Eladio, usted ya cansa

La opinión de…

Xavier Sáez-Llorens
xsaezll@cwpanama.net

Había decidido no tocar este tema para evitar que mi posición se interpretara sesgada por la presencia de mi hermano en la dirección de la Caja de Seguro Social (CSS).   Me harté. Billy siempre ha mantenido un lenguaje técnico, alejado de verborrea política.   Eso, a mi juicio, le otorga credibilidad. De forma responsable, él ha expresado que la institución no está en capacidad de asumir el aumento a jubilados, a menos que el Estado se encargue del monto adicional. Pocas veces se ha visto a un director intentar que esta entidad se aparte de su sempiterna condición como botín económico y político del gobierno de turno.

Este puesto es solo por cinco años y después le quedarán varias décadas como simple ciudadano. Cuesta mucho forjar una imagen de independencia y honestidad para arriesgarse a perderla en poco tiempo. Conociéndolo, preferiría renunciar a dejar que su nombre se manche por parapetarse a intereses sectarios, de cualquier procedencia. Mi padre estaría orgulloso de su integridad y firmeza.

La CSS pertenece a todos los que cotizamos. Si pensamos en términos empresariales, los mayores accionistas serían los que más aportan. No obstante, la seguridad social fue ideada para ser solidaria y beneficiar a la mayor parte de la población, independientemente del estatus socioeconómico. De hecho, mucha gente pudiente ejerce el altruismo ya que cotiza bastante y no aprovecha sus recursos.

La medicina es cada vez más cara debido al surgimiento de sofisticadas tecnologías y terapias. Por tanto, para cumplir con el loable propósito humanista, se deben hacer ajustes periódicos en tiempo y cantidad de cuotas. En España, por ejemplo, hubo un acuerdo reciente entre gobierno y sindicatos (allá no son “frena-lo-todo”) para extender la edad de jubilación a 67 años, tanto para hombres como mujeres. Es evidente que, sin austeridad y eficiencia financiera, esta organización sin fines de lucro estaría destinada a colapsar.

Los ciudadanos tenemos derechos pero también deberes. Para prosperar como nación, la responsabilidad debe ser compartida. El Estado tiene la obligación de ofrecer condiciones básicas de salud a todos sus habitantes pero cada individuo debe colaborar con su propio bienestar. No es solo esperar “lo que puede hacer el Estado por uno sino lo que puede hacer uno por Panamá”.

Hay jubilados que poseen una enorme cantidad de beneficiarios entre sus filas. Debemos ser responsables por el número de hijos que elegimos tener. Idealmente, el individuo debe pensar en su futuro y ahorrar lo que pueda para gozar de una fuente complementaria de divisas para enfrentar su época senil. Hay varias cooperativas que ofertan paquetes de jubilación a precios bajos. Si los salarios son reducidos, habrá que esforzarse para educarse de noche y propiciarse posibilidades de mejor empleo. Por último, si el dinero es exiguo, toca sacrificarse y evitar los vicios (alcohol, cigarrillo, juegos de azar) que consumen lo poco que queda.

Hagamos cálculos. Un trabajador con sueldo de $300 aporta $25 mensuales (8% patrono, 0.5% individuo) para cobertura de enfermedad y maternidad.   En un año, la cuota es de $300. Una tomografía, una cesárea, tres días de hospitalización en sala o un cateterismo cardiaco, le cuesta a la CSS más que eso. Este cotizante tiene inscritos gratuitamente a varios beneficiarios. Como comparación, una póliza privada vale más de $200 al mes, aumenta por cada familiar incluido y requiere pagar deducibles por hospitalización o copagos por obtener medicamentos. El jubilado paga un 6.5% para tener derecho a atención médica pero a mayor edad los gastos sanitarios suben considerablemente.

