como verdad, la apariencia de la realidad, para que olvidemos que Estado sin derecho, que es lo que realmente vivimos, es pura fuerza y dominación brutal.

 

En un Estado de Derecho, todo está regulado en la Ley. Es la Ley y no el funcionario, la que determina qué Órgano o funcionario es competente y para qué, cuándo puede y cuándo debe actuar. Es la Ley y no el funcionario, la que establece el procedimiento, en qué sentido y a favor de quién. Esa no es la situación que vivimos en Panamá, porque en Panamá, contrariamente a la cacofonía del presidencialismo, no hay un Estado de Derecho.

Si entendemos por Estado de Derecho, ”solo aquel en el cual efectivamente la Ley es la única medida del Derecho, y en donde no hay infracción de la Ley que no tenga sanción, pero donde la autoridad puede intervenir para corregir las injusticias sociales y promover el bien público”, no resulta difícil reafirmar que en Panamá, hoy por hoy, digan lo que digan los enseñoreados en el poder, no hay un Estado de Derecho. Y lo que es más grave: no caminamos hacia un Estado de Derecho, más bien nos alejamos, más y más.

Prueba de lo anterior :

1) la creciente personalización del poder;

2) la cada vez mayor concentración del ejercicio del poder en una sociedad donde el poder no contiene al poder;

3) el aumento del ejercicio irracional del poder;

4) el margen de subjetividad de las autoridades;

5) las facultades discrecionales de la policía que ponen en vilo nuestras libertades. Sin olvidar que “allí donde hace la Ley el mismo que la debe hacer cumplir, no existe Estado de Derecho”.

Las fluctuaciones arbitrarias de la norma que se vienen practicando, acompañadas de cotidianas tensiones entre gobernantes y gobernados, conducen a que las convicciones de libertad, dignidad, justicia, seguridad y equidad que deben sustentar a nuestra sociedad, no se les permite convertirse en conducta y norma de garantía.

Vivimos una peligrosa esquizomanía gubernamental, en la que el irrespeto a la dignidad de la persona humana se ha convertido en el quehacer cotidiano de los gobernantes, tanto en lo económico, como en lo social y lo político. Megaproyectos sin previa planificación, impuestos descomedidos y anticiudadanos, impunidad, nepotismo, conflicto de intereses, prevaricato, “pele police”, armamentismo, escuchas telefónicas, extralimitación de funciones, abusos de autoridad, pseudoconstitucionalismo, colusión, malversaciones, fraudes, cohecho, sobornos, extorsiones, arreglos, ausencia de transparencia, falta de rendición de cuentas, embriaguez de encuestas, eliminación de controles previos; todo lo cual suma con creces para el fácil predominio de una dictadura “atenuada” por la corrupción, resultado de la violación flagrante de los requisitos más elementales de la racionalidad.

¿Dónde está entonces el Estado de Derecho? Definitivamente que no está en la quiebra de la racionalidad que vivimos, producto de la ausencia de controles ciudadanos que nos permitan tener un Estado democrático de Derecho. Un verdadero Estado democrático de Derecho “es el sistema político que menos favorece la corrupción y es el sistema político que mejor lucha contra la corrupción”.

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<>Artículo publicado el  19  de noviembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

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Fiscalizar y regular

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La opinión del  Jurista, Catedrático Universitario y Activista de Derechos Humanos…

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Miguel Antonio Bernal –

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La improsulta y autocrática decisión, tomada por la Contraloría General de la República de eliminar el control previo a diversos ministerios e instituciones estatales, resalta más que cualquier otra, los verdaderos criterios de oportunidad, conveniencia y utilidad de los rectores de la administración pública.

La propincua Contralora, en un acto más propio de un Alí Babá que de Gudini, ha eliminado –desde ya!!-, el mecanismo del control previo en: el Tribunal Electoral, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Programa de Desarrollo Social de Municipios y Juntas Comunales, la Empresa de Transmisión Eléctrica, Bingos Nacionales, Caja de Ahorros. ¿Cuál es el cordón umbilical que une a estas dependencias para lograr este “favoritismo” de la fiel devota?

