Antes de criticar, primero hay que saber

La opinión del Empresario…

RAFAEL CARLES
rcarles@cableonda.net

 

Son muchos los que infundadamente se oponen a la Resolución No. 41,039 de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, que establece la obligatoriedad del Plan de Prevención y Gestión de Riesgos Profesionales en todos los centros de trabajo del país.  Y tanto la han contrariado y argumentado que, a la fecha y a casi dos años de su promulgación y publicación en Gaceta Oficial, aún se resisten a implementarla y cada día la dilatan y postergan más.

Lo trágico es que aquellos que se oponen lo hacen por desconocimiento y pasan por alto que un Plan de Riesgos consiste precisamente en analizar y revisar los sistemas de trabajo para buscar nuevas y mejores formas de producción y operación, utilizando la innovación, la creatividad y el consenso como herramientas claves para el rediseño de los procesos.

Y es dentro de este contexto que surge la figura obligatoria del Plan de Prevención de Riesgos, la cual enfatiza que la salud del trabajador es importante en la cadena productiva y plantea la seguridad ocupacional no desde un punto de vista de costo financiero, como se hace actualmente, sino en torno a las múltiples oportunidades que tiene el propio trabajador que las ejecuta para producir resultados favorables para la empresa. Es necesario aclarar que este tipo de Plan no se contrapone a la calidad total o a ningún otro método que maximiza la productividad laboral, sino que examina cada proceso y es capaz también de contribuir sustancialmente al logro de los objetivos financieros y organizacionales de la empresa.

En el ámbito mundial y nacional, las incapacidades por accidentes de trabajo constituyen un problema por los costos que generan a la seguridad social. Actualmente existen estudios que permiten proponer estrategias para mejorar dichos problemas; se sabe, por ejemplo, que el déficit de la seguridad social tiene su origen, entre otras causas, en el impacto del pago de las incapacidades.

En Panamá las incapacidades representan un problema deficitario para la CSS, quien debe destinar parte de los recursos a la atención de daños a la salud y a la prestación económica correspondiente.

Los accidentes de trabajo repercuten en el aumento de los días de incapacidad, las consultas clínicas y urgencias, los auxiliares de diagnóstico y la rehabilitación, con lo cual se elevan los costos de atención médica. Según los resultados de algunos informes históricos acerca de los accidentes laborales según el tipo de industria o actividad económica, cada día ocurren con mayor frecuencia y mayor gravedad, lo que afecta también la relación de la calidad de la atención médica con respecto al número de incapacidades, las características del asegurado y el tipo de padecimiento.

Existen otros factores que se han asociado con las incapacidades, en los que se involucra tanto al médico como al patrono y al asegurado, y que reconocen y sustentan la pérdida de bienestar económico del trabajador y de rentabilidad de la empresa cada vez que ocurren accidentes de trabajo. Desafortunadamente, los detractores de la Resolución No. 41,039 no investigaron esta realidad y obviaron los cálculos sobre la prevalencia de los accidentes de trabajo en Panamá y de los factores de riesgo relacionados, donde fácilmente se observa que la magnitud de los riesgos profesionales es consecuencia de las condiciones inseguras existentes en los lugares de trabajo.

Igualmente, esta misma conclusión se obtiene cuando se contrasta la resistencia de los empleadores y su limitada vocación hacia la salud e higiene ocupacional, con el número de accidentes de trabajo, el número de enfermedades profesionales, la cantidad de defunciones y de incapacidades permanentes. Es decir, el tema de oponerse porque sí a la obligatoriedad del Plan de Prevención y Gestión de Riesgos Profesionales refleja una actitud inmadura que ralla en lo intransigente, que además pasa de la mera ignorancia a un estado de total negligencia.

