Campaña infame del Gobierno contra el Suntracs

La opinión del  Secretario General de CONUSI – FRENADESO…

GENARO LÓPEZ
rologe54@yahoo.com

 

Ante la falta de respuesta a las demandas sociales y ante la política de mercaderes que asumen las principales cabezas del gobierno, quienes venden y entregan la patria para favorecer sus intereses económicos personales, no sorprende la campaña de calumnias lanzada contra el Suntracs por parte de Martinelli.

En un periódico de la localidad, adquirido recientemente por empresarios allegados al Gobierno, se publicó como tema central de primera plana una supuesta «noticia» acerca de las cuentas bancarias de nuestro Sindicato.   Igual campaña sucia contra el Suntracs se gestó en el 2007, en otro diario de la localidad también dedicaron primera plana con igual tipo de infundios.

Era la época de los asesinatos de los obreros Osvaldo Lorenzo y Luiyi Argüelles por parte de la Policía y el sicariato aupados por el Gobierno del PRD de Martín Torrijos en asocio con empresarios mafiosos e inescrupulosos. Era también el año del primer Congreso de Frenadeso.

Hoy, también el gobierno de Martinelli utiliza la calumnia y el engaño para desinformar a la población y manipular a la opinión pública.   Hoy, en momentos en que se asesina al pueblo con la mayor impunidad; se arrecia la represión contra el pueblo que lucha en las calles contra las reformas al Código de Recursos Minerales, como quedó demostrado nuevamente en Chiriquí y Veraguas, cuando la Policía hizo alarde de brutalidad contra indígenas, campesinos, ambientalistas y dirigentes populares;  así como se desata la represión contra los pobladores que claman por la falta de agua potable con calidad para el consumo humano; y Frenadeso llevaba adelante su Congreso Extraordinario escenario en el que se oficializó al pueblo la propuesta de Construir un Instrumento Político Electoral de los Sectores Democráticos, Patrióticos y Populares para Construir la Patria de Todos.

Nos preguntamos, ¿por qué estas supuestas unidades «investigativas» de los medios enfilen sus esfuerzos contra una organización sindical, mientras guardan silencio frente a empresas, bancos y fundaciones que hoy están en el centro de la tormenta por las denuncias de lavado de dinero procedente del narcotráfico por parte de una banda detenida en México de la que hace parte nada menos que el primo del actual mandatario y ex tesorero de Cambio Democrático, Ramón Martinelli, cuya abogada en su momento fue la hoy ministra de Trabajo, Alma Cortés, como lo fue también en el caso de uno de los implicados en el sonado caso de David Murcia?

¿Por qué estas unidades «investigativas» no contribuyen a desentrañar las implicaciones del ministro de Turismo, Salomón Shamah, en el tráfico de armas y drogas, tal como señalan algunos medios y la ex embajadora norteamericana, de acuerdo a los cables de WikiLeaks?

¿O sobre la relación del ministro Papadimitriu con la mina de Cerro Colorado y si el decreto que se promulgó acerca de la pesca marina lo favorece directamente a él, tal como denuncian los pescadores artesanales?

¿O los vínculos de Gabriel Btesh, uno de los nuevos directivos del diario que publicó la calumnia, con el actual mandatario y sus negocios en Panamá con el ex gobernador mexicano de Quintana Roo, Manuel Villanueva, preso en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico?

La publicación de estos pseudoperiodistas en uno de los medios de comunicación social adquiridos por allegados a este gobierno, pretende desviar la atención del pueblo, a fin de imponer las nefastas reformas al Código Minero.

Se trata, también, de dar pie a una campaña de persecución y desprestigio contra el Suntracs, aguerrida organización de los trabajadores de la construcción, defensora de los derechos del pueblo panameño, quien trabaja al lado de otras organizaciones sociales en la construcción de una alternativa electoral que enfrente a la mafiocracia.

Como expresamos en el 2007, ‘No es la primera ni será la última vez que enfrentamos una campaña de esta naturaleza. Pero si aún no han aprendido la lección, debemos reiterar que ni la calumnia, ni la persecución, ni la represión, ni los asesinatos, ni el terrorismo judicial impedirán que sigamos defendiendo los sagrados intereses de nuestro pueblo’.

