El indulto y delitos contra el honor

La opinión de…

Ernesto Cedeño Alvarado

El indulto presidencial está consagrado en la Constitución en el artículo 184 numeral 12, precisado para los delitos políticos. Sin embargo, no hay norma en nuestra legislación, que defina lo que se considera delito político.

Aclaro que hay ausencia de una concreción legal sobre lo que son “delitos políticos”, sin embargo, no implica que no haya disposiciones explícitas que excluyan a ciertas especies de delito de ser subsumidas bajo el concepto de delito político. Tampoco implica que no sea posible realizar una concreción hermenéutica, típica del control de la constitucionalidad que ejerce regularmente la Corte Suprema de Justicia.

La Corte Suprema de Justicia en pleno, en sentencia de 30 de junio de 2008, en ausencia de una norma legal que desarrolle el concepto constitucional de delito político, interpretó que los delitos a los que hace alusión la frase “delitos políticos”, en el numeral 12 del artículo 184 de la Constitución Política de la República de Panamá, se refiere a los delitos contra la personalidad interna del Estado y los delitos electorales.

Se hace por tanto constitucionalmente inviable, por ejemplo, el indulto por delitos ecológicos, contra la vida y la integridad personal, contra la administración pública, contra el honor, contra el patrimonio, contra la fe pública, contra la seguridad colectiva, contra la economía nacional o la tenencia ilegal de explosivos; a menos que en estos delitos comunes se acredite que la comisión del injusto penal es consecuencia de las circunstancias socio políticas del momento o que la intención del agente estuvo dirigida a transformar ideologías o prácticas afines a la política estatal.

De lo antes expuesto se colige que sí es jurídicamente posible, contemplar la calumnia e injuria dentro de los delitos políticos, conforme al fallo de la Corte, concluyendo que el delito contra el honor consumado, fue consecuencia de las circunstancias socio políticas del momento o que fue dirigida a transformar ideologías o prácticas afines a la política estatal.

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<> Este artículo se publicó el 26  de octubre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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La opinión de…

El insulto del indulto

La opinión del Jurista,  Docente Universitario y activista de derechos humanos….


Miguel Antonio Bernal

He concurrido ante la Corte Suprema de Justicia a efecto de presentar formal DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD, para que, previo cumplimiento del procedimiento establecido en el Artículo 2653 del Código Judicial, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia declare que es INCONSTITUCIONAL el Decreto Ejecutivo N°. 864,   publicado en Gaceta Oficial N° 26637-A, del 07 de octubre de 2010, por el cual se Decreta un Indulto Presidencial.

He fundamentado la demanda de inconstitucionalidad en los siguientes hechos:

1º- El Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, mediante Sentencia N° 250-S.I. del 28 de septiembre de 2010, declaró penalmente responsable del Delito de Calumnia a los periodistas SABRINA BACAL SECURANSKY y JUSTINO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, condenándolos a la pena de doce meses de prisión, conmutada por su equivalente en 365 días multa, a razón de diez balboas cada uno, totalizando la suma de B/. 3,650.00 cada uno, además de inhabilitarlos para el ejercicio de la profesión de comunicadores sociales, por el término de un (1) año a partir de la fecha de ejecución de la sentencia.

2º-En virtud de lo anterior, el Presidente de la República RICARDO MARTINELLI BERROCAL, en conjunto con la Ministra de Gobierno y Justicia ROXANA MÉNDEZ DE OBARRIO, pretextando la facultad prefijada en el numeral 12 del Artículo 184 de la Constitución de 1972, decreta un Indulto Presidencial.

3º- El Decreto Ejecutivo N° 864 del 7 de octubre de 2010, en su Artículo 1 otorga el Indulto Presidencial a SABRINA BACAL SECURANSKY y a JUSTINO GONZALEZ GONZALEZ, ambos condenados por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá.

4º- En lo medular, el numeral 12 del Artículo 184 de la Constitución Política, establece las funciones que ejerce el Presidente de la República, entre estas la contenida el citado numeral de “Decretar indultos por delitos políticos…”.

