La ciudad no tiene quién la defienda

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La opinión del Arquitecto…

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Álvaro González Clare –

Es paradójico que siendo la ciudad de Panamá el centro urbano en el que habita casi la mitad de la población de la República y que ocupa escasamente unos 100 kilómetros cuadrados (incluyendo el área metropolitana) de los 75 mil 517 que tiene el territorio nacional, no exista una red de organizaciones ambientales que defiendan la ciudad y los intereses que deben privar en el ambiente urbano, para garantizar la calidad de vida de sus habitantes.

En contraste, la otra mitad de la población está diseminada en centros urbanos menores y en infinidad de pequeños pueblos y asentamientos que cuentan con muchas organizaciones ciudadanas y redes sociales que se dedican a proteger el ambiente para beneficio de los pobladores y el sostenimiento del sistema ecológico.

Esto es relevante y preocupa, porque es en la ciudad donde se genera el mayor daño ambiental que afecta directamente las regiones colindantes y los cuerpos de agua, generando daños que la naturaleza no puede regenerar o renovar en los océanos y la atmósfera.

Las organizaciones ambientalistas no gubernamentales han logrado captar y crear la conciencia necesaria en la población para recibir el aporte de tiempo y fondos necesarios, con resultados admirables que han ayudado a mejorar la situación ambiental y a mantener la vigencia y vigilancia de la protección ecológica. Sin embargo, las ciudades no tienen quién las proteja o defienda de la continua agresión que sufren los centros urbanos por parte de sus propios habitantes y, sobre todo, de la gestión comercial que hace negocio en las ciudades.

A pesar de que al gobierno nacional y municipal les corresponde constitucionalmente el deber de velar por un ambiente sano, en el que puedan vivir los asociados y desarrollar con plenitud sus actividades de trabajo, recreación y descanso, históricamente han sido loscómplices de la destrucción sistemática del medio ambiente en las ciudades, sin que medie interés y menos voluntad política para detener, corregir o mitigar el daño que se le infringe.

Es necesario, por no decir urgente, que podamos crear organizaciones ciudadanas que tengan la estructura social con representación horizontal y ascendencia vertical, estructuradas con las condiciones jurídicas y el soporte económico suficiente para que puedan existir dentro de la comunidad urbana y representar a la ciudadanía con determinación. Deben ser extraídas de diversos grupos de participación, para que la presencia de estos en la concertación pública sea permanente y amplia.

Es necesario que dichas organizaciones imiten las estructuras que con tanto éxito han desarrollado las organizaciones ambientalistas que en los últimos 20 años se han dedicado a proteger el medio ambiente. La mística, capacidad de consenso, generación de proyectos, capacitación y el recurso económico que han conseguido para mantener su vigencia deben ser imitados para garantizar la efectividad de las organizaciones urbanas.

Las organizaciones que hasta ahora han participado en el foro nacional, defendiendo los intereses de las ciudades han sido gremiales, comunales o de ciudadanos. En todos los casos no han logrado la efectividad necesaria, porque adolecen de los recursos y capacidad representativa de la comunidad para ser tomados en cuenta por los grupos de poder que intervienen y afectan el ambiente urbano. Los gremios profesionales de la ingeniería y arquitectura están más preocupados por su negocio que por los intereses ciudadanos. Las asociaciones de las comunidades solo actúan cuando se afectan los intereses del barrio, y los grupos ciudadanos son muy individualistas y no tienen organización ni agenda para mantener un verdadero activismo urbano.

Aparte de estas gestiones, hay voces de ciudadanos preocupados que muestran su inconformidad a través de artículos de opinión, como críticos autorizados y bien intencionados, pero sin tener mayor repercusión que no sea dejar constancia de los daños o hacer críticas y/o recomendaciones que las autoridades competentes no toman en cuenta.

La agresión contra los intereses de la ciudad ha sido, desde el inicio de la República, permanente , sistemática, gestada y ejecutada por los intereses comerciales, inmobiliarios, publicitarios, de transporte, distribución eléctrica y de comunicaciones, entre otros, con la complicidad de las autoridades, sobre todo, las municipales. Sin embargo, y finalmente porque la ciudad ya no resiste más improvisación ni castigo, la administración del presidente Martinelli hace esfuerzos concretos para resolver esta situación, con una gran cantidad de gestiones y proyectos urbanos que pretenden solucionar los problemas históricos que más nos aquejan, como el transporte público, la vialidad y el tránsito, la publicidad exterior, la basura y la autoridad urbana.