 

Este artículo se publicó el 13 de febrero  de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
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Violencia institucional

La opinión del Secretario General de CONUSI – FRENADESO…

GENARO  LÓPEZ
rologe54@yahoo.com

 

Miles de personas sufren de diferentes formas de violencia practicadas por las instituciones del Estado, sus órganos y agentes en nombre del mantenimiento de la Ley y el orden.

Paradójicamente las instituciones que deberían garantizar sus derechos, los vulneran y transforman a algunos grupos de personas en víctimas de una violencia institucional que, según los especialistas, son discriminados por el solo hecho de ser pobres o pertenecer a un grupo social o étnico determinado, o por el hecho de estar organizados.

Fenómenos como la represión, la impunidad, la injusticia, la desigualdad social, aunados a la militarización de los cuerpos policíacos, son utilizados para contener a los movimientos sociales, siendo estrategias comunes la difamación de movimientos que se consideran divergentes, además de otras organizaciones sociales que representan una critica al modelo económico y social que establece el Estado, estas estrategias son utilizadas para mantener la apariencia de un orden y un estatus.

Entre todas las formas de violencia, la que ejerce la Policía, que incluye la violencia física, verbal y psicológica en contra de la población, tiene ciertas particularidades. Aunque está generalizada y extendida, mucha de ella se comete en la clandestinidad y con prácticas de encubrimiento. Sería invisible si no es por las denuncias de las víctimas, de sus familiares o por el accionar de las organizaciones sociales, o tal como ocurrió en el Centro de Custodia de Menores, por la presencia de los medios de comunicación social.

Todo este cúmulo de acciones y otras tantas son una realidad cotidiana en Panamá, afectando a diversos sectores sociales (obreros, campesinos, indígenas, comunales, educadores, profesionales, ambientalistas, comunicadores sociales, promotores de derechos humanos, entre otros), que es mantenido por una espiral de violencia, que se ejerce de manera sistemática por las instancias del poder.

El gobierno de Martinelli ha ejercido todo tipo de violencia. En el orden de la violencia física, la masacre de Bocas del Toro constituye la más clara evidencia de violencia institucional, no solo por la magnitud de la represión física y sus resultados, sino también por el escenario de terror que sembró; ello acompañado de impunidad para quienes cometieron crimen de lesa humanidad. Igualmente con la masacre del Centro de Custodio de Menores. Pero la ola represiva no se detiene, durante esta semana se reprimió a pescadores de Pedregal en el distrito de David, estudiantes universitarios, indígenas y pobladores.

Esta violencia física que se comete cada vez con mayor frecuencia por parte del gobierno, es una agresión intencional que ocasiona daños a la integridad física con el fin de someterla. Este tipo de violencia es terrible, porque no solo ocasiona daños físicos que a veces hasta llegan a incapacitar a la persona, sino que también dejan huellas emocionales profundas y daños muchas veces irreversibles.

Pero, también, la violencia es psico—emocional, que consiste en actos u omisiones que se expresan a través de prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, insultos, burlas y silencio.   Las agresiones de este tipo tienden a humillar, ofender, asustar y tienen graves repercusiones en la autoestima, seguridad y estabilidad emocional de las personas.

Ricardo Martinelli, José Raúl Mulino y Alma Cortés han mostrado habilidad en este tipo de violencia. El llamar a los obreros de la construcción ‘maleantes de mierda’; el acusar a los indígenas de borrachos, el ordenar tirar a matar.   Igualmente, la elaboración de expedientes amañados a dirigentes del movimiento social, el silencio frente al feminicidio; los indultos a 125 policías, muchos de ellos involucrados en violencia institucional; restricciones a la información y mayor cercenamiento a la libertad de expresión. El guardar silencio frente a las causas de la falta de agua potable, la desidia en atender el problema de recolección de basura, el crimen ecológico, la falta de medicamentos en la CSS, el alto costo de la vida y los bajos salarios; los engaños a jubilados y pensionados que solicitan aumentos de sus pensiones, son otros ejemplos que tienden a generalizarse como política gubernamental.

