Protección internacional selectiva

La opinión de…

José Mendoza Acosta

Siguiendo los pormenores del asilo otorgado en Panamá a la ex directora del DAS de Colombia, por ironía del destino se han divulgado detalles sobre la política de terror, persecución y difamación implementado en Colombia por la administración Uribe, personaje que ha estado vinculado con casi todas las administraciones del último decenio en Panamá, incluso, ha sido conferencista invitado en eventos públicos, su presencia en Panamá es más frecuente.

A numerosos colombianos solicitantes de refugio en Panamá se les ha rechazado la protección, otros llevan años esperando ser reconocidos como refugiados; ellos alegan persecución, pero la administración panameña se ha caracterizado por ser selectiva y restrictiva al respecto.

El otorgamiento de asilo a la perseguidora de políticos, periodistas y defensores de derechos humanos confirma la selectividad para otorgar protección internacional en Panamá.

Una periodista colombiana describió los hechos que llamó “tenebrosos”, la presión psicológica, la política de terror, que muestra la política que implementó el ex presidente Uribe. Como si se tratara de otra novela colombiana que nos invade con su crueldad, precisamente ahora aparece el ex presidente como conferencista en Panamá, en donde sin rubor alguno ha defendido su guerra contra el terror y de paso habrá venido a pedir asilo para algunos otros de sus “compañeros”, que ahora no confían en las garantías judiciales colombianas. Esta invitación demuestra que tiene sus seguidores en territorio patrio.

Por respeto a la población panameña y a las víctimas colombianas, y ejerciendo la soberanía que alega la política exterior panameña, el Ejecutivo debe revocar el asilo concedido a la ex directora del DAS, que según nuestro entender parece uno de los acuerdos logrados de las numerosas visitas de Álvaro Uribe a Panamá, y de paso dejar sentada la posición de Panamá que no puede ser guarida de violadores de derechos humanos.

Por lo pronto, sentimos un alivio cuando el ex presidente declaró que no tiene planeado vivir en Panamá, sin embargo, recuerdo a uno de mis profesores cuando nos aconsejaba, “de la promesa de un político hay que esperar exactamente lo contrario”.

Si algo positivo vemos, es que seguirán saliendo detalles de la administración Uribe, que en Panamá es visto como un ejemplo de democracia y seguridad nacional.

Los derechos humanos son irrenunciables, es mejor que nos mantengamos vigilantes por los derechos de todos y todas, y no se repita la pesadilla que hace 20 años ya sufrieron los panameños.

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<> Este artículo se publicó el 30  de noviembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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El derecho de asilo político

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La opinión del Jurista y Docente Universitario, Doctor…

Silvio Guerra Morales 

He venido sosteniendo que el denominado Derecho de Asilo, más que tenerse como una figura propia del Derecho Internacional, encuentra su fundamento en el denominado jus cogens que, como principio de las buenas relaciones entre los Estados, persigue la armonía y la equidad internacional respecto a una persona que por motivos políticos o delitos políticos, de permanecer dentro del territorio de su Estado, peligra su propia existencia o no hay garantías de objetividad e imparcialidad en el juzgamiento al que potencialmente pueda ser sometido (V.gr. Caso Haya De La Torre de 1959 entre Colombia y Perú).

Ello, obviamente, muy a pesar de que se haya sostenido, casi hasta la saciedad, que el Derecho de asilo es una especie de derecho internacional de los derechos humanos y que pueda encontrar acomodo en el Derecho Internacional Humanitario y como derecho puede disfrutarlo cualquier persona fuera de su país de origen en caso de persecución política o para huir de las condiciones económicas o medioambientales.

Así, tenemos que en las declaraciones, pactos o convenios internacionales se consagra de las siguientes maneras o modos: El artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce este derecho y prescribe que en caso de persecución toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país y que éste derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.   Del mismo modo, el artículo XXVII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948) advierte que toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero, en caso de persecución que no sea motivada por delitos de derecho común y de acuerdo con la legislación de cada país y con los convenios internacionales.

En otro orden de ideas, el artículo 22 Numeral 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) establece que: “Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios internacionales”.