La cotización al programa de IVM corresponde al 12.5% (4% patrono, 8.5% individuo) mensual. Con el salario mencionado, el aporte acumulado rondaría unos $15,000 en 30 años de servicio laboral activo. Esta cifra es mucho menor en el trabajador con retiro anticipado. La pensión de vejez sería aproximadamente $185 por mes. Si esta persona vive 20 años después de su jubilación, la CSS le otorgaría unos $45,000, es decir $30,000 por encima de su contribución. Por tanto, sin adecuados subsidios estatales ni hábiles administradores, esta institución estaría condenada a desaparecer en el futuro.

Es cierto que hubo promesa presidencial y que todos deseamos una pensión más digna para nuestros ancianos. Eso no justifica, sin embargo, trancar calles recurrentemente, obstaculizar el paso a hospitales, vociferar derechos sin mencionar deberes y salir diariamente en los medios arremetiendo contra una institución que lo ha mantenido por tanto tiempo. Usted ya cansa, don Eladio. Y no solo a mí.

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Este artículo se publicó el 6 de febrero  de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Desigualdad y bienestar

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La opinión de…

Juan Jované 

Entre los más recientes estudios dedicados al análisis del impacto humano de la falta de equidad económica y social se destaca el libro de los distinguidos epidemiólogos británicos Richard Wilkinson de la Universidad de Nottingham y Kate Pickett de la Universidad de York, publicado por el editorial Pinguin (2009) bajo el título de “The Spirit Level”.
La tesis fundamental del libro, cuya demostración se basa en la comparación minuciosa entre cerca de dos docenas de países desarrollados, así como entre los cincuenta estados de los Estados Unidos de América, es que la falta de equidad afecta profundamente la siquis humana, crea ansiedad, desconfianza social y toda otra serie de problemas tanto físicos como mentales.
Los resultados concretos del estudio son contundentes, la mayor inequidad genera de manera sistemática efectos tales como más violencia, falta de cohesión social, casos de abusos de drogas y de embarazos prematuros, así como un peor aprovechamiento de la educación, una menor movilidad social, una expectativa de vida inferior y un estatus reducido para la mujer.

Los resultados antes descritos, conviene enfatizar, se lograron con un alto nivel de apego al método científico, el cual llevó a que los autores dedicaran una parte de la investigación a asegurarse que aún eliminando otras causas alternativas de estos fenómenos, como lo son las diferencias culturales, la vinculación entre falta de equidad y los mismos seguía siendo robusta.

 

Así mismo lograron demostrar claramente que la dirección de la determinación va de la falta de equidad hacia los problemas sociales antes señalados. Se trata, vale la pena añadir, de una demostración que coincide con los recientes hallazgos de Dean Baker y David Ronsnick del Center for Economic and Policy Research, quienes al estudiar la situación de los jubilados del seguro social norteamericano han llegado a la conclusión de que mientras que entre los de mayor ingreso la expectativa de vida se ha incrementado, lo mismo no ha sucedido con los de menores ingresos relativos.

La tesis demostrada por Wilkinson y Pikett, que ratifica que la equidad es un elemento central del desarrollo humano sostenible, tiene la mayor importancia para un país como Panamá, en el que pese a sus altas tasas de crecimiento se muestra una distribución del ingreso profundamente sesgada por medio de la cual el 10% más rico de la población, es decir la clase dorada que controla la vida económica y política del país, se apropia de cerca del 40% del ingreso nacional disponible.

Resulta así necesario empezar a definir un nuevo paradigma para nuestra economía en el que:

1) el objetivo central sea el pleno desarrollo de cada panameño y panameña;

2) se provea a todos de una existencia humana decente asegurándoles la satisfacción de sus necesidades básicas;

3) esté disponible un empleo decente para cada trabajador;

4) se instale una amplia democracia participativa basada en la organización de la comunidad;

5) se asegure una situación de respeto y sostenibilidad frente al medio ambiente.

Para esto debemos construir una fuerza política independiente amplia.

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<>Artículo publicado el 11  de enero de 2011  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Carta a los jubilados

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La opinión del Ingeniero,  Financista, contribuyente y usuario del programa de salud. …

Julio Marquínez M. 