5º-El objeto del Decreto Ejecutivo que se demanda, es dejar sin efecto punitivo de manera permanente, la Sentencia N° 250-S.I. del 28 de septiembre de 2010 dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá por la cual se condenó a los periodistas Bacal y González, por el delito común de calumnia.

6º-Con anterioridad la Corte se ha pronunciado con respecto a la materia objeto, tal como se demuestra en la Sentencia en Firme Proferida por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de manera unánime, de 30 de Junio de 2008, por medio de la cual se declaró inconstitucional los DECRETOS EJECUTIVOS Nº 1317 DE 25 DE AGOSTO DE 2004, Nº 1318 DE 26 DE AGOSTO DE 2004 Y Nº 1321 DE 30 DE AGOSTO DE 2004, expedidos por la entonces Presidente, Mireya Moscoso, con participación del entonces Ministro de Gobierno y Justicia, Arnulfo Escalona Avila, por medio de los cuales se decretó el indulto a un número plural de ciudadanos nacionales y extranjeros por delitos comunes.

7º-Se ha infringido el numeral 12 del Artículo 184 de la Constitución, en el concepto de violación por INDEBIDA APLICACIÓN, ya que el referido Decreto Ejecutivo 864 del 7 de octubre de 2010, no cumple con el mandato expreso contenido en la norma Constitucional. Lo anterior se sustenta en el hecho de que el Presidente solo puede declarar Indulto por Delitos Políticos.

8º-El Decreto Ejecutivo objeto de la demanda no cumple con este precepto, debido a que la condena del delito indultado es de naturaleza común, y no es difícil concluir que el mismo ha sido objeto de una interpretación subjetiva adecuándola a los interés particulares dándole una aplicación indebida y violentando así el contenido taxativo del mismo.

Es por todo lo anterior que el citado indulto, es un insulto.

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<> Este artículo se publicó el 22  de octubre de 2010  en el diario El Panamá América, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.
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Sobre indultos y constitucionalidad

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La opinión de….

Francisco Díaz Montilla

Pasada la vorágine con respecto a la inhabilitación profesional a dos periodistas, quiero compartir algunas inquietudes con los ciudadanos de este país.   Cuando la señora Ana Matilde Gómez fue condenada, quienes celebraron la sentencia señalaban que la Corte había fallado de acuerdo con la justicia. El argumento era simple y contundente: Violar la Constitución es un delito. Toda persona que comete un delito merece ser sancionado. La señora Gómez violó la Constitución; ergo…

Durante mucho tiempo los mandatarios instituyeron una mala práctica con respecto a la facultad constitucional de indultar. Por supuesto, el numeral 12 del artículo 184 de la Constitución es claro al señalar que el Presidente puede indultar por delitos políticos, asimismo puede rebajar pena o conceder libertad condicional a los reos de delitos comunes. Igual claridad encontramos en el artículo 116 del Código Penal. A pesar de ello, los gobernantes –muy a conveniencia– indultaban a medio mundo.

No es hasta el 30 de junio de 2008 cuando el pleno de la Corte reitera en un fallo lo evidente para todos, menos para los gobernantes: El Presidente de la República no puede decretar indultos por delitos que no sean de naturaleza política, y siempre que haya habido una condena.

Pero, ¿qué es un delito político? He allí una pregunta que no se puede responder desde el derecho mismo, sino desde la doctrina.   La Corte es del criterio de que “el hecho que en nuestro sistema no se cuente con el marco objetivo que identifique con amplitud y precisión el significado técnico de lo que es un delito político, no puede justificar, ni la mala práctica que con esa excusa, se decreten indultos con relación a cualquier tipo de conducta delictiva…” Pese a ello, “esta corporación de justicia, en ausencia de una norma legal que desarrolle el concepto constitucional de delito político, interpreta que los delitos a los que hace alusión la frase “delitos políticos” en el numeral 12 del artículo 184 de la Constitución Política de la República de Panamá, se refiere a los delitos contra la personalidad interna del Estado y los delitos electorales”.