Ante esta problemática y temeraria postura, es oportuno recordar que el objetivo esencial de la Resolución No. 41,039 es la implantación obligatoria de un Plan de Prevención y Gestión de Riesgos Profesionales que ayude a los empleados a tener un ambiente seguro y saludable de trabajo, que permita a las empleadores alcanzar niveles de rentabilidad como resultado de mejoras a sus procesos y sistemas productivos, y que garantice a las autoridades de la CSS la obtención de información oportuna que promueva la atención efectiva de incapacidades por causa de accidentes y enfermedades de trabajo.

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<> Este artículo se publicó el 23 de noviembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del   autor  en:   https://panaletras.wordpress.com/category/carles-rafael/

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Trabajo, individuo y sociedad

La opinión del Pedagogo, Escritor, Diplomático…

Paulino Romero C.   

El hombre se ve obligado a trabajar porque no nace aislado, sino en una sociedad.   Desde su nacimiento ella le da protección, ayuda y seguridad. Además, al entrar en la sociedad el hombre se siente heredero de un vasto legado de cultura: una inmensa herencia de conocimientos y sabiduría; los frutos de muchísimos años de actividad económica, en forma de bienes capitales; habilidades y discernimientos en el arte del trato social, que han ido aumentando con el paso del tiempo y generaciones cada vez más refinadas en la apreciación de la belleza. Todo ello es el producto del esfuerzo de sus antepasados.

En el presente el hombre se apoya en el trabajo incesante de quienes constituyen su sociedad. El adulto tiene la responsabilidad de hacer ver al niño la deuda que tiene con la sociedad pasada y actual y enseñarle que esa deuda se paga con trabajo: con una labor honrada, productiva y útil, que a su vez contribuirá a la salud de la sociedad y a que se realicen las potencialidades de sus sucesores venideros. La comprensión de esta deuda recíproca puede mejorar mucho la actitud del individuo ante el trabajo de su vida entera, ayudándole a percibir su importancia y dignidad.

Durante la primera fase de la vida infantil gran parte de esa carga pesa sobre los padres, pero el Estado debe encargarse de ella, de más en más, cuando los recursos de los padres no son apropiados. Mientras que el hombre debe estar dispuesto a realizar un trabajo útil, el Estado tiene el deber de proporcionarle empleo. Porque el desempleo es uno de los males más nocivos y el pueblo que lo tolera merece su consecuente menoscabo moral.

El Estado también debe proporcionar seguridad social en forma de protección contra los peligros de las enfermedades, de los accidentes y de la ancianidad. Solamente cuando el hombre consigue librarse de la necesidad, del temor al desastre económico y de la falta de oportunidades para trabajar puede aspirar a la libertad de vivir creativa y constructivamente. Si la educación que el niño recibe en la escuela le prepara para una libertad que luego no podrá ejercer en la sociedad adulta a causa de las condiciones económicas, sociales o políticas que el Estado puede controlar, si quiere, esa educación habrá sido engañosa y falsa.

Por otra parte, el hombre indolente carece de libertad interior, pues está dominado por su indolencia. Por ello la libertad interior puede ser más difícil de lograr en un Estado benéfico mal organizado. Es obligación del Estado encontrar el delicado equilibrio por el que la libertad exterior del individuo se fomenta mediante la supresión de los obstáculos de carácter social y económico sin menoscabar su incentivo para lograr la libertad interior.

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Este artículo se publicó el  19  de julio de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Hacia una nueva seguridad social

La opinión de…..

SIDNEY SITTON

Una paciente de la tercera edad del Hospital Regional, en David, recibe la visita de un personal quien dice tener todo preparado para su endoscopia. La anciana es indagada si tomó alimentos y, al contestar afirmativamente, se desiste de hacerle la técnica. Horas después se describe que el estudio iba dirigido a otro enfermo a la cual se le dejó en ayuna esperando.

Estas historias son cosa de todos los días en los hospitales de Panamá. La desinformación al paciente y sus familiares es común.