 

Este artículo se publicó el 6 de febrero  de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Cárceles literalmente infernales

La opinión de…

Betty Brannan Jaén
LaprensaDC@aol.com

“… Nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles”. Nelson Mandela, 1994.

Por más de 20 años he criticado que las cárceles panameñas son un “infierno”, pero jamás pensé que ese término pasaría de lo metafórico a lo literal. Lo ocurrido hace tres semanas en el Centro de Cumplimiento de Menores de Tocumen es escalofriante y vergonzoso, como también es criminal.   Tenemos que exigir completa responsabilidad penal por la inmolación sin piedad de esos muchachos –cinco de los cuales han muerto-. Dos chivos expiatorios no bastan, tratándose de una crueldad salvaje que obviamente se ha nutrido de mucha complicidad institucional.    También, creo, se ha nutrido de la impunidad.

Los lectores de cierta edad recordarán que en 1996 hubo una crisis parecida cuando una cámara de televisión captó a custodios que golpeaban duramente a reos desnudos en la cárcel Modelo. Se le formularon cargos a 10 custodios, que fueron enjuiciados en 1998 (sin haber estado presos mientras esperaban sus procesos). Su defensa fue que estaban “siguiendo órdenes”. ¿Qué pasó con ellos? ¿Fueron condenados? ¿Enviados a la prisión? ¿Hubo reformas genuinas?

Los hechos repugnantes de este mes sugieren que no, y la razón es que ningún gobierno post dictadura se ha preocupado por componer la crisis en las cárceles (que tiene 20 años de arrastre).    Siempre las medidas son huecas o cosméticas en vez de profundas.   Cuando se dio la golpiza de la cárcel Modelo, por ejemplo, la reacción oficial fue tumbar la cárcel, lo que me pareció absurdo.   Escribí esto: “La solución no es demoler la cárcel Modelo porque el hacinamiento en la cárcel Modelo es solo una parte de un problema mucho más grande, además de que las paredes de la cárcel Modelo no tienen la culpa de esta crisis.

Lo que hay que demoler no son paredes, sino actitudes retrógradas, procedimientos absurdos y un sistema de justicia penal que hace mucho tiempo dejó de funcionar”. (4 de agosto, 1996). No ayudó que en ese entonces tuviéramos a un fiscal (Rosendo Miranda) que había dicho que “los detenidos no tienen derechos constitucionales” y a un presidente (Ernesto Pérez Balladares) que había afirmado que “cada centavo que se gasta en mejorar las condiciones en las cárceles es un centavo menos que se gasta en programas de beneficio social”. Irónicamente, los gobiernos siguientes han utilizado la demolición de la cárcel Modelo como excusa por el hacinamiento en las cárceles.

El gobierno de Mireya Moscoso no atendió la crisis, mientras que Martín Torrijos tuvo una ministra de Gobierno (Olga Gólcher) que afirmó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que “el sistema penitenciario de Panamá es respetuoso de los derechos humanos de los privados de libertad”. Felizmente, eso provocó que una estudiante panameña de derecho en Harvard (María Luisa Romero) lanzara una investigación devastadora de las cárceles panameñas que fue presentada ante la CIDH y actualizada solo el mes pasado. (La Prensa, 12 de diciembre de 2010.) Ahora se han involucrado el Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá y representantes de la sociedad civil, horrorizados por lo que encuentran al recorrer las cárceles.

En otras palabras, tras una crónica de crisis anunciada que lleva más de 20 años de estarse escribiendo, hemos vuelto al mismo punto crítico en el que estábamos hace 15 años (1996) tras la golpiza en la cárcel Modelo (solo que este último incidente fue mucho peor).   Sigue siendo cierto que la crisis se debe en buena medida a falta de recursos –lo cual de por sí confirma la falta de voluntad gubernamental en rectificar la situación— pero no dejemos que eso nos distraiga de algo aún más fundamental: criterios retrógrados y un sistema de justicia penal que consiste básicamente en tirar los reos al calabozo y botar la llave al mar.

Mientras no rectifiquemos eso, el “infierno” de esos calabozos seguirá siendo tanto literal como metafórico, para vergüenza nuestra.

