El deber de participar

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La opinión de…

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Salvatore Bacile Ladaris –

Los panameños no podemos darnos el lujo de abstraernos de los eventos que suceden a diario a nuestro alrededor y que son una muestra de nuestra aún imperfecta democracia, ya sea por desidia, banderías políticas, desgane, desgaste, frustración con el sistema o, simplemente, porque nos parece que esos no son nuestros problemas, sino los del gobierno en turno.

No podemos ignorar y ser pasivos espectadores de injusticias, atropellos, violencia, ilegalidades, abuso de poder o, por otro lado, de las presiones que algunos gremios organizados ejercen sobre el Estado, que al final somos todos, con el único fin de postergar o aumentar sus propios privilegios en detrimento de nuestros ya socavados valores.

Nuestra indiferencia, en más de una ocasión, es la ciega cómplice de las injusticias y situaciones que posteriormente criticamos y de las cuales diariamente nos quejamos, o que por ignorar o considerar que no podemos cambiar, dejamos que sigan su curso, perdiendo de perspectiva el daño que directamente nos ocasionan.

Educadores, médicos, funcionarios administrativos y hasta jubilados son un ejemplo de estos grupos de presión que surgen a la palestra pública en forma cíclica y a manera de espiral cada cierto tiempo, reclamando con acciones de fuerza, paro de labores y cierres de calles lo mismo de siempre: mejoras salariales, pensiones privilegiadas o mejores condiciones de trabajo.

Sin embargo, me pregunto, ¿alguna vez hemos visto a estos mismos grupos defender con la misma beligerancia la necesidad de introducir en la educación una reforma curricular con la cual todos estemos de acuerdo y que contribuya efectivamente a preparar a nuestras futuras generaciones?

¿Hemos visto a estos grupos cerrar calles y rasgarse las vestiduras con la misma vehemencia por modernizar la salud en nuestro país y ofrecer una atención médica con calidez y humanidad? ¿Hemos visto los ciudadanos de este país que estos grupos efectivamente han contribuido a introducir los cambios que todos esperamos para hacer avanzar nuestro país, sacrificando sus intereses personales?

Si la respuesta común a estas preguntas es ¡no!, entonces me pregunto, ¿por qué cuando estos grupos se organizan para reclamar a la fuerza que todos paguemos más impuestos a fin de hacerle frente a sus reclamaciones no decimos nada, no reaccionamos y dejamos que sea el gobierno de turno el que responda y resuelva con los recursos del erario público, al fin y al cabo, con los recursos de todos los panameños?

Nuestro compromiso como ciudadanos no termina en las urnas al emitir nuestro voto, por el contrario, allí empieza el deber de involucrarnos activamente en el acontecer nacional, de emitir nuestros criterios y de apoyar, no importa el gobierno que sea, las decisiones que consideramos son las correctas.

Al Gobierno le otorgamos la autoridad, mas no el poder de tomar decisiones por nosotros, eso debe ganárselo. Los grupos de presión, aunque señalen ser representantes de la sociedad, no nos representan como colectividad, sino a ciertos grupos de interés.

Es necesario, entonces, para que este país sea diferente y crezca, que todos participemos y hagamos nuestras las decisiones de nuestro propio futuro. A ciencia cierta, el cambio que se requiere está en nosotros mismos.

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<> Este artículo se publicó el 19 de diciembre  de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Aumento a los pensionados

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La opinión de…

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Salvatore Bacile Ladaris

Hace unas semanas, reconociendo la legitimidad de la reclamación de los jubilados y pensionados por un aumento en el monto de sus pensiones, planteamos nuestra preocupación frente a la posibilidad de que este aumento saliera de los fondos que administra la Caja de Seguro Social (CSS).

