¿Peligra la democracia en Panamá?

La opinión de……..

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David Robles Benítez

Al margen de las simpatías o antipatías que pueda suscitar una figura pública que ejerce un cargo de autoridad, se hace necesario resaltar que es un deber intrínseco de todo el que ocupa un cargo de poder -como el de procurador general de la Nación- el asumir fielmente y con eficacia las responsabilidades adquiridas una vez se ocupa dicho cargo; además se hace obligatorio que todas sus acciones estén regidas con estricto apego a la ley. Incurrir en faltas por ejecutar acciones contrarias a lo establecido por ley, afecta la legitimidad de dichas acciones, su investidura y por tanto la institucionalidad.

Hago esta observación por la pluralidad de posiciones que han surgido por el caso que se le sigue a la procuradora general de la Nación.  Mucho se ha hablado y tal vez poco se ha debatido con el sincero fin de llegar a una paz que fortalezca el orden político de nuestra nación y que garantice la armónica colaboración que debe coexistir entre los órganos del Estado.

Es de mi interés como ciudadano, hacer alguna aportación sobre el porqué considero que el investigar a la procuradora bajo las actuales condiciones, no es nocivo para la democracia.  Pero primero veamos los hechos.

Para empezar, este caso es de vieja data. Ya en el año 2007 la Corte Suprema de Justicia (durante el período presidencial de Martín Torrijos) declaró como inconstitucional la intervención telefónica que autorizó la procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, en una investigación bajo su mando al entonces fiscal Arquimedes Sáez.   Con esta decisión la Corte demostró que en la democracia el fin “no” justifica los medios.

Pero no es hasta junio de 2009, que Sáez pone una querella en contra de Gómez, por la acción inconstitucional de esta, ante el procurador de la Administración (también nombrado en el período de Torrijos).

Recientemente el procurador de la Administración basándose en estos hechos contundentes (la acción inconstitucional declarada por la Corte Suprema de Justicia en aquel entonces), decide investigarla por la querella interpuesta, y para ello, naturalmente, requiere la separación del cargo.

Ante esta medida, que pretende el procurador de la Administración, se ha generado una serie de pronunciamientos a favor y otras en contra. Con los argumentos utilizados para oponerse a esta medida se afirma que se “pone en vilo la democracia”, y se “atenta contra la institucionalidad”. Otros alegan “presión del Ejecutivo” y de una injerencia del Ejecutivo en estas acciones.

Partiendo del hecho de que uno de los pilares de la democracia es que todos somos iguales ante la ley, considero que la posibilidad de investigar a cualquier persona, sin importar su alto nivel jerárquico -sea procuradora, ministro o presidente de la República- de ninguna manera menoscaba la democracia, sino que la fortalece, ya que le da fiel cumplimiento a este principio.

Cito el caso “Watergate”, por el que se investigó y posteriormente se enjuició a Richard Nixon, cuando ejercía el más alto cargo gubernamental de su país, el de presidente de Estados Unidos (reconocido como uno de los países más democráticos del mundo), por los cargos de: 1. Obstaculizar la investigación, 2. Abuso del poder y 3. Desestimar la orden judicial para presentar la evidencia. Este es tan solo un ejemplo de que una acción de esta naturaleza no debilita la democracia ni atenta contra la institucionalidad de ningún país, sino que demuestra que no hay nadie por encima de la ley.

La separación del cargo es imprescindible para evitar que las personas de poder que se encuentran en investigación obstaculicen las investigaciones que se les siguen,-como lo hizo Nixon- interviniendo y confabulando desde su alta posición.

En cuanto a las declaraciones sobre “presión e injerencia del Ejecutivo” en estas acciones contra la procuradora -que se generan principalmente cuando el Presidente se hace eco de ese anhelo ferviente del pueblo panameño que reclama que se haga justicia y que no se siga apadrinando la impunidad-, con las que se pretende frenar o evitar que se le investigue, a mi parecer son meras especulaciones, y de no ser así que se presenten las pruebas como corresponde. Son especulaciones ya que no corresponden a hechos concretos, como los presentados al procurador de la Administración como fundamento a la querella contra la procuradora.