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Este artículo se publicó el 30  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

Horno para pobres

La opinión de…

 

Rafael Candanedo

Las llamas de un horno crematorio alcanzan hasta los 900 grados centígrados. Esa temperatura convierte el más hermoso y plantado cuerpo en unas onzas de ceniza. En una hora, el calor exuberante desarrolla su función de procesador de desechos.

Soportan esos rigores cadáveres, cuyos familiares, por comodidad e higiene, optan por esa metamorfosis. La piel resulta en jirones, aunque la primera candela se concentra en la caja torácica.    Prótesis hay a prueba de todo.

El tormento de los jóvenes infractores no fue tan abrasante. La diferencia: los siete, en ese espacio 4×4 (metros), estaban vivos. Retornamos a la pira,   aquella hoguera en que se quemaban cuerpos muertos, y también vivos, como sacrificio.

En la sala de espera -esperando sin esperanza- del horno crematorio, se quema el espíritu del doliente, pues es un tránsito sin retorno. El silencio es aterrador.   A diferencia de la celda 6, donde el grito es desgarrador y el suplicio recuerda al poeta Virgilio en los sufrimientos que observó en el recorrido por las estaciones del infierno.

Aberración que espantaría -o alegraría- al Marqués de Sade. Sadismo y negación de ayuda, en una. Crimen de lesa humanidad. Ofende y lastima la conciencia nacional, tan apaleada en los últimos tiempos.   Por su aberrante naturaleza, como se define, de manera técnica, este delito “ofende, agravia e injuria a la Humanidad en su conjunto”.

-Marqués de Sade, palidezca.

Ante quien estaba obligado a salvarles el pellejo, los adolescentes clamaban:

-Viejo, echa agua.

La respuesta:

-¿Querían ser hombrecitos?… ¿Agua?… ¡Muéranse!

En este horno,  la autoridad,  a través de agentes del Estado, presencia la chamuscada e impide que sea sofocado por los bomberos el infierno. Ni los filmes animados son tan descriptivos e ilustrativos de la realidad penitenciaria, del abuso, el irrespeto a cualquier derecho, y, sobre todo, el reino de la impunidad.

La impunidad es galopante. El Código Penal prevé la opción de detención inmediata de responsables en casos de esta naturaleza. Ha prevalecido el artículo manzana de la discordia de la Ley Chorizo y sus sucesoras que otorga privilegios a los agentes policiales acusados y que están bajo investigación.

Nuestro Estado es signatario de convenciones en favor de los derechos humanos, y, de manera especial, a favor de la niñez y la adolescencia. Quienes están privados de libertad padecen el hacinamiento, la mora judicial y maltratos físicos. Es deber de la autoridad garantizar la vida de esas personas e incrementar los cuidados cuando se trata de jóvenes sin mayoría de edad.

Tras la masacre de Tocumen, así lo ha recordado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aquellos polvos trajeron estos lodos.   Se le ha insuflado un poder enfermizo a los servicios policiales y de seguridad.   Bajo el argumento de atender la inseguridad ciudadana, se ha organizado un sistema de represión, en el cual el agente se siente todopoderoso y está consciente de que, ante cualquier abuso, le espera un indulto, como se ha suscitado de manera masiva en los últimos meses.   La impunidad lo protege.

De 15 a 17 años son las víctimas del horno de Tocumen.   Son los hijos de todos nosotros. Habían abandonado el aula. Dos habían concluido hace poco el sexto grado de la educación primaria. Habían crecido, en su mayoría, en barrios y familias disfuncionales.

Retratan un país con recursos, con alto crecimiento económico, y con una desigualdad que espanta. Entre las peores en el mundo. Quienes gobiernan adeudan, no solo un plan científico de seguridad ciudadana, sino una política social activa, en la que haya un mayor aprovechamiento de las capacidades y talentos de los segmentos vulnerables.  No al horno para pobres.

 

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Este artículo se publicó el  26  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Un país sin Policía

La opinión de…

Paco Gómez Nadal

Ya que este país se dio cuenta tarde de los despropósitos que conlleva tener Ejército, ahora debería plantearse a tiempo eliminar a la Policía Nacional por orden constitucional y pedirle a Bosco Vallarino que organice las tropas de Boy Scouts para traernos orden y seguridad.    Hoy, no sabemos si en Ancón han llegado a trabajar en labores administrativas los agentes de policía acusados de homicidio por la muerte de cuatro muchachos en el Centro de Cumplimiento de Tocumen.

