El derecho a ofender

La opinión del Abogado,  Locutor de Radio  y Escritor….

LUIS  CARLOS  GUERRA
guerraluiscarlos@hotmail.com

Llegan a mi memoria trazos de expresiones del señor RICARDO MARTINELLI BERROCAL, hoy Presidente de la República de Panamá, cuando en algún momento de campaña decía, parafraseándolo, que la gente protestaba porque las autoridades no los atendían, no les solucionaban los problemas, de ahí el cierre de calles.

Paradójicamente, una vez en el poder, sanciona una ley que penaliza hasta con dos años de cárcel a quienes cierren las calles como medida de protesta.

Hoy, a un año y meses de gobierno, vuelven a impulsar, dejando manifestar intenciones dictatoriales que pareciesen encubrirse por periodos pero que se mantienen latentes en el cavilar de sus aspiraciones; un proyecto de ley para proteger al Presidente y a los Servidores Públicos de supuestas ofensas, ultrajes o vilipendios, que según sus proponentes, diputados oficialistas de Cambio Democrático, se sustenta en que ‘la comunidad panameña ha sido testigo del uso desmedido y exacerbado de la crítica y la calumnia alegre contra el Presidente de la República’.

La pregunta que surge ¿es acaso el Presidente de la República una divinidad?, por ende se le excluya del cuestionamiento e indagación permanente que inquiere la ciudadanía. Los zapatos del pueblo lo son también sus costumbres y formas de expresión, no se puede ser o no ser al mismo tiempo, por eso la principal contrariedad de un gobierno que vendió falsamente los intereses de un pueblo primero como eslogan de campaña, para después reconocerse y decidir cómo un gobierno de empresarios.

Quieren imponer a fuerza mediática que si no se está de acuerdo con sus propósitos, la población entera es reacia al cambio, que si se les critica nadie tiene autoridad moral, que si el pueblo está insatisfecho con la calidad de los servicios y la manera como manejan el país, el pueblo es inconforme.

Pretenden ahora tomar como ofensas las constantes quejas de la población, que no tiene otra forma de responder, sino con esas palabras que ellos consideran calumnias e injurias y no lo interpretan como realmente debe ser, frustración ante las promesas incumplidas.

Quién ofende primero sino aquel que toma por tontos útiles a una población que engaño con falsas promesas, cuyo gabinete se caracteriza por meter la pata e insultar a cuanta persona se le oponga o difiera; ellos han creado el animus injuriandi en cada uno de los panameños, que no es más que un animus defendi, pues al parecer, el tratar de dialogar con ellos o hacerles ver sus errores de la manera más democrática implica ser ignorados e igualmente vilipendiados o en el peor de los casos perseguidos judicialmente.

La población se siente ofendida y no interpretan como injuria o calumnia el derecho a ofender que les asiste ante tanta incompetencia.

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<> Este artículo se publicó el 9  de enero de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
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¡Vamos bien Presidente…, vamos bien!

La opinión del Economista, Educador y Humanista…

VICTORIANO  RODRÍGUEZ  S.
diostesalvepanama@yahoo.com

Mucho se ha dicho sobre las persecuciones que recibimos los comunicadores sociales cuando mantenemos actitudes positivas, imparciales, transparentes, apegadas a la verdad y exponiendo con objetividad, independientemente a corrientes políticas o partido en el poder.

Nunca hemos estado tan cerca a esa realidad. Hoy somos más los comunicadores sociales asediados o acosados, producto de nuestras posiciones objetivas en los medios.   Se comenta que a Juan Carlos Tapia y Guillermo Antonio Adames les cayeron ‘coincidentalmente’ auditorías de la Dirección General de Ingresos. Si fueron ‘meras casualidades’, a otros se les acosa o levantan falsas acusaciones para hacerles expedientes desfavorables.  ¡Vamos bien Señor Presidente…, vamos bien!

El imperio del miedo llegó. Los funcionarios públicos no se atreven a hablar.   Son muchos los destituidos bajo el concepto de cargos de ‘libre nombramiento y remoción’ (irrespetando el profesionalismo, años de servicio y experiencia), pero no para quienes adulan al Rey, según expresó Diógenes a Aristipo.

La mentira, así como el concepto poco claro, libre de ética y más enredada que un brillo viejo de metal, se ciñe sobre personas serias, objetivas y honestas.   El fantasma es la calumnia e injuria. Correrán igual suerte decenas de periodistas y dirigentes gremiales honestos por sus claras posiciones.  ¡Vamos bien, Señor Presidente…! ¿Fortaleciendo valores?

