Un solo país, un solo equipo

 La opinión del Banquero:

Rolando de León de Alba

En el argot deportivo se diría “todos somos la marea roja”. Y así se ha comportado el país, como un gran equipo que ha salido a dejar el nombre de Panamá en el sitial que se merece.

Es justo felicitar a todos los panameños que han hecho su esfuerzo por garantizar la transparencia en nuestro país luego de las informaciones emanadas por un grupo especial de periodistas investigativos en las que se involucró el nombre del istmo. Empezando por los cibernautas, que se han hecho sentir con opiniones claras y posturas correctas, pasando por los ministerios de Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas, Presidencia, la Superintendencia de Bancos, los miembros del comité independiente de expertos que están evaluando las prácticas del sistema financiero de Panamá, hasta llegar a las altas autoridades estatales y del sector privado.

Se suman a este esfuerzo los medios y empresas de comunicación, diversas compañías que han generado campañas digitales innovadoras, así como estrategias publicitarias para que juntos “mantengamos viva y bella, la más increíble obra de arte… Panamá”, como dice el eslogan de nuestra campaña ambiental.

Es necesario destacar la labor realizada por el sector financiero del país al lograr la aprobación de la Ley 23 del 27 de abril de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Esta norma jurídica se logró gracias a que los diputados depusieron sus intereses políticos y se vistieron con la camisa de Panamá para poder salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional, en la que fuimos incluidos el 30 de junio de 2014. Desde su primer día, la actual administración gubernamental se tomó esta tarea muy en serio y logró la aprobación de esta ley con el apoyo del sector privado y político.

Hoy tenemos otro reto y es salir juntos, como país, de la lista francesa de estados y territorios no cooperativos en materia fiscal, cumpliendo con todos los requerimientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Ya se dan los primeros y vitales pasos, sin que se haya visto afectado el buen desempeño de la economía nacional, que es ejemplo de la región, evitando siempre que se utilice la plataforma financiera de Panamá para fines ilegales.

Como banquero, que he servido a mi país en múltiples facetas, tengo que reconocer que vivimos un momento histórico en el que todos a una sola voz decimos que el éxito económico de Panamá va más allá de la creación de sociedades que puedan ser utilizadas para evadir el pago de impuestos. Pertenecemos a un país comprometido con la transparencia financiera, con un crecimiento anual por encima del 6% y que juntos estamos saliendo de esta situación que nos hará más fuertes para seguir brindando nuestra plataforma financiera, más solidificada que nunca, al mundo.

Vale la pena destacar que agrupaciones como la Asociación Bancaria y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá ponen todo su empeño para apoyar cada una de las iniciativas que se desarrollan en beneficio de la transparencia de la nación. Unidos le estamos dando ejemplo al mundo de cómo podemos convertir una situación conflictiva en una oportunidad de mejora que le concederá a nuestro país un mejor futuro en materia económica y social. Por ejemplo, ya Panamá anunció, a través de sus altas autoridades que se uniría, en 2018, a la iniciativa de la OCDE para el intercambio automático de información fiscal, enmarcado en la creación de estándares internacionales comunes para compartir estos datos.

Así como inicié este artículo deseo culminar. En este momento estamos todos en la cancha como la gran “marea roja” que somos, con nuestra camiseta de Panamá bien puesta, como exhorta el arzobispo metropolitano de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, y dispuestos a decir, con gallardía, “alcanzamos por fin la victoria en el campo feliz de la unión”.

<> Artículo publicado el 30  de mayo  de 2016  en el diario La Prensa,  a quienes damos,   lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
Anuncios

Ni pena ni vergüenza

*

La opinión del Abogado …

Alberto E. Fadul N.

En el país de la más curiosa y contundente capacidad de golpearnos el pecho, hablando de nuestra gran democracia. Donde hace ya muchísimos años no creemos en las críticas que, a voz caliente, solo buscan defender intereses propios o personas.

Donde el silencio a gritos, de sectores organizados, es para proteger al gobierno de turno. Donde los ignorantes o los vivarachos, escoja usted, manifiestan que no es necesario ni pertinente reformar nuestra Carta Magna.

Donde se comenta, hoy, la posibilidad de añadir una sala quinta a la Corte Suprema de Justicia, para atender asuntos de garantías constitucionales, lo cual no requiere reforma Constitucional, o de crear un tribunal constitucional con aspiraciones mayormente estructuradas que si requeriría reforma constitucional.