Lo hacen sin miedo. Trabajan seguros de que su jefe directo, el silencioso Gustavo Pérez, y su jefe supremo, el ministro de ¿Seguridad? José Raúl Mulino, los protegerán hasta el final y que si, por un error, judicial, fueran condenados, el presidente de esta mafiocracia les concederá un indulto (como ha hecho con otros agentes involucrados en actos delictivos).

También en estos días sabemos que la Policía ha desplegado un gran operativo para detener a los desgraciados que robaron a la selección tica y que empañaron la imagen del país.   Es decir: quemar adolescentes en un centro de rehabilitación no enturbia el buen nombre de la patria; constatar que muchos agentes de policía, de migración y aduanas son cómplices de tráficos ilícitos en el aeropuerto internacional, tampoco.

Vemos a los diligentes agentes de la autoridad “cuidando” el carril exclusivo de mentira (hombro y medio) dedicado al improvisado Metrobús, quizá colaboren también repartiendo botellas de agua a los sedientos (ya que están acostumbrados a cuidar los camiones de Coca Cola y de otras empresas que embotellan la poco agua sana que sale de Chilibre).

Lo que pasó en Tocumen es de una gravedad extrema, aunque la mitad del país le reste importancia porque las víctimas no eran más que “maleantes”.     El ministro Mulino, en una de sus bravuconadas, no se indigna con los hechos, sino que se pelea con su colega de Gobierno Roxana Méndez y ésta, tierna ovejita contratada para promover la imagen suave de su amigo Ricardo, no sabe ni qué responder y pone a Hincapié a pelear en los medios para no asumir la responsabilidad.

Nada nuevo. Este Gobierno ha perfeccionado la técnica de la irresponsabilidad política practicada por sus antecesores. Sólo Luis Cortés ha pagado con su cargo el error en el escudo impreso en los pasaportes; pero no hay un solo responsable material o intelectual de los sucesos de Bocas del Toro que haya pagado por lo acontecido; ni uno que responda por la crisis de la basura; por la crisis del agua; por el hundimiento del acceso al puente Centenario; por las mentiras sobre los operativos en Darién; por la persecución a líderes de la sociedad civil; por las decisiones en asuntos ambientales que están hipotecando a las futuras generaciones…

Aquí no hace falta más Policía. Lo que es necesario es algún juez que trabaje y que tenga las agallas de enfrentarse al poder, que demuestre que todos somos iguales a la hora de asumir nuestras responsabilidades, que de una vez por todas acabe con la impunidad oficial, con este hacer y decir lo que les dé la gana sin que pase nada. Tendrán que ser los jueces, porque los ciudadanos bebieron “dormitrón” y no hay quién los despierte, quién los haga ver que tienen derechos y que los pueden exigir. Aquí no hace falta Policía porque no hay nadie que altere el orden público, que salga a las calles a exigir lo elemental (agua y comida), excepto Eladio y Jované.

Aquí no hace falta esta Policía, lo que necesitamos es un cuerpo de funcionarios ejemplares, honestos y sensibles, y no un grupo de machotes a los que por mucho que se les cambie el color del uniforme (jugosos contratos) será difícil cambiarles el alma.    La culpa no es de ellos.   Los agentes de la Policía son tan excluidos y tan pobres como los muchachos a los que dejan quemarse y en la institución,   soy testigo,   hay hombres y mujeres honestos y valerosos,   pero son la minoría y están solos ante el apoyo que reciben las manzanas podridas de sus superiores.

Las familias de los muchachos asesinados en el Centro de Cumplimiento de Tocumen ya saben que en la búsqueda de justicia no les acompañará el Estado que debería protegerlos. Mucha suerte y toda mi solidaridad.