Definitivamente que a personas sin mayor criterio que la ‘rabia’, producto de su impotencia intelectual, no les queda de otra que lanzar, cual dragón mitológico, bocanadas de fuego, arrasando hasta con sus propios adeptos.

Quienes históricamente hemos hecho gala de una pluma y opinión vertical, sincera y honesta, sin permitir presiones ni aceptar dádivas; hemos sido víctimas de esas persecuciones y atropellos.

Tanto en las instituciones públicas como en la calle, la ciudadanía se siente víctima del miedo. Una anécdota antiquísima, casi desconocida, dice que había un reino donde la gente podía hablar solamente cuando el Rey se los permitía, muchas personas estaban tan temerosas hasta de pensar, considerando que con ello ofendían al Rey.

Cuando estas cosas ocurren, más preocupante que la propia perversidad de esos infames, es la indiferencia con que actúan los buenos. La historia nos enseña que por ese poco importa o ‘no es conmigo’ ensuciarán su cara, como quien escupe para arriba.   Dios te salve, Panamá.

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<> Artículo publicado el 2 de diciembre  de 2010  en el diario  El Siglo, a quienes damos,   lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Entre la libertad de expresión y la calumnia e injuria

La opinión del Periodista…

J. Enrique Cáceres-Arrieta

Mi asesor de tesis de periodismo manifestaba que “los médicos entierran sus errores, pero los periodistas publicamos los nuestros”. Dificulto que todo error médico sea causal de muerte. Mas, es indiscutible que el periodista publica sus meteduras de pata, y el efecto inmediato suele ser denuncias por calumnia e injuria del afectado y la mofa de la competencia.

Ha habido innumerables casos en los cuales el periodista y el medio han tenido que disculparse por el manejo irresponsable de la información. No vivimos de rumores, creencias o suposiciones, sino de hechos reales, y es un irresponsable quien se adelanta a los hechos por “tener” la primicia.

A periodistas y medios nos perjudican en demasía las meteduras de pata porque erosionan nuestra confiabilidad. Y la negligencia en la utilización de la información ha provocado la pérdida de credibilidad de la prensa. La credibilidad construida a lo largo de toda la vida puede colapsar en cuestión de segundos y nunca reconstruirse.

El periodista debe ser autocrítico. Investigador en pos de la verdad para transmitirla sin limitarse a una fuente, por muy “garganta profunda” que parezca. Deberá escudriñar otras fuentes, dependiendo de la gravedad de lo descubierto. No hacerlo es irresponsable porque la prensa es el cuarto poder en el engranaje socio-político y económico de un país, y el daño causado por noticias falsas, inexactas o manipuladas jamás es completamente subsanado.

En la libertad de expresión subyace la responsabilidad que protege tal libertad. Esto es, la responsabilidad es una precondición de la libertad. El periodista responsable no tiene por qué preocuparse por demandas o réplicas serias. Por otra parte, el derecho de la reserva de la fuente es para proteger fuentes fidedignas, no para encubrir calumniadores y demagogos. Tal prerrogativa no disculpa informaciones irresponsables ni exime al periodista de constatar los hechos.

Nadie tiene derecho a calumniar e injuriar. Quien lo haga y se demuestre (muchas veces no se evidencia y se viola el principio de presunción de inocencia del periodista) que lo hizo, debe atenerse a consecuencias legales. No se puede jugar con la honra de las personas y salir inmune.

“El periodismo es el oficio más bello del mundo”, afirma García Márquez. Pero debe estar sujeto a leyes no para amordazarlo, sino para que haya una atmósfera de respeto a la dignidad de las personas y a la verdad periodística. La sabia ley de prensa no censura al periodista, sino que le garantiza el ejercicio de la profesión y salvaguarda a terceros de irresponsables escondidos detrás del periodismo para calumniar e injuriar, e incluso para lucrar al vender su conciencia y su pluma.

A ello se debe que la ética periodística lleve al medio y al periodista a tomar conciencia del poder de la página impresa, la pluma y la palabra. Como toda profesión, el periodismo se rige por ética, respeto y amor al prójimo, aunque ciertos prójimos se porten mal con los dineros del pueblo y/o el poder. El que no la debe no la teme, mas buena parte de los políticos teme porque la deben. De ahí su afán por crear leyes mordaza.