Estimados señores jubilados:

En respuesta a su estatus de “pie de guerra”, los jóvenes del país queremos someter a su consideración los siguientes puntos.

Las cuotas que nosotros los contribuyentes actuales aportamos a las inversiones de la CSS deben alcanzar para tres programas: (1) atender a la madres en el programa de maternidad, (2) atender nuestra salud y la de nuestros dependientes y, sobre todo (3) invertir en instrumentos financieros rentables para que podamos recibir una jubilación justa en el futuro.

Recibir cada año un mayor ingreso, que nos permita mayores aportes y mejores jubilaciones cuando seamos los “Viejitos”, depende del esfuerzo que cada uno ponga en su trabajo, a las ganas de aprender habilidades nuevas para poder cambiar hacia responsabilidades más serias y mejor remuneradas.

No es justo para nosotros que la CSS deje de utilizar parte de nuestros recursos de inversión a largo plazo para pagar incrementos a quienes reciben una jubilación pequeña hoy día; ese dinero es para nuestro futuro, no para el presente.

Tampoco podemos dejar que el Gobierno utilice nuestros impuestos para hacerlo, menos después de que los subsidios nos cuestan más de US$800 millones anuales; esto representa más que el déficit fiscal y más que el aumento anual de la deuda pública. Nuestros impuestos deben cubrir inversiones para el futuro de nuestros hijos y nietos.

La CSS tiene más gastos de los que puede mantener en el tiempo. Para que la CSS pueda aumentar las jubilaciones actuales sin afectar la sostenibilidad de sus otros programas se debe aumentar las cuotas de los afiliados, reducir los gastos administrativos y cambiar las directrices de inversiones financieras; esto requiere reformar el reglamento de la caja. Sigue sin ser justo que los afiliados actuales tengamos que mantener con nuestro aporte una jubilación mayor hoy para quienes no lograron superarse profesionalmente y tener mejores salarios en el pasado.

Ahora somos todos en el planeta víctimas de las crisis financieras internacionales y el impacto de las mismas en el costo de la vida. Los jóvenes podemos adaptarnos a los cambios de la economía internacional y lo cierto es que los ustedes ya no tienen esa oportunidad.

Ustedes nuestros “Viejitos” podrían utilizar la energía y el entusiasmo que tienen para organizarse como una cooperativa. Esta puede utilizar parte de sus jubilaciones actuales para inversiones financieras, como préstamos de corto y mediano plazo para los jubilados que lo requieran. Así transfieren fondos de los que más reciben hacia quienes tienen las jubilaciones más bajas y, además, evitan depender de las financieras que cada día se aprovechan más de sus necesidades, cobrando intereses exageradamente altos.

 

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<>Artículo publicado el 11  de enero de 2011    en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Luchas estériles de los jubilados y pensionados

La opinión de….

JOSÉ A. AMADOR V.
escritoramador@gmail.com

‘ Pan para hoy… hambre para mañana’, parece ser la lucha realizada por un grupo de pensionados y jubilados, liderizados por don Eladio Fernández.

En reiteradas ocasiones este grupo ha promovido acciones para lograr un aumento a sus pensiones del Seguro Social, lo que ha producido grandes inconvenientes a terceros y sus logros han sido mínimos. ¿El problema real se resuelve con cincuenta balboas? ¿Alcanza el aumento para costear las medicinas y los servicios negados por el Seguro Social?

Los pedidos para obtener una mayor pensión, a juicio mío, no resuelven el problema de los pensionados. El macro problema por el que atravesamos los que nos hemos acogido a un retiro remunerado, no lo resolvemos con migajas. Soy de la opinión que su lucha no constituye beneficio real alguno y, por el contrario, atenta contra la dignidad de los pensionados y jubilados, porque está reflejando que estamos ‘muertos de hambre’, que no nos alcanza para vivir y está creando, con sus acciones circenses, imagen de lástima y burla, aunque nos asista la razón, adicional es conocido que un gran número de pensionados y jubilados es asiduo visitante a los casinos y juegos de azar. ¿En que quedamos señor Eladio?