Es imposible para un enfermo encontrar atención de un especialista cuando concurren fechas especiales como carnavales, días del padre o de la madre, semana Santa, etc.

Los panameños que tenemos la gracia de contar con seguro médico privado, no realizamos cuan profundo es el desprecio por la vida humana, que se vive en los hospitales públicos de todo el país.

Quienes por acción u omisión permiten este atentado a la dignidad humana, deben sentirse inferiores dentro de la especie humana.

Todas las administraciones del Seguro Social, han relegado el trato digno y eficaz, por la grosería, la negligencia y el acostumbrarnos a ver como intratan a niños, ancianos y mujeres.

Los directores de la institución se incomodan ante las críticas de un pueblo que es humillado de forma consuetudinaria, siendo impotentes de presentar un reclamo que sea atendido de manera eficiente.

La Defensoría del Pueblo (a quien nunca se ve), los gremios de jubilados, pensionados y personas en general deben acudir ante los medios de comunicación y denunciar todos los abusos y negligencias contra la vida y salud de los panameños.

Si el director y su equipo no se despojan de esa aureola de sabios y santos que juran que administran su finca privada, y que les debemos genuflexión por su “sacrificio”, estamos transitando por más de lo mismo.

El director debe enfocarse en resolver los temas más sencillos que afectan al asegurado: la falta de medicamentos, de atención, de especialistas, de información al paciente y sus familiares y, sobre todo, de un diagnóstico y su tratamiento eficaz.

Es importante que el director sepa que un equipo u organización funciona aún cuando el está ausente, pero ese no es el caso. Cada jefe cree que le hace un “favor” a quien debe servir. No existe humanidad frente a la búsqueda de repuestas coherentes.

Siento que el derroche de publicidad sólo sirve para complacer el ego del director y su equipo, quienes se pasan rindiendo culto a la personalidad de un jefe que no está resol viendo las miserias humanas y el intrato a las personas.

Para resolver los muchísimos problemas del Seguro Social falta sólo voluntad política de hacer las cosas bien.

Vendría bien que el director elabore un diagnostico y sus soluciones para que los panameños sepamos cual es su hoja de ruta.

Tenemos una institución que maneja un altísimo presupuesto, que bien administrado puede lograr ahorros sustanciales.

Sus compras son voluminosos y sus propiedades valiosas, entonces es cuestión de echarle ganas.

Ojalá esta nueva dirección elabore una atención más humana y eficiente, que rescate lo más preciado de la vida de todos, cual es la salud.

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Este artículo se publicó el 16 de abril de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Empleos de jubilados incrementan el desempleo

La opinión de….

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VICTORIANO RODRÍGUEZ S.

“Se requiere voluntad política, deponer intereses personales y trabajar juntos por una reestructuración económica, política, administrativa y social, donde se rompan paradigmas y se fuercen las estructuras tradicionales a nuevos sistemas de administración y cooperación”, expresamos en el artículo “CSS: propuesta al diálogo”, del 20 de septiembre de 2002, en el Panamá América.

Conversamos, sin vacilaciones, sobre las absurdas pretensiones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al querer inmiscuirse en los problemas soberanos de la República, dando opiniones sobre las situaciones de la Caja de Seguro Social (CSS); un problema de los cotizantes, ni siquiera un problema de Estado.

Además de la situación administrativa, otra de las razones de decadencia de la CSS está en la cantidad de atenciones, producto de los beneficiarios, y la poca cantidad de cotizantes, la cual empeora cuando algunos cotizantes incorporan sumas indiscriminadas de hijos, padres y otros parientes.

Partimos del principio constitucional de que la seguridad social pública corresponde al gobierno. Que el Seguro Social funciona como una institución estatal, pero que realmente pertenece a los 800,000 cotizantes.

En la práctica se conoce que la CSS atiende más de dos y medio millones de personas. Implica que aproximadamente el 66% de las atenciones son responsabilidad del gobierno, que debe brindar en centros de salud y hospitales gubernamentales o en su defecto, pagar a la CSS por la atención de los que no cotizan.