¿Te has preguntado la razón del aborrecimiento de los dictadores o pichones de dictadores a la prensa libre? Al sentirse acorralados por la crítica inteligente (constructiva) solo atinan acabar con el periodista o cerrar el medio. Por ello el interés de silenciar o comprar conciencias. Si no se venden, serán blanco de persecuciones e historietas gubernamentales. Recuérdese, el primer fruto agusanado del dictador de derecha o de izquierda es la intolerancia a las críticas. En Panamá, los tiempos de calumnia e injuria quedaron atrás con los terroristas de la pluma y del verbo de la dictadura militar.

No obstante, me preocupa la comunicación sensacionalista y utilitaria vestida de sangre, novelas, chistes y programas propios de cantinas, violencia, excesos religiosos y superchería astrológica en televisión. Asimismo la prensa amarillista, crónica roja y pornografía. Me inquietan programas de opinión donde panelistas se irrespetan y casi se lían a bofetadas. Me alarma el estilo brusco, desafiante e irrespetuoso del intolerante con las creencias religiosas del prójimo. Al ejercer su derecho de expresarse, el crítico conculca derechos ajenos, cayendo en intolerancia y dogmatismo criticados. La razón para comunicar su verdad le nubla el entendimiento. Para las gentes, sus creencias son sagradas. Más las religiosas. Para denunciar fanatismos hay maneras y maneras. Insensato es arrojar piedras al avispero y no esperar picaduras.

Ahora bien, el periodismo está entre las profesiones más sacrificadas y mal remuneradas. Un apóstol del periodismo es digno de respeto y admiración. ¿Qué otro profesional arriesga como el periodista? Pocos. El periodista compromete su vida, familia, carrera, buen nombre y credibilidad. Cada año periodistas y comunicadores son asesinados, perseguidos, expatriados, y la mayor parte de los casos queda impune, para complacencia de los enemigos de la libertad de expresión.

¿Nace o se hace uno periodista? El periodista no solo se hace sino que además nace. Si no hay vocación, si no corre por mis venas amor y respeto a la verdad y a la ética periodística, mejor es que cambie de profesión.

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<> Este artículo se publicó el 13  de noviembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/caceres-arrieta-j-enrique/

¿Cuál honra se defiende?

La opinión de…

Brittmarie Janson Pérez

Según nuestra Constitución, las autoridades de la República deben proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos.   Hoy, cuando los medios de comunicación social están bajo asedio con motivo de demandas por calumnia e injuria, hay que cuestionar el concepto de “honra”.

Es incomprensible cómo se puede tomar acción legal, inclusive mandar alguien a la cárcel, con base en algo tan subjetivo como es ese concepto. Por ejemplo, si a usted le roban algo, debe dar a las autoridades competentes detalles de lo que afirma le han sustraído. Pero la honra es un concepto abstracto.   No se puede comprobar su existencia objetiva porque tiene por lo menos dos caras: la apreciación propia y la opinión de otros.

En cuanto a la opinión de otros, ¿podemos decir que tiene honra un ciudadano de conducta personal desordenada con queridas oficiales y oficiosas y numerosos hijos no reconocidos? ¿Tiene honra un comerciante inescrupuloso? ¿Tiene honra un político que solo ha buscado provecho personal? ¿Tienen honra quienes acumularon fortunas a escondidas, protegidos por la dictadura de los militares y sus socios civiles?

Hay funcionarios que, lejos de poseer honra, se han desacreditado por sus propios actos pero aún presentan demandas. Por ejemplo, un legislador que tomó parte en el escandaloso fraude electoral del PRD en las elecciones de 1989 –cuya voz grabada probando este hecho fue escuchada por casi todo el país– años después de la invasión tuvo el tupé de interponer una demanda por calumnia e injuria alegando que pretendía “moralizar” el país (La Prensa 30 de noviembre 1995).

En muchísimos casos, funcionarios confunden su “honra” personal con el desempeño de sus deberes.   Innumerables han sido las veces que un funcionario, cuando su actuación como tal es cuestionada, pone una demanda por calumnia e injuria porque no resiste las críticas. Por ejemplo, esto sucedió cuando, siendo Ricardo Martinelli director de la Caja de Seguro Social, demandó a la Asociación de Médicos, Odontólogos y Profesionales Afines de la CSS (Amoacss). En esa oportunidad Martinelli aseguró que no permitiría que lo único que tenía, que era su honra y prestigio, fueran injuriados a cada momento (La Prensa 20 de diciembre 1995).