Señor Fernández, el verdadero problema de la Institución está en que: ‘Los que no pagan seguro social están acabando con la institución’ (los beneficiarios), es imposible que un número reducido de cotizantes pueda costear los servicios de salud de una población de tres millones de personas.

La real lucha de cotizantes, pensionados y jubilados es cerrar filas y enfrentarnos por una verdadera reestructuración de la Institución. Establecer una empresa dirigida, administrada y operada por sus únicos y verdaderos dueños: asegurados, pensionados, jubilados y patronos. Sacar al Estado del manejo y control de la Institución. Esta es la única solución y salvar a la Caja de Seguro Social, con la aplicación de, primero: reformar la Constitución, para hacer responsable al Estado y Gobierno de cumplir con los artículos constitucionales referentes a la Salud, Seguridad Social y Asistencia Social, eliminados con la Constitución de 1972, donde se trasladó esa responsabilidad a la Caja de Seguro Social.

Segundo: Crear una organización empresarial, como la hecha con la Comisión del Canal, sin la intervención del Gobierno, con su estructura legal, administrativa y operacional, respondiendo a las directrices de sus propietarios (asegurados, pensionados, jubilados y patronos), considerando al Estado como un patrono.

Tercero: Programar progresivamente, la suspensión de servicios a los beneficiarios y paralelamente que el gobierno los asuma. Esta transferencia puede ser en un lapso de tres años.

Cuarto: El Estado, durante ese tiempo, debe reorganizar sus centros de salud y hospitales para atender a la población no beneficiada y la que no recibe asistencia del Seguro Social.

Es indispensable esta solución para tener una Institución saneada y con futuro seguro. Dejar de ser la Caja Menuda del Estado desde 1972 y que mediante una estructura empresarial bien planificada, permita la participación de todos los entes y agrupaciones de asegurados en la administración y manejo de su organización para garantizarse una atención médica y de salud dignas, contando con instalaciones, medicamentos y servicios técnicos requeridos y en especial contar con una pensión de retiro asegurada, con proyecciones de ajustes salariales, programados, dependiendo de la situación del país.

Mientra el Gobierno tenga ingerencia directa y no se le retire su control y manejo, jamás se podrá fortalecer su estructura administrativa y funcional. El Seguro Social debe ser una empresa independiente, igual a una compañía aseguradora.

El Gobierno debe y tiene la responsabilidad de ejecutar programas de Salud igual para todos, no así el Seguro Social, porque tiene sus dueños y no son ni el gobierno, ni el pueblo, solo los que cotizan tienen derecho a sus beneficios.

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<> Este artículo se publicó 17  de diciembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Inflación, evasión, fichas virtuales y pensiones

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La opinión del Economista, Político y Docente Universitario…

Juan Jované

jovajun@yahoo.com
Frente a las justas reivindicaciones de los pensionados y jubilados, quienes claman por un ajuste de sus pensiones, mucho se ha discutido en torno a las dificultades financieras que muestra la CSS para realizar gastos adicionales destinados a este fin. En términos concretos, sin embargo, la discusión en torno a dichos problemas generalmente dejan por fuera dos importantes elementos que limitan la capacidad de acción de la institución.

El primero de estos elementos, el cual muestra un carácter estructural, es la tendencia observada hacia la caída de la relación entre la remuneración de los asalariados y el PIB, la que pasó de un 35.0% en el 2000 a tan solo el 29.8% en el 2009.

En la medida en que las remuneraciones crecen a un ritmo inferior que la producción, aparece un resultado que no puede menos que significar un problema para la CSS, cuyo ingreso principal son las cuotas obrero – patronales.

Este fenómeno está vinculado, entre otras cosas, al proceso inflacionario que llevó a que, de acuerdo con la OIT, el salario real de los trabajadores que cotizan a la CSS se redujera entre el 2000 y el 2008 en 10%.