Los intereses creados harán todo lo posible para resistir el cambio. Lo único que puede ejercer un balance entre las iniciativas del gobierno y los que están en contra del cambio urbano es la contraparte ciudadana. Además, por no ser parte interesada, puede optar por una posición objetiva al criticar las iniciativas gubernamentales que estén fuera de tiempo y/o lugar.

Urge que los ciudadanos conscientes y, particularmente, los que tiene liderazgo en la comunidad, formen organizaciones que defiendan los mejores intereses de la comunidad en beneficio de un ambiente urbano sano y sostenible.

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Este artículo se publicó el 10 de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Menos es más

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La opinión de…

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Álvaro González Clare –

La noticia de que en la última reunión de Gabinete se aprobó la iniciativa del ministro de Obras Públicas, Federico José Suárez, de regular la instalación de vallas de publicidad exterior en todas las servidumbres viales, urbanas y rurales, sobre todo en carreteras y autopistas nacionales, merece todo el apoyo ciudadano.

El estado de anarquía y desgreño en que el negocio de la publicidad exterior ha sumido nuestras ciudades, particularmente la capital, es sencillamente vergonzoso e intolerable. El escenario urbano es caótico y asqueroso para el observador citadino, además de generar un enorme peligro para los conductores por obstaculizar los laterales de las vías, distraer la atención y tapar las señales e instrucciones de tránsito.

La proliferación fue geométrica en los últimos 10 años en la administración alcaldicia de los municipios de Panamá y San Miguelito, indistintamente de las campañas de revisión y profilaxis que mediáticamente divulgaban ambos alcaldes para eximir su conciencia política. Se instalaron letreros y vallas por doquier, sin limitación o restricción, a pesar de los supuestos reglamentos que para todos los efectos son letra muerta, porque los ingresos pecuniarios al tesoro municipal son los que mandan e importan.

Para los que hacen el negocio de la publicidad exterior, la ciudad no es un sitio para que vivamos los ciudadanos, es sencillamente una cantera para explotar y lucrar del negocio visual donde estamos obligados a mirar para circular.

Es increíble que la iniciativa del Ministerio de Obras Públicas esté siendo criticada por la Asociación de Publicidad Exterior, bajo el supuesto de que la norma solo favorece a los publicistas con letreros unipolares y que la gran mayoría de las vallas son de dos o tres patas.

De por sí la propuesta del ministro Suárez solo afecta las servidumbres públicas, sin meterse en las propiedades privadas, que son posiblemente donde se ubica la gran mayoría de la basura visual. La ciudadanía no se opone a la publicidad exterior.

Lo que no terminan de entender los publicistas y comerciantes es que la forma en que hacen su negocio es burda, sucia, agresiva y contraproducente para los mejores intereses ciudadanos y, además, de que la sobrecarga visual de su negocio perjudica a todos los comerciantes por igual, indistintamente si se publicitan en vallas unipolares de dos o tres patas. Recuerden un principio básico en el diseño de una buena publicidad: menos es más.

Para estos comerciantes y publicistas el problema de la norma es sencillamente pecuniario, sin un ápice de consideración humana y menos de cariño y aprecio que le debemos tener a nuestra ciudad. Por algo, reitera el escritor argentino Ernesto Sábato en su libro La Resistencia, nuestras ciudades latinoamericanas están construidas con la suma de todos los egoísmos individuales. Para los comerciantes la ciudad es un sitio para hacer negocios en lo que sea, sin reparo al daño ambiental que nos inflijan sádicamente.

Los ciudadanos tenemos que apoyar la iniciativa aprobada por el Gabinete para poner orden en nuestras ciudades y carreteras, oponiéndonos a los intereses creados. La oposición al cambio es estructural porque pretende desmontar décadas de favoritismos, prebendas, concesiones, etc. Ordenar el sistema en general es un problema difícil que tiene un gran costo político. Para un gobierno complaciente lo más sencillo es dejar que las cosas sigan, igual como lo hicieron las anteriores administraciones, indistintamente del daño que le causan a las grandes mayorías.

Hay que apoyar la iniciativa del Gobierno para limpiar la ciudad del basurero visual en que se ha convertido, para tener derecho a un ambiente sano y a un entorno urbano agradable.