Por otra parte, es un hecho que cuando un funcionario interpone una demanda, lleva todas las de ganar. En la categoría de funcionarios que posiblemente abusaron de su poder poniendo demandas contra periodistas que formularon críticas o denuncias relacionadas con su actuación, el gran campeón puede ser Ernesto Pérez Balladares siendo presidente, con el segundo premio para José Antonio Sossa siendo procurador.

En un país carcomido por la corrupción y el abuso del poder, mi posición es que, antes de aceptar una demanda en la cual un ciudadano o funcionario alega que ha sido injuriada su honra, las autoridades judiciales deben exigirle que pruebe que es poseedor de honra.   Para tal efecto, no solo se debería tomar en cuenta su conducta tras bastidores sino también hacer una encuesta para determinar si la opinión pública cree que posee honra.

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<> Este artículo se publicó el 9  de noviembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
Más artículos de la autora  en: https://panaletras.wordpress.com/category/janson-perez-brittmarie/

El indulto y delitos contra el honor

La opinión de…

Ernesto Cedeño Alvarado

El indulto presidencial está consagrado en la Constitución en el artículo 184 numeral 12, precisado para los delitos políticos. Sin embargo, no hay norma en nuestra legislación, que defina lo que se considera delito político.

Aclaro que hay ausencia de una concreción legal sobre lo que son “delitos políticos”, sin embargo, no implica que no haya disposiciones explícitas que excluyan a ciertas especies de delito de ser subsumidas bajo el concepto de delito político. Tampoco implica que no sea posible realizar una concreción hermenéutica, típica del control de la constitucionalidad que ejerce regularmente la Corte Suprema de Justicia.

La Corte Suprema de Justicia en pleno, en sentencia de 30 de junio de 2008, en ausencia de una norma legal que desarrolle el concepto constitucional de delito político, interpretó que los delitos a los que hace alusión la frase “delitos políticos”, en el numeral 12 del artículo 184 de la Constitución Política de la República de Panamá, se refiere a los delitos contra la personalidad interna del Estado y los delitos electorales.

Se hace por tanto constitucionalmente inviable, por ejemplo, el indulto por delitos ecológicos, contra la vida y la integridad personal, contra la administración pública, contra el honor, contra el patrimonio, contra la fe pública, contra la seguridad colectiva, contra la economía nacional o la tenencia ilegal de explosivos; a menos que en estos delitos comunes se acredite que la comisión del injusto penal es consecuencia de las circunstancias socio políticas del momento o que la intención del agente estuvo dirigida a transformar ideologías o prácticas afines a la política estatal.

De lo antes expuesto se colige que sí es jurídicamente posible, contemplar la calumnia e injuria dentro de los delitos políticos, conforme al fallo de la Corte, concluyendo que el delito contra el honor consumado, fue consecuencia de las circunstancias socio políticas del momento o que fue dirigida a transformar ideologías o prácticas afines a la política estatal.

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<> Este artículo se publicó el 26  de octubre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/cedeno-alvarado-ernesto/

La opinión de…

’Cuando la prensa calla, el silencio grita’

La opinión del periodista colonense…

DAVID M. PÉREZ
davidperez262004@yahoo.com.mx

‘Las Leyes de Calumnias e Injurias, son en muchas ocasiones, normas que en lugar de proteger el honor de las personas son utilizadas para atacar o silenciar el discurso que se considera critico de la gestión de administración pública’, Informe Anual del 2000 de la Relataría para la libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Los periodistas y la comunidad en general tienen el derecho a la libertad de opinión y de expresión, y este derecho incluye el no ser molestados a causa de sus opiniones y expresiones. La amenaza de sanción penal es desmesurada e inhibitoria y, por lógica, no es acorde con la libertad de expresión; una libertad que tiene su complemento ineludible en el derecho de los ciudadanos a ser informados, lo que automáticamente le confiere una función social a la labor periodística.

En el caso del artículo 196 de nuestro Código Penal, se garantiza que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio, por parte de la sociedad, contrario a lo que alude el Lic. Bonissi.

Ser funcionario implica estar sometido a una vigilancia estrecha por parte de la sociedad.

La penalización de los llamados delitos contra el honor y la intención de que sea declarado inconstitucional el artículo que trata al respecto en nuestro Código Penal es en esencia, una expresión del autoritarismo y el uso abusivo del poder, por lo que aquellos que diariamente trabajamos con responsabilidad desde cualquier medio de comunicación social a nuestro alcance jamás estaremos de acuerdo con lo esgrimido por quien, ‘como conocedor de la ley’, debió haber defendido el derecho a la libre expresión. ¿A menos que nos estemos preparando para callar a la prensa?