Nuestras propuestas tienen sustento, por cada beneficiario el cotizante debe aportar el 1% de su salario; el gobierno el 2%, y si se trata de un empleado de la empresa privada, el empleador, adicionalmente, el 1% del salario del empleado, a fin de compartir las cargas. El 8 de octubre de 2002, expusimos que el interés era aumentarnos “la edad de jubilación propuesta por la OIT y, muy subliminalmente, por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.

Desdichadamente así lo hicieron con las reformas del 2005, no conforme también aumentaron las cuotas para jubilarnos. Además la Corte de Injusticias admite el derecho del presunto “trabajo” de los jubilados hasta que se mueran y convertirlos en momias, mientras el desempleo galopa entre el 30 y 36%, mayoritariamente jóvenes.

El mantenerse laborando en el gobierno pasados los 62 años lo varones y 57 las damas es un espaldarazo a la nación, es no querer a su país, mucho menos a sus semejantes, porque ello conlleva a que se incremente aún más la edad de jubilación, así como el número de cuotas para jubilarse y eso es atentar contra el resto de los trabajadores, además limita el relevo a las nuevas generaciones. Así dicen ser cristianos. ¡Dios te salve Panamá!

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Artículo publicado el 25 de marzo de 2010 en el Diario El Siglo a quienes damos, lo  mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Dilemas de la Seguridad Social

La opinión de…..

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JUAN CARLOS  MAS  CALZADILLA

Del complejo de instituciones sanitarias que interactúan en el país, es la Caja de Seguro Social la vitrina de las esperanzas y decepciones de la población panameña. Es así por cuanto ella no solo expresa la misión protectora del Estado, ausente en la percepción del usuario, sino porque este entiende que el déficit en la oferta de servicios es una irregularidad contractual que le extrae dinero sin garantías de contraprestación alguna. En ese sentido los movimientos de la Gerencia permiten suponer que se pretende asumir control absoluto sobre finanzas que son de todos, y que no pueden estar a discreción de un mandante, sino perennemente vigilada por la sociedad.

Examinemos la oferta de servicios, que es la que confiere legitimidad a cualquier Dirección; ante los reclamos sociales la Gerencia pide tiempo para que la tecnologización de los sistemas resuelva todos los problemas. Esta opción contiene una confusión, deliberada o inconsciente, que comentaremos. Nos apoyaremos en criterios transdisciplinarios, tomados del conocimiento de la adaptación de todo colectivo social ante los cambios que trae el futuro. Toda sociedad se adapta a su ambiente mediante dos métodos: la organización social y el cambio tecnológico; esto no se logra aplicando uno solo de los dos términos de la ecuación dialéctica; siempre debe haber proporcionalidad entre ellos: o mucha organización social con poca tecnología; o mucha tecnología con poca organización social, o combinaciones de ambas; pero siempre las dos.

Ejemplifiquemos: Imaginemos una sociedad primitiva, ubicada en un área costera, viviendo de la pesca individual y adaptada naturalmente a su ambiente; hasta que un día se produce un cambio y el cardumen es alejado de la costa; entonces hacen un bote grande para varios remeros y vuelven a alcanzar el banco de peces. ¿Qué ha ocurrido? Pues, que el grupo se ha adaptado con alto grado de organización social y un pequeño cambio tecnológico, que permitió hacer un bote grande y adaptarle remos para una pluralidad de pescadores. Tiempo después uno del grupo descubre que puede poner una vela en el bote y baja a los remeros sobrantes. ¿Qué ocurrió? Ahora hay adaptación producida mediante introducción de mucha tecnología y una menor proporción de organización, la suficiente para despedir los otros pescadores. Así, a través de toda la historia, entre proporciones cambiantes de cambio y organización, transcurre la adaptación humana. Descubrimos que el énfasis único en el cambio tecnológico introduce un alto grado de inequidad en el sistema, por lo cual toda sociedad debe cuidar los efectos indeseados del cambio tecnológico. Rastreando distintas medidas sanitarias en la historia, como cuarentena primero y vacunas y antibióticos después, haremos una generalización: La organización social aporta seguridad al sistema, mientras que el cambio tecnológico aporta libertad, que si no es cuidadosamente organizada redunda únicamente en beneficio de contados individuos.