Es una decisión que nos expone al desnudo, tanto el oportunismo como el clientelismo y, sobre todo, la manipulación que guían a los que hoy gobiernan. Es la arbitrariedad política retratada de cuerpo entero, puesto que echa por tierra el principio de que los actos estatales (actos jurídicos) dictados en ejecución directa de la Constitución, deben estar sometidos al control judicial de la constitucionalidad y de la legalidad. Y esta decisión de la señora Contralora, no es constitucional.

Así, de golpe y mazazo, para el próximo año fiscal, más de cuatro mil doscientos cuarenta y dos millones de balboas, o sea el 33% del presupuesto estatal (por el momento), quedarán fuera de fiscalización y regularización de la Contraloría. Se abren así más puertas que ventanas, a la ya rampante corrupción gubernamental, pretendiendo hacernos olvidar que: “El poder es una bestia que necesita ser controlada”.

Los actuales gobernantes se niegan rotundamente a aceptar el constitucionalismo como instrumento de racionalización del ejercicio del poder y, por ende, el derecho de participación de los administrados en las tareas administrativas, porque no aceptan que el titular absoluto de la decisión, ya no es el Estado. Nos niegan que el derecho de participar ya no se puede reducir al derecho de “elegir o ser elegido” y que, en un país en donde el derecho de elegir se limita a determinados Órganos, significa la violación de una serie de derechos de los administrados a intervenir eficazmente en la toma de decisiones que interesan a la comunidad .

En su dinámica de despolitizar la sociedad la participación y la acción ciudadana les resulta inaceptable y nos están demostrando, con creces, que están dispuestos a manipular todo lo que sea necesario, pero muy especialmente el tesoro público, el cual lo consideran de ellos y por eso no quieren que se pueda fiscalizar o regular.

Así las cosas y como para el 2011 el presupuesto se presentó por $13 mil millones, 23% más que el año 2010 que fue de 10.6 mil millones; (mientras que en el 2009 fue de 9.8 mil millones y, en el 2008 fue de 8.3 mil millones), hay que prepararse para la gran danza de centenares millones que desaparecerán de las arcas del erario, producto de la ausencia de independencia de la Contraloría y de la arbitrariedad política, resultado de la desastrosa desviación de poder que se está dando en Panamá.

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<>Artículo publicado el  12  de noviembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

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De conclusiones y recomendaciones

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La opinión del Jurista y Activista de los Derechos Humanos…

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Miguel Antonio Bernal –

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Tras concluir que “la principal causa de las protestas y acontecimientos violentos en Changuinola fue la forma como se presentó, discutió y aprobó la Ley 30 de 2010, además de su contenido. La ausencia de un debate ciudadano y la equivocada práctica de incluir materias diversas en un solo cuerpo legal, generó irritación, afectó la convivencia pacífica e imposibilitó una adecuada discusión, que permitiera aclarar dudas y mejorar dicha iniciativa legislativa”, la Comisión Especial irrespetada y denigrada hoy por el propio Gobierno que la designó, nos aporta, interesantes recomendaciones, que contribuimos civicamente a divulgar.

1. En aras de la reconciliación, la Comisión recomienda que se dejen sin efecto, mediante los mecanismos legales apropiados, las sumarias en investigación que adelanta el Ministerio Público por supuestos delitos contra la seguridad interna del Estado contra aquellas personas que hubiesen participado en las manifestaciones de Changuinola.

Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión recomienda que continúen las sumarias en investigación de los casos relacionados al fallecimiento de los ciudadanos Antonio Smith y Virgilio Castillo que lleven a determinar las posibles responsabilidades penales que se deriven de estas dos muertes; así como de la comisión de otros delitos comunes acaecidos durante esos días. No debe haber impunidad. Alentar la impunidad es motivar el delito.

