Justificaciones irresponsables

La opinión de…

Nelly E. Sánchez V.

Sin sorpresas, para la mayoría de de los universitarios, han resultado las noticias publicadas por los medios de comunicación acerca de una serie de irregularidades a lo interno de la Universidad de Panamá. Y es que en los predios universitarios se comenta mucho de la corrupción existente, pero quienes tienen la responsabilidad de investigar al respecto no lo hacen.

Entre los actos de corrupción mencionados están la venta ilegal de vehículos, el nepotismo, las compras con sobreprecios e irregularidades en las licitaciones. Anteriormente, se publicaron otros hechos anómalos, como la larga lista de asesores, el pago de desayunos a diputados con fondos de la institución, etc.

A todas estas denuncias, hay que sumarle el caso de los diplomas. Tan solo con darle una ojeada al Informe Murgas, es suficiente para comprobar la enorme cantidad de hechos inusuales cometidos en esta materia. Al respecto, la comisión investigadora señaló en algunos puntos de sus conclusiones que: en este caso no hubo una simple desatención de los trámites previstos para la expedición de diplomas, por el contrario, de manera deliberada se ordenó la elaboración y firma de los mismos, con pleno conocimiento de que el estudiante no había culminado sus estudios…, solo faltó la firma de la decana de la Facultad de Empresas y Contabilidad, la cual, según la práctica establecida, debía firmar antes que el rector, cosa que no ocurrió, en este caso hubo destrucción de documentos públicos y una posible alteración de un documento público… Estos hechos de destrucción o alteración constituirían delito.

Ante todos estos ilícitos, acaecidos en la administración del profesor Gustavo García, y que no terminan aquí, las altas autoridades universitarias han aceptado que existe “un foco de corrupción” en la universidad, el cual no se hubiese conocido sin la denuncia de algunos profesores y la divulgación de los medios de comunicación.

El rector ha manifestado su desconocimiento de lo que ha estado ocurriendo; las autoridades han culpado a funcionarios de los niveles más bajos; han justificado los hechos tratando de minimizar los sucesos con frases “inocentes” o, simplemente, atribuir las denuncias a campañas de desprestigio. Administrativamente esto significa irresponsabilidad, ya que de acuerdo con uno de los principios fundamentales de la administración es inconcebible la autoridad sin responsabilidad, y el mismo principio postula que se pueden delegar funciones, pero no la responsabilidad. ¿Cuál es y dónde queda la responsabilidad de las autoridades como administradores y jefes de nuestra casa de estudios?

Las excusas del rector no son válidas, y solo reflejan el incumplimiento de sus funciones, pero lo más preocupante es que nuestras instancias, en el ámbito gubernamental, responsables de investigar por la lesión al patrimonio de la nación, como diría César Valdés, “están de vacaciones”, lo que sí está claro hasta ahora es que la responsabilidad se esfumó de los deberes de las autoridades. A fin de cuentas, ¿quién asumirá la obligación inherente a la investigación de estos hechos? Tantas justificaciones, tantas falacias, tantos cuentos. ¿Quién pagará los platos rotos? De eso sí no hay duda: el pueblo panameño.

<> Este artículo se publicó el 26 de septiembre de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,   lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

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