Nuestra preocupación se fundamenta en los hechos que acontecen con respecto a las medidas que introdujo la Ley 51 de 2005 para mitigar el efecto del déficit de invalidez, vejez y muerte y que exponemos a continuación:

1. La creación del Fondo Fiduciario a favor de la CSS fue establecido por la Ley 51 de 2005. Este fondo está destinado a recibir 75 millones de dólares anuales de 2006 a 2009, 100 millones anuales de 2010 a 2012, y 140 millones anuales de 2013 a 2060; sin embargo, no ha podido producir los réditos esperados, debido a lo grave del déficit del riesgo de invalidez, vejez y muerte. Por el contrario, sus fondos se han utilizado en su totalidad desde el primer año de su constitución para enfrentar el déficit corriente que aún mantiene este riesgo.

2. La diversificación de las opciones de inversión de los fondos a fin de incrementar el rendimiento de tales reservas, con el consecuente ahorro que podamos producir con los dineros de dicho fondo de aquí en adelante. Desafortunadamente, la CSS no ha escapado a la crisis financiera internacional que aún mantiene los intereses en bajos históricos.

Adicionalmente, nuestro aún pequeño mercado de valores no ha podido suplir la demanda de instrumentos con los estándares requeridos por la institución. Finalmente, observamos el efecto negativo que ha producido la redención anticipada de 530 millones de dólares en bonos del Estado que la CSS tenía invertidos, los cuales le generaban réditos por encima del 8% anual y que hoy solo producen una octava parte de esos intereses como parte de la estrategia del actual Gobierno para la compra de los corredores norte y sur.

3. El traspaso temporal durante un máximo de 20 años del 2.5% que aportan en solidaridad los asegurados incluidos en el subsistema mixto cuyos salarios superan los 500 dólares mensuales, tal como lo señala el literal e, numeral 2 del artículo 154 de la Ley 51 de 2005.

Esta medida concebida como un “paracaídas” con el fin de salvaguardar las pensiones de las personas que se mantienen en el subsistema, exclusivamente de beneficio definido, aún no ha sido aprobada por su junta directiva, en espera quizás de los resultados del estudio que la junta técnica actuarial establecida en el artículo 217 de la Ley 51 debe entregarle a esa junta directiva todos los años.

Nuestra preocupación deriva en que hay decisiones pendientes de tomar en torno a los diferentes riesgos que administra la CSS, las que pareciesen no han sido debidamente entendidas por quienes hoy administran la institución. Esto puede comprometer aún más las pensiones futuras de quienes nos mantenemos en el subsistema, exclusivamente de beneficio definido, y contribuir a desvanecer el esfuerzo que con sacrificio se logró en un diálogo nacional para salvaguardar a nuestra primera institución de seguridad social.

<> Este artículo se publicó el 7 de octubre  de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,   lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

¿Check and balance?

La opinión del Jurista y Docente….

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Salvatore Bacile Ladaris –

Los acontecimientos acaecidos en este primer año de gobierno, los cuales parecen marcar la tónica de lo que nos depara hasta el 2014, han vuelto a poner en la palestra pública un tema harto discutido por catedráticos en ciencias políticas en todo el mundo desde el siglo XVIII. Me refiero al concepto de separación de los poderes o el “check and balance” anglosajón.

La idea de la separación de los poderes, compartida durante la ilustración por pensadores como Alexander Hamilton, John Locke, Jean-Jacques Rousseau y Montesquieu, influenciados por la “Política” de Platón, ve su consagración con la revolución francesa y la aprobación el 26 de agosto de 1789 de la Declaración de lo Derechos del Hombre y el Ciudadano, cuando en su artículo 16 se dispuso. “Toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución”.

Bajo este principio, las funciones legislativa, judicial y ejecutiva del Estado deben estar separadas, como poderes independientes, para que pueda establecerse un sistema de controles y equilibrios que limite las facultades del gobierno y proteja los derechos individuales.

El poder legislativo delibera y decide el contenido de las leyes generales. El poder judicial aplica las leyes generales a los casos particulares y el poder ejecutivo, aparte de hacer efectivas las decisiones de los otros dos poderes, maneja la administración general del país y atiende su bienestar general.

En la realidad contemporánea, estos tres poderes ciertamente suelen estar mucho menos separados de lo que teóricamente deberían y de alguna forma esto es comprensible, pero la pregunta surge entonces, ¿Dónde está el límite?