2. Adoptar todas las medidas necesarias para que en un futuro las nuevas leyes sean sometidas a una amplia discusión, debate y análisis con la participación de todos aquellos sectores organizados que puedan verse afectados o beneficiados con las mismas, tal como lo establece la Constitución, las leyes y Reglamentación del Órgano correspondiente.

3. Promover un plan de incentivo y desarrollo de la Economía de la provincia de Bocas del Toro que la diversifique, mediante la creación de nuevas actividades comerciales e industriales que generen más oportunidades para la población y estimulen el desarrollo humano. Las políticas asistencialistas deben enfocarse en dos perspectivas: (i) que atienda los problemas inmediatos tomando en cuenta las necesidades vitales de los afectados, y (ii) que propenda a desarrollar las políticas que erradiquen la discriminación y la pobreza de la región.

4. Promover el respeto a la cultura indígena, mediante la divulgación y estudio de sus costumbres y tradiciones. El Estado deberá fortalecer a la Dirección de Política Indigenista del Ministerio de Gobierno para desarrollar esta labor.

5. Involucrar a la Concertación Nacional en todos los conflictos que se detecten en la zona a fin de construir un espacio de participación y acercamiento que evite la violencia y ayude al Estado a promover soluciones a los problemas del área.

6. Realizar un encuentro entre las autoridades de policía y los dirigentes de la región para generar un clima de entendimiento ciudadano y de reconciliación.

7. Generar y aprobar urgentemente, un manual policial de atención a situaciones de control de multitudes tal como lo establece “Los Principios Básicos sobre el empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley” adoptado por la Organización de Naciones Unidas, de la cual Panamá es signataria. Con ello se persigue que el ciudadano de uniforme y el de a pie, conozcan a cabalidad los límites del ejercicio de sus potestades en base a la vigencia del Estado de Derecho.

8. Promocionar una cultura de paz, marginando a los violentos de las manifestaciones ciudadanas. La violencia sólo genera luto y dolor sin que resuelva ningún problema. Esto sin detrimento del derecho ciudadano a la protesta pacífica que no afecte o lesione derechos de terceros.

9. Los graves hechos suscitados en Changuinola, nos llevan a solicitar a los políticos que actúen con prudencia y espíritu superior, cuando se verifiquen situaciones de conflicto.

El Estado es permanente y los gobiernos son pasajeros. Queda claro que las organizaciones políticas deben, desde sus perspectivas y consideraciones, promover la concertación y el entendimiento para lograr objetivos nacionales.

10. Esta Comisión recomienda la adopción del Proyecto de Ley de Reparación Integral a las Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos, como mecanismo que asegure una debida atención por parte del Estado a las víctimas de violaciones al derecho a la vida e integridad personal de las personas afectadas (se hace entrega de un posible marco de la ley).”

Lo anterior nos permite recordar que, no podemos dejar que lo ocurrido en Changuinola caiga en el olvido, pero tampoco en la impunidad.

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<>Artículo publicado el  5  de noviembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

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Changuinola en la memoria

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La opinión del Jurista, Docente Universitario y Activista de Derechos Humanos….

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Miguel Antonio Bernal –

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La “Comisión Especial” designada por el Ejecutivo para investigar los sucesos de Changuinola ha concluido que:    “la principal causa de las protestas y acontecimientos violentos en Changuinola fue la forma como se presentó, discutió y aprobó la Ley 30 de 2010, además de su contenido.     La ausencia de un debate ciudadano y la equivocada práctica de incluir materias diversas en un solo cuerpo legal, generó irritación, afectó la convivencia pacífica e imposibilitó una adecuada discusión, que permitiera aclarar dudas y mejorar dicha iniciativa legislativa.”