Señala la Corte que “el Presidente de la República posee una facultad constitucional para decretar indultos, empero el ejercicio de esa potestad no puede ejercerse de manera arbitraria o apresurada, sin atender la condición que la propia norma superior le impone al Ejecutivo, para el efectivo y eficaz ejercicio de esa facultad”.

Es claro, entonces, que el Presidente de la República no puede –por disposición constitucional– indultar sobre delitos que la Carta Magna no le autorice. Actuar en contrario es violar la Constitución, y ya sabemos qué implica tal violación.

Por supuesto, indultos de este tipo requieren que la Corte se pronuncie. Si esta es imparcial, mínimamente consistente y entiende el derecho como una práctica racionalmente fundada difícilmente podrá contravenir lo expresado en el fallo anterior. Entonces, para quienes “defendieron” la Constitución en el caso de la señora Gómez, la pregunta –al tenor del artículo 191 de la Carta Magna– es: ¿debería ser sancionado el Presidente por violar la norma fundamental al indultar sobre asuntos para los cuales no tiene competencia?    No olvidemos que en el juicio contra la señora Gómez una cosa quedó clara: Que los fallos de la Corte pueden usarse como pruebas de la comisión de delito.

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<> Este artículo se publicó el 17  de octubre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

 

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Graves heridas, pero no mortales

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-La opinión de la Abogada y Ex Diputada de la República…

MIREYA LASSO

Las libertades de expresión e información recibieron sendas heridas propinadas por un plumazo asestado por los tres magistrados de un Tribunal Superior de Justicia quienes, ‘administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley’, han intentado cercenar derechos inalienables del ser humano.

La lesión, aunque grave y seria por sus consecuencias inmediatas, no resultará mortal, porque existe un grupo mayoritario de panameños dispuestos a no permitir que se consuma este incalificable atropello, que es vergüenza dentro y fuera del país.

Muchas muestras de indignación se han dado en respaldo a las dos personas ‘condenadas’. Pero más allá de la injusticia cometida contra ellas y contra el ejercicio de su profesión, se cierne una amenaza que jamás hubiéramos sospechado contra la democracia en una sociedad medianamente civilizada. Por tanto, sería imperdonable que permitiéramos ese inaudito retroceso, cuando la esencia del ser humano es su libertad para expresar sus ideas y para informarse de todo aquello que a bien tenga, sin cortapisas ni censuras arbitrarias impuestas por un chocante criterio jurídico, como el de los señores Batista, Ortega y Carrasco. Es un derecho natural que este plumazo pretende silenciar, que revive el intento de Herodes por silenciar la ‘molestosa palabra’ del Hijo del Hombre.

Eruditos del Derecho citan disposiciones constitucionales y legales panameñas, así como convenios internacionales suscritos por la República de Panamá y que nos obligan en el plano internacional. Se señala que la Constitución protege, entre las garantías individuales, el derecho de todo panameño a emitir libremente su pensamiento por cualquier medio, pero siempre ateniéndose a las consecuencias que su expresión pueda acarrear contra la reputación u honra de personas o contra la seguridad u orden público. El hecho de que la propia Constitución no permita la censura previa del pensamiento no es otra cosa más que la contrapartida que reconoce mi derecho a la información.

Cierto que un periodista debe atenerse al daño que ocasione la noticia que divulgue, aunque solo si con ella se mancilla la reputación u honra de una persona. Pero la noticia que ahora ha escandalizado a los magistrados se limitó a reportar el hecho objetivo de una investigación sobre corrupción en una dependencia gubernamental y de ciertas personas que eran parte de la investigación.   Así lo evaluaron los dos jueces de primera instancia para absolver a los ahora ‘condenados’ porque la veracidad de la noticia, tal como fue reportada, quedó probada cuando la oficina estatal confirmó la existencia y motivo de la investigación.

