Fiscalizar y regular

La opinión del  Jurista, Catedrático Universitario y Activista de Derechos Humanos…

Miguel Antonio Bernal –

La improsulta y autocrática decisión, tomada por la Contraloría General de la República de eliminar el control previo a diversos ministerios e instituciones estatales, resalta más que cualquier otra, los verdaderos criterios de oportunidad, conveniencia y utilidad de los rectores de la administración pública.

La propincua Contralora, en un acto más propio de un Alí Babá que de Gudini, ha eliminado –desde ya!!-, el mecanismo del control previo en: el Tribunal Electoral, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Programa de Desarrollo Social de Municipios y Juntas Comunales, la Empresa de Transmisión Eléctrica, Bingos Nacionales, Caja de Ahorros. ¿Cuál es el cordón umbilical que une a estas dependencias para lograr este “favoritismo” de la fiel devota?

Es una decisión que nos expone al desnudo, tanto el oportunismo como el clientelismo y, sobre todo, la manipulación que guían a los que hoy gobiernan. Es la arbitrariedad política retratada de cuerpo entero, puesto que echa por tierra el principio de que los actos estatales (actos jurídicos) dictados en ejecución directa de la Constitución, deben estar sometidos al control judicial de la constitucionalidad y de la legalidad. Y esta decisión de la señora Contralora, no es constitucional.

Así, de golpe y mazazo, para el próximo año fiscal, más de cuatro mil doscientos cuarenta y dos millones de balboas, o sea el 33% del presupuesto estatal (por el momento), quedarán fuera de fiscalización y regularización de la Contraloría. Se abren así más puertas que ventanas, a la ya rampante corrupción gubernamental, pretendiendo hacernos olvidar que: “El poder es una bestia que necesita ser controlada”.

Los actuales gobernantes se niegan rotundamente a aceptar el constitucionalismo como instrumento de racionalización del ejercicio del poder y, por ende, el derecho de participación de los administrados en las tareas administrativas, porque no aceptan que el titular absoluto de la decisión, ya no es el Estado. Nos niegan que el derecho de participar ya no se puede reducir al derecho de “elegir o ser elegido” y que, en un país en donde el derecho de elegir se limita a determinados Órganos, significa la violación de una serie de derechos de los administrados a intervenir eficazmente en la toma de decisiones que interesan a la comunidad .

En su dinámica de despolitizar la sociedad la participación y la acción ciudadana les resulta inaceptable y nos están demostrando, con creces, que están dispuestos a manipular todo lo que sea necesario, pero muy especialmente el tesoro público, el cual lo consideran de ellos y por eso no quieren que se pueda fiscalizar o regular.

Así las cosas y como para el 2011 el presupuesto se presentó por $13 mil millones, 23% más que el año 2010 que fue de 10.6 mil millones; (mientras que en el 2009 fue de 9.8 mil millones y, en el 2008 fue de 8.3 mil millones), hay que prepararse para la gran danza de centenares millones que desaparecerán de las arcas del erario, producto de la ausencia de independencia de la Contraloría y de la arbitrariedad política, resultado de la desastrosa desviación de poder que se está dando en Panamá.

*
<>Artículo publicado el  12  de noviembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en:  http

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