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Este artículo se publicó el 18  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Persisten abusos policiales y violación a los derechos humanos

La opinión del Secretario General de CONUSI – FRENADESO…

 

GENARO LÓPEZ
rologe54@yahoo.com

A finales del 2009, advertimos que ‘cuando la impunidad se hace hábito en una sociedad, esa sociedad camina hacia el abismo’. Llamábamos a no permitir que ello siguiera imperando y expresábamos la necesidad de redoblar los esfuerzos a fin de que se iniciaran procesos judiciales sentados en el derecho, la ética y la justicia social.   Obviamente, jamás pensamos que la sociedad panameña viviría experiencias tan amargas como la masacre de Bocas del Toro y lo acaecido en el Centro de Cumplimiento de Menores.

En ambos hechos se muestra la barbarie cometida por miembros de la Policía Nacional a los cuales se les favorece con indultos o nombramientos en cargos superiores, pese a que los informes de investigación evidencian el abuso policial.   En el último caso, el informe de peritos señala que se trato de ‘una fuente de calor externa’ la que provocó el incendio y que por las características puede tratarse de una granada de gas lacrimógeno.

Esta práctica se viene repitiendo como si estuviéramos frente a hechos correctos y justificables. Para muestra:

-se absolvió a los miembros del SPI de la golpiza que estos propinaron a los familiares de las víctimas y sobrevivientes del envenenamiento masivo con dietilenglicol;

-elementos del SPI también están envueltos en el asesinato de la empresaria, Cristina García Eleta, en un incidente donde hicieron desaparecer el arma homicida;

-los policías acusados de asesinar al reo, Daniel Vela Rodríguez, tras un intento de fuga en La Joyita, fueron absueltos pese a que el forense demostró que la víctima al momento de su captura sufrió fuertes golpes en la cabeza que le causaron la muerte;

-el asesinato del miembro del SUNTRACS Luiyi Argüelles a manos de un sargento, donde los policías intentaron también ocultar el arma homicida;

-la muerte de los jóvenes pescadores Dagoberto y Rigoberto Pérez donde seis agentes de la Policía Nacional han sido indultados a pesar de plantar pruebas falsas;

-el caso de Clarissa Mabelis Urriola, de sólo 17 años y con tres meses de embarazo asesinada por miembros de la DIP;

-el asesinato del dirigente del SUNTRACS, Al Iromi Smith, por parte de una unidad Lince de la Policía Nacional, siguiendo órdenes del Mayor Diego De León, ascendido posteriormente a sub comisionado y nombrado por este Gobierno como jefe policial en Colón.

-En el caso de los menores calcinados en el Centro de Cumplimiento no existe detención alguna.

Sólo en noviembre del año pasado organismos internacionales de derechos humanos recriminaban al gobierno panameño por el estado de violación sistemática de los derechos humanos.

Lo ocurrido el en el Centro de Cumplimiento de Menores originó un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, deplorando las muertes y graves lesiones que sufrieron los adolescentes, y su preocupación por que los agentes encargados de la seguridad del Centro ‘no actuaron con la debida diligencia para salvaguardar la vida e integridad personal de los adolescentes’.

A pesar de ello, persisten los abusos policiales y las graves violaciones a los derechos humanos, sin que se lleve al banquillo de los acusados a los responsables.

En este contexto, convocamos a la marcha del 27 de enero partiendo del Parque Porras a las 4:00 p.m.   La marcha es en defensa de la vida y los derechos humanos; por la crisis del agua que enfrentan las comunidades; por una investigación seria, independiente e imparcial sobre las graves revelaciones de WikiLeaks y la posible vinculación de altos personeros del Gobierno en el narcotráfico y otros delitos; contra el negociado de los Corredores con fondos de los asegurados y contra los intentos del Gobierno de quebrar la CSS para justificar su privatización; contra las reformas al Código Minero que buscan acentuar la política depredadora del ambiente.   Para condenar el carácter autoritario del gobierno que en medio de estos problemas y otros, se haya más empeñado en perpetuarse en el poder, abusar de los viajes y las contrataciones directas, fomentar la persecución política y el terrorismo judicial, que en brindar soluciones reales a las necesidades del pueblo.

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Este artículo se publicó el 23 de enero de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

¿Dónde están los empresarios?