Entonces, si reportar la existencia de una investigación en curso, sin adelantar juicios sobre responsabilidad o no de los investigados, constituye por sí solo un delito,   según el criterio de los tres magistrados, igual delito se cometerá al divulgar información sobre investigaciones en curso en el Ministerio Público sobre lavado de dineros, narcotráfico, homicidios, robos y otros crímenes. Nada se podría divulgar hasta que el investigado fuese condenado en juicio.  Se me hace ridículo.

Por otro lado, no comprendo la solución del indulto ofrecido por el Ejecutivo. Entiendo que el indulto perdona el castigo o la sanción, pero no borra la responsabilidad o culpa por el delito cometido. El indultado se mantiene culpable del delito por el que se le condenó, pero la pena monetaria, pérdida de libertad o interdicción del ejercicio profesional le es perdonada por facultad presidencial. Su reputación permanecerá manchada, aunque se le permita trabajar, su bolsillo se salve o su libertad no se afecte, pero para su familia, sus hijos y sus nietos siempre será el delincuente que transgredió la Ley.

Peor aún: con la decisión judicial que califica estos hechos como delitos, nadie se atreverá a informar algo similar, porque quedará sujeto a la misma arbitrariedad judicial y a la incertidumbre de una decisión presidencial, que, si bien pudiese borrar la sanción, dejará en pie el delito y el escarnio, a pesar del indulto.

Esto no puede tolerarse ni quedar así.

<> Artículo publicado el 13  de octubre de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,    lo mismo que a la autora,   todo el crédito que les corresponde.

Indulto frente a inconstitucionalidad

La opinión de…..

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Jaime A. Padilla G.

Debido a nuestra formación de jurista y docente es un imperativo tratar, bajo una perspectiva sencilla y modesta, de orientar a la comunidad con respecto a actuaciones de la vida cotidiana que inciden o que guardan relación con aspectos jurídicos.

En este sentido se hace indispensable comentar los indultos que otorgara el Presidente de la República en días pasados a favor de miembros de la Policía Nacional condenados por homicidio culposo. Nosotros no comprendemos cómo, existiendo ministros y asesores con una alta formación jurídica, no hayan podido evitar que el Presidente de la República cometiere este tipo de exabrupto jurídico y proyecte hacia la colectividad la imagen de: supina ignorancia o supina soberbia.

Prefiero pensar que ha sido un dislate o un lapsus mentis, de alguna persona que ha cometido este tipo de “horror” que tiene consecuencias jurídicas muy peligrosas, ya que en primer lugar, se está cometiendo una extralimitación de funciones; en segundo lugar, se está invadiendo el ámbito de acción del Órgano Judicial al dejar sin efecto sentencias en firme y ejecutoriadas dictadas por nuestros tribunales penales panameños; y en tercer lugar, se está destrozando moralmente a las familias de las víctimas que perdieron su vida en manos de la Policía Nacional, producto de una evidente y clara mala prestación del servicio de seguridad pública.

Luego de esta breve introducción, definamos que es el “indulto”, el cual según el Diccionario Enciclopédico Jurídico Omeba es: “el perdón o gracia que concede el Presidente, de las penas judicialmente impuestas en aquellos delitos de orden político”. En Panamá y según la Constitución Nacional, y su último acto reformatorio del año 2004, artículo 184, numeral 12, sobre las atribuciones del Presidente, encontramos la de decretar indultos por delitos políticos, además de ello, rebajar penas y conceder libertad condicional a los reos de delitos comunes. Entonces, ¿qué son delitos políticos? Son aquellos que atenten contra la organización jurídica del Estado o contra las instituciones político–activas. Por ejemplo, una asonada militar, tomarse la economía del país, inhabilitar el canal, etc.

Ante lo expuesto y sin mayores esfuerzos, nos percatamos de que lo actos cometidos por los miembros de la Policía Nacional condenados, nada tienen que ver con delitos políticos, sino con delitos comunes, puesto que fueron condenados por el delito de homicidio culposo.

