Lo hurtado por la Hurtado

La opinión del Jurista,  Docente Universitario y Activista de los Derechos Humanos…

Miguel Antonio Bernal

El estilo gubernamental de querer imponernos como verdad, la apariencia de la realidad, no deja lugar a dudas en el caso del asilo político otorgado por el Ejecutivo, a la ex directora de la DAS colombiana, María del Pilar Hurtado.

 

Lo que aparenta tener “el ánimo de contribuir a la estabilidad política y social en la región”, en realidad es una decisión “irresponsable” e “inamistosa”, como atinadamente ha sido calificada por prestigiosos medios y académicos del hermano país.

La irresponsabilidad del Gobierno panameño radica, entre otras, en la innecesaria y absurda tergiversación del significado y alcance de la figura del asilo.  Lo inamistoso del acto está contenido en la desconfianza que el Gobierno panameño exterioriza hacia los esfuerzos de la sociedad colombiana, en su lucha por el respeto, protección y defensa de los Derechos Humanos.

El compromiso que tiene el Estado panameño, como parte integrante del sistema internacional de Derechos Humanos, ha sido violado con la decisión tomada de proteger a una ex funcionaria colombiana, que está obligada a rendir cuentas ante las autoridades de su país por la comisión de un sin fin de delitos comunes y de lesa humanidad.

Con su actuación, el Ejecutivo panameño nos revela el desconocimiento profundo de cuánto la persona significa como término y fundamento de toda relación de justicia, como sujeto de derecho y como protagonista de orden jurídico y se hace cómplice de los victimarios de los que luchan en Colombia, por un orden fundado en la libertad, la justicia y la convivencia.

Una vez más, en medio de permanentes y crecientes ataques a la libertad de expresión y al derecho de información, y a escasos meses de la represión en Changuinola, el favor del Gobierno panameño a la Hurtado pretende robarnos las convicciones de libertad, dignidad, justicia, seguridad y equidad que deben sustentar a nuestra sociedad.

Las normas internacionales de Derechos Humanos, lo acepten o no las autoridades,   son de obligatorio cumplimiento supralegal y constitucional, que debe ser aplicado por todos los funcionarios estatales y respetado por los particulares.   El asilo otorgado a la Hurtado viola normas internacionales, que Panamá está en la obligación de obedecer y defender.   La protección a violadores de Derechos Humanos es una gravísima acción que no tiene nada que ver con el Derecho de Asilo y, esto, lo deben saber los autores, promotores y protectores de la Hurtado y de otros que aquí han llegado y se han quedado, después de haber torturado, robado o asesinado en sus Estados de origen.

Aquellos, que nunca faltan, y que aquí en Panamá, aplauden lo actuado, forman parte de ese sector cada vez más desorientado, perplejo y desengañado de nuestra sociedad, que galopa orgullosamente por los caminos de lo deshumanizado y, para quienes, todo es negociable, hasta lo hurtado por la Hurtado.

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<>Artículo publicado el  26  de noviembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/bernal-miguel-antonio/

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