¿Medidas cautelares?

La opinión de…

Miguel Antonio Bernal

Cada día resulta más incomprensible e injustificable, cómo, en virtud de las normas jurídicas, funcionarios del Ministerio Público, supuestamente encargados de buscar la verdad e investigar con objetividad, sirvan cada vez más como brazo perseguidor del Ejecutivo.

Cada día más, en el Ministerio Público, la ciudadanía identifica más y más funcionarios, cuya dedicación no es otra que la de romper la trilogía sobre la cual está llamado a descansar un Estado de Derecho.    Con su actuar, nos dejan como fábula la teoría de Montesquieu.

Lo anterior queda de manifiesto cuando un Fiscal, utilizando teorías que contradicen todo principio básico de la administración, opta por ignorar las pruebas, el debido proceso y todo lo que debió aprender en las aulas, para así justificar medidas cautelares innecesarias.

Esto acontece con el tratamiento dado por el Fiscal a los siete miembros y ex miembros de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social,  a los cuales se le ha dado categoría de peligrosos delincuentes, al exigirles el tener que acudir al Ministerio Público a firmar los 15 y los 30 de cada mes. El objetivo primordial de este proceder, no es otro que el de inhabilitar a los tres que son miembros actuales de la Junta Directiva de la Caja, para así poder tener todos los votos que requieren para aprobar todo lo que desea el Ejecutivo en esa institución.

Este funcionario, obviando el Artículo 447 del Código Judicial donde se establecen las “Normas de Conducta”, ha violado los principios básicos y necesarios para interponer medidas cautelares.    Pero, lo más preocupante, es ver como estos funcionarios llamados a ser fieles cumplidores de las normas y las leyes, en nombre de ellas, juegan con el bien más preciado de todo hombre: su libertad, honra y decoro.

¿Qué los lleva a dejar a un lado procedimientos básicos, como el que plantea el Numeral 3 del Artículo 2031 del Código Judicial que dice: “Averiguar todas las circunstancias que sirvan para calificar el hecho punible, o que lo agraven, atenúen o justifiquen”? Esto se evidencia cuando para satisfacer el morbo, creado por el propio Ministerio Público, afirman que la Vista (que al parecer es bizca), “estará lista pronto”.

¿Cómo pueden adelantar esas precisiones, sin tomar en consideración las declaraciones indagatorias recogidas a los “peligrosos delincuentes”, ni las pruebas aportadas dónde se demuestra que la compra se realizó por debajo del monto que la Ley le permite aprobar a la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social?.

¿Por qué el Ministerio Público, en abierto abuso del propio carcomido sistema inquisitivo y sin causa justificable en la norma, les declara estas absurda medidas a los “siete del patíbulo”, desconociendo el Artículo 2128 del Código Judicial, que, entre otras cosas, menciona que las medidas cautelares serán aplicables cuando el imputado se de a la fuga o exista peligro evidente que intente hacerlo?

Está evidenciado que estas “medidas cautelares”, impuestas a un grupo de ciudadanos que no representan un peligro a la sociedad, son utilizadas para poder beneficiar los intereses económicos de algunos bellacos que solo buscan salir más ricos de lo que entraron, gracias una vez más, a los dineros de los asegurados.

Resulta cada día más doloroso, que nuestra justicia, y nuestra libertad, se encuentren en manos de quienes, solo por preservar sus altos salarios, privilegios y prebendas, no cumplen con su verdadera función.

<>Artículo publicado el  3  de diciembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

La desobediencia

La opinión del Jurista y Docente Universitario en la materia….

 

CARLOS   AUGUSTO   HERRERA   –
cherrera255@hotmail.com

En  la entrega anterior desarrollamos lo concerniente a la figura del desacato en uso desde los tempranos tiempos, sin descontar que se confundía con la calumnia o injuria, debido a que el irrespeto era provocado a la autoridad.   Existe confusión sobre esta figura judicial y coercitiva al supuestamente faltar el respeto al funcionario público en función de policía y que comúnmente conocemos como: IRRESPETO A LA AUTORIDAD,   pero es que debemos agregar DE LA LEY.