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<> Este artículo se publicó el 19  de noviembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Más artículos del autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/gonzalez-clare-alvaro/

Sobre cilindros y otras formas degradantes

La opinión de…

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Álvaro González Clare –

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó el pliego de cargos para contratar el diseño conceptual y planos de construcción de la Torre Financiera en la Avenida Balboa, en una licitación que tiene un precio de referencia (por el diseño y los planos) de 8 millones de dólares y un costo estimado de construcción de la obra de 200 millones de dólares.

En el pliego de cargos se incluye el diseño preliminar del edificio que proponen los arquitectos norteamericanos Skidmore, Owing and Merrill (SOM) que fueron contratados de a dedo por el ministro Alberto Vallarino por un honorario fijo de $300,000.   El diseño preliminar propuesto por SOM es una torre con forma cilíndrica de 333 metros de altura, muy similar a la torre Agbar de Barcelona, diseñada por el arquitecto Jean Novel, que los catalanes han bautizado peyorativamente con el apodo de “el supositorio”, y a la torre Gherkin de Londres, que los ingleses conocen con el apodo de “el pepinillo”.

Los participantes en la licitación, según la documentación oficial “… podrán mejorar esta, informaron”,   o sea que solo podrán mejorar, pero no cambiar la propuesta del diseño preliminar de los arquitectos SOM. Las implicaciones que tiene la exigencia anterior es la razón que motiva este artículo.   Aclaro que con esta intervención no estoy avalando la iniciativa del MEF.

El diseño preliminar de los arquitectos SOM está, a mi juicio profesional, muy lejos de ser un diseño excepcional y original;   peor aún, la propuesta es muy parecida a otros edificios que no tienen mérito arquitectónico como para ser imitada.

Cuando estudié arquitectura a mediados del siglo pasado la profesión estaba liderada por los modernistas que nacen con el movimiento de Bauhaus y coinciden con el cubismo en la pintura. Esta corriente tuvo su momento estelar en el siglo XX con arquitectos excepcionales, como Walter Gropius, Alvar Aalto, Le Corbusier, Mies van der Rohe, entre tantos otros.

En la década de 1950, los arquitectos de SOM diseñaron entre otras obras importantes el Lever House, un edificio en el medio de Manhattan que rompió todos los esquemas urbanos de la época poniéndose a la vanguardia del International Style. Recordemos que en la actualidad son estos arquitectos los que diseñaron el edificio más alto del mundo en Dubái sumándolo a un expediente de grandes creaciones arquitectónicas en sus casi 75 años de ejercicio profesional.

Definitivamente, estos arquitectos tienen todo el mérito para hacer la propuesta de diseño preliminar de la torre del MEF.   Es por esto que me llama poderosamente la atención que SOM haya presentado una propuesta de diseño preliminar con tan baja calidad arquitectónica.    Para lo que han presentado, considero que si el MEF hubiera hecho un concurso de diseño entre los arquitectos panameños, con un buen jurado internacional, tendría una propuesta mucho más apropiada, innovadora y relacionada con la cinta costera y el perfil urbano marino de la ciudad.

Pero lo que más apremia es el mensaje que envía el documento oficial cuando limita a los proponentes para que solo puedan mejorar la información del diseño preliminar adjunto en el pliego de cargos. Es decir, los arquitectos que participen en este concurso solo podrán moverse dentro de la forma cilíndrica propuesta. El mensaje subliminal es que a cambio de un cilindro de 333 metros de altura solo podrán los arquitectos proponer otro objeto de muy similar apariencia a la forma que haga las veces del degradante uso que le apodan los catalanes.

Reconozco que los 8 millones dólares que ofrece la licitación a los arquitectos nacionales que concursen para hacer el diseño conceptual y los planos de construcción, es una cifra que puede demoler hasta los más sólidos cimientos éticos y morales, pero a pesar de esto y siendo muy ingenuo y optimista le solicito a mis colegas que le pidan al MEF que elimine del pliego de cargos la exigencia que limita la expresión de la forma arquitectónica. Aceptar este requisito de diseño es sencillamente indigno y humillante.