No nos deja de preocupar, la repentina velocidad de tales aspiraciones ya que no tienen, por si solas, una urgente relevancia.

Apreciados lectores, consejo, ni la una ni la otra. Lo que hay que hacer primero, es llamar a una amplia consulta nacional para reformar, integralmente, nuestra constitución; un documento excesivamente programático, repleto de desastres jurídicos al que con fines, meramente clientelistas, le queremos agregar, ahora también e innecesariamente, los 100 para los 70, ya regulado vía ley, que ningún partido se atrevería a modificar en sentido negativo, pues le caería el peso del castigo político.

La constitución no es un documento para la protección clientelista de nadie. Es, realmente, uno de orientación en materia legislativa, es decir, ninguna ley debe violar un precepto constitucional o estar por encima de éstos.

En un país, históricamente, carente de transparencia gubernamental, con un Órgano Judicial de dudosa capacidad en el despacho de sus deberes, al que antes de, se desea incorporar tres nuevos magistrados y suplentes, bajo el amparo del mecanismo más ineficiente para su selección y nombramiento, nos dejaría verdaderamente desamparados.

Señor Presidente de la República, deje estas cosas a un lado.   Su plataforma de cambio, requiere más peso en el Órgano Judicial, vía una Constitución jurídicamente sostenible, dentro de una democracia real lo cual la actual, no lo es.

La modificación constitucional forma parte de sus promesas de campaña. Estoy seguro que con la asistencia de la Sociedad Civil, más si es mediante solicitud suya, se le haría un gran favor al país.

*
<>Artículo publicado el 23  de enero de 2011    en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

La obligación de ser transparente

Bitácora del presidente  – La opinión del Abogado,  Empresario y actual presidente de los diarios La Estrella de Panamá y el Diario el Siglo…

EBRAHIM  ASVAT
easvat@elsiglo.com

Wikileaks es una revolución de la información. A pesar de los argumentos conservadores de muchos analistas sobre el valor de los cables del Departamento de Estado y el peligro que encierra la divulgación de las opiniones personales de políticos y diplomáticos sobre política exterior hay paradigmas que se derrumban frente a tanta información confidencial revelada. Hay una realidad. Wikileaks permitirá a los ciudadanos independientemente del cargo que ostentan a revelar secretos cuando su conciencia entra en conflicto con decisiones políticas. O cuando las decisiones empresariales o financieras no sean conforme a los estándares éticos o morales.

 

La última revelación de Wikileaks serán las cuentas bancarias de personalidades políticas en el banco suizo Julius Baer. Todo esto es una fiesta para la ciudadanía. Los corruptos no tendrán en el futuro espacio para esconder sus dineros mal habidos. Los políticos no podrán mentirles a los ciudadanos sobre la verdad de sus intenciones. Un mundo donde gran parte de lo que hoy denominamos secreto o intimidad especialmente en lo que concierne a la vida pública y la vida financiera será materia de conocimiento público. Estamos experimentando apenas un comienzo de lo que vendrá en los próximos 20 años en materia de transparencia pública.

 

En Túnez, país ubicado en el norte de África, los cables diplomáticos revelados por Wikileaks sobre el nivel de corrupción del Presidente y su familia lograron generar disturbios públicos que provocaron la caída del gobierno. Un gobernante totalitario se tambaleó frente a un evento fuera de su control.

 

Hoy en día, ningún gobernante puede contar con el silencio de los inocentes. Esa capacidad para hacer lo que a bien le parezca y esperar la tolerancia popular es ilusoria.

 

La revolución de la información ha sufrido una transformación. Lo reservado se ha convertido en público. Cualquier ciudadano tiene la capacidad de hacerle llegar a millones de personas en forma gratuita información valiosa que puede hacer tambalear gobiernos, cambiar la dirección de un país y revelar ilicitudes.

 

Mientras más personas se atrevan a denunciar a través de los nuevos canales de información por Internet no hay necesidad de conocer periodistas, esperar que la prensa escrita los publique ni someterse a la censura o el auto censura.

 

El mundo a cambiado los tontos que piensan que controlando medios, avasallando a su población o persiguiendo a los opositores evitarán que se revelen sus pecadillos se equivocan. Se lo debemos a Wi kileaks quizás hoy en día más relevante que las redes sociales de Facebook o Twitter.