Por la destacada legislación panameña apreciamos lo establecido en el artículo 1045 del Código Judicial, al referirse a la condena dentro o al concluir un proceso, por sentencia o auto, con lo que se obliga al culpable a realizar alguna cosa y que en la misma resolución se advierte que se abstenga de hacer lo que se la ha prohibido o queda sujeto a la indemnización por daños y perjuicios, más el desacato a la ley. Esto es perfectamente entendible, puesto que una resolución dictada por una autoridad es ley entre las partes.

Si existe un proceso determinado, en el que se impide al demandado enajenar bienes con los que posiblemente deba pagar lo que se le exige y por lo que decreta de inmediato el embargo para que dichos bienes sean puestos a órdenes del tribunal, para el consiguiente remate y entrega, pero el ejecutado desoye esto que plasma el artículo 1050, entonces el juez pude ordenar el apremio por desacato.   Si ha incurrido en falso testimonio para ocultar los bienes u obstaculizar el proceso, el juzgador desglosa copia del expediente para que el Ministerio Público investigue.   Lo mismo se hace si dichos bienes son traspasados para caer en insolvencia.

Queda, además, el proceso sumario para que se impugnen estas maniobras. Otro asunto es lo preceptuado en el artículo 1069 del nuestro Código Judicial, sobre el agregado económico consecuencia de un litigio en el que se condena al vencido:

‘1. El trabajo invertido por el litigante o por su apoderado en la secuela del proceso;

2. El trabajo en derecho, bien por la parte o por su apoderado, ya sea verbal, ya por escrito;

3. Los gastos que ocasiona la práctica de ciertas diligencias, como honorarios de peritos y secuestros, indemnización a los testigos por el tiempo que pierden y otros semejantes;

4. El valor de los certificados y copias que se aduzcan como pruebas; y

5. Cualquier otro gasto que, a juicio del juez, sea necesario para la secuela del proceso, pero nunca se computarán como costas las condenaciones pecuniarias que se hagan a una parte en virtud de apremio, o por desacato, ni el exceso de gastos que por impericia, negligencia o mala fe, hagan las partes, sus apoderados o defensores’.

La persona vencida en juicio debe cancelar estas obligaciones y el juez tiene la potestad de obligarlos mediante los apremios por desacato que pueden, como ya conocemos, aumentar cada vez que se aplica al vencido contumaz.

Otra norma del mismo código, nominada como 1328, permite al juez de primera instancia y, previo el informe secretarial, la autoridad a cargo impone sanciones conminatorias o desacato al demandado en proceso de alimentos ‘hasta por el término de treinta días de arresto, mientras dure la renuencia en los siguientes casos:

a. Cuando no consigne la cuota alimenticia en la fecha y condiciones decretadas;

b. Cuando proceda de mala fe a eludir el pago de las cuotas alimenticias. Se presume la mala fe cuando renuncie o abandone un trabajo para así eludir su obligación o cuando su conducta ponga de manifiesto que tiene medios para hábitos desordenados, pero no para cumplir con el pago de las cuotas alimenticias;

y Cuando el demandado traspasare sus bienes, después de que haya sido condenado a prestar alimentos, si con ese traspaso elude su obligación’.

Tenemos sanciones por desacato en función del artículo 1329 al empleador o jefe que no informe al juez en cinco días sobre el salario devengado por el servidor público o trabajador, o suministrare datos  falsos al respecto o no cumpla con el descuento, por este solo hecho será sancionado con cinco días de arresto, mientras dure la renuencia y sin perjuicio de quedar obligado a pagar la pensión no retenida por él.

Como el lector puede apreciar, este asunto es serio, porque ahora se extiende a terceros.   Otra cuestión es la deuda galopante que se crea si se detiene a una persona por treinta o más días, ¿cómo puede ésta trabajar para conseguir el dinero con el que debe enfrentar la obligación impuesta? Es el secretario del despacho el encargado de levantar el expediente con los cargos que justifiquen la sanción, pero es el juez quien dicta la resolución respectiva, de acuerdo con el artículo 1330 de nuestro Código de Procedimientos.