Preguntaba en mi columna del 16 de julio pasado, a raíz de la visita a Changuinola- los días 1 y 13 de julio- de Mariela Arce del Centro de Estudios y Acción Social Panameño, miembro de Alianza Ciudadana por la Justicia, como parte de una delegación de la Defensoría del Pueblo: ¿Qué pasó en Changuinola?

Sabido es que, muy tempranamente, el Ejecutivo con el auxilio de todo su entorno gubernamental, se apresuró a pretender ocultar la realidad de lo ocurrido. Recordemos que en su informe, Arce subrayaba que: “Los entrevistados de sociedad civil concuerdan que se dio un uso “exagerado de la fuerza”, “se volvieron brutos”, los policías dispararon hasta que se les acababan las municiones. “Esta experiencia ha manchado de sangre la gestión del actual gobierno y ha traído de un solo manotazo los recuerdos de la Dictadura militar, el pueblo bocatoreño, los pueblos indígenas, lloran y piden justicia para sus muertos y heridos con daños permanentes.”

Hoy, en sus conclusiones, la Comisión Especial, por su parte, corrobora que “el hecho de que la empresa Bocas Fruit Company, suspendiera el viernes 2 de julio del 2010 el pago del salario semanal vencido de sus trabajadores, incrementó la agitación social en la región. La Comisión reconoce por igual, la existencia de otras causas de conflicto, como es el caso de los reclamos de sectores indígenas relacionado respeto a las leyes comarcales, tal como se consignó en el Acuerdo Changuinola de 11 de julio del 2010.”.

También nos dicen que: “La Comisión constató el imprudente e inaceptable manejo de los sucesos de Changuinola por parte de las autoridades civiles y políticas de la provincia, quienes fueron (i) incapaces de trasmitir a tiempo y con la mayor certeza a las autoridades centrales del Gobierno Nacional la magnitud de las protestas, y (ii) propiciar un diálogo respetuoso y eficaz con los sindicatos y gremios que se manifestaban, para dar lugar a un acuerdo que evitara las confrontaciones.”

“El Gobierno Nacional no tomó en cuenta las particularidades de una región donde la cultura indígena es vital y donde existen antecedentes históricos de luchas sociales. Esta Comisión estima que frente a las protestas, las autoridades del Estado debieron reaccionar de forma inmediata con ánimo de entendimiento y concertación, considerando que las mismas no pierden su legitimidad cuando escuchan las quejas de la comunidad y toman decisiones teniendo en cuenta las observaciones de los sectores organizados de la sociedad civil.”

“Las pruebas de balística, realizadas y certificadas por expertos auxiliares de esta Comisión, concluyen que los disparos que ocasionaron tales muertes se realizaron a una distancia menor de 15 metros.

“La Comisión constató la conculcación de derechos fundamentales, tales como: Derecho a la vida, a la integridad personal, libre tránsito, acceso a alimentos, atención oportuna y eficaz de quienes requerían servicios de salud, inseguridad, daños a la propiedad privada y a bienes del Estado, afectación a derechos de terceros, privación de libertad y retención de personas contra su voluntad.

“La cantidad de manifestantes lesionados (perdigones) y afectados por los gases lacrimógenos en áreas consideradas “alejadas del conflicto”, resalta el hecho de que las fuerzas del orden no contaban con guías o protocolos para evitar la magnitud de daños directos y colaterales ocasionados al tratar de sofocar la protesta. La utilización de unidades policiales no capacitadas, ni entrenadas para actuar como fuerza en el control de multitudes, agravó la situación.

“A pesar de todos los esfuerzos realizados, la Comisión no recibió información alguna de las autoridades policiales (Jefe de la Policía Nacional y Sub Comisionado Jefe de la Policía Nacional de Changuinola), y del entonces Ministro de Gobierno y Justicia, sobre las circunstancias que rodearon el fallecimiento de los ciudadanos Antonio Smith y Virgilio Castillo, cuyas necropsias determinaron como causa directa de muerte las heridas de perdigones sufridas durante las protestas.   Debió existir un informe sobre las circunstancias de estas muertes.” La reacción gubernamental ante el informe de su “Comisión Especial”, no se ha hecho esperar y, lo irrespetuosa de la misma, hace obligatorio que nuestra memoria no permita el olvido.

