Justificaciones irresponsables

La opinión de…

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Nelly E. Sánchez V. –

Sin sorpresas, para la mayoría de de los universitarios, han resultado las noticias publicadas por los medios de comunicación acerca de una serie de irregularidades a lo interno de la Universidad de Panamá. Y es que en los predios universitarios se comenta mucho de la corrupción existente, pero quienes tienen la responsabilidad de investigar al respecto no lo hacen.

Entre los actos de corrupción mencionados están la venta ilegal de vehículos, el nepotismo, las compras con sobreprecios e irregularidades en las licitaciones. Anteriormente, se publicaron otros hechos anómalos, como la larga lista de asesores, el pago de desayunos a diputados con fondos de la institución, etc.

A todas estas denuncias, hay que sumarle el caso de los diplomas. Tan solo con darle una ojeada al Informe Murgas, es suficiente para comprobar la enorme cantidad de hechos inusuales cometidos en esta materia. Al respecto, la comisión investigadora señaló en algunos puntos de sus conclusiones que: en este caso no hubo una simple desatención de los trámites previstos para la expedición de diplomas, por el contrario, de manera deliberada se ordenó la elaboración y firma de los mismos, con pleno conocimiento de que el estudiante no había culminado sus estudios…, solo faltó la firma de la decana de la Facultad de Empresas y Contabilidad, la cual, según la práctica establecida, debía firmar antes que el rector, cosa que no ocurrió, en este caso hubo destrucción de documentos públicos y una posible alteración de un documento público… Estos hechos de destrucción o alteración constituirían delito.

Ante todos estos ilícitos, acaecidos en la administración del profesor Gustavo García, y que no terminan aquí, las altas autoridades universitarias han aceptado que existe “un foco de corrupción” en la universidad, el cual no se hubiese conocido sin la denuncia de algunos profesores y la divulgación de los medios de comunicación.

El rector ha manifestado su desconocimiento de lo que ha estado ocurriendo; las autoridades han culpado a funcionarios de los niveles más bajos; han justificado los hechos tratando de minimizar los sucesos con frases “inocentes” o, simplemente, atribuir las denuncias a campañas de desprestigio. Administrativamente esto significa irresponsabilidad, ya que de acuerdo con uno de los principios fundamentales de la administración es inconcebible la autoridad sin responsabilidad, y el mismo principio postula que se pueden delegar funciones, pero no la responsabilidad. ¿Cuál es y dónde queda la responsabilidad de las autoridades como administradores y jefes de nuestra casa de estudios?

Las excusas del rector no son válidas, y solo reflejan el incumplimiento de sus funciones, pero lo más preocupante es que nuestras instancias, en el ámbito gubernamental, responsables de investigar por la lesión al patrimonio de la nación, como diría César Valdés, “están de vacaciones”, lo que sí está claro hasta ahora es que la responsabilidad se esfumó de los deberes de las autoridades. A fin de cuentas, ¿quién asumirá la obligación inherente a la investigación de estos hechos? Tantas justificaciones, tantas falacias, tantos cuentos. ¿Quién pagará los platos rotos? De eso sí no hay duda: el pueblo panameño.

<> Este artículo se publicó el 26 de septiembre de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,   lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Leyes universitarias, ¿qué concluir?

La opinión de……

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Nelly E. Sánchez

Faltando más de un año para que finalice el periodo del actual rector de la Universidad de Panamá, en los predios universitarios se conoce de algunos nombres de docentes interesados en presentarse como candidatos para las próximas elecciones.   Igualmente se ha gestado un movimiento interesado en variar un artículo de la Ley 24 de 2005, que le permita la reelección al actual rector. Es oportuno hacer un breve análisis de la escogencia de la máxima autoridad universitaria y el contexto en que se modifican y aprueban las dos últimas leyes universitarias.

Antes de 1991, la Ley 11 de 1981 establecía que el rector era escogido por el Consejo General Universitario, donde estaban representados los diferentes estamentos universitarios. Dentro de un contexto electoral esta ley fue modificada parcialmente, a través de la Ley 6 de 1991, estableciendo un sistema electoral antidemocrático al definir una ponderación de votos que otorgaba a los profesores regulares el 50% del voto, que en la ciudad universidad son minoría, y eran entonces los que decidían a qué rector se escogía.

Las modificaciones a la Ley 11 no tenían ninguna intención de realizar cambios profundos y significativos, ni proponían un plan de modernización de la universidad que respondiera a un proyecto universitario con una visión clara de la universidad que queríamos y debíamos tener; por el contrario, fue un instrumento electorero basado en un clientelismo abierto, porque permitía la negociación en medio de la elección para el rector, de puestos, prebendas, etc.

El artículo 6 de la mencionada ley estableció que en un “plazo no mayor de 12 meses la universidad propondría un proyecto integral de ley orgánica de la Universidad de Panamá” (el entrecomillado es nuestro). Este artículo no fue cumplido por falta de una concertación de los diversos sectores universitarios y desinterés de sus más altas autoridades.

Después de 14 años de funcionar con una ley que era transitoria, se propuso, en otro contexto electorero (2004), la propuesta de ley universitaria por las mismas personalidades que auparon la Ley 6 y que impidieron que el anteproyecto elaborado de manera democrática en un consejo universitario de 1992 en la administración del Dr. Zúñiga, fuera discutido y aprobado en la Asamblea Legislativa. “Los mismos que en 1995, lograron el retiro del anteproyecto Zúñiga y trataron de presentar un proyecto inconsulto de ley marco, elaborado en las oficinas refrigeradas de la alta burocracia universitaria”.

Ahora, solo cuatro años después de haberse modificado la ley universitaria, pretenden, nuevamente, perpetrarse en el poder con los fines aviesos que los han caracterizado en los últimos años.  A los diputados y al Ejecutivo le solicitamos que no le den la espalda a la Universidad de Panamá y le permitan un respiro, a fin de que se lleve a cabo un verdadero cambio y pueda retomar el papel protagónico que jugó en otras etapas de nuestra historia. En resumen, retomar el sueño de Méndez Pereira.

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Este artículo se publicó  el  25 de marzo de 2010 en el Diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.