Cero tolerancia con el abuso de detenidos

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La opinión del Abogado…

Alberto E. Fadul 

Cinco fallecidos y dos aun pendientes de saber que les pasará; de seguro, se corta el sentir positivo sobre su delicada situación y los orígenes de la misma.   Que nuestro Señor les ampare. 

Lo ocurrido en el centro de detención de menores, dada las gravedades del caso y sus tristes secuelas, es porque nos hemos enterado de lo sucedido.    Sepa Dios cuantos horrores ocurren en las cárceles panameñas en cuanto al maltrato de los detenidos y no nos enteramos.

Los delitos tipificados en nuestro Código Penal con privación de la libertad, no indican que, en adición a la misma, los presidiarios serán maltratados, en ninguna forma, como consecuencia de esta. El hacinamiento y en general las condiciones carcelarias negativas, no son parte de la naturaleza del castigo por delitos cometidos.

Recuerdo como si fuese ayer, el comercial televisivo generado durante el periodo del difunto Presidente Endara mostrando, con lujo de detalles, el trato brutal de los encarcelados y los argumentos que sustentaron semejante barbaridad:   Si no quieres que te pase a ti, cuídate de cometer delitos con pena de encarcelamiento. ¡Qué horror! La situación no sufrió mejora alguna; todo lo contrario, está cada vez peor.

Nuestra Carta Magna nos expone la función de resocialización para los encarcelados.   Sus detalles son bastante claros y precisos. El resultado de su no aplicación: las cárceles son las escuelas de la criminalidad en todas sus agobiantes formas.    ¿Quiénes se preocupan del no cumplimiento de tales atribuciones? ¡Nadie! No lo hace la sociedad pues en ella solo hay un sentido de profundo disgusto: ¡El que la hace que la pague a como de lugar! ¿Se preocupa la iglesia? No, la política le es más interesante. ¿Qué hace la Defensoría del Pueblo?

Después de todo, la metodología para la resocialización es un derecho violado a diario. Claro ahora el peso de la ley le caerá a todos los involucrados. ¿Y luego qué? Es de esperar que la muerte de los jóvenes no sea en vano y sirva de algo para entrar en un proceso serio de recomposición a nivel constitucional, legal y reglamentariamente sujetos a una real necesidad.

Los presos son seres humanos que deben pagar por sus delitos, sin estar envueltos en una cultura de odio y abusos constantes de toda índole.

Presidente, esto también debe ser parte del cambio, hacia una sociedad más valorativa y consciente de que la equidad nos abarque a todos.

Mi más sentido pésame a los familiares de los fallecidos.   Ojalá no queden en el olvido.

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<>Artículo publicado el 23  de enero de 2011    en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

 

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Agua y Código Penal

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La opinión del Abogado y Docente Universitario..


Silvio Guerra Morales

Ahora resulta que el agua embotellada de algunas marcas y que muchos hemos consumido en este país, previa compra en las tiendas y supermercados, no está purificada. Alguien ha dicho que se trata de una publicidad engañosa, otros han sostenido que implica la existencia de un delito de auténtica estafa colectiva.   A este particular, sobre la existencia o no de delitos, tras este fraude colectivo o de masas, quiero referirme desde la perspectiva jurídica.

El Título IX del Libro II del Código Penal prescribe los denominados delitos contra la seguridad colectiva. En el Capítulo IV de dicho título aparecen los delitos contra la salud pública. El artículo 300 de la excerta legal en cita señala que quien envenene, contamine, altere o corrompa alimento, medicina, excipiente o materia prima, agua potable o cualquier otra sustancia destinada al uso público, poniendo en peligro la salud de las personas, será sancionado con prisión de cuatro a diez años.    Sin embargo, leído minuciosamente los verbos rectores del articulado en cita, quedará claro que no media, ante este fraude colectivo, por parte de las embotelladoras involucradas en el caso, ni envenenamiento, menos contaminación ni alteración alguna del agua, tampoco adulteración o corrupción. Se trata, simplemente, de vender agua a sabiendas que no ha sido purificada, pero con pleno conocimiento de ello, lo cual hace que la acción devenga en una acción dolosa, delictiva, intencionada.

En realidad, el tipo penal o norma aplicable, lo encontramos en lo previsto en el artículo 301 del Código Penal que dice: “Quien, sin haber realizado ninguna de las conductas descritas en el artículo anterior, ofrezca en venta o entregue, a cualquier título, alimento, medicina, agua potable o cualquier sustancia destinada al consumo humano o cosas peligrosas para la salud, a sabiendas de su carácter nocivo (….) será sancionado con prisión de tres a seis años.”