 

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<> Este artículo se publicó el 14 de noviembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del   autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/herrera-carlos-augusto/

Sentencias penales dictadas en audiencia

La opinión de…

 

Alina Hubiedo

El Código Judicial vigente en la República de Panamá preceptúa que la audiencia será pública y que estará fundamentada en los principios de oralidad y publicidad. La oralidad supone la expresión verbal vertida por abogados, testigos o peritos ante el juez de la causa, sin soslayar al propio imputado y a la víctima, quienes pueden ser escuchados durante el juicio. No obstante, el propio juzgador con base en dicho principio está facultado para dictar la sentencia en el mismo acto de audiencia, al culminar los alegatos formulados por el fiscal, el querellante –si lo hubiere– y la defensa.

Esto es así, también, porque el artículo 2526 del Código Judicial patrio establece en su último párrafo, lo siguiente: “El juez podrá dictar la sentencia una vez concluidos los alegatos y el anuncio de la decisión tendrá efecto de notificación para las partes presentes”. Concatenadamente, el último inciso del artículo 2301 del mismo texto legal alude a las decisiones judiciales adoptadas en oralidad cuando estatuye que las comunicaciones hechas por el juez o magistrado a las partes durante la audiencia tienen valor de notificación personal.

Sobre el particular, vale decir que esta práctica se encuentra íntimamente vinculada al principio de publicidad, que implica que el acto de audiencia es público o abierto a toda persona que desee presenciarlo, salvo cuando por razones de moralidad, de orden público o el respeto a la víctima exijan que la sesión se celebre a puerta cerrada. Esta excepción se encuentra desarrollada en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, suscrito por Panamá; no obstante lo anterior, se reconoce en dicho documento que toda sentencia en materia penal será pública, salvo en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario.

La emisión de sentencias penales en el acto de audiencia involucra, a su vez, otro principio, el de inmediación, que implica la percepción directa de actos procesales y también fortalece el principio de transparencia que consagra el Código de Ética Judicial de la República de Panamá, basado en la motivación que realice el juez ante las partes, ya que el fallo es escuchado de viva voz por el juzgador y, en consecuencia, de los resultados del proceso tienen conocimiento inmediato el imputado, su defensa y la víctima.

Cabe acotar que la metodología bajo estudio evita las dificultades que se presentan para surtir una notificación personal, habida cuenta que, por ley, el fallo condenatorio debe ser notificado personalmente, mientras que si se dicta la sentencia en el juicio, el sólo anuncio de la decisión produce efecto de notificación para las partes, como lo indican las normas citadas.

Ligado a esto se encuentra el hecho de que si alguna de las partes no está de acuerdo con el fallo, puede anunciar apelación en el mismo acto de audiencia, una vez el juez haya dictado su decisión, de manera tal que se agilizan los términos que a este respecto regula el artículo 2416 del Código Judicial en materia de impugnación de resoluciones. Esto significa –indefectiblemente– que se practican los principios de economía y celeridad procesal.

Cabe destacar, en otro orden, que en el evento de que el fallo dictado en el juicio oral sea absolutorio, la apelación no impide que el reo sea puesto inmediatamente en libertad, salvo en los casos de narcotráfico en los cuales se le sujeta a medidas cautelares, según lo dispone el artículo 2414 del Código Judicial.

Además, otra ventaja la constituye el hecho de que la defensa puede solicitar al juez, una vez decidido el caso en el mismo juicio, que se le aplique a su representado un sustituto penal como alternativa a la pena de prisión, caso en el cual, de ser favorecido, el reo obtendrá igualmente la libertad, la que será decidida en la audiencia, en virtud de que la ley de procedimiento penal preceptúa que los incidentes que se promuevan cualquiera fuere naturaleza, serán decididos en el curso de la audiencia (artículo 2197 del C.J.) y en caso de inconformidad, puede anunciarse apelación en el acto.

En síntesis, las sentencias penales dictadas en las audiencias constituyen un mecanismo eficaz para contrarrestar la congestión judicial en los tribunales.

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<> Este artículo se publicó el 29  de octubre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

Exceso de litigiosidad

La opinión del Abogado y Profesor Universitario en el ramo….