¿Qué puede hacer el Presidente? En realidad este problema de otorgar indultos vino a solucionarse gracias al acto legislativo de 2004, que reformó la Constitución Nacional una vez más, y se aclaró que el Presidente de la República solo puede otorgar indultos o perdón presidencial, en casos de delitos políticos y añadió que para los delitos comunes solamente puede rebajar penas o conceder libertad condicional a los reos de delitos comunes. Tal y como lo establece el artículo 184, numeral 12, de la carta fundamental, antes enunciado.

Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia ha sido reiterativa en el sentido de decretar la inconstitucionalidad para indultos a reos condenados por delitos comunes. Luego entonces, el indulto otorgado por nuestro actual Presidente es inconstitucional, pues viola directamente el precepto constitucional y correrá la misma suerte y no resistirá ninguna demanda por inconstitucionalidad, en caso de que cualquier persona o miembro afectado de las familias de las víctimas la interponga. Tal y como sucedió con el caso reciente del periodista y alcalde de Colón Dámaso García, quien fue indultado por la ex presidenta Mireya Moscoso y, por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia declaró el acto como inconstitucional.

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Este artículo se publicó el  29 de mayo de 2010 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El indulto.. otra vez

La opinión del Ex Secretario General de la Procuraduria…..

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RIGOBERTO GONZÁLEZ MONTENEGRO

El indulto, como medio a través del cual se extingue la pena, no solo está permitido en nuestro ordenamiento jurídico, sino que a su vez, y por la misma razón, encuentra su límite en éste. En efecto, siendo posible indultar, lo que ya no es permitido es que éste lo pueda otorgar cualquier autoridad, como tampoco se pueda ejercer de cualquier manera.

En ese sentido, cuando el constituyente lo previó lo hizo disponiendo que es al Ejecutivo a quien compete concederlo, pero limitando su alcance, al dejar establecido que solo procede indultar delitos políticos. Es así como lo dispone el numeral 12 del artículo 184 de la Constitución.

Cualquiera que sea el debate que genere la concesión del mismo, debe tenerse presente la concepción filosófica y doctrinal del que surge. Lo primero, que el indulto entraña un perdón, en este caso, se perdona una condena de índole penal. Dicho de otra forma, una persona que ha sido sometida a un proceso penal y que ha sido declarada culpable del delito por el que se le juzgó, es responsable ante la comunidad, pero, quien está en la posibilidad de indultarlo, así lo hace, lo que implica perdonarle la pena.

Existe una pena, o lo que es lo mismo, una condena, pero no será cumplida, pues, la persona es indultada. Eso es lo que es el indulto, y no otra cosa. En segundo lugar, si el indulto es el perdón de la pena, la lógica indica que éste solo procede en el momento en que ha finalizado el proceso, cuando la persona ya ha sido juzgada, y declarada culpable, no antes.

Si el indulto se concede antes de la pena, la pregunta que cabe plantearse es, ¿qué se está perdonando? Si no existe una condena y a la persona juzgada, que no ha sido declarada culpable, se le concede un indulto, ¿qué se le está perdonando?, ¿su presunción de culpabilidad?

Eso es lo que explica la razón, por la cual, antes de indultar, ha tenido que resolverse la responsabilidad o no de quien ha sido procesado, lo que compete a la autoridad facultada por la Ley para asumir tan importante labor.

Si una persona fue procesada, es el tribunal que la juzgó el que tiene que determinar si ésta es culpable o no. Si esto no ha sido dilucidado, si la responsabilidad penal no la ha establecido el tribunal todavía, sobre qué base otra autoridad considera que debe perdonarla, al indultarla. Para eso, entre otras cosas, es para lo que existe el principio de separación de funciones.