Desde luego, que queda en manos del intérprete judicial el tema referente al agua “potable”, ya que habría que considerar si el agua embotellada puesta en venta es “realmente potable”, no obstante, de haberse determinado, previas pruebas de laboratorios, que no tiene ni ostenta tal “pureza o purificación”.

En todo caso, el codificador debió limitarse en expresar la palabra “agua” sin calificarla de potable, puesto que bien podría argumentarse que al no ser potable el agua puesta en venta, el acusado o los autores del fraude colectivo, no entran en la definición o prescripciones de la propia norma.   Pero insistimos, será tarea del intérprete judicial, el juzgador, quien tenga que delimitar estos pormenores que, en lo que respecta al agua que consumimos, bien podrían, de manera hábil, escapar de una sanción penal.

En contra de este argumento, favoreciendo la interpretación judicial, bien se puede alegar que el sentido de la norma en cuanto califica de “agua potable” la que se ha ofrecido en venta, no entraña la idea de que efectivamente ésta lo sea sino que se promueve o vende como si “fuera potable” y he allí la acción delictiva vía comisión. Tesis que defiendo.

Quedará en manos del Ministerio Público panameño el inicio de una exhaustiva investigación sobre este particular. En efecto, concurren otros delitos, entre ellos el de la publicidad engañosa y la estafa colectiva.

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<>Artículo publicado el  21  de enero de 2011  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Homicidios brutales

La opinión de la Doctora en Medicina y Abogada…


NITZIA TORRES CISNEROS
nitzianestesiapanama@hotmail.com

 

De todas las tragedias vividas en Panamá, resultará casi imposible olvidar lo sucedido a los jóvenes recluidos en el Centro de Cumplimiento de Menores, ubicado en Tocumen.

Siete jóvenes fueron quemados brutalmente por personas inhumanas, sin almas, de manera intencional; no de forma fortuita, sino buscando una lesión un daño: se produjeron lesiones personales con dolo y homicidios dolosos, no culposos, porque hubo intención y acción.

Siete jóvenes llegaron al centro con siete historias diferentes, independientemente de cuál haya sido la razón por la que se encontraban allí o si habían provocado un incendio para intentar fugarse, no se justifica bajo ninguna excusa que se lesionara a un joven de esa manera, eran seres humanos no animales, no eran perros ni gatos ni vacas.  A muchos de ellos solo le faltaban unos días para poder cumplir su sentencia.

Sabemos que el origen del delito es multifactorial: presión de grupo o de ‘la banda’, familias desintegradas, abuso y maltrato infantil, pobreza, deserción escolar, poca autoestima, deshumanización, poca valorización por la vida, consumo de drogas, enfermedades psiquiátricas, en fin, la lista es interminable.

La mayoría de los delitos cometidos por estos menores pudieron haber sido prevenidos si se hubiese ‘trabajado’ en ellos en el hogar desde temprano, a tiempo, buscando la ayuda profesional de psicólogos, psiquiatras, sociólogos y otros profesionales.

Hemos visto cómo en nuestro país han sucedido desgracias inmemorables: inundaciones en ‘Puerta del Este’, y en Las Garzas de Pacora; pasajeros quemados en el Bus de Mano de Piedra-Corredor: el 23 de octubre de 2006;  las muertes y enfermos por el jarabe envenenado de dietilenglicol; los pasajeros muertos en Las Garzas de Pacora.

El pueblo está harto y reclama justicia. Nada se ha hecho en pro de la justicia por esos panameños muertos o los sobrevivientes de las tragedias.

Los servidores públicos involucrados en ese horrendo espectáculo (custodios, policías, bomberos, director del centro de cumplimiento), deben ser enjuiciados y condenados. Varios delitos fueron cometidos por estos desalmados: homicidio doloso (van cinco muertos), abuso de autoridad, infracción en los deberes de los servidores públicos, lesiones personales, entre otros.   No sabemos en que concluirá esto, pero será difícil que se haga algo.

Es difícil que después de una quemadura del cuerpo de más del 50% una persona sobreviva aún cuando sea joven. Pero la situación se empeora más por la inhalación de gases tóxicos, que fue intencional y macabra.

Hoy todos lloramos las muertes de los jóvenes: Erick Batista, Benjamín Mojica, José Frías, Omar Ibarra y Víctor Jiménez mis palabras de apoyo para sus familiares. Para aquellos desalmados, asesinos, nada humanos, que les caiga la pena máxima.

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<> Artículo publicado el 26 de enero  de 2010  en el diario  El Siglo, a quienes damos,   lo mismo que a la  autora,  todo el crédito que les corresponde.