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<>Artículo publicado el 29 de octubre de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

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El insulto del indulto

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La opinión del Jurista,  Docente Universitario y activista de derechos humanos….

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Miguel Antonio Bernal –

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He concurrido ante la Corte Suprema de Justicia a efecto de presentar formal DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD, para que, previo cumplimiento del procedimiento establecido en el Artículo 2653 del Código Judicial, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia declare que es INCONSTITUCIONAL el Decreto Ejecutivo N°. 864,   publicado en Gaceta Oficial N° 26637-A, del 07 de octubre de 2010, por el cual se Decreta un Indulto Presidencial.

He fundamentado la demanda de inconstitucionalidad en los siguientes hechos:

1º- El Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, mediante Sentencia N° 250-S.I. del 28 de septiembre de 2010, declaró penalmente responsable del Delito de Calumnia a los periodistas SABRINA BACAL SECURANSKY y JUSTINO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, condenándolos a la pena de doce meses de prisión, conmutada por su equivalente en 365 días multa, a razón de diez balboas cada uno, totalizando la suma de B/. 3,650.00 cada uno, además de inhabilitarlos para el ejercicio de la profesión de comunicadores sociales, por el término de un (1) año a partir de la fecha de ejecución de la sentencia.

2º-En virtud de lo anterior, el Presidente de la República RICARDO MARTINELLI BERROCAL, en conjunto con la Ministra de Gobierno y Justicia ROXANA MÉNDEZ DE OBARRIO, pretextando la facultad prefijada en el numeral 12 del Artículo 184 de la Constitución de 1972, decreta un Indulto Presidencial.

3º- El Decreto Ejecutivo N° 864 del 7 de octubre de 2010, en su Artículo 1 otorga el Indulto Presidencial a SABRINA BACAL SECURANSKY y a JUSTINO GONZALEZ GONZALEZ, ambos condenados por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá.

4º- En lo medular, el numeral 12 del Artículo 184 de la Constitución Política, establece las funciones que ejerce el Presidente de la República, entre estas la contenida el citado numeral de “Decretar indultos por delitos políticos…”.

5º-El objeto del Decreto Ejecutivo que se demanda, es dejar sin efecto punitivo de manera permanente, la Sentencia N° 250-S.I. del 28 de septiembre de 2010 dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá por la cual se condenó a los periodistas Bacal y González, por el delito común de calumnia.

6º-Con anterioridad la Corte se ha pronunciado con respecto a la materia objeto, tal como se demuestra en la Sentencia en Firme Proferida por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de manera unánime, de 30 de Junio de 2008, por medio de la cual se declaró inconstitucional los DECRETOS EJECUTIVOS Nº 1317 DE 25 DE AGOSTO DE 2004, Nº 1318 DE 26 DE AGOSTO DE 2004 Y Nº 1321 DE 30 DE AGOSTO DE 2004, expedidos por la entonces Presidente, Mireya Moscoso, con participación del entonces Ministro de Gobierno y Justicia, Arnulfo Escalona Avila, por medio de los cuales se decretó el indulto a un número plural de ciudadanos nacionales y extranjeros por delitos comunes.

7º-Se ha infringido el numeral 12 del Artículo 184 de la Constitución, en el concepto de violación por INDEBIDA APLICACIÓN, ya que el referido Decreto Ejecutivo 864 del 7 de octubre de 2010, no cumple con el mandato expreso contenido en la norma Constitucional. Lo anterior se sustenta en el hecho de que el Presidente solo puede declarar Indulto por Delitos Políticos.