Las reflexiones expuestas sobre lo que implica el indulto, encuentran sustento en lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia, cuando al respecto decía que, “ todo Decreto de Indulto deviene en inconstitucional si beneficiara personas que no han sido condenadas por la comisión de delito alguno. No pueden ser individualizadas las conductas delictivas o reprochables que no han sido conocidas por la Administración de Justicia, y mal puede ejercitarse responsablemente la facultad ejecutiva de perdonar, sin conocerse las supuestas conductas cometidas. Ese tipo de actividad ejecutiva ”, adiciona el Pleno de la Corte, “ de ocurrir, encajaría en lo que ha venido a denominarse la arbitrariedad del poder ” (fallo de 30 de junio de 2008).

En fin, de lo que se trata es de tener presente que el Estado Constitucional de Derecho se asienta sobre unos mínimos jurídicos que han de prevalecer, a objeto de hacer posible los valores y principios en base a los cuales se fundamenta la institucionalidad democrática.


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Este artículo se publicó el 21   de mayo de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

“Indulto a Posada la más deleznable inmoralidad…”

La opinión del periodista……

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EUCLIDES  FUENTES  ARROYO

El indulto concedido por la ex presidenta Mireya Moscoso al confeso terrorista de origen cubano Luis Posada Carriles “fue quizás la más deleznable de las inmoralidades cometidas por un gobierno que ya enfrentaba múltiples acusaciones de corrupción”, sostiene el ex embajador de Cuba en Panamá, Carlos Zamora.

La sentencia está en el prólogo del libro “ Conquistar la Justicia. A propósito de terrorismo: Luis Posada Carriles ”, editado por Anabel Aragón en 2006 y que recientemente llegó a mis manos. Zamora era en agosto de 2004 el representante diplomático de Cuba en Panamá, en los días en que se produjo la decisión de liberar de la cárcel a Posada Carriles, condenado por el frustrado atentado contra la vida de Fidel Castro en el Paraninfo de la Universidad de Panamá, a raíz de la Cumbre Iberoamericana de Mandatarios.

Zamora afirma que el “ indulto ” de Moscoso a los terroristas Posada Carriles, Gaspar Jiménez Escobedo, Guillermo Novo Sampoll y Pedro Remón Rodríguez, fue una decisión ilegal, y agrega que “ solo una figura desgastada moralmente, dependiente del apoyo de las autoridades estadounidenses y de los sectores cubanoamericanos que dominan la política de Miami, sería capaz de un acto de tal naturaleza ”. Añade que el 26 de agosto de 2004, fecha en que se produjo dicho, acto estuvieron “ de fiesta ” la infamia y la traición.

Zamora revela también la forma en que se preparó la salida del país de los condenados y señala que la orden de los comandos protectores de los terroristas era “ disparar a matar ” si sectores populares trataban de impedirlo. El plan incluía, expresa el diplomático, culpar a la inteligencia cubana y acusar a Cuba de atentar contra la soberanía panameña.

“ Ni siquiera los elementos más reaccionarios del país respaldaron la actuación de Mireya Moscoso, pues se sintieron engañados por una decisión inconsulta que consideraron servil, políticamente perjudicial y moralmente indefendible ”, agrega. Cuando el gobierno cubano denunció el hecho “ en lugar de rectificar, la reacción de Mireya Moscoso fue de iniciar una campaña contra Cuba, que incluyó mi expulsión de ese país ”, indica Zamora.

Al término del prólogo, con fecha de diciembre de 2004, Zamora dice que Moscoso y sus colaboradores sabían que iban a necesitar protección de EE.UU. y la “ compraron ” a costa de la seguridad y el prestigio del Estado panameño. “ Se lo había advertido en persona Otto Reich, un funcionario cubanoamericano de la administración Bush. El gobierno estadounidense sería implacable con los gobernantes corruptos de América Latina. Salvo —claro está— que otra cosa aconsejaran “los intereses de los Estados Unidos”. En ello radica la moral de estos tiempos.. y la Moscoso puede ser “monja” en el convento de los yanquis ”, concluye.

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Publicado el 17 de febrero de 2010 en el Diario   La Estrella de Panamá a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.