Ofender, ultrajar, vilipendiar…

La opinión de…

Carlos Gasnell Acuña

Al analizar cada una de las conductas que se quiere tipificar como hechos delictivos cuando se dirijan contra el Presidente de la República o funcionarios de elección popular, tenemos que concluir que, además de que no se utilizó el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua para redactar el anteproyecto de Ley, la propuesta obedece a un enfado del momento, como cuando un futbolista comete una falta fuerte y al final se excusa diciendo: “todo ocurrió en medio del calor de la jugada”.   Estoy seguro de que, luego de un análisis concienzudo, los diputados recapacitarán y retirarán este absurdo anteproyecto.

Vayamos por partes: si de manera alegre se coloca en una norma de carácter penal que ofender a un funcionario es un delito, se está considerando como delincuente a quien “humille o hiera el amor propio o la dignidad de alguien, o lo ponga en evidencia con palabras o con hechos”.   De manera que quien diga que un político electo es un mentiroso, porque incumplió una promesa, un pacto o maquilló una realidad –lo cual algunos hacen de manera recurrente– quedará sujeto a que su conducta pueda ser calificada como delito, si un político siente que se le “humilló o se le hirió el amor propio y la dignidad”.

Si analizamos cuál es el significado de la palabra ultrajar, el diccionario indica que consiste en ajar, injuriar, despreciar o tratar con desvío a alguien, entendiéndose la palabra desvío como tratar con desapego o desagrado. Ajar, para efecto de la redacción, se entendería como “tratar mal de palabra a alguien para humillarle”. De modo que todos los que han mencionado públicamente en alguna entrevista, encuesta, que algún funcionario público es un payaso, un tonto, un gordo, un ignorante o un maleante, también, para efecto de la ley podrían ser considerados delincuentes y ser objeto de la respectiva sanción penal.

En cuanto a la injuria, esta conducta ya está tipificada en el Código Penal, con sus respectivos eximentes de responsabilidad, cuando “los supuestos ofendidos sean uno de los servidores públicos de que trata el artículo 304 de la Constitución Política, funcionarios de elección popular o gobernadores”. Tal vez esta situación explique por qué en el anteproyecto se incluyó el artículo dentro del capítulo del Código que tipifica los delitos “Contra la personalidad interna del Estado”, aunque resulta algo ridículo (y disculpen la ofensa, el ultraje o el vilipendio) que se incluyan estas tres conductas en un capítulo que penaliza a quienes se alzan en armas para derrocar al Gobierno.

Y para finalizar, el vilipendio es definido como la “falta de estima y la denigración de alguien o algo”. Entendiendo que no se quiere tipificar la falta de estima, sino la denigración, la cual según el diccionario consiste en injuriar o en ofender la opinión o fama de alguien, lo cual entiendo se refiere a la buena fama, no a la mala fama que tienen algunos políticos electos. Entonces, herir la opinión de un político de forma burlona o cuestionar su buena fama señalando que no es muy bien ganada, también podría considerarse delito.

Como se puede observar, no tiene ninguna lógica tipificar estas conductas como atentados contra la personalidad interna del Estado, además de que se está tratando de penalizar de manera indirecta la injuria contra funcionarios públicos electos por votación popular, la cual ya fue despenalizada luego de un amplio debate.

Me gustaría dejar claro que no estoy a favor de que se ofenda, ultraje o vilipendie a ningún funcionario público, pero tampoco creo que al penalizarse estas conductas como un instrumento para infundir temor, los políticos se ganen el respeto de la ciudadanía que al parecer tanto anhelan.

Solamente a través de sus comportamientos y acciones los funcionarios que quiere proteger este anteproyecto lograrán que la imagen y opinión que la mayoría de los ciudadanos tiene de los políticos mejore.

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Este artículo se publicó el 10  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Insalubridad, ¿delito contra la salud pública?

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La opinión del Abogado y Odontólogo, Decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de Panamá (UP)….

 

Omar O. López Sinisterra 

Panamá, país de grandes contrastes, en las últimas décadas ha mostrado un vertiginoso crecimiento y desarrollo urbanístico que pareciera incontenible. Sin embargo no todo es positivo y bello.

El problema del manejo de la basura en el país está llegando a puntos en que se está comprometiendo la seguridad colectiva. Se observa una responsabilidad ausente en lo que refiere a quien se encarga de este serio problema. Estamos en fiestas de navidad y de año nuevo, lo que involucra que los panameños como consumistas que somos, hemos triplicado en estos momentos, la cantidad de basura en el país producto de la actividad compulsiva de las compras.

