¡Hay que proteger las pensiones!

La opinión del Abogado,  Político independiente…


Juan Manuel Castulovich

“El mínimo de todo salario o sueldo es inembargable, salvo las obligaciones alimenticias en la forma que establezca la Ley”. Eso dice el Artículo 66 de la Constitución.   Por expresas disposiciones legales, sólo se puede comprometer, por descuento voluntario, hasta el 15% del excedente del salario mínimo; y, por decisión judicial, sólo puede secuestrarse, hasta el 20% del excedente del salario mínimo. En consecuencia, a ningún asalariado se le puede descontar, exceptuadas las pensiones alimenticias, más del 35%, del excedente del salario mínimo. 

Pero esa limitación, contra toda lógica, no se aplica a los pensionados. A éstos, se les descuentan, en algunos casos, la totalidad del monto de sus pensiones.   Incontables son los casos de pensionados que reciben sus cheques “decorados con estrellitas”, es decir, con nada por cobrar.   Y es también frecuente ver, en los sitios donde cobran los jubilados, a personas que, lista en mano, retiran para bancos y financieras los cheques de los jubilados y pensionados, comprometidos o cedidos por descuento voluntario o como resultado de embargos judiciales.

¿Por qué la protección constitucional y legal de los salarios no se aplica a las pensiones, cuando éstas, al igual que los salarios son el sustento de quienes las reciben? La Constitución y la Ley deben protegerlos por igual.   Los pensionados, al igual que los asalariados, dependen de esos ingresos para su subsistencia.

No conozco una estadística específica, pero no hay riesgo de incurrir en equivocación si se afirma que, como mínimo, el 80% de los jubilados y pensionados tienen comprometidas sus pensiones en un monto que excede los límites constitucionales y legales.

No faltará quien afirme, y muy especialmente quienes han otorgado los préstamos o los créditos comerciales, que a ninguno de los afectados se le obligó a comprometerse, por encima de esos límites.    Pero los acreedores, bancos y financieras, aparte de ser plenamente conscientes de que los pensionados han firmado compromisos en violación de los límites constitucionales y legales, se “las han ingeniado” para conseguir que se procesen esos descuentos.   Esas prácticas deben cesar de manera inmediata y todos los descuentos, que violan los límites constitucionales y legales deben anularse, ya sea que se trate de asalariados o de pensionados.

Ante la demanda de los jubilados que reclaman aumentos a sus pensiones, el gobierno ha respondido prometiéndolos para después desdecirse, con poses demagógicas como la de utilizar los subsidios electorales, que terminó en “cortina de humo” o con fórmulas que pondrían en grave riesgo el precario equilibrio actuarial de las reservas de Fondo de Pensiones de la Caja del Seguro Social.

En síntesis, se siguen dando manotazos al aire, mientras las pensiones, especialmente las más bajas, siguen desprotegidas y reducido prácticamente a cero su poder adquisitivo.

Para remediar esa situación, con efectos inmediatos, bastaría que de la presidencia de la República emanara una instrucción para que, comenzado por la Contraloría, todas las entidades públicas apliquen a las pensiones la misma protección que a los salarios y suspendan y reviertan todos los descuentos que excedan los límites constitucionales y legales. Por esa vía, rápida y simple, los pensionados recuperarían una buena parte del poder adquisitivo del que han sido ilegalmente despojados.

<>Artículo publicado el  7  de diciembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Ajustes en las pensiones, ¿qué hacer?

La opinión de…

JUAN RAMÓN MORALES

Hace como quince años propuse que se estableciera aparte del programa de vejez, invalidez y muerte una cuenta para garantizar los ajustes automáticos de las pensiones.   Han transcurrido tres lustro y ningún gobernante ha pensado en algo semejante.    Hoy nuevamente presento dicho proyecto, para que se estudie y consulte con los asegurados, pues tengo la seguridad del respaldo total. Las pensiones se reducen sin ningún incremento.

Las cuotas que pagamos los asegurados se deben incrementar en un 1% en una cuenta aparte, que se llamaría cuenta de ajustes automáticos en las pensiones. Y que se destinaría a dichos ajustes. El primero, por razones de la creación del fondo se debería dar al término de un año y sucesivos. Le corresponderá a los actuarios determinar si el 1% es suficiente, además de los aportes semillas que propongo.

Panamá es el único país en donde el jubilado o pensionado no recibe los ajustes automáticos. Crear el mecanismo como el que propongo es un imperativo.