Ciertamente está en peligro la democracia, de eso no cabe la menor duda. Pero no aquella seudo democracia que ampara bajo un velo de investidura institucional al funcionario que comete una falta, que lo hace intocable de cualquier cuestionamiento que como servidor público deba responder; que le exime de cualquier investigación, llamamiento a juicio, o penalización que por infringir la ley deba enfrentar; sino la verdadera democracia, que tiene su fundamento en la igualdad; la que surgió como reacción al abuso del poder, y a la violación de los derechos fundamentales de todo individuo. Esta es la democracia que está en vilo. La democracia de la igualdad ante la ley para todos.

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Publicado el 30 de enero de 2010 en el Diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Manejo de delitos contra el Estado

La opinión de…..

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DAVID A. ROBLES BENÍTEZ

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Manejo de delitos contra el Estado

Glásnot fue el término ruso que empleó Mijaíl Gorbachov para referirse a la transparencia cuyo fin era dejar entrever los errores y problemas de gobierno, de la vida pública en su conjunto; y que pretendía liberalizar el gobierno político que entonces estaba férreamente controlado por el sistema comunista en la antigua Unión Soviética.

Este concepto de transparencia es precisamente el que debe aplicarse frente a las recientes denuncias de delitos contra el Estado que han sido encontrados por el actual gobierno.

Casos de denuncias de corrupción y de denuncias de otros delitos contra la administración pública, tales como el posible desfalco en el programa de Red de Oportunidades, el caso de los tragamonedas, las anomalías en los contratos para la remoción de la fibra de vidrio en las escuelas y las irregularidades en la ejecución del Prodec, han recibido una amplia cobertura mediática, empero a la fecha, el público en general aún no sabe en que quedaron dichas denuncias: hace falta una política de transparencia.

Las denuncias meramente mediáticas son una ventana abierta para hacer un “show de funcionario honesto”, por lo que esta forma de denuncia ante los medios de comunicación, como tal, no puede considerarse, por sí sola, como un acto positivo, ya que se puede prestar como una oportunidad para negociar con los denunciados. No basta con hacer las denuncias públicas. Está bien hacerlas, pero no puede quedarse allí.

Con el objeto de que la denuncia sea efectiva y que su gestión sea llevada de manera diáfana, se debe aplicar una política de transparencia abierta al público la cual permitirá que se le dé seguimiento a dicha denuncia.

Con lo anterior me refiero a que el órgano ejecutivo del actual gobierno debe crear un sitio o página web- similar al sistema que se está implementado en el órgano legislativo de países de avanzada y que persiguen una sólida institucionalidad como Chile y España-en donde el ciudadano tenga acceso a cada denuncia de corrupción o de delito contra la administración que se ha hecho pública; en dicha página web el servidor público responsable de hacer la denuncia formal ante la autoridad competente mostrará que ha tomado todos los pasos que le corresponde en su haber para esclarecer el supuesto acto de corrupción u otro delito contra la administración pública; este seguimiento y dinámica demostrará que la denuncia pública no es una presión al denunciado por parte del denunciante para negociar por la vía del chantaje y de la extorsión.

La aplicación de la transparencia en las denuncias permitirá que el funcionario denunciante demuestre que no es corrupto, al ser transparente ante la ciudadanía en el proceso de la denuncia.   Con esta transparencia, la opinión pública ejercerá una mayor presión sobre los funcionarios del órgano ejecutivo y del judicial, fiscalizando la gestión de estos, y posibilitará que el ciudadano haga su evaluación de las actuaciones.

De lograrse la correcta aplicación de la transparencia, los ciudadanos podremos escoger durante el período electoral a los funcionarios de probada probidad, lo cual sería un valioso instrumento en miras de alcanzar una verdadera democracia: Sr. Presidente, esto sería un verdadero cambio.

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Publicado el 24 de octubre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

La verdadera solución

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La verdadera solución

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David A. Robles Benítez
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Quiero felicitar al Presidente de la República por su ímpetu y deseos de servir a su patria. Esperamos que continúe así por el bien de todos. Los que buscamos el bienestar del país, por encima de todo interés mezquino, no seremos un obstáculo con una falsa oposición a las buenas acciones.