CARLOS AUGUSTO HERRERA

A veces nos cuesta creer que en el ejercicio de la defensa del abogado a favor de su cliente, las autoridades sientan que se abusa en el uso de los recursos o de las acciones a seguir. Todo esto parece inaudito, cuando se trata del abuso de litigio. Seguro que todo esto ante Dios y la Ley es un contrasentido, frente al ilimitado derecho a la defensa que permite la contradicción hasta el final del proceso.

Es imposible que se piense que si el proceso consta de fases preclusivas, se pueda realizar una actividad que demore la terminación de dicho proceso. Puede ser que se den cuestiones dilatorias, que si son imputables a la defensa, entonces que se aplique la Ley, pero como todo en Derecho, debe comprobarse.

Si nosotros analizamos lo relativo a la defensa de un acusado al cual le siguen una instrucción, que la Ley Procesal establece en cuatro meses, plazo que se puede extender por la ausencia o multiplicidad de sospechosos o la gravedad del acto delictivo, tenemos que establece un piso y techo calculado en 16 semanas, dentro de las que, como mínimo, hay que revisar el legajo dos veces a la semana y presentar epístolas, entonces podrían ser 32 escritos sin contar con el poder de representación o la solicitud de copias.

Claro que este es un postulado ciego y que responde a una correlación matemática. Como hay casos en los que nada más aparece el poder y una que otra solicitud simple; entonces esto parece todo lo contrario a lo excesivo y lo critica el artículo 638 del Código Judicial, sobre lo relativo al apoderado que actúa su trámite hasta el final en nombre del poderdante en el proceso, a menos que se le revoque el poder o que renuncie. Si de manera arbitraria se ausenta o se separa, antes de que se haya nombrado otro apoderado, responderá por el abandono.

Otra norma coercitiva es el artículo 217, también del Código Judicial, sobre la responsabilidad de las partes por los perjuicios que causen a otra parte o a terceros si procesalmente actúan de manera temeraria o de mala fe. Pero esto hay que probarlo, para que el juez imponga ‘la correspondiente condena en la sentencia o el auto que lo decida, y si no fuere posible fijar allí su monto, se liquidará en la forma prevista en el Artículo 996; si el proceso ha concluido, dicho trámite se adelantará con independencia de aquél’.

El artículo 996 del Código Judicial regula la condena en abstracto y que aúpa a la parte favorecida para que dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia pueda solicitar que se cumpla el fallo, para lo cual presentará una liquidación motivada y especificada que se da en traslado a la contraparte por el término de cinco días para que opine y luego se decide con pruebas si hay oposición.

Pero volvamos a esto sobre el exceso de defensa que cuesta un mundo digerirlo, al igual que el concepto compuesto sobre la guerra justa o lícita, que por cierto ha trasnochado a insignes pensadores y filósofos y que por ahora no vamos a ahondar.

Con relación al título, copiamos un extracto enviado por la autoridad demandada en el expediente 771—08 de 08 de julio de 2009 en el amparo de garantían propuesto al pleno: ‘Es claro que el presente proceso se ha venido dilatando en extremo, ante la gestión de la parte demandada, señor FBG que acciona reiteradamente, incluso a nivel constitucionalmente, sin que de ello se colija no más que el abuso de su derecho a litigar y por consiguiente el exceso de litigiosidad, al haberse dilatado desde el año 2003 y que a la fecha, aún no ha podido resolverse.   Si bien no existe impedimento alguno, a fin de que las partes hagan valer sus derechos y aquellos que estimen les corresponde, el derecho a litigar tiene una limitación, la cual es entendida así en el artículo 217 del Código Judicial, referido a la temeridad o abuso del litigio’.

Como lo expusimos en el párrafo anterior se trata de mala fe y temeridad, un asunto que debe comprobarse.

Es imperativo ese ineludible deber del abogado sobre la defensa del permanente principio de la inviolabilidad a la defensa y dentro de la lealtad procesal, evitar las actuaciones dilatorias, pero del mismo modo, actuar con firmeza frente a la utilización de pruebas falsas o amañadas por la contraparte o advertir la ignorancia o negligencia del funcionario ante quien opera sobre la defensa.

<> Artículo publicado el 26 de septiembre de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos,  lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.