¿Estamos frente al nacimiento de una dictadura civil, donde todo el poder se concentrará en una sola persona? Y si esto es así ¿qué garantía tenemos los ciudadanos de este país, de que quien ostente tales facultades, no las utilizará en su provecho propio o para abusar de los individuos?

El camino iniciado por la actual administración, parece no ser el correcto y la sociedad panameña ya ha empezado a reclamar nuevamente, el respeto por sus instituciones jurídicas, que aunque imperfectas como toda obra del hombre, representan ese límite que no puede ser olímpicamente transgredido sin consecuencias. Por ello no es caprichoso que esta figura deba respetarse, considerando que es precisamente este principio el que más caracteriza al estado de derecho moderno.

Es importante recordar a Montesquieu cuando decía: “la libertad política de un ciudadano depende de la tranquilidad de espíritu que nace de la opinión que tiene cada uno de su seguridad. Y para que exista la libertad es necesario que el Gobierno sea tal que ningún ciudadano pueda temer nada de otro”.

<> Artículo publicado el 22  de septiembre de 2010 en el diario El Panamá América, a quienes damos,    lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.

¿Quién paga el aumento a los jubilados?

La opinión de….

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Salvatore Bacile Ladaris

Al margen de cualquier consideración de tipo político y sin desconocer la validez y el derecho que tienen los actuales pensionados y jubilados, frente al alto nivel inflacionario al que nos vemos sometidos los ciudadanos de este país, de reclamar un aumento en el monto de sus prestaciones económicas, consideramos importante tener presente que el dinero con el que se financiarán tales incrementos, debe salir de algún lugar.

Para entender la forma como funcionan las pensiones y jubilaciones en nuestro país, es importante partir por diferenciar las unas de las otras.   Las pensiones son aquellas pagadas por la CSS a todos los pensionados de vejez o invalidez, con los fondos separados que maneja el riesgo de invalidez, vejez y muerte (IVM).   Las jubilaciones en cambio, son aquellas que paga el tesoro nacional en forma directa con los dineros del Estado.

En el caso de las pensiones por vejez e invalidez vigentes opera la solidaridad generacional e intergeneracional, de forma que somos los trabajadores que cotizamos quienes le estamos pagando las pensiones a los que están retirados.   Ni un solo centavo del dinero que aportamos en concepto de cuota junto con nuestros empleadores nos pertenece, sino que forman un fondo común con el que la CSS, en forma mensual, paga las pensiones.

Por su lado, las personas que están retiradas, cuando trabajaban y cotizaban, pagaron con sus cuotas la pensión a sus antecesores, mientras estuvieron vivos y hasta el día en que fallecieron; igual que como hacemos nosotros hoy.

Esta situación nos coloca en la posición de tener que decir algo, sobre todo si tomamos en consideración que precisamente gran parte de esta generación de trabajadores a la que se puede denominar “de transición” (entre el sistema existente antes de la Ley 51 de 2005, y el nuevo subsistema mixto de pensiones), algún día llegaremos a pensionarnos y cuando lo hagamos no habrá juventud que pague nuestras pensiones.

Decimos lo anterior, pues la generación que nos sucede, es decir nuestros hijos, ya habrán ingresado al nuevo subsistema mixto del riesgo de invalidez vejez y muerte creado con la Ley 51 de 2005,  que les garantizará un sistema diferente, sin las presiones financieras que enfrentamos quienes nos quedamos en el sistema de reparto o exclusivamente de beneficio definido como lo señala esta misma ley.

Parte de la fórmula para garantizar a los actuales trabajadores la disposición de fondos para nuestra pensión el día de nuestro retiro, son los ahorros que se puedan producir de aquí en adelante, por lo que debemos ser muy comedidos y cuidadosos en la forma como se habrán de distribuir dichos dineros entre los actuales pensionados, de forma que, de manera equitativa, todos podamos eventualmente recibir una pensión.