El gobierno del cambio planea implementar una serie de medidas represivas como eje central para combatir delincuencia juvenil, y dentro de las acciones de represión que se han mencionado están: el aumento de penas a los menores infractores, dotar de un mejor armamento a la policía, mejorar el salario a la policía y la construcción de más infraestructura carcelaria para delincuentes. Es decir, se han puesto en marcha acciones de represión contra los que están sitiando las calles delinquiendo. Ante este panorama bélico y de batalla campal en el que estamos sumidos, me hago la siguiente pregunta: ¿resolverán estas medidas, en las que se gastará una parte de los recursos estatales, el problema de la delincuencia juvenil?

Resultarían insuficientes estas medidas y, hasta cierto punto, inalcanzable la seguridad que todos deseamos, si solo se aborda el problema por los ramales y no desde la raíz. Para ser realmente efectivos en el combate a la delincuencia juvenil, las autoridades y la sociedad en su conjunto deben enfocarse en contrarrestar también las causas que originan este problema.

Esto es, porque las medidas de represión solo actúan contra los que están delinquiendo y no sobre la gran masa de los que se están formando. Los que están delinquiendo son solamente “la punta del iceberg”. Y lo que es peor, el fenómeno de la delincuencia se incrementa con el tiempo.

La aplicación de una política integral que incluya la prevención para combatir la delincuencia la han respaldado grandes juristas y autoridades expertas en el tema, como la procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez. Además, organismos internacionales como la Unicef señalan que los gobiernos y la sociedad deben velar por preservar la integridad de la familia, como medio efectivo para prevenir la delincuencia juvenil. Es la sociedad la que tiene el deber de ayudar a la familia a cuidar y proteger al niño en su crecimiento y asegurar su bienestar físico y mental. Y es el Estado el que tiene que marcar las pautas para custodiar los intereses de la familia panameña y, por ende, del país.

El Gobierno, difícilmente, podrá cambiar a las familias que ya tienen serios problemas de desintegración o a los jóvenes que presentan serios problemas de comportamiento; pero, lo que sí puede hacer el Gobierno -porque sí está en su poder- es crear el medio adecuado, propiciando los mecanismos y creando las condiciones -con la aplicación de medidas concretas- que garanticen que la familia como célula básica de la sociedad se desarrolle saludablemente.

Como lo expuso el ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino, el tema de delincuencia juvenil es muy complejo, al sostener que: “…está relacionado con problemas que van desde los familiares hasta los relacionados con la deserción escolar…”.

Pero si hacemos un análisis profundo del problema, encontraremos que en esencia este se debe a: 1- Falta de equidad, que crea marginación y pobreza. 2- La promoción y exaltación de antivalores, vicios, sexo y violencia.

En otras palabras, aquellos que no cuentan con recursos viven en condiciones infrahumanas, no tienen acceso a un trabajo digno y a una educación sólida; sumado a ello, tienen una exposición temprana a formas que desvirtúan las normas o reglas de comportamiento correctas en la sociedad, en las que se exalta y promocionan conductas negativas como si fueran positivas. Podrían enrumbarse a formas ilegítimas e ilícitas para alcanzar las metas que reconocen las sociedades como exitosas; son tierra fértil para la delincuencia.

El Gobierno debe dar prioridad a medidas de prevención: elaboración de programas que trabajen con jóvenes en riesgo o en lugares marginados por la pobreza; políticas generadoras de empleos bien remunerados y el acceso a la educación de calidad que evite la deserción escolar. Además, es necesario que se regulen los programas con un alto contenido violento y sexual. Con la gran difusión de programas chabacanos y violentos en la radio y la televisión, no podemos esperar que la juventud actúe responsablemente. Si queremos un cambio, todos tenemos que aportar, incluso los medios de comunicación.

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Publicado el 20 de junio de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, al igual que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Para aliviar la congestión vehicular

Para aliviar la congestión vehicular
David A. Robles Benítez
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La problemática por la que actualmente atravesamos con los tranques vehiculares que se forman a todas horas en la ciudad capital ha llegado a límites intolerables. El continuo aumento de la población en el área metropolitana y la creciente necesidad de transporte, empeorarán el panorama de caos ya existente. Es por ello que resolver la problemática vial debe ser una prioridad del nuevo gobierno, considerando que las prioridades de un gobierno se definen a partir de las necesidades de la mayoría.