La prueba testimonial

” El interrogatorio empieza con las generales, dirección e identificación y luego la pregunta mágica: ‘¿Explique las razones por la que comparece a esta diligencia?’. La respuesta orientará al interrogador sobre la clase de testigo con el que cuenta.” Adentrémonos en el estudio de este interesante enfoque sobre la “reina de las pruebas” interpretando el siguiente artículo de opinión del Jurista y Docente Universitario….

CARLOS AUGUSTO HERRERA

Hay tanta ignorancia en estos aspectos sobre la ‘reina de las pruebas’, que es como denominan al testimonio, una sustancia intelectual que libera y encarcela en manos de los neófitos.

Parece que es lo más tangible que tenemos para reconstruir lo ocurrido a través de la atestación independiente del enjundioso o el ignorante.

Es muy importante conocer lo que se genera entre el medio y el interior del sujeto; la captación de lo que ocurre por medio de los sentidos, pero que se extracta en una tridimensión a saber: vista, oído y emociones. Claro que hay una inmensidad de sentidos, como el tacto, la distancia, el gusto, equilibrio, orientación, etcétera, pero es que todo se reduce a los tres primeros enunciados.

Al analizar una deposición o mantener una interlocución, se dilucida el medio que utiliza el deponente para absorber el conocimiento, puesto que lo incluye en la exposición, con expresiones como yo miré, escuche o sentí. De este modo sintonizamos al interlocutor sobre la manera de absorber del medio la información que evaluamos.

La segunda variable importante es el objeto de la interpelación destinada a reconstruir un evento, como nos dice DELLEPIANE: ‘Todas las ciencias reconstructivas suponen, desde luego el conocimiento de lo actual’ (1). Esto es lo que se busca y sobre esto es que se trabaja, pero las demás pruebas deben encajar con la realidad del expediente que se forme. Este mismo autor nos complace al enarbolar uno de los pilares de la Sana Crítica, al determinar la diferencia entre concordancia y convergencia, para establecer lo primero como indicadores y lo segundo sobre las deducciones o inferencias indiciarias. Este es el análisis al que se debe llegar, una vez consensuadas las pruebas, en este caso las testimóniales, sobre el principio de la confirmación (2). Claro que antes aparecen las pruebas determinantes y las excluyentes, que aparecen en los extremos de la evaluación y que lo expresan todo.

Hay que hacer un alto reflexivo para considerar un expediente como la copia de un evento ocurrido y transcrito de tal manera que sea comprensible, de allí aquello del ‘principio de inmediación’, para extractar de los declarantes las manifestaciones no verbales con la que nos comunicamos lo humanos y una gran mayoría de animales.

Visto así, coincidimos en la importancia de las conversaciones convertidas en interrogatorios, sin exceptuar el resto de las pruebas, algunas determinantes, otras excluyentes y el resto de apoyo o relleno para pesarlas con la Sana Crítica, una forma de valorar las pruebas y que una gran colectividad de autoridades desconoce.

Pero es que los testimonios pueden ser a favor, en contra, voluntario, hostil, de percepción de referencia, fidedigno, sospechoso y podemos seguir con las enumeraciones. Lo importante es poder calibrar la amplitud en esta deposición y sus consecuencias, las que deben tomar en cuenta a la hora de valorar las pruebas en conjunto, lo que parte primero por la selección y agrupación, las semejanzas, los contrastes y las verificaciones para entonces cernir y determinar el grado de credibilidad y certeza al momento de decidir.

El interrogatorio empieza con las generales, dirección e identificación y luego la pregunta mágica: ‘¿Explique las razones por la que comparece a esta diligencia?’. La respuesta orientará al interrogador sobre la clase de testigo con el que cuenta.

El artículo 447 del Código Judicial, numeral trece, advierte a quien presida una sobre lo que puede ocurrir con su intervención en la que debe evitar demoras innecesarias, la impaciencia o actitud indiscreta o severa en especial con los nerviosos o temerosos, lo que puede provocar una causa indebidamente presentada o a que no se esclarezcan perfectamente los hechos. Esta misma norma contemplada en el numeral 22, del mismo modo se refiere al juramento a los testigos, en una forma que destaque la importancia y la solemnidad del acto, sobre todo, su obligación de ceñirse a la verdad.