8º-El Decreto Ejecutivo objeto de la demanda no cumple con este precepto, debido a que la condena del delito indultado es de naturaleza común, y no es difícil concluir que el mismo ha sido objeto de una interpretación subjetiva adecuándola a los interés particulares dándole una aplicación indebida y violentando así el contenido taxativo del mismo.

Es por todo lo anterior que el citado indulto, es un insulto.

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<> Este artículo se publicó el 22  de octubre de 2010  en el diario El Panamá América, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

Mas artículos del autor en:  https://panaletras.wordpress.com/category/bernal-miguel-antonio/

Indulto y politiquería

La opinión del Jurista, Docente Universitario y Activista de Derechos Humanos….

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Miguel Antonio Bernal  –

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La Constitución sólo permite el indulto para delitos políticos. La Corte Suprema ha establecido que los delitos contra el honor, no son delitos políticos. En una abierta extralimitación de funciones, nuevamente el Presidente decreta un indulto que viola la Constitución que juró cumplir.La politiquería “es la degradación de la política… carece de grandeza, de proyección histórica, de perspectivas ideológicas. Se desenvuelve en medio de la maquinación ruin, la vulgaridad, el mimetismo, los tránsfugas, la ausencia de ideas y la carencia de ideales…”.

 

En Panamá hemos entrado de lleno en la politiquería cotidiana. El indulto busca desviar la atención del ataque perpetrado contra la libertad de expresión. La adulteración y la falsificación del escudo de la República, al eliminar la pica y poner en su lugar un mazo, sigue su curso sin que las autoridades se hayan inmutado en aplicar correctivos inmediatos, salvo las “disculpas” de la Ministra de Gobierno, porque la de Educación está en el mundo gustaviano….

Mucha gente se pregunta, sin encontrar una respuesta sensata y alejada de la politiquería, ¿dónde vamos en este ambiente de gula, de voracidad, de ambiciones insaciables que parecen guiar, más y más, los actos gubernamentales?

Cada día Panamá se aleja del camino que conduce hacia un Estado Constitucional, donde la dignidad de la personas sea respetada y resguardada.   Se mantiene el desprecio a toda pretensión de “democracia, justicia y libertad”. Aumenta el ejercicio irracional del poder sin control, de carácter demagógico, falacioso y embustero, con una creciente capacidad de mutación que modifica, a diario, el contenido de las normas y procedimientos gubernamentales, de modo que pasen a tener un significado diferente, conservando o no el mismo texto, como lo demuestran los resultados engañosos del denominado “Diálogo sobre la Ley 30” que, en materia de impunidad policial, se lucieron manteniendo una norma contraria a los compromisos internacionales del Estado panameño.

Cual espejismo anticiudadano, la mutación de los rectores de los Órganos del Estado, actúa a espaldas de toda vinculación constitucional, de los fundamentos básicos del constitucionalismo, que no logra eregirse como herramienta de control ciudadano para la racionalización efectiva, real y concreta del ejercicio del poder político.

En menos de lo que canta un gallo, han criminalizado la pobreza, legalizado la impunidad, fomentado la corrupción, destruido sin reparo garantías fundamentales, violado acuerdos internacionales, depredado más aún el medio ambiente, pisoteado los derechos sindicales, penalizado la protesta social y terminado de desconocer los espacios y posibilidades de un verdadero diálogo nacional. Ahora se ataca a la libertad de expresión.

Como si fuera poco, han arremetido -en sociedad asociada- los diputados del Cambio Democrático, del Panameñismo y del PRD, contra la Universidad de Panamá con una Ley ultrapersonalista y antidemocrática, que servirá de veneno para acabar de acabar con la academia, ley que viene a sumarse a toda una maraña legislativa y gubernamental impuesta durante los últimos tiempos, que abandona sin reparos los principios de legalidad, de jerarquía administrativa, de publicidad de las normas, de irretroactividad de las normas, de responsabilidad y de interdicción o prohibición de la arbitrariedad.