Esta reflexión nos debe llevar a concluir que cualquier incremento en el monto de las pensiones y jubilaciones por parte del fondo de invalidez, vejez y muerte de la CSS, tendrá un efecto significativo en nuestras pensiones futuras, como algunos personeros de la actual administración de la Caja lo han reconocido.

Este es un tema que no puede tomarse a la ligera, ni depender de promesas electorales que no han sido analizadas desde la perspectiva financiera y de su impacto, pues al final, la generación que se encuentra trabajando, será quien deberá enfrentar las consecuencias de esta decisión.

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Artículo publicado el 30 de agosto de 2010 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

El problema de la CSS

La opinión de…..

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Salvatore Bacile Ladráis
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El problema de la CSS

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Todos escuchamos, al día siguiente de haber sido elegido presidente de la República, al Lic. Ricardo Martinelli conminar a la junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) para que en un término perentorio de 30 días, se proveyera una solución definitiva al tema de la espera para obtener citas médicas en las instalaciones de salud de esta entidad.

Las expresiones del señor Presidente provocaron reacciones variadas en la sociedad panameña, percibiéndose lo que parece ser una aceptación generalizada de este llamado público.

Con independencia del rol que tiene legalmente la junta directiva de la CSS, no deja de extrañar cómo, en forma casi inmediata, frente a las declaraciones del señor Presidente, los gremios de funcionarios administrativos de esta institución levantaron su voz de protesta, y argumentaron a su favor el tradicional refugio en la autonomía de la institución.

Por otro lado, observamos al gremio médico reaccionar, también, pero con una visión diferente a la de sus cogremialistas administrativos.   La posición de los médicos fue la de aplaudir la expresión del primer mandatario, manifestando el compromiso de la clase médica de apoyar el cambio, en la medida en que este no afecte sus derechos adquiridos.

Curioso es el hecho de que aunque el ultimátum lanzado aquella vez por el Presidente electo estaba dirigido a la máxima autoridad de la institución, las primeras reacciones y las más beligerantes vinieron precisamente de los gremios que representan a los funcionarios de la misma. “Si no la debes, no la temes”, dice un dicho.

En mi muy humilde opinión, y habiendo conocido la institución por dentro, considero que el principal problema de la CSS en este momento histórico, no deviene de la falta inmediata de recursos (aunque ciertamente este es un tema crucial); ni a la falta de un call center más grande para coordinar la expedición de citas médicas; ni a la falta de infraestructura (aunque es indudable que la capacidad instalada se ha visto rebasada por la demanda); ni siquiera a problemas “administrativos” como oímos repetir, una y otra vez, a quienes acostumbran mirar para el otro lado, ignorando el problema que se cierne frente a sus narices, con el fin de evitar afectar intereses.

El problema de la CSS, por el contrario, en mi humilde opinión, radica en su gente.

Hay dentro de la institución colaboradores comprometidos con su trabajo que coadyuvan, ingentemente en la medida de sus posibilidades, a proveer soluciones; no por fidelidad a una determinada administración sino motivados por un auténtica preocupación por la población a la que están llamados a servir.

Por otro lado, hay servidores que no comparten ese mismo compromiso y desdicen mucho de la institución con sus actitudes y aptitudes equivocadas y groseras, amparados por un gremialismo feroz que se ha tomado la entidad y que diariamente compromete, con sus acciones desbordadas, anárquicas e irrespetuosas, la integridad y buen nombre del resto de sus compañeros de labores; ponen en riesgo la institucionalidad que representa la entidad que les proporciona un empleo remunerado, y más importante aun, afectan en forma intencional con sus paros y actos de fuerza a la población que además de pagar sus salarios, están llamados a servir.

Es indiscutible que a algunos parece no importarles la suerte de las personas a quienes se deben, en la medida en que el sistema les garantice un status quo, que solo puede verse modificado para producir aumentos salariales o mejores o mayores beneficios.