En otra referencia tenemos que históricamente, el testimonio ha sido motivo de serias críticas y de grandes alabanzas (3).   Sostiene este autor que en la antigüedad gozaba de excepcional importancia, en relación a la presunción de la veracidad humana.   Lo que debemos considerar es que una deposición beneficia a una parte, pero afecta a la otra, razón por la que tiene una fidelidad del cincuenta por ciento y para el juzgador mucho más, si tal pieza favorece o perjudica lo que decide con la sentencia.

Sobre este tema, hay una camino largo que pretendemos transitar, en un intento de mantener el interés y la coherencia en la exposición.

(1) DELLEPIANE, ANTONIO. ‘NUEVA TEORÍA DE LA PRUEBA’. EDITORIAL TEMIS. BOGOTÁ 2000. PÁGINA 18.

(2) DELLEPIANE, OBRA CONSULTADA. PÁGINA 89.

(3) MEJIA MARÍN LIGIA Y OTRO LOS RECURSOS: EN MATERIA PENAL Y TESTIMONIO COMO MEDIO DE PRUEBAS. EDICIONES JURÍDICA RADAR. COLOMBIA 1990. PÁGINA 245.

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Este artículo fue publicado el 1 de agosto de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Menores: Difusión de la Ley de Responsabilidad Penal

La opinión del Abogado….

PABLO JAVIER PÉREZ CAMPOS

En nuestro país no estamos claros sobre la participación de menores de edad en la comisión de hechos delictivos, a pesar de que la Ley 40 de 1999 ha sido reformada en cuatro ocasiones, básicamente para aumentar las penas y reducir la edad de responsabilidad del menor, pese a esto no hemos visto el poder disuasivo que esta pudiese tener.

Recomiendo al Ministerio de Educación que entre a educar a los menores en los colegios secundarios e informarles que ya pueden ser sancionados si son mayores de 12 años con penas hasta de 12 años, según la última reforma.

Hago esta recomendación, porque al revisar muchas de las declaraciones de testigos y de los propios adolescentes investigados manifiestan que ellos solo van a ‘pagar seis meses y van para la calle’.   Es decir, por una información errada desafían el sistema y bajo esa premisa inclusive llegan a inculparse, de actos tan atroces como el homicidios, robos y otros delitos graves por los adultos que son sus cómplices, partícipes o simples instigadores.

Cabe advertir que esta realidad no es así, porque en los Centros de Custodias hay jóvenes condenados hasta con 96 meses (ocho años) por los jueces de adolescentes. Esto se debe a que la Policía de Menores y los fiscales de menores son más efectivos en la garantía del debido proceso, situación que en los albores de la aplicación de la Ley 40 de 1999 no se daba y, a través de recursos legales, los abogados dejaban en libertad a los menores.

Cabe destacar que este régimen es especial y garantista, porque debe respetar la convención de los Derechos del Niño, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia y para la protección de menores privados de libertad. También es especial porque tiene su proceso especial donde se crea el juez que sanciona —Juez Penal de Adolescentes— y el juez que le da supervisión al cumplimento de la sanción —el Juez de Cumplimiento—, como figura innovadora en nuestro derecho penal y utilizan como norma supletoria el procedimiento penal ordinario del Código Judicial.

Dicho esto, en ningún momento este régimen promueve la impunidad juvenil, muy por el contrario, establece que el adolescente infractor sea sancionado en debido proceso y que esta sanción tenga como fin la resocialización. Estas sanciones a los menores se clasifican en socio—educativa:  Que son la amonestación, la participación obligatoria en programas de asistencias, la prestación de servicios a la comunidad y la reparación de daños a las víctimas estas sanciones son aplicables a delitos menores que no hayan puesto en grave peligro la integridad física de las personas ni sus bienes o si su afectación ha sido leve.   Si el menor no cumple, el juez de cumplimiento tiene la facultad de sustituirla por prisión.