Aterrizando en nuestra cotidianeidad nacional, tenemos que el intento de enderezar la CSS mediante automatización no es novedoso; fue ensayado en la administración iniciada en 1994. Desafortunadamente, al no corregir la organización social, las máquinas no resolvieron nada y terminaron arrumadas en un depósito.

¿Qué sucede ahora? Que tampoco hay cambios en la organización social, porque las jefaturas han recaído en quienes se han empeñado en “ cambiar algo para que todo siga igual ”.   El consejo es que un problema grande se debe dividir en varios pequeños y la reorganización debe impulsarse desde la periferia hacia el centro. Esto ameritará otro artículo.

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Artículo publicado el 19 de marzo de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Compensación, Externalización o Integración

La opinión del Doctor en Medicina……

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César Quintero Sánchez

Hace décadas que se vienen implementando, dependiendo del gobierno de turno y de los intereses que priven en el respectivo quinquenio, los tres procesos señalados en el título del presente artículo. Sin embargo la deuda sanitaria continúa acumulándose en detrimento del panameño de a pie, quien no encuentra respuestas a sus demandas sanitarias, en ninguno de los niveles de complejidad del sistema sanitario panameño.

Por un lado: las autoridades sanitarias del actual gobierno han expresado sus intenciones de invertir en el Plan Quinquenal, cerca de mil (1,000 ) millones de balboas en infraestructura, equipos, insumos críticos y capacitación del recurso humano, en la intención de adecuar y optimizar la Red Sanitaria deteriorada e insuficiente.

En los actuales momentos se realiza una compensación, sui generis, de pagos entre la CSS y el MINSA teniendo como premisa injusta, una población de 2 millones de beneficiarios que el Estado ha cedido a la responsabilidad directa de la Seguridad Social, sin siquiera haber solicitado el consentimiento de los trabajadores y empleadores.

La externalización se ha estado realizando durante décadas, cada vez que los sistemas públicos no han sido capaces de satisfacer un proceso de diagnóstico, tratamiento o soporte técnico (farmacia, laboratorio e imagenología ) en beneficio del ciudadano o asegurado. Para el panameño común no existe argumento válido para posponer estas respuestas, pero deberíamos de diseñar la satisfacción de estas demandas, utilizando a nuestros propios funcionarios e infraestructura en las horas no laborables habituales y de no ser esto factible o viable, entonces recurrir al sector privado, que en este país ha resultado siempre más oneroso.

Todo el mundo es consciente que la Constitución vigente de la República, ordena la Integración funcional de la provisión de los servicios de salud en el país. Ante la perspectiva real de mejorar los servicios que ofrece el MINSA, no deberá existir impedimento racional para no diseñar un Sistema Único de Prestación de Servicios, con una sola cabeza a nivel Regional y con una Planificación conjunta central de ambas Instituciones. Cada una aportando y coordinando el necesario Plan Nacional de Salud que deberá conformarse, en correspondencia a sus verdaderas responsabilidades de sus segmentos; espacio-población.

Hasta el momento se han formulado como nueve (9) Proyectos de Integración desde 1969, ninguno ha pasado ni siquiera el umbral del primer debate en nuestra Asamblea.

Los tiempos han cambiado, quizás la compensación por costos unitarios de cara a igual calidad de la atención, sea una alternativa frente a la realidad tangible de que ninguna de las dos entidades quiere perder su identidad.   Al final lo que importa es que no existan ciudadanos de segunda clase y que cada quien sea atendido de acuerdo a sus necesidades y no a su capacidad económica.