El mandato electoral de construir democracia, no se está cumpliendo. Ello trunca la legalidad y la legitimidad, las cuales no podrán recuperarse con nuevos parches a la constitución militarista, ni con millones de obras.  Nuestro país lo que exige, es Justicia.

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<> Este artículo se publicó el 15  de octubre de 2010  en el diario El Panamá América, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Mas del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/bernal-miguel-antonio/

De la pica al mazo

La opinión del Jurista, Docente Universitario y Activista de Derechos Humanos…

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Miguel Antonio Bernal  –

Mientras el suplente de Procurador arremete, mazo en mano, contra la libertad de expresión, en la Asamblea Nacional, con el diputado panameñista Adolfo ‘Baby’ Valderrama de ‘cantalante’, el oficialismo y el PRD unieron sus voces y mazos para aprobar en la Comisión de Educación, el proyecto que permite la reelección inmediata y eterna, en la Universidad de Panamá.Levantaron también el mazo contra la Universidad, con el aplauso de la horda de verdugos de la academia que les hicieron coro, los disputados Rubén Frías, Juan Manuel Ríos, Máximo Rodriguez (suplente de Yanibel Abrego) y Mario Galvez (suplente de José Blandón Figueroa), Iracema Dale y Rubén de León. La Universidad ha muerto, Viva Gustavo!!! 

Mientras tanto, en flagrante violación de la Constitución Nacional y de la Ley 34 de 1949 y, además, del Código Penal, el Ministerio de Gobierno y Justicia, a través de la Dirección Nacional de Pasaportes ha procedido a adulterar y falsificar el escudo de la República, al eliminar la pica y poner en su lugar un mazo. Eso sí, insistiendo en todo momento y lugar, que se trata de “un simple error administrativo”…

El Ministerio Público se ha negado a iniciar una investigación de oficio, la cual se impone puesto que, aparte del delito que conlleva violar la Constitución, se trata de un símbolo patrio que es el Escudo Nacional, cuyo autor lo fue, Don Nicanor Villalaz (co-autor con el Dr. Carlos A. Mendoza y Samuel Lewis del acta de Independencia de la República).

La Ley 34 de 1949, establece en su artículo 4 que “El Escudo de Armas de la República…. está subdivido en dos cuarteles: en el de la diestra, en campo de plata, se ven un sable y un fusil relucientes, para significar actitud de alerta en defensa de nuestra soberanía, y en el de la siniestra, y sobre un campo de gules, se contempla un pico y una pala como símbolo de trabajo”.

El pasaporte es el documento oficial con el cual el Estado panameño identifica a sus nacionales ante los gobiernos extranjeros y el haberlo adulterado y falseado en forma arbitraria, conlleva también riesgos para sus portadores oficial puesto que no puede ser considerado como un documento oficial, ya que no recoge lo establecido por la Ley.

 

Muchos ciudadanos tenemos derecho a pensar que el Director Nacional de Pasaportes, avaló está adulteración como una forma de “homenajear” o rendirle pleitesía al mazo que el Presidente Martinelli ha venido utilizando como símbolo distintivo de sus actuaciones gubernamentales, herramienta con la cual ha procedido en más de un ocasión, para derribar puertas o edificaciones, de negocios, según él, fuera de Ley. Sin embargo, al mantener en circulación documentos oficiales como los pasaportes con el escudo de armas adulterado, estamos ante un acto de lesa Patria, que debe ser castigado ejemplarmente.

El silencio de las autoridades del Ministerio de Educación tanto en el mazazo contra la Universidad, como lo del mazo en el escudo, es también inquietante pues da a entender que las autoridades educativas avalan la sustitución de la pica por un mazo, que no forma parte de nuestra historia republicana.

Preocupante nos resulta también, la no reacción de parte de las dirigencias de los gremios y asociaciones magisteriales y de los clubes cívicos, que estatutariamente tienen el deber de honrar los símbolos patrios, a los cuales los panameños hemos jurado amarlos, defenderlos y respetarlos. Confieso que revuelvo la mirada y siento espanto ante tanta mediocridad que nos quiere imponer que promover lo estúpido, lo vulgar y lo inculto, es la mejor forma de gobernar.