<>Artículo publicado el 7 de septiembre de 2010 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

El Ordenamiento Territorial en el Miviot

La opinión de…

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Álvaro González Clare

Sin pena ni gloria pasó la celebración del primer semestre de la creación del Viceministerio de Ordenamiento Territorial (OT), fundamentado según la Ley 61 del 23 de octubre de 2009.   Este evento llena una de las más grandes expectativas en el ámbito urbano, que se inició en 1995 y durante 15 años estuvo pendiente en la agenda técnica de un grupo de arquitectos y urbanistas.

El tema urbano fue sacado de la agenda política por el gobierno militar relegándolo a letra muerta cuando creó el Ministerio de la Vivienda (Mivi) con la Ley Orgánica No. 9 de 1973. Al eliminar la autoridad urbana la dictadura dejó abierta la puerta a la improvisación y desgreño urbano en las ciudades, desconociendo la planificación y el ordenamiento territorial como las únicas herramientas capaces de convertir el crecimiento en desarrollo.

La ciudad de Panamá y su área metropolitana han pagado muy caro por esto y son la viva muestra de un asentamiento humano caótico donde reina el laisseferismo y la improvisación. Producto de esta absurda decisión política es que hoy pagamos los ciudadanos el alto costo de tan baja calidad de vida urbana.

El gobierno del presidente Ricardo Martinelli dio el primer paso para restituir la autoridad urbana al crear el Viceministerio de Ordenamiento Territorial, dándole voz y voto en el Gabinete presidencial. Pocas han sido las manifestaciones ciudadanas, gremiales o empresariales apoyando esta importante gestión administrativa y menos ha sido la cobertura periodística que los medios le dieron a la noticia de la celebración del Miviot. Es evidente que estos no son los eventos que motivan a la sociedad porque son sencillamente buenas noticias y no se prestan para la diatriba noticiosa o el morbo político.

La mora que tiene la ciudad en materia de planificación es monumental porque no solo resta la necesidad de corregir todo el daño causado en un siglo de vida republicana, sino además debe incorporar de manera correcta e integral todos los ambiciosos proyectos de equipamiento comunitario e infraestructura urbana que están por construirse como el Metro, Metro Bus, ampliación de corredores y cinta costera, ciudad gubernamental el complejo hospitalario de la Caja de Seguro Social, entre otros.

Solo será posible corregir la situación urbana y sostener adecuadamente la dinámica del crecimiento si el Viceministerio de Ordenamiento Territorial logra a corto plazo preparar un acuerdo macro con suficiente flexibilidad que ordene lo nuevo y paute la mitigación de los daños causados por el desorden anterior y sobre todo lograr convencer a los gobernantes que toman las decisiones de la urgente necesidad de ampliarlos y respetar las recomendaciones técnicas.

De alguna forma tenemos los técnicos que hacer entender a los gobernantes que la planificación tiene un gran rédito político, contrario a lo que los dictadores no supieron reconocer. Inaugurar urbanizaciones y entregar casitas tiene un valor tangible a muy corto plazo que los políticos transforman convenientemente en clientelismo; contrario a lo que sucede con los planes de desarrollo urbano que no cortan cintas y requieren más tiempo para sentir su gran efecto en la calidad de vida de los habitantes.

Utilizar las soluciones de vivienda como una prebenda partidista es propio de políticos, pero aplicar la planificación para ordenar la ciudad es propio de estadistas y visionarios. Esta triste realidad es lo que explica el porqué la planificación urbana nunca antes estuvo en la agenda política.

Es más que evidente que la administración Martinelli está dispuesta a corregir los errores y distorsiones urbanas que se dieron en la ciudad producto de la ampliación de normas especiales aprobadas a la medida, regímenes de excepciones y vivezas de copartidarios de turno. Igual que en los demás problemas nacionales, está determinado a poner orden y encauzar el crecimiento para convertirlo en desarrollo, deteniendo a los sinvergüenzas que se apropiaron sin permiso del espacio público, los que rellenaban la costa con concesiones ficticias o violentaban las normas con descaro e impunidad. Solo así podremos cambiar la cultura urbana en beneficio del bien común. Si queremos una mejor ciudad donde vivir ahora nos toca apoyar y aportar a la gestión técnica, administrativa y política del OT en el Miviot.