Y cuando esto suceda, le recordamos que darán paso a que el silencio grite.

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<> Este artículo se publicó el 22 de octubre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/perez-david/

El insulto del indulto

La opinión del Jurista,  Docente Universitario y activista de derechos humanos….


Miguel Antonio Bernal

He concurrido ante la Corte Suprema de Justicia a efecto de presentar formal DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD, para que, previo cumplimiento del procedimiento establecido en el Artículo 2653 del Código Judicial, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia declare que es INCONSTITUCIONAL el Decreto Ejecutivo N°. 864,   publicado en Gaceta Oficial N° 26637-A, del 07 de octubre de 2010, por el cual se Decreta un Indulto Presidencial.

He fundamentado la demanda de inconstitucionalidad en los siguientes hechos:

1º- El Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, mediante Sentencia N° 250-S.I. del 28 de septiembre de 2010, declaró penalmente responsable del Delito de Calumnia a los periodistas SABRINA BACAL SECURANSKY y JUSTINO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, condenándolos a la pena de doce meses de prisión, conmutada por su equivalente en 365 días multa, a razón de diez balboas cada uno, totalizando la suma de B/. 3,650.00 cada uno, además de inhabilitarlos para el ejercicio de la profesión de comunicadores sociales, por el término de un (1) año a partir de la fecha de ejecución de la sentencia.

2º-En virtud de lo anterior, el Presidente de la República RICARDO MARTINELLI BERROCAL, en conjunto con la Ministra de Gobierno y Justicia ROXANA MÉNDEZ DE OBARRIO, pretextando la facultad prefijada en el numeral 12 del Artículo 184 de la Constitución de 1972, decreta un Indulto Presidencial.

3º- El Decreto Ejecutivo N° 864 del 7 de octubre de 2010, en su Artículo 1 otorga el Indulto Presidencial a SABRINA BACAL SECURANSKY y a JUSTINO GONZALEZ GONZALEZ, ambos condenados por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá.

4º- En lo medular, el numeral 12 del Artículo 184 de la Constitución Política, establece las funciones que ejerce el Presidente de la República, entre estas la contenida el citado numeral de “Decretar indultos por delitos políticos…”.

5º-El objeto del Decreto Ejecutivo que se demanda, es dejar sin efecto punitivo de manera permanente, la Sentencia N° 250-S.I. del 28 de septiembre de 2010 dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá por la cual se condenó a los periodistas Bacal y González, por el delito común de calumnia.

6º-Con anterioridad la Corte se ha pronunciado con respecto a la materia objeto, tal como se demuestra en la Sentencia en Firme Proferida por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de manera unánime, de 30 de Junio de 2008, por medio de la cual se declaró inconstitucional los DECRETOS EJECUTIVOS Nº 1317 DE 25 DE AGOSTO DE 2004, Nº 1318 DE 26 DE AGOSTO DE 2004 Y Nº 1321 DE 30 DE AGOSTO DE 2004, expedidos por la entonces Presidente, Mireya Moscoso, con participación del entonces Ministro de Gobierno y Justicia, Arnulfo Escalona Avila, por medio de los cuales se decretó el indulto a un número plural de ciudadanos nacionales y extranjeros por delitos comunes.

7º-Se ha infringido el numeral 12 del Artículo 184 de la Constitución, en el concepto de violación por INDEBIDA APLICACIÓN, ya que el referido Decreto Ejecutivo 864 del 7 de octubre de 2010, no cumple con el mandato expreso contenido en la norma Constitucional. Lo anterior se sustenta en el hecho de que el Presidente solo puede declarar Indulto por Delitos Políticos.

8º-El Decreto Ejecutivo objeto de la demanda no cumple con este precepto, debido a que la condena del delito indultado es de naturaleza común, y no es difícil concluir que el mismo ha sido objeto de una interpretación subjetiva adecuándola a los interés particulares dándole una aplicación indebida y violentando así el contenido taxativo del mismo.

Es por todo lo anterior que el citado indulto, es un insulto.

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<> Este artículo se publicó el 22  de octubre de 2010  en el diario El Panamá América, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.
Mas artículos del autor en:  https://panaletras.wordpress.com/category/bernal-miguel-antonio/