 

*

<> Artículo publicado el 19  de enero de 2011  en el diario  El Siglo, a quienes damos,   lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Es necesario cambiar de actitud

La opinión del Periodista…

EUCLIDES  M.  CORRO.  R
emacor@cwpanama.net

La gran mayoría de los panameños, más allá de una campaña electoral, abogamos por un cambio real. No se trata de la promesa de un grupo político, sino de un reclamo que por mucho tiempo se está reclamando como un compromiso que nos permita superar las deficiencias que no nos dejan avanzar como nación dispuesta a transitar por derecho propio en el nuevo milenio.

Probablemente lo primero que tenemos que hacer en esa dirección es modificar nuestra actitud y comenzar a entender que muchas cosas no se transforman por combustión espontánea, sino porque los individuos reconocen sus limitaciones y las de su entorno, y de allí en adelante inician un proceso de cambios.

Igual ocurre con los gobiernos. No recuerdo ninguno que no nos haya prometido cambiar las cosas para bien de los ciudadanos, pero al poco tiempo se olvidan de sus ofertas electorales para mostrar su verdadero rostro. Estoy convencido que es un error pensar que los problemas sociales se resuelven con dádivas. Ya está demostrado que lo regalado, como no nos cuesta, simplemente ni lo agradecemos ni le damos el mejor uso.

No estoy diciendo que estos programas de ayuda social no son importantes, sino que deben ser promovidos en otra forma, protegiendo la dignidad del que recibe y la única forma es que sienta que se está ganando con su esfuerzo la ayuda que le entrega el Estado.

De sobra entiendo que los gobiernos, al menos la mayoría, tienen la mejor intención; sin embargo, al final de camino no resuelven porque en vez de involucrar a los individuos en la acción, simplemente les damos el papel de espectadores. Recuerdo en los inicios del proceso revolucionario de Omar Torrijos Herrera cuando se implementó el programa ‘Yunta pueblo-gobierno’.

Su intención era la de resolver problemas primarios en cada comunidad. El gobierno facilitaba la técnica y los fondos económicos, pero la comunidad doblaba el lomo en la construcción o realización de cada proyecto. Así, se repararon caminos, se construyeron acueductos, se hicieron centros de salud, escuelas, pozos de agua, letrinas, etc.

Hubo críticas, pero al final del camino todos esos proyectos no solo se convertían en una realidad, sino que la comunidad, como quiera que les costó su esfuerzo físico, cuidaban que las obras no fueran destruidas, y por el contrario, le brindaban mantenimiento. Y esto, como quisiera verse, era positivo.

Es tan solo un ejemplo de lo que se puede hacer para cambiar la actitud de la gente. Hoy día las exigencias son otras tal vez, pero se requiere que todos entendamos que solo a través de un sistema educativo de primer mundo, en el que participe el gobierno, la familia y los educadores, podremos cumplir las metas que el nuevo milenio requiere.

Hay que apostar a la urgencia de modernizar la educación. Que todos entendamos que si no le ponemos ganas a esto, por gusto será la inversión de muchos millones de balboas. Hace un par de días el presidente Ricardo Martinelli dijo en el marco del inicio de un nuevo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional, que muy pronto cada estudiante y cada profesor tendrá una computadora para su uso.

¿Es esto suficiente? Claro que no. Reitero: hay que modificar la actitud, que se entienda que se trata de una herramienta de trabajo que será útil en la medida que estemos convencidos de ello. De lo contrario, será un simple juguete puesto en las manos equivocadas.

También el país requiere para alcanzar un cambio tangible, fortalecer la institucionalidad democrática. Entender que cada órgano del Estado tiene su área de acción y que por ende, tienen responsabilidades definitivas. Ceder las mismas a otro de los órganos es un delito de omisión o comisión que tarde o temprano tendrán que pagar.

Como tercer punto en esa escala de cambios, se requiere de una política estatal transparente, en la que se entienda que ‘la mujer del César no sólo debe ser honesta, sino parecerlo también’. Pienso que en la medida que nos ‘saltemos’ los mecanismos de probidad y de garantía para evitar los abusos, igual estaremos retrocediendo en la percepción de honestidad que la comunidad exige a sus gobernantes.

Finalmente, en una mezcla de todo lo anterior, se impone la modernización del servicio público, como una fórmula para superar el clientelismo electoral que se produce cada cinco años.

Este artículo se publicó el 18 de enero de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

El Idaan, un pozo sin fondo

La opinión de…

 

Marcos A. Mora

Después de unas vacaciones que me auto impuse en la tarea de escribir, vuelvo a la batalla de las letras, con nuevos y renovados bríos.