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Este artículo se publicó el 10 de agosto de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Políticamente incorrecta

La opinión de…

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Álvaro González Clare  —

Los países que han logrado los mayores índices de progreso y bienestar para sus habitantes no han sido necesariamente los más grandes en territorio ni los más poblados o los que más recursos naturales y energéticos tienen, o los más antiguos. Los que han logrado un alto nivel de desarrollo son sencillamente los que tienen una cultura de orden, disciplina y seriedad en sus relaciones intersociales e internacionales. El mejor ejemplo es Suiza.

Para construir una sociedad ordenada se requiere un proceso cultural difícil, largo y constante. En cambio, el desorden es una degeneración en las relaciones intersociales que se produce por utilizar los caminos fáciles donde se desconoce el mérito y el esfuerzo y se premia al sinvergüenza y mentiroso. Es la diferencia entre el trabajo o el empleo, el premio o “el salve”, el compromiso o el chance, el ahorro o la lotería, la disciplina o “el juega vivo”.

Una sociedad estructurada en el orden genera una comunidad democrática con equidad en las obligaciones y los beneficios, solo con las excepciones que puedan crear las diferencias de discapacidad y vejez. Sin embargo, las sociedades estructuradas en el desorden generan la inequidad a través de las excepciones, prebendas, regímenes especiales, moratorias, condonación de deudas por morosidad colectiva, beneficios adjudicados por clientelismo político y los subsidios. Todas estas distorsiones descomponen la equidad creando grupos, gremios, asociaciones, partidos y sindicatos con ciudadanos que tienen privilegios especiales que se manejan al margen de las obligaciones y responsabilidades del resto de los ciudadanos. Las normas de convivencia social demandan equidad de obligaciones y compromisos para que no existan diferencias que no permitan que la democracia funcione. No pueden funcionar cuando por excepción se crean privilegios por ley y no por mérito.

Cambiar las distorsiones que se han llegado a reconocer como supuestas conquistas laborales y gremiales que promueven la impunidad de la dirigencia y la baja productividad laboral, los derechos ciudadanos adquiridos a la fuerza por la supuesta desatención de las autoridades para resolver los reclamos, los derechos humanos del sicario y el traficante de drogas, la presunción de inocencia del delincuente cuando ha sido arrestado cometiendo el crimen, o la inmunidad omnímoda del fuero electoral son algunas de las injusticias que descompensan la equidad social. La Constitución demanda que todos seamos iguales ante la ley sin distingos de raza, credo o género.

El sistema democrático debe eliminar estas distorsiones y ordenar la sociedad para que funcione con equidad y justicia social. Los cambios necesarios para eliminar las distorsiones son difíciles y traumáticos, porque las supuestas conquistas y regímenes de excepción adquiridas por medio del retorcido clientelismo o las asquerosas prebendas políticas generan grupos de poder que no van a aceptar el cambio sin hacer una resistencia social, económica y política muy costosa, particularmente los grupos de izquierda que valiéndose de estas distorsiones atentan contra el propio sistema democrático. La ruta de vida de estos grupos ideológicos no tiene las mismas normas de convivencia y se valen de las debilidades del sistema democrático para debilitarlo o destruirlo.

Poniendo lo anterior en el contexto de la Ley 30, sin entrar a considerar el manejo político de su legislación, considero que la intención del Gobierno fue cambiar distorsiones sociales, laborales y económicas creadas por intereses de grupos de poder. El propósito es introducir orden en la convivencia social para equiparar responsabilidades con beneficios que se traducen en seguridad, bienestar y progreso. El único problema de la ley es que existe un desfase en el tiempo necesario entre la intención y los mecanismos de consenso del sistema democrático para que coincidan. El Gobierno eligió el tiempo en vez de lo políticamente correcto. ¿Estamos dispuestos a seguir viviendo en el desorden social que los gobiernos anteriores por clientelismo y prebendas políticas nos han heredado o estamos dispuestos a sacrificar soluciones de consenso y agotadores procesos burocráticos ambientales para lograr los cambios estructurales que generen el progreso necesario y bienestar social en el menor tiempo posible?

No es un asunto de retórica sino de realidades, donde lo que hay que evaluar políticamente es si el tiempo puede tener más importancia que las apremiantes necesidades de los ciudadanos que sufren las injusticias, inequidades, indignidad e inseguridad de un sistema que se ha edificado políticamente en el desorden mediante la mentira conveniente. Es un sofisma oponerse al cambio aduciendo que la ley es políticamente incorrecta.

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Este artículo se publicó el 29 de julio de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