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Publicado el 27 de febrero de 2010 en el Diario Panamá América, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Una visión que cumple diez años: no hay nada nuevo bajo el sol

La opinión del Profesor e Investigador Universitario…..

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Azael Barrera

Hace diez años, cuando el hoy director de la Caja del Seguro Social era ejecutivo de la empresa más grande de software, desde la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, propusimos una reconversión tecnológica de la administración del Estado, incluyendo la Caja del Seguro Social. Ambos coincidimos antes los medios para reseñar estas ideas que visualizábamos con las innovaciones disponibles entonces.

Una de estas ideas, y el director no me dejaría mentir, era utilizar las computadoras de mano o “Pocket PC” que más que agendas electrónicas eran computadoras con acceso inalámbrico para que los médicos al efectuar sus consultas y rondas clínicas, anotaran todos los datos en una cuadrícula digital a mano, y al pasar por el área de enfermeras se sincronizaban con la red de expedientes, y así, cuando el paciente regresaba a su lugar de residencia, un médico local podría acceder al expediente por Internet, incluso desde las Infoplazas en áreas remotas.

Me alegro que el director haya retomado esas ideas, que para entonces ya usaban una docena de hospitales universitarios en Estados Unidos y otro tanto en Europa. Hoy día tenemos computadoras de tableta o pizarra, que utilizo en la enseñanza, y que facilitarían a los médicos anotar y llevar las consultas, siempre que los documentos y formularios estén apropiadamente digitalizados para llenarlos, y sin tener que reaprender la rueda.

Hace diez años también habíamos instalado, con un puñado de valientes colaboradores y el apoyo del Ing. Sáez, las tres primeras Infoplazas: la primera en Pedasí, la segunda en Isla Colón en Bocas del Toro, y la tercera en Penonomé. Hitos que otros han querido borrar de la historia. Las Infoplazas habían sido concebidas dos años antes como franquicias de Internet-cafés para pequeños empresarios, pero fue nuestra concepción y recomendación a la Secretaría que fuera en su lugar un programa punta-de-lanza de desarrollo comunitario. Por primera vez centros comunitarios de acceso a Internet no serían simples Internet-cafés o una franquicia comercial, ni una iniciativa aislada de una ONG solitaria, sino una estrategia de Estado de tecnología de información para el desarrollo comunitario y se implementarían a nivel nacional con las comunidades.

En el plan de transformación del programa Infoplazas que fue aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo en enero del 2000, planteábamos tres aspectos. Las Infoplazas serían además de centros comunitarios de acceso a Internet, puntos de enlace acceso inalámbrico al puesto de policía, al puesto de salud o del seguro social, a la biblioteca, a la escuela, y al Tribunal Electoral durante las elecciones. La primera Infoplaza se instaló en una escuela: Plinio Moscoso de Pedasí.   Segundo, los equipos tendrían tres a cinco años de garantía, para evitar equipos de baja calidad. Y tercero, las Infoplazas deberían soportar enlaces multicast para permitir vídeo-conferencias multipuntos, para capacitación continua de maestros, profesores, enfermeras, médicos, funcionarios, etc.   Habían muchas cosas más en ese plan, pero un funcionario de jerarquía de una institución fiscalizadora dio al traste con esa visión, apoyado por elementos de la Secretaría que la tergiversaron, eliminando documentos, borrando nombres, replanteando planes sin visión, y luego traspasando esas ideas a entidades innecesarias, que hoy no han hecho nada nuevo que no hayamos planteado hace diez años.

Señor director Sáez-Llorens, usted tiene ahora la oportunidad de reivindicar todo aquello que planteamos hace diez años, para el beneficio no sólo de los asegurados, sino de todos los panameños.

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Publicado el 25 de febrero de 2010 en el Diario el Panamá América, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.