Precisa acotar que también la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, misma que fuera promulgada en el año 2007 y que entró en vigor jurídico el 1 de Diciembre de 2009, en el artículo 18 preconiza este derecho.

La misma Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 y el Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados y de conformidad con la Constitución lo consagran.

La Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos que fue promulgada en 1981 y de entrada en vigencia el 21 de octubre de 1986 contempla el derecho de asilo en el artículo 12.3 y dice: “Todo individuo tendrá derecho, cuando esté perseguido, a buscar y obtener asilo en otros países de conformidad con las leyes de esos países y los convenios internacionales.”

Conclusión: Se concede el asilo político, salvo algunas variantes, por delitos políticos y no por delitos comunes.   Cabe la posibilidad que se acceda al asilo peticionado por delitos comunes siempre y cuando éstos estén conectados o anexos a delitos políticos.   Cosa fundamental es que la acción o las acciones atribuidas a una persona, misma que persigue beneficiarse de este derecho, no contradiga los principios propios y esenciales de la Carta de las Naciones Unidas, que básicamente se asienta sobre un sistema de respeto a las libertades.

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<>Artículo publicado el  26  de noviembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
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Lo hurtado por la Hurtado

La opinión del Jurista,  Docente Universitario y Activista de los Derechos Humanos…

Miguel Antonio Bernal

El estilo gubernamental de querer imponernos como verdad, la apariencia de la realidad, no deja lugar a dudas en el caso del asilo político otorgado por el Ejecutivo, a la ex directora de la DAS colombiana, María del Pilar Hurtado.

 

Lo que aparenta tener “el ánimo de contribuir a la estabilidad política y social en la región”, en realidad es una decisión “irresponsable” e “inamistosa”, como atinadamente ha sido calificada por prestigiosos medios y académicos del hermano país.

La irresponsabilidad del Gobierno panameño radica, entre otras, en la innecesaria y absurda tergiversación del significado y alcance de la figura del asilo.  Lo inamistoso del acto está contenido en la desconfianza que el Gobierno panameño exterioriza hacia los esfuerzos de la sociedad colombiana, en su lucha por el respeto, protección y defensa de los Derechos Humanos.

El compromiso que tiene el Estado panameño, como parte integrante del sistema internacional de Derechos Humanos, ha sido violado con la decisión tomada de proteger a una ex funcionaria colombiana, que está obligada a rendir cuentas ante las autoridades de su país por la comisión de un sin fin de delitos comunes y de lesa humanidad.

Con su actuación, el Ejecutivo panameño nos revela el desconocimiento profundo de cuánto la persona significa como término y fundamento de toda relación de justicia, como sujeto de derecho y como protagonista de orden jurídico y se hace cómplice de los victimarios de los que luchan en Colombia, por un orden fundado en la libertad, la justicia y la convivencia.

Una vez más, en medio de permanentes y crecientes ataques a la libertad de expresión y al derecho de información, y a escasos meses de la represión en Changuinola, el favor del Gobierno panameño a la Hurtado pretende robarnos las convicciones de libertad, dignidad, justicia, seguridad y equidad que deben sustentar a nuestra sociedad.

Las normas internacionales de Derechos Humanos, lo acepten o no las autoridades,   son de obligatorio cumplimiento supralegal y constitucional, que debe ser aplicado por todos los funcionarios estatales y respetado por los particulares.   El asilo otorgado a la Hurtado viola normas internacionales, que Panamá está en la obligación de obedecer y defender.   La protección a violadores de Derechos Humanos es una gravísima acción que no tiene nada que ver con el Derecho de Asilo y, esto, lo deben saber los autores, promotores y protectores de la Hurtado y de otros que aquí han llegado y se han quedado, después de haber torturado, robado o asesinado en sus Estados de origen.

Aquellos, que nunca faltan, y que aquí en Panamá, aplauden lo actuado, forman parte de ese sector cada vez más desorientado, perplejo y desengañado de nuestra sociedad, que galopa orgullosamente por los caminos de lo deshumanizado y, para quienes, todo es negociable, hasta lo hurtado por la Hurtado.

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<>Artículo publicado el  26  de noviembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/bernal-miguel-antonio/