Es importante mencionar que aunada a esta situación, muchos comercios de la localidad en su afán de lograr vender y colocar sus productos infringen la norma sanitaria e inclusive atentan contra la salud pública de los panameños. ¿Cómo lo hacen? Pues bien, manipulando fechas de alimentos y productos que han caducado, alimentos dañados, permanencia de roedores, insectos y alimañas en sus establecimientos que traen enfermedades, y algunos poseen infraestructura oxidada y deteriorada en la cual procesan los alimentos al consumidor contaminándolos.

La cucaracha que es un insecto de presencia permanente en muchos sectores, transmite bacterias que producen enfermedades tales como la disentería, la diarrea, el cólera, infecciones intestinales y fiebres entéricas a través del contacto con sus patas sobre los alimentos.

Igualmente las moscas son portadoras de estas bacterias produciendo igualmente estas enfermedades. Los ratones y ratas consumen todo tipo de alimentos los cuales contaminan con sus heces y orina introduciendo bacterias y produciendo enfermedades.

Cuando se venden en los expendios de alimentos productos vencidos, en mal estado o contaminados producen enfermedades peligrosas para la salud y ocasionar finalmente la muerte. Estas enfermedades se manifiestan con vómitos, diarreas, dolores abdominales.

En nuestro país debemos sancionar enérgicamente a todos los individuos que incurren en estos delitos que finalmente afectan a parte de la colectividad. No solo el cierre de los locales, sino que la gravedad del delito, se deben incorporar sanciones enérgicas sobre este tipo de infractores o delincuentes.

Quiero señalar que el director de la Región de Salud de San Miguelito, Dr. Algis Torres está realizando una excelente labor con respecto a este tema y ha sido enérgico con aquellos locales que insisten en vender al pueblo panameño alimentos dañados, vencidos y contaminados.

 

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<>Artículo publicado el  30  de diciembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Hoy el ‘factoring’ es un delito…

La opinión del Abogado y Ex Fiscal …

ARMANDO   FUENTES
armandofuentes@hotmail.com

¿ Mañana cuál será el nuevo delito en Panamá?.. El factoring es un financiamiento que otorga un banco, una financiera o un prestamista, al cliente que tiene una factura, contrato u orden de compra, cuya fecha de pago es a largo o mediano plazo.   Esta operación ayuda al cliente a obtener dinero en efectivo de inmediato, en vez de esperar el plazo de pago a cobrar a su deudor. Como se aprecia, es una simple operación de crédito en la que no hay nada fuera de lo común y que su génesis es ayudar a la pequeña empresa con fuente de financiamiento para enfrentar los retos del mercado comercial y lo único que evalúa el financista es la veracidad y solidez de su fuente de repago.

Por ser una actividad crediticia lícita, que se realiza frecuentemente en la plaza panameña, es totalmente incomprensible e inaceptable que conceder un financiamiento de esta naturaleza sea sustento para vincular a una persona a un proceso penal.   No obstante, eso es lo que está padeciendo Teófilo Gateno en el proceso que se le sigue, por la única y sencilla razón de haber otorgado un préstamo tradicional. En ningún momento Gateno intervino en el proceso de compra y venta de los suministros, que resultaron ser dietilenglicol.

Es incorrecto vincular a un financista a un proceso en dichos términos, dado que ello raya más allá de lo que se denomina la responsabilidad objetiva, que no está reconocida por el Código Penal panameño. Resulta aún más preocupante que, ante el panorama descrito, se impongan severas medidas cautelares y prolongadas, fundamentándose exclusivamente en apreciaciones subjetivas como la posible existencia del delito y la presunta vinculación, sin que existan las exigencias de cautelaridad, tales como peligro de fuga, de interferencia en la práctica de las pruebas o de comisión de delitos graves.

El uso inadecuado de medidas cautelares como penas anticipadas, hace que las mismas sean desproporcionadas e injustas, porque violan la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso, que reconoce la Constitución Política de nuestro país.

Si la finalidad de las medidas cautelares personales es garantizar la presencia de la persona en juicio y no condenarla anticipadamente,   ¿por qué en la práctica suele aplicarse como primera medida la detención preventiva,   sin apreciar nada más que la pena establecida para el delito?

Si lo que se quiere es lograr que las audiencias se realicen, ¿por qué demora tanto la celebración de los juicios, manteniendo la privación de libertad?

Atribuirle cargos penales a una persona que tiene un único rol de financista y someterla a severas medidas cautelares, por el solo hecho de haber concedido un factoring, es poner en riesgo el ejercicio del negocio bancario y financiero, es censurable y deja mucho que desear de la justicia panameña.