Resulta así que mientras la inflación deteriora los niveles de vida de los pensionados y jubilados, y los lleva justamente a demandar un ajuste, los salarios no logran crecer al mismo ritmo que la inflación, con lo que se dificulta la capacidad de respuesta de la CSS.

En segundo lugar, está el problema de la evasión. Se trata de la presencia de un número significativo de trabajadores que sus patrones deberían inscribir en la CSS y entregar a las mismas las cuotas correspondientes, los que simplemente no son reportados a la institución. En Panamá, de acuerdo a cifras oficiales, se observaron en el 2008 79,442 trabajadores no agrícolas del sector formal que debieron ser calificados de informales por no contar ni con un contrato de trabajo escrito ni estar declarados a la CSS.

Estos trabajadores representan cerca del 8.0% del total de cotizantes activos. Por su parte, de acuerdo a la OIT, en el mismo año cerca del 11.0% de los trabajadores de las empresas del sector privado de 6 o más empleados no contaban con los beneficios de la seguridad social.

Se puede, entonces, afirmar que el carácter concentrarte y excluyente del modelo de crecimiento y la ausencia de instrumentos que aseguren la justicia social limitan seriamente la capacidad de la CSS de responder a las legítimas aspiraciones de los pensionados y jubilados.

Cabe agregar que las fichas virtuales recientemente anunciadas, agravarán más el problema.   Si el trabajador no recibe una ficha impresa no tendrá constancia de que su empleador está aportando las cuotas a las que tiene derecho, a menos, claro está, que tenga acceso a Internet. La probabilidad de esto, sin embargo, es reducida si se tiene en cuenta que de acuerdo a UNICEF solo el 22.0% de la población panameña tiene acceso a estos servicios. Los incentivos a la evasión habrán aumentado.

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<>Artículo publicado el 7  de diciembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

¡Hay que proteger las pensiones!

La opinión del Abogado,  Político independiente…


Juan Manuel Castulovich

“El mínimo de todo salario o sueldo es inembargable, salvo las obligaciones alimenticias en la forma que establezca la Ley”. Eso dice el Artículo 66 de la Constitución.   Por expresas disposiciones legales, sólo se puede comprometer, por descuento voluntario, hasta el 15% del excedente del salario mínimo; y, por decisión judicial, sólo puede secuestrarse, hasta el 20% del excedente del salario mínimo. En consecuencia, a ningún asalariado se le puede descontar, exceptuadas las pensiones alimenticias, más del 35%, del excedente del salario mínimo. 

Pero esa limitación, contra toda lógica, no se aplica a los pensionados. A éstos, se les descuentan, en algunos casos, la totalidad del monto de sus pensiones.   Incontables son los casos de pensionados que reciben sus cheques “decorados con estrellitas”, es decir, con nada por cobrar.   Y es también frecuente ver, en los sitios donde cobran los jubilados, a personas que, lista en mano, retiran para bancos y financieras los cheques de los jubilados y pensionados, comprometidos o cedidos por descuento voluntario o como resultado de embargos judiciales.

¿Por qué la protección constitucional y legal de los salarios no se aplica a las pensiones, cuando éstas, al igual que los salarios son el sustento de quienes las reciben? La Constitución y la Ley deben protegerlos por igual.   Los pensionados, al igual que los asalariados, dependen de esos ingresos para su subsistencia.

No conozco una estadística específica, pero no hay riesgo de incurrir en equivocación si se afirma que, como mínimo, el 80% de los jubilados y pensionados tienen comprometidas sus pensiones en un monto que excede los límites constitucionales y legales.

No faltará quien afirme, y muy especialmente quienes han otorgado los préstamos o los créditos comerciales, que a ninguno de los afectados se le obligó a comprometerse, por encima de esos límites.    Pero los acreedores, bancos y financieras, aparte de ser plenamente conscientes de que los pensionados han firmado compromisos en violación de los límites constitucionales y legales, se “las han ingeniado” para conseguir que se procesen esos descuentos.   Esas prácticas deben cesar de manera inmediata y todos los descuentos, que violan los límites constitucionales y legales deben anularse, ya sea que se trate de asalariados o de pensionados.