Reforzando la tesis que presento, es oportuno agregar que el Gobierno Nacional tiene la obligación de hacer un aporte semilla y colateralmente, la Autoridad del Canal de Panamá debe hacer otro semejante.

El Canal de Panamá tiene una deuda social indeclinable con los panameños, el pueblo panameño puso los muertos en esa gran batalla, que a través de tantas generaciones lucharon porque el Canal llegara a su legítimo propietario.

La lucha se inició al nacimiento de la República con aquella Carta Sapientísima que redactara el Dr. Eusebio A. Morales, siguiendo las inolvidables luchas institutoras, y luego el valeroso rompimiento de relaciones con la nación norteña por parte de nuestro ilustre presidente don Roberto F. Chiari y por último, la estocada final que le diera Omar Torrijos, aunque aprovechando el momento en que por fortuna nuestra, la gran nación del Norte estaba arrodillada ante otras potencias mundiales y para bien de Panamá, Estados Unidos estaba gobernando por un buen hombre que quería pasar a la historia, haciéndole justicia a Panamá.

Sin embargo, aún sigue el baldón de la perpetuidad otorgada por Torrijos y que ensombreció nuestro futuro. Pero el pueblo panameño perdió con los tratados al desaparecer miles de puestos de trabajo. Así también se afirma el deber de la obra canalera con el aporte demandado.

La digresión que antecede es oportuna, en este momento, en que demando del Canal de Panamá el aporte del que es un derecho inalienable del pueblo panameño y un deber ineludible de esa obra canalera.

Es un derecho de los panameños que se dispongan los aportes del Gobierno Nacional como semilla cada dos años, por diez años y el aporte del Canal de Panamá y la dictación de la ley, creando el 1% adicional para hacer posible ajustes automáticos en las pensiones, salvaguardando las arcas de nuestra Caja de Seguro Social de las imprevisiones producto de las demandas justas de los jubilados y pensionados, pero que deben ser respaldadas como propongo.

Así son las cosas.

<>Artículo publicado el 13 de septiembre de 2010 en el diario La Estrella de Panamá a quienes damos,   lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.

¿Quién paga el aumento a los jubilados?

La opinión de….

Salvatore Bacile Ladaris

Al margen de cualquier consideración de tipo político y sin desconocer la validez y el derecho que tienen los actuales pensionados y jubilados, frente al alto nivel inflacionario al que nos vemos sometidos los ciudadanos de este país, de reclamar un aumento en el monto de sus prestaciones económicas, consideramos importante tener presente que el dinero con el que se financiarán tales incrementos, debe salir de algún lugar.

Para entender la forma como funcionan las pensiones y jubilaciones en nuestro país, es importante partir por diferenciar las unas de las otras.   Las pensiones son aquellas pagadas por la CSS a todos los pensionados de vejez o invalidez, con los fondos separados que maneja el riesgo de invalidez, vejez y muerte (IVM).   Las jubilaciones en cambio, son aquellas que paga el tesoro nacional en forma directa con los dineros del Estado.

En el caso de las pensiones por vejez e invalidez vigentes opera la solidaridad generacional e intergeneracional, de forma que somos los trabajadores que cotizamos quienes le estamos pagando las pensiones a los que están retirados.   Ni un solo centavo del dinero que aportamos en concepto de cuota junto con nuestros empleadores nos pertenece, sino que forman un fondo común con el que la CSS, en forma mensual, paga las pensiones.

Por su lado, las personas que están retiradas, cuando trabajaban y cotizaban, pagaron con sus cuotas la pensión a sus antecesores, mientras estuvieron vivos y hasta el día en que fallecieron; igual que como hacemos nosotros hoy.

Esta situación nos coloca en la posición de tener que decir algo, sobre todo si tomamos en consideración que precisamente gran parte de esta generación de trabajadores a la que se puede denominar “de transición” (entre el sistema existente antes de la Ley 51 de 2005, y el nuevo subsistema mixto de pensiones), algún día llegaremos a pensionarnos y cuando lo hagamos no habrá juventud que pague nuestras pensiones.

Decimos lo anterior, pues la generación que nos sucede, es decir nuestros hijos, ya habrán ingresado al nuevo subsistema mixto del riesgo de invalidez vejez y muerte creado con la Ley 51 de 2005,  que les garantizará un sistema diferente, sin las presiones financieras que enfrentamos quienes nos quedamos en el sistema de reparto o exclusivamente de beneficio definido como lo señala esta misma ley.