La otra sanción para los delitos graves son las privativas de libertad que pueden ser clasificadas como: Régimen de Semi—libertad, según el cual el adolescente tiene que permanecer en un Centro de Cumplimiento de la Sanción durante el tiempo que no tiene la obligación de asistir a la escuela o lugar de trabajo; y la última es la más severa, Prisión en un Centro de Cumplimiento para los delitos graves, como el homicidio doloso y agravado, el secuestro, el terrorismo, violación carnal, tráfico de drogas, robo agravado, comercio de armas ilícitas, pandillerismo, lesiones personales dolosas, extorsión, asociación ilícita para delinquir en sus formas agravadas, posesión ilícita de arma de fuego.

Esta información debe ser difundida por los medios de comunicación, el Ministerio de Educación y por la Policía de Menores de la Policía Nacional, en cooperación con el Instituto de Estudios Interdisciplinario encargado de los Centros de Custodia y Cumplimiento del Régimen Penal de Adolescentes de la Ley 40, para evitar que los menores sean persuadidos por una errónea creencia de que con este régimen especial podrán ser impunes y salir como dicen ellos: ‘En seis meses voy pa’ la calle’. Situación que no se contrasta con la realidad de hoy, por las sanciones que ya están recibiendo los menores infractores de la Ley Penal.

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Este artículo fue publicado el  17 de julio de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor o autora, todo el crédito que les corresponde.

Suplentes de procuradores

La opinión del Abogado….

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SANTANDER CASÍS S.

Cuando en 2004 se reformó la Constitución, su artículo 221, que determina la forma de nombrar al procurador general, al de la Administración y sus suplentes, resultó adicionado con el párrafo que especifica que en las faltas temporales de los procuradores, éstos tienen la facultad de designar temporalmente a un funcionario del Ministerio Público, en calidad de procurador encargado. Elaborado el Texto Único el artículo reformado es el 224.

Si se observa detenidamente dicha reforma, se advierte que permaneció inalterable la facultad de nombrar suplentes a los procuradores y, con la adición del párrafo aludido, se reformó dentro del régimen de suplentes la potestad de designar un procurador encargado en la circunstancia única y exclusiva de faltas temporales.

En otro sentido, se debe concluir que la designación de suplentes será para actuar en las ausencias incidentales causadas por declaratoria legal de impedimento, en las accidentales y en las permanentes, debido a fallecimiento, incapacidad mental o física, jubilación, renuncia o destitución, mientras se designa al nuevo titular.

De acuerdo a estas razones, la facultad ejercida por la procuradora general para designar como procurador encargado al fiscal auxiliar, frente a la inminente separación de su cargo, fue una acción realizada al amparo de la Constitución y la Ley, por cuanto el Código Judicial determina que la suspensión del cargo está catalogada como “ falta temporal ”.

Ahora bien, pese a la claridad de tales normas, los acontecimientos no se sucedieron conforme a ellas, pues el Ejecutivo dispuso nombrar un suplente, con el propósito de llamarlo a ejercer como procurador general.

Es probable que el Ejecutivo se sintió “ facultado ” para ello, en vista de que en la decisión que separó a la procuradora se falló también “ informar al Excmo. Sr. Presidente de la República con relación a lo decidido por el pleno ”.

Debo advertir que esta última acción está prevista en el artículo 2153 del Código Judicial, que establece que decretada la suspensión del cargo de algún empleado público, en términos generales, se comunicará a la autoridad nominadora “ salvo que la Ley disponga otra co sa ”. No obstante, en este aspecto se debió considerar el artículo 35 del Código Civil, que establece que la Constitución es “ Ley Reformatoria y derogatoria de la Legislación preexistente ”. Si el artículo 2153 del Código Judicial es “ legislación preexistente ”, la Constitución como “ ley reformatoria ” en su artículo 224 ha dispuesto que en la circunstancia claramente definida como una ausencia temporal, la autoridad nominadora para designar su reemplazo es en este caso la procuradora, por lo que a ella debió girarse esa comunicación y no al Ejecutivo.

En relación con el régimen de suplentes para procuradores, insisto a que la figura no ha sido excluida, por cuanto que a mi juicio, tanto el numeral 2 del artículo 200 como el primer párrafo del artículo 224 de la Constitución, lejos de ser “ ripios constitucionales ”, son normas plenamente vigentes para proyectar sus efectos.

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Este artículo se publicó  el  1 de abril de 2010 en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

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