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<> Artículo publicado el 8 de octubre de 2010 en el diario El Panamá América, a quienes damos,    lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.

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¿Hacia dónde va la justicia?

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La opinión del Jurista y Activista de Derechos Humanos…

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Miguel Antonio Bernal  –

La justicia en Panamá va por muy mal camino. Si los ciudadanos no asumimos inmediata conciencia de los peligros que entraña el ignorar los Derechos Humanos, como la base fundamental de la convivencia pacífica, son muy graves los peligros que se ciernen sobre nuestra nación. 

Los Derechos Humanos, consubstanciales al ser humano, vienen siendo una especie de contrato social mundial que la humanidad viene acordando, especialmente desde el siglo XIX, pero todo indica que los esfuerzos por validarlos, no consienten descanso. Con qué facilidad olvidamos que la humanidad ha colapsado en grandes confrontaciones violentas, tan sólo porque la ignorancia, el olvido o el irrespeto de los Derechos Humanos, fue ganando terreno.

Es importante acabar de una vez por todas en nuestro país, con la falsa y absurda creencia de que los Derechos Humanos son para favorecer delincuentes. La vigencia de los Derechos Humanos en la investigación penal, conlleva el permanente afán de la investigación eficaz lo que, a la vez, previene contra responsabilidades internacionales por incumplimientos en la tarea de investigación penal. Los Derechos Humanos reconocen que la obligación de investigar es de medios, más que de resultados, pero no por ello desisten en la tarea de vigilar que tales medios cumplan con los requerimientos mínimos dirigidos al óptimo esfuerzo durante la investigación penal.

El actual Gobierno con sus actuaciones cotidianas, ha olvidado que “La Justicia se fundamenta en el respeto de los Derechos Humanos”. Estas palabras del Papa Juan Pablo II, pronunciadas hace más de dos lustros con motivo de la celebración de la Jornada Mundial de la Paz, reclaman hoy más vigencia que nunca.

Los constantes escándalos de corrupción que azotan día a día la administración de justicia, confirman que el tema de la reforma judicial no es considerado en orden de prioridad en la Agenda de Estado del gobierno, que la transparencia e independencia judicial no constituye para nada uno de los temas fundamentales y que la suprema labor de administrar justicia responde más y más, a intereses particulares o político partidistas.

Los nuevos escándalos que emergen en el sistema de justicia a través de la actuación de la Corte Suprema de Justicia, las Procuradurías, las Fiscalías y Personerías, las Corregidurías, los Juzgados Nocturnos, Migración, para no mencionar los abusos de autoridad y extralimitación de funciones de los policías que olvidan que son solo agentes de la autoridad, nos demuestran que una clase política parasitaria, sin interés alguno por resolver los problemas de la justicia, marcan el camino que conduce a la violación de nuestros de Derechos Humanos.

Las acciones del actual gobierno derivan en un aumento de la ya vapuleada esperanza ciudadana, hacia un cambio en la justicia. No olvidemos la postergación de la entrada en vigencia del sistema acusatorio penal, despreciando así la oportunidad para acercar más la justicia hacia las garantías y derechos fundamentales de los ciudadanos y repudiando, entre otros el “Artículo 14: Respeto a los Derechos Humanos. Las partes en el proceso penal serán tratadas con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Los derechos y las garantías que consagran la Constitución Política, los tratados y convenios internacionales de derechos humanos y este Código deben considerarse como mínimos, prevalentes y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona”.1

1. Ley 63 de 28 de agosto de 2008, que adopta el Código Procesal Penal. Gaceta Oficial No. 26114 de viernes 20 de agosto de 2008.

<> Artículo publicado el 1  de octubre de 2010 en el diario El Panamá América, a quienes damos,    lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.