A raíz de un daño en una válvula a la salida de la planta potabilizadora Federico Guardia, de Chilibre, preparé un artículo en el que decíamos que si de urgencia notoria se requería atender algo, era la mencionada instalación, dado que era inadmisible que en tan corto lapso de haber recibido la obra de ampliación de la misma, que no era más que una clonación de la planta existente, con el objetivo fundamental de duplicar la producción que se generaba en ella, ésta estuviese dando signos de deficiencia operativa.

Solicitábamos que las autoridades nacionales, del propio Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), con la colaboración de agrupaciones profesionales, investigasen qué había detrás del contrato para las mejoras de la planta existente y del nuevo módulo.   El contratista, si no me equivoco, ya que es lo normal en estos casos, tenía el compromiso de suministrar un inventario de reserva de las válvulas y elementos fundamentales para la operación rutinaria de esta y para atender las consabidas y esperadas emergencias.

Nadie de los arriba anotados dijo “esta boca es mía” y el día 3 de enero, prácticamente toda la ciudad de Panamá amaneció y se durmió sin el vital líquido.   Al momento en que escribo, aún no tenemos señales de la llegada del líquido vital.

Tengo entendido que las diferencias entre el Idaan y el contratista se dilucidaron mediante un arbitraje, del cual la ciudadanía no tuvo conocimiento. En el tema de las inversiones públicas, quienes pagamos las obras con nuestros impuestos somos los que más desconocemos de las interioridades de estas, porque los políticos asumen que ellos deben decidir todo, aun sea jugando con la vida y salud de toda la comunidad.

Al Idaan se le han invertido varios cientos de millones de dólares, tanto en la planta, en la ampliación de la red y en su balance hidráulico, en el catastro de usuario y en la parte tecnológica y sería interesante saber cuál o cuáles de ellas están rindiendo su cometido a cabalidad. El director ejecutivo ha tenido que salir a contratar servicios que en épocas anteriores se hacían con los valiosos recursos humanos existentes en la propia institución, muchos de los cuales se malearon cuando los políticos comenzaron a meter gente nueva y desconocedora de la labor, con salarios más elevados que los que ejecutaban y sabían el trabajo.

El tener que recurrir, por unos dosificadores, a una empresa similar de agua de la hermana República de Costa Rica y de la Autoridad del Canal de Panamá no solo deja una mala imagen de planificación institucional y del país, sino que demuestra que algo no está bien en la reciente contratación de la planta.   La parte de la población de la capital atendida por la planta potabilizadora de Miraflores en ningún momento, de lo cual tengo juicio, ha sufrido de situaciones como las ocurridas en el Idaan y, por lo que conozco, esta no es operada por “suizos”,   sino por iguales panameñitos vida mía. Esto demuestra que sí podemos hacer las cosas bien si nos lo proponemos.

En el tema del agua potable hay que jugar con transparencia y cuidado, ya que podemos desencadenar daños incalculables e irreversibles. En este gobierno de empresarios, que en todo quieren ver negocio, olvídense que esa institución se debe privatizar; lo que se requiere es que opere como la Autoridad del Canal, con independencia financiera y administrativa y procurando dotarla de personal verdaderamente capaz y bien pagado, pero alejado del padrinazgo político, porque, definitivamente, la población no aguanta nuevos incrementos de costos para financiar una reducida élite de allegados al poder.   No debemos propiciar ni crear nuevas “autoridades” que no sean las del ejemplo.

<>
Este artículo se publicó el 6  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

La importancia de las compras públicas en el desarrollo nacional

La opinión del Abogado, Mediador,  Consultor…

Jorge Aguirre Leason 

jaguirrel2000@yahoo.com
Nuestro país y en especial todos sus gobernantes necesitan comprender que una de las estrategias para el siglo XXI es elevar la posición competitiva del estado ante el resto de las naciones y mejorar la calidad de los servicios del gobierno c omo instrumento promotor del desarrollo nacional.

Las normativas jurídicas vigentes referentes a contrataciones públicas promueven la transparencia y él apoyo de procesos más eficientes que permiten la utilización de las facilidades de la tecnología y la gestión eficaz de compras publicas a través de Internet.

La coordinación con la Contraloría General de la República permite implementar la modernización de los procesos del Estado que tienen que ver con las finanzas gubernamentales, fortaleciendo los procesos de fiscalización y auditoria, con control y ejecución de las políticas de reducción de gastos.