Ante la demanda de los jubilados que reclaman aumentos a sus pensiones, el gobierno ha respondido prometiéndolos para después desdecirse, con poses demagógicas como la de utilizar los subsidios electorales, que terminó en “cortina de humo” o con fórmulas que pondrían en grave riesgo el precario equilibrio actuarial de las reservas de Fondo de Pensiones de la Caja del Seguro Social.

En síntesis, se siguen dando manotazos al aire, mientras las pensiones, especialmente las más bajas, siguen desprotegidas y reducido prácticamente a cero su poder adquisitivo.

Para remediar esa situación, con efectos inmediatos, bastaría que de la presidencia de la República emanara una instrucción para que, comenzado por la Contraloría, todas las entidades públicas apliquen a las pensiones la misma protección que a los salarios y suspendan y reviertan todos los descuentos que excedan los límites constitucionales y legales. Por esa vía, rápida y simple, los pensionados recuperarían una buena parte del poder adquisitivo del que han sido ilegalmente despojados.

<>Artículo publicado el  7  de diciembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Hastío a la política

La opinión del Abogado y Periodista…

BELISARIO HERRERA A.
belisarioherrera03@hotmail.com

El actual presidente de la República, Ricardo Martinelli, no ha cesado de mantenerse en campaña política con constantes propagandas en la televisión en las que invierte grandes sumas de dinero, ¡vaya usted a saber de dónde salen tantos fondos!, dirigida a la siquis de un pueblo desprevenido que se conforma, lamentablemente, con una serie de migajas, en comparación a sus ingentes necesidades.

Allí tiene usted a los ancianos jubilados, tenazmente empeñados en que les aumenten sus emolumentos irrisorios, cuando lo fundamental es que orientaran su lucha hacia la misma Caja de Seguro Social para que cuenten permanentemente con los medicamentos indispensables, los servicios de atención médica, de hospitalización y quirúrgicos. Mientras, debemos convenir que no se deben abusar de los recursos de la Caja de Seguro Social para resolver el aumento de los jubilados, pero el socorrido plan está echado y ya se asoma la amenaza de una nueva reforma a la Ley Orgánica de Seguro Social para suplir ese vacío.

De lo que se trata es que la Caja de Seguro Social ha venido siendo, desde distintas administraciones, como la caja menuda a la que siempre los políticos le han echado mano, aparte de que hacia lo interno ha mantenido el más escandaloso desgreño administrativo, con elevadísimos salarios para funcionarios favoritos.

Los abogados que no estamos contaminados con el actual estado de las cosas ni guardamos silencio cómplice, sabemos que el actual mandatario, si bien es cierto, recibió un elevado número de sufragios para hacerse acreedor al solio presidencial, solo constituye apenas un mandato que debe cumplir estrictamente conforme lo determina la Constitución y las leyes de la República.

No se puede decir que es un proceder estrictamente soberano el paso dado por el Ejecutivo, el de otorgarle Asilo Territorial a la jefa del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia, María del Pilar Hurtado, cuando por sus arbitrariedades y abuso de autoridad en el desempeño de sus funciones hasta el momento en que renunció a ese cargo, está siendo reclamada por los tribunales de su país.

En términos de estricta seriedad, nuestro país se encuentra ofendido por cada uno de los desaciertos del actual régimen en que para quien no sea tonto, se da cuenta que hace lo que le viene en gana, mientras sigilosamente y con un lenguaje arrogante pretende sembrar el miedo, advirtiendo que si toma abiertamente el camino del autoritarismo, que nadie se oponga porque le caerá encima la represión. Afortunadamente, existen en nuestro país ciudadanos con dignidad que a nada tememos, más que a Dios.

 

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<> Artículo publicado el 27  de noviembre de 2010  en el diario  El Siglo, a quienes damos,   lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.