Recuperar la ciudad para el peatón

La opinión de…..

.

Dairo Herrera C.

Por un lado, el acelerado y caótico proceso de urbanización en la ciudad de Panamá ha incidido en la pérdida del espacio público y de las áreas peatonales adecuadas. Por el otro lado, el agresivo y pobre transporte público hace que la calle sea una selva de cemento, como dice la canción, insegura y violenta.

Es necesario solicitar a las altas autoridades del Estado, junto a los alcaldes, gobernadores, representantes y diputados, que tomen decisiones inmediatas en favor de todos los ciudadanos frente a la opinión generalizada de que la recuperación de la condición de viabilidad peatonal es secundaria en nuestro país.

Debo señalar que la popularidad o adversidad de las encuestas de opinión no debería impedir a nuestros gobernantes tomar decisiones en consonancia con la Nación moderna, justa y llena de equidades que debemos construir entre todos los ciudadanos.

Las políticas urbanísticas y de transporte deben ser revisadas. Se necesita romper los círculos viciosos de la inercia y desarrollar un plan visionario de largo plazo, que permita por parte de las futuras autoridades estatales y municipales darle continuidad.

En lo urbanístico, caminar nos permite disfrutar de las ciudades; es lo más agradable que existe y son los ciudadanos los que le dan vida a las ciudades, pero tenemos que garantizarles seguridad. Para ello, es necesario construir aceras, rampas para minusválidos, instalar bolardos en las vías principales (El Cangrejo, Bella Vista, Casco Antiguo, entre otras), organizar las paradas para el transporte público de taxis y buses, y organizar otras vías peatonales como se hizo en la Avenida Central.

En el transporte, la invasión de automóviles particulares aumenta el caos vehicular en la ciudad y la contaminación ambiental, afectando nuestra salud (ver estadísticas y definición OMS). Estas son razones para restringirlo, concertando con los ciudadanos la circulación durante la semana por restricción de placas predeterminadas.

En este punto, es necesario fortalecer un transporte público organizado y capacitado, de tal manera que se termine la lucha por el centavo, factor causal de muertes, accidentes de tránsito y desorden vial. Además, se impone la obligatoriedad del servicio de taxis con tarjetas de identidad de “conductores profesionales” que hagan las carreras individuales, que le faciliten al usuario llegar oportunamente adonde quiera. Esto se resuelve con taxímetros que registran las distancias recorridas, evitando los abusos cotidianos y los riesgos de atracos. Además, se puede establecer una línea de taxis especiales que operaría en rutas preestablecidas como servicio colectivo.

Las ventajas sociales y económicas de un replanteamiento peatonal de la ciudad de Panamá y de su área metropolitana se traduciría en una disminución de la contaminación atmosférica, del ruido y de la peligrosidad de las calles, lo que redundaría de un modo directo en la mejora de la salud de la población.

<>

Artículo publicado el 20 de marzo de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

¿Qué hay del debido proceso a los docentes?

La opinión de…..

.

Darío Herrera Díaz

A raíz de las investigaciones que se le siguen a la separada procuradora de la Nación, al ex presidente Pérez Balladares y a los ex ministros de educación, el “debido proceso” y la “justicia selectiva” se mencionan en todos los medios de comunicación social. Los juristas, comentaristas y el público en general concuerdan en que se les debe respetar las garantías fundamentales a las que tienen derecho; pero, ¿qué hay del debido proceso al que tienen derecho los docentes de nuestro sistema educativo?

La Ley 47 Orgánica de Educación establece que las quejas interpuestas sobre algún miembro del personal docente deben ser investigadas por el director del centro escolar tan prolijamente como su importancia demanda; no obstante, establece que estas deben llegar por algún conducto digno de crédito.

¿Es digno de crédito un padre que en vista de que su hijo reprueba o es amonestado por agredir a una compañera, en acto de venganza, levanta calumnias e injurias contra un docente? ¿Acaso tienen credibilidad las asociaciones de padres, madres y acudientes que no rinden informe del dinero que manejan?

Los directores o directoras llevan acabo las “encuestas” o “investigaciones” y en muchos casos, incluso intencionalmente, solo se apegan al artículo 192 de la Ley 47. Este artículo establece que de ser culpable el docente se le pasará el pliego de cargos y este solo tendrá ocho días para defenderse.

¿Acaso el docente no tiene derecho a conocer, en cualquier momento, el estado del proceso y a presentar incidentes al mismo, como lo establece la Ley 38 de 31 de julio de 2000? ¿Dónde queda el derecho de obtener pronta resolución, de peticiones hechas por parte de los docentes a los directores sobre informaciones contenidas en archivos, registros o expediente de él que mantenga la institución de la cual forma parte? ¿Tiene el docente que resignarse a esperar la sanción y contar con tan solo ocho días para defenderse? ¿Qué pasa cuando el fiscal, jurado y juez, es decir el director, también está siendo investigado (v. gr. alterar documentos)? ¿Está permitido comentar con particulares o subalternos el contenido de una investigación por parte de los que investigan? ¿No hay violación del debido proceso, de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, de la Ley No, 6 de 22 de enero de 2002 (v. gr. artículo 3) e incluso de la Constitución Política de la República de Panamá (v. gr. artículo 41)?

Por otra parte, las estadísticas muestran que cuando un docente interpone una denuncia contra un director, ya sea por abuso de autoridad o extralimitación de funciones; estos no son, por parte del director o directora regional, prolijamente investigados como lo establece la Ley 47. ¿No es este un caso de justicia selectiva?

La violación del debido proceso y la justicia selectiva conducen a los docentes a hacerse los sordos, mudos y ciegos ante las injusticias o anomalías que se dan en los centros escolares. Si interviene o media en los conflictos que se dan entre estudiantes o en las reyertas que estos protagonizan quedan expuestos a que los sancionados, con sus acudientes, posteriormente, levanten calumnias e injurias contra ellos y el sistema del cual forma parte, en el mejor de los casos, los deja que se defiendan como puedan; y en el peor de los casos, se vuelva contra ellos. Si denuncia irregularidades administrativas, mismas que mantienen a los colegios en pésimas condiciones, los directores inician una cacería de brujas hasta trasladarlos.

Sin lugar a dudas, tienen sentido las reflexiones de Temas de Nuestra América; a saber: “Los sueños perduran, pero muere el soñador. Tal vez no muera el ideal, pero el idealista sí: muere de inanición o asume las complicidades de la coyuntura”.

<>

Artículo publicado  el 20  de febrero de 2010  en el Diario La Prensa, a quien damos, lo mismo  que al autor, todo el crédito que les corresponde.