En la actualidad es bastante largo el camino que transita una persona desde que es detenida hasta que es presentada ante un tribunal para una audiencia, por lo que la realidad reclama análisis más justos de las exigencias de cautelaridad por parte de un juez imparcial, así como la reducción de los términos procesales, para que se pueda, tal como lo expresa Alberto Binder, ‘fortalecer la capacidad del sistema judicial de reconocer los intereses de las partes y, en este sentido, humanizarlo’.

Teófilo Gateno, como financista, no hizo más que prestar un dinero para que un pequeño empresario pudiera pagar sus impuestos e importar una mercancía al país. Por esto, hoy es él quien se encuentra en esta lamentable situación, privado de sus libertades básicas como ciudadano.

Hoy es Teófilo Gateno, mañana podría ser cualquier banquero o financista responsable que se dedica al negocio de préstamos, cualquier abogado que representa a una sociedad anónima o simplemente cualquier directivo respetable haciendo su labor.   Hoy es un factoring lo que se considera una operación ilícita, mañana podría ser la aprobación de un leasing, préstamo comercial o préstamo personal o cualquier actividad económica que realiza un ciudadano, si así lo considera un funcionario en particular.

<> Este artículo se publicó el 2 de diciembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Legislación penal anacrónica

La opinión de…


Hipólito Gill Suazo

Hemos estado insistiendo desde hace algún tiempo en la necesidad de revisar y, mejor aún, de debatir con los ciudadanos la creciente e indiscriminada creación de delitos y el endurecimiento de las sanciones penales.   Las “soluciones” legislativas de acrecentar el número de hechos punibles y de endurecer las sanciones no ha logrado –pues la experiencia ha demostrado todo lo contrario– detener el denunciado ascenso de la criminalidad.

Este discurso vertical impide, a nuestro entender, visibilizar las causas reales o potenciales de un importante e “insospechado” aumento de la criminalidad, puesto que ni la creación de delitos ni el establecimiento de sanciones por sí mismos han resultado remedios eficaces frente al fenómeno criminal. Por lo demás, no hay ningún debate al momento de tomar decisiones con contenido penal sobre los bienes o intereses de protección que son la razón de la ley penal.

Hasta tanto no haya claridad y transparencia en los bienes u objetos fundamentales de protección que interesan a todos los ciudadanos, los “esfuerzos” realizados en este sentido no tendrán, al parecer, resultado positivo.

Es necesario insistir, también, que muchas de las sanciones penales no tienen hoy ningún sentido, pues aún hasta los más desconocedores sobre el tema las consideran crueles, ineficaces y sencillamente anacrónicas. Hace tiempo que la doctrina penal alemana –la más importante de nuestra cultura jurídico penal– puso de manifiesto los perniciosos efectos que sobre la personalidad del condenado ejercen las penas privativas de la libertad.   Estudios recientes evidencian con datos en las manos las graves anomalías sociales, físicas y psíquicas que sufren los condenados a prisión. En lo psíquico los efectos son aún más devastadores, pues se afirma que a partir de este encierro las personas se convierten en seres absolutamente irrecuperables.

Pero este discurso no se reduce únicamente a los delitos y a las sanciones.   El mismo se materializa –y con mayor expansión y más graves consecuencias– en las “llamadas” medidas cautelares, como es el caso de la detención preventiva o “prisión provisional”. Existe, en este sentido, un lamentable interés en no distinguir las condiciones o presupuestos que distancian las medidas cautelares de las sanciones penales.

La privación, la restricción o la limitación de la libertad de un individuo, solo puede estar “justificada” en razón del objeto de la investigación penal que se adelanta en su contra, con el fin de impedir la destrucción de la prueba, su falta de “colaboración”, es decir, en relación con requerimientos que conciernen únicamente a la investigación, pero no puede representar un adelanto del juicio ni de la pena fundado en la gravedad del delito, pues este cajón de sastre desdice el carácter humanitario del derecho penal y se convierte de esta manera en una inquisición, con la cual se pretende encubrir el fracaso escandaloso del sistema social “construido” para “enfrentar” la criminalidad, en la medida en que no se distinguen claramente cada una de las instancias de la represión penal y de la naturaleza de los dispositivos dispuestos en la ley, en la aplicación y en la ejecución (medidas cautelares, sanciones penales, sustitutivos o subrogados, aplazamientos, medidas de seguridad y medidas de ejecución).

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<> Este artículo se publicó el 23  de noviembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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