Es de vital importancia continuar avanzando para que el proceso de compras públicas sea eficaz, eficiente, transparente y tecnológicamente accesible para todos los usuarios, promover que los funcionarios de la administración gubernamental, involucrados en los procesos de compras, realicen los procedimientos de compras y desarrollen licitaciones con apego a la Ley 22 de 2006 de contrataciones públicas y su correcta aplicación en la adquisición de bienes y servicios en beneficio del Estado.

La finalidad de garantizar que las entidades obtengan bienes, servicios y obras de la calidad requerida, en forma oportuna y a precios o costos adecuados establece las consecuencias significativas para el desarrollo nacional, fortalece al sector privado, articula la creación de nuevos puestos de trabajo y puede asimismo constituir un importante instrumento de mejor distribución de riquezas.

Las contrataciones públicas transparentes y eficientes tienen impacto en las condiciones de gobierno de los Estados y en la percepción que los ciudadanos tienen sobre su régimen de gobierno. La contratación pública no agota su finalidad en facilitar las transacciones.

Un proceso de contratación correcto contribuye a una sana competencia y concurrencia en el mercado, estimula la iniciativa privada y fomenta el desarrollo económico con equidad empresarial. A contrario sensu, una adjudicación amañada o una realización insatisfactoria, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en cada operación, atentan contra la competitividad y contra la igualdad de oportunidades, en la medida en que unos cuantos privilegiados se favorecen en perjuicio de innumerables oferentes de buena fe.

La contratación pública es un vehículo para generar confianza, transparencia y seguridad jurídica, ahorro en el gasto interno del estado, reducción de costos de transacción y creación de capital social; o, por el contrario, puede propiciar corrupción e ineficiencia, es decir, pérdida de legitimidad de las instituciones y, por tanto, desprestigio del Estado.

 

 

<>Artículo publicado el 31  de diciembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Eliminemos el Consejo Nacional Anticorrupción

La opinión del periodista y docente universitario…
GARRITT GENETEAU
ggeneteau@yahoo.es

Consideramos que ya existe una burocracia, a todas luces excesiva, inoperante y muy criticada por la opinión pública pensante, que a lo único que contribuye es a causar gastos al erario público.

Vamos a referirnos a la más ineficaz de estas instituciones: la que comanda el Zar Anticorrupción, Fernando Núñez Fábrega, más conocido por su popular apodo, que por la efectividad de sus funciones.

Podemos afirmar que el Consejo Nacional Anticorrupción, cuyo comandante (FNF) se encuentra huérfano de independencia para realizar a fondo investigaciones que pongan al descubierto aquellos delincuentes que atentan contra las propiedades del Estado, que contribuyan positivamente a que impere la transparencia en las actuaciones del funcionariado público, que está acostumbrado, salvo rarísimas excepciones, a ‘meter la mano’. También diríamos que el puesto exige muchas capacidades y la seriedad del caso.

Hace falta un freno para detener los peculados, el tráfico de influencias y otras ‘triquiñuelas’ que tanto retrasan el desarrollo de este país. Para lograr este cometido se requiere al frente del Consejo Nacional Anticorrupción, un funcionario con suficiente carácter, independencia y que no le tiemble la mano al señalar a los delincuentes de cuello blanco. Y lo decimos sin ambajes: Núñez Fábrega no reúne estas cualidades. Los que acostumbran violar la ley siguen en sus prácticas delincuenciales porque saben que los zares que han ocupado esos puestos responden directamente a los mandatos del Ejecutivo, desde que se creó la institución hace varios años.

Tenemos que aceptar que ‘Chito’ Montenegro, secretario del Frente Anticorrupción, realiza una mejor labor que Núñez Fábrega, independientemente de que no gana ningún caso, pero por lo menos presenta la denuncia.

Sugerimos que ante la inoperancia en que funciona este organismo estatal, el Órgano Ejecutivo y la Asamblea de Diputados deben proceder, a la mayor brevedad posible, a la eliminación de esa dependencia porque es indiferente ante el clamor popular que no encuentra respuestas por falta de decisiones y que hasta el momento no conocemos ningún caso que haya sido procesado y condenado por delitos cometidos. Se despilfarran dineros inútilmente del erario público.

En vez de seguir manteniendo estas instituciones inoperantes, se deben reforzar las acciones del Ministerio Público y la Contraloría General de la República. Independientemente que la Defensoría del Pueblo no funciona en estos momentos, se puede lograr un mejor resultado del que pueda dar el Consejo Nacional Anticorrupción.

 

*

<> Artículo publicado el 5 de enero de 2011  en el diario  El Siglo, a quienes damos,   lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.