En las presentes circunstancias, la construcción de un medio de transporte masivo como el metro, prometido por Ricardo Martinelli, es un asunto impostergable que aminoraría el tranque vehicular.

En metrópolis como Tokio, Berlín, Sao Paulo, Buenos Aires, Madrid y Santo Domingo se utiliza exitosamente el metro como parte complementaria del sistema de transporte público. Un ejemplo de la eficacia de este medio de transporte, que consiste de un tren subterráneo o al aire libre y que es impulsado por un motor eléctrico, es el de Madrid (que puedo atestiguar, se caracteriza por su rapidez operativa, innovación tecnológica y costo razonable del pasaje).

Son muchas las ventajas que ofrecería la construcción de un metro de buena calidad en nuestra capital. La principal es que reduciría la saturación en las principales arterias y vías de acceso de la urbe, al darle una alternativa de transporte al gran número de personas que actualmente utilizan medios de desplazamiento como el bus y el automóvil.

Otra de las ventajas es que su recorrido es rápido; esto se debe a que las líneas o rutas no se interceptan entre sí, porque se encuentran en distintos planos. El metro solo hace paradas para el abordaje o descenso de pasajeros y cuenta con múltiples accesos. Su trayecto está exento de atascos –tiene una vía libre en la que él solo transita– y lo hace de una forma más silenciosa que el motor de combustión.

Otro punto importante es el significativo ahorro que debe repercutir en los usuarios del metro producto del bajo consumo energético de este medio de transporte. Esto es porque el metro, que circula con motores eléctricos, puede alcanzar una eficiencia arriba del 85% en comparación con la eficiencia promedio del 25% en los carros y buses de combustión interna. Por el altísimo precio del combustible, estamos hablando de un cuantioso ahorro de dinero.

Es lamentable que el recurso económico del país y de los individuos se esté dilapidando de forma exorbitante en el renglón del combustible; dinero que bien podría destinarse para sufragar artículos y productos de primera necesidad, que son producidos en el país y cuya compra ayudaría a impulsar la economía nacional, tales como el alimento y el vestido.

Adicional a lo mencionado, la construcción de un metro en nuestro país sería un gran respiro para nuestro medio ambiente. Gran parte de la contaminación de las ciudades más pobladas se debe a la producida por los vehículos de motores de combustión interna. Con los motores eléctricos utilizados en el sistema de metro, se eliminan las emisiones de gases contaminantes, reduciendo en gran proporción el efecto invernadero generado por dichos gases.

El tema del financiamiento no debe ser un problema. Si el gobierno saliente del PRD pudo invertir 189 millones en una cinta costera de 3.5 kilómetros de longitud, cuya gran parte cumple con una función de atractivo turístico, y que no representa una solución vial de gran trascendencia, estamos seguros que el gobierno entrante del Sr. Martinelli podrá conseguir los fondos necesarios para cumplir con la obra del metro que sí es imprescindible y que nos beneficiaría a todos.

También creo relevante indicar que el sistema de metro debe ser estatal, ya que cuando los medios de transporte son de carácter privado el fin principal es el lucro, en detrimento del de brindar un servicio de calidad a los usuarios. Este es uno de los problemas que estamos enfrentando con los transportes públicos de tipo privado y que se refleja en el paupérrimo servicio que ofrecen los “diablos rojos”.

El transporte público debe ser un instrumento para impulsar el progreso del país, y no convertirse en un impedimento para alcanzar dicho progreso, o ser una forma de estancamiento.

Por estas múltiples razones que justifican la construcción del metro y cuyos beneficios repercutirán positivamente en la calidad de vida de todos losciudadanos del país, espero Sr. Martinelli, que como un verdadero estadista cumpla con esta promesa de campaña reconociendo en ella un instrumento esencial para el desarrollo del país y en pro del bien común.

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Publicado el 20 de de junio en el diario La Prensa, a que le damos todo el crédito que le corresponde.