La opinión de…

 

Paco Gómez Nadal

Uno de los principales argumentos de este Gobierno durante la campaña electoral era el de estar compuesto por ejecutivos de empresa que no perderían el tiempo en politiquería sino que harían de la eficiencia la norma en la gestión de lo público.

No es que yo crea que el sector privado hace las cosas mejor que el público (ese es un mito necesario solamente para privatizar lo que es de todas y todos), pero digamos que esperaba ansioso ver y disfrutar de los resultados de ese Dream Team de Martinelli (ya que el Team Martín fue un fiasco), desdecirme de mi defensa apasionada de lo público, mostrar mi arrepentimiento de forma pública y echarme a los brazos del balance scord card y otras chorradas similares que camuflan de tecnocracia la especulación y la acumulación de capital.

También de reconocer que era la única promesa que me parecía innovadora, porque eso de que al tener dinero no querrían robar nunca me lo tragué: va en contra de la naturaleza humana no querer más y más, de forma fácil, sin licitación, beneficiando a los tuyos para ampliar el coro de aduladores y dependientes.

Por eso comprenderán ustedes que mi decepción es doble. Cualquier empresario que hubiera puesto en marcha el Metro Bus de una forma tan chapucera como lo ha hecho el Gobierno estaría pagando ahora las consecuencias con pérdidas millonarias o con más de una denuncia ante la Autoridad del Consumidor. La improvisación, los apaños, el maltrato al usuario y las mentiras no solo viajan en diablo rojo sino que parecen cómodamente instalados a bordo de los modernos aparatos sobre ruedas de Metro Bus. Un sistema sin paradas, unos conductores sin la necesaria formación, la mentira fundacional sobre el precio del tiquete, las sorpresas sobre la licitación y los precios pactados en ella… Si la eficiencia se tuviera que medir en el Gobierno, todos estos ejecutivos estarían en la calle, engrosando las estadísticas del desempleo.

Juegan a su favor la impunidad y el olvido. Impunidad, porque aquí nadie paga si tiene el poder para hacerse el loco. Incluso cuando la justicia, en un despiste de legalidad, condena a los culpables, siempre hay un beneficio presidencial para sacarte de apuros o una simple llamada que archiva las investigaciones antes de que comiencen (si no que se lo pregunten al único condenado por el asesinato del Plaza Paitilla Inn; a los policías involucrados en actos violentos; al ministro que va perdiendo equipos para pinchar teléfonos, o a los responsables materiales e intelectuales de la sangrienta represión de Bocas del Toro). La impunidad política se produce ante los banquillos de acusados y ante la opinión pública (por eso el Presidente aún no ha dado respuesta convincente sobre las escandalosas filtraciones de Wikileaks).

El olvido juega a favor de esa impunidad. En el último año, ese que acaba de morir agónico, raquítico, sin ninguna gracia, el gobierno ha incurrido en tantos atropellos que se olvida uno tras otro. Por si a los medios de comunicación se les ocurriera refrescar la memoria, en los últimos meses han acosado a periodistas, han comprado medios de gran calado, han comprado a algún periodista aparentemente serio para dirigirlos, y han distribuido publicidad millonaria para mantener tranquilos a algunos idealistas.

En resumen, que el país es una especie de Metro Bus, ineficiente, improvisado, fundamentalmente publicitario, fruto del contrato directo y la ocultación de información y sin parada conocida en donde recalar. Nos quedan algo más de tres años de locura prometida y no parece que sean empresarios tecnócratas los que vayan a dirigir el rumbo del país.

A ellos no se les ocurriría modificar la Constitución a su antojo, o espiar a oposición y demás calaña crítica, ni se esconderían para no hablar cuando las cosas se ponen difíciles (como está haciendo el presidente). ¿O sí? Quizá lo que nos pasa es que estamos en manos de una generación de empresarios no evolucionados, de los que beben de la herencia rentista de la triste y mediocre oligarquía de principio del siglo XX, de esos que a pesar de haber ido a las mejores universidades no se han dejado permear por las normas de gobernanza empresarial modernas y transparentes. En fin, como 2010 nos sirvió de entrenamiento, ojalá que en 2011 sepamos medir mejor las consecuencias de la “locura” oficial.

 

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Este artículo se publicó el 4  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.