Parte de la fórmula para garantizar a los actuales trabajadores la disposición de fondos para nuestra pensión el día de nuestro retiro, son los ahorros que se puedan producir de aquí en adelante, por lo que debemos ser muy comedidos y cuidadosos en la forma como se habrán de distribuir dichos dineros entre los actuales pensionados, de forma que, de manera equitativa, todos podamos eventualmente recibir una pensión.

Esta reflexión nos debe llevar a concluir que cualquier incremento en el monto de las pensiones y jubilaciones por parte del fondo de invalidez, vejez y muerte de la CSS, tendrá un efecto significativo en nuestras pensiones futuras, como algunos personeros de la actual administración de la Caja lo han reconocido.

Este es un tema que no puede tomarse a la ligera, ni depender de promesas electorales que no han sido analizadas desde la perspectiva financiera y de su impacto, pues al final, la generación que se encuentra trabajando, será quien deberá enfrentar las consecuencias de esta decisión.

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Artículo publicado el 30 de agosto de 2010 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

¡Alerta: peligra la autonomía del Seguro Social!

La opinión del Abogado,  Político independiente…

Juan Manuel Castulovich

La revisión sistemática de las pensiones que paga la Caja del Seguro Social, para ajustarlas periódicamente y evitar que pierdan poder adquisitivo como consecuencia del incesante e imparable aumento del costo de la vida, es deuda de muy vieja data.

Ningún gobierno ha querido asumir esa responsabilidad; han preferido, en respuesta a las justas demandas de los pensionados, especialmente de aquellos que reciben las pensiones más exiguas, conceder o prometer aumentos, sin tomarse la molestia de consultar a quienes han designado para dirigirla y sin consideración ni respeto por la autonomía que por mandato constitucional y legal debe tener la Caja del Seguro Social.

Dos situaciones de reciente ocurrencia demuestran que el presente gobierno sigue transitando la peligrosa ruta marcada por sus predecesores y, además, los ha superado. Por un lado, sigue empujando “arreglos de muy dudosa claridad” para dizque “invertir productivamente” las reservas del Fondo de Pensiones, ignorando olímpicamente a la Junta Directiva de la Caja y a los asegurados; por el otro, promete aumentos a los pensionados, sin medir sus efectos sobre esas reservas.

Insisto en señalar que considero justas y de urgente atención las peticiones de los pensionados que ven como se les esfuman sus magros medios de sustento por el galopante aumento del costo de la vida; pero el gobierno, en la manera de enfrentarlas, sigue actuando imprudentemente. Prometer a los pensionados aumentos que necesitan con urgencia no es criticable; pero es irresponsable hacerlo sin haber analizado la capacidad de la Caja para satisfacerlos.

Cosa igual ocurre con la proyectada inversión de las reservas de la Caja en aventuras especulativas que, antes que destinadas a fortalecer las finanzas de la institución, más parecen concebidas para favorecer a inversionistas inescrupulosos, aumentando las desorbitadas ganancias que ya obtuvieron con el pingüe, y todavía pendiente de muchas aclaraciones, negocio de los corredores.

En cuanto a los aumentos a los pensionados, especialmente a aquellos que reciben las pensiones más exiguas, recalco que los considero justos; pero su financiamiento no debe salir de las reservas del Fondo de Pensiones, si éstas no pueden absorberlos. La advertencia del director de la Caja sobre el déficit que ocasionaría, por un monto de 38 millones de balboas, no debe ser desatendida.

La alternativa para financiar los aumentos de los pensionados es mediante un aporte del Gobierno Central. Bastaría con utilizar el 50% de los 38 millones de los inmorales subsidios electorales.

Los fondos de la Caja del Seguro Social no deben ser una “”hucha” a disposición de los gobernantes, para granjearse simpatías o para resolver problemas que son ajenos a la institución. Los dineros de la Caja pertenecen a los asegurados, que son sus únicos dueños, a quienes corresponde decidir cómo se invierten sus recursos, pues son ellos los que sufrirán las consecuencias de las inversiones fallidas.

Ni el gobierno ni la Junta Directiva tienen derecho a comprometer 275 millones (es la cifra mencionada) de sus reservas, sin la aprobación de los asegurados, que deben ser consultados, para que opinen al respecto, mediante una encuesta precedida de explicaciones claras y precisas. Eso sería lo legal y lo prudente. ¡La autonomía de la Caja del Seguro Social debe ser sagrada!

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Este artículo se publicó el  10  de agosto de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.