Este gremialismo que crece enquistado en las bases mismas de la institución ha arrasado no solo con el compromiso de aquellos buenos funcionarios que aún se mantienen preocupados por su trabajo, sino con esa mística que caracterizó esta entidad; contribuyendo a desmoralizar el sentimiento de pertenencia institucional.

El nuevo director de la CSS tiene muchos retos, pero el principal es el de sanear la institución de esos malos funcionarios, de rescatar los valores institucionales, de recuperar esa “mística” de trabajo que caracterizó a una CSS de otrora en la que enardecía el sentimiento de complacencia por la labor cumplida con calidez y candidez, permeando a todos los colaboradores eficientes de ese sentimiento de orgullo de ser una pieza importante del engranaje de este organismo que provee servicios sociales.

Esperemos que el nuevo y recién elegido director pueda lograr este objetivo, pues de lo contrario no importa qué tan buenas intenciones tenga, qué tan buena tecnología pueda incorporar; o qué tantas nuevas instalaciones pueda construir; si la gente que hace la Caja de Seguro Social no se compromete realmente con esos cambios.

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Publicado el 26 de septiembre de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

CSS, un tema de Estado vigente

CSS, un tema de Estado vigente
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Salvatore Bacile Ladaris – Abogado,  Educador, Escritor…
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Durante el período 2004-2009, hemos sido testigos de cómo las finanzas de la Caja de Seguro Social (CSS), institución que escasamente hace cinco años presentaba déficit corrientes en los tres riesgos que administra (Enfermedad y Maternidad; Invalidez, Vejez y Muerte; y Riesgos Profesionales), ha venido a repuntar su situación económica a raíz de la implementación de la Ley 51 de 27 de diciembre de 2005.

Así, hemos pasado de tener, pérdidas en esos tres riesgos al 31 de diciembre del 2004 por el orden de los 68 millones de balboas (los cuales venían aumentando cada año, con una proyección de colapso de IVM en el año 2014); a tener al 31 de diciembre de 2008, un superávit que sobrepasa los 150 millones de balboas.

Sin duda alguna, la decisión de reformar el sistema era impostergable, tomando en consideración que ya desde hace décadas se habían pronosticado de las adversidades que enfrentaría nuestro sistema de pensiones.

Las reformas realizadas, estructurales con la Ley 17 de 2005 y sistémicas con la Ley 51 de 2005, estuvieron enfocadas en proveer de sostenibilidad financiera al sistema de pensiones, específicamente al riesgo de Invalidez, Vejez y Muerte, produciendo al día de hoy una aparente estabilización.

Esta situación actual, que aún es limitada a pesar de los resultados halagüeños, sin duda alguna es el resultado de un conjunto de medidas y situaciones que han contribuido a este propósito.

Por un lado, la Ley 51 trajo consigo medidas que han representado un aumento en la efectividad de las recaudaciones, una disminución de la cartera morosa, una importante contención de los gastos de funcionamiento, un aumento de las cuotas, la incorporación de los independientes, entre otros.

Por otro lado, el crecimiento sin precedentes de la economía nacional de los últimos años, el incremento de los salarios, la reducción del desempleo y el aumento de la actividad productiva en general, que ha repercutido en ampliar la cobertura de la seguridad social panameña, llevándonos a tener a finales del 2008, más de 900,000 cotizantes activos, lo que representa tan sólo un incremento superior al 30% con respecto al 2004.

Sin embargo, la CSS no sólo es pensiones y en este tema no todo está escrito, habiendo aún muchos temas que repensar. De igual forma, hay también importantes asuntos y componentes relacionados con esta noble institución y su función social, que quedaron pendientes de ser abordados, como lo son, el sistema de salud y los riesgos profesionales.

Es necesario mantener el tema de la CSS en la agenda de Estado del nuevo presidente; no podemos permitir que la situación pasada vuelva a repetirse. La propia Ley 51 de 2005 provee de medidas suficientes a manera de alarmas que nos deben indicar cuándo debemos actuar. Como sociedad, debemos estar vigilantes por que el tema sea abordado con responsabilidad.

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Publicado el 9 de junio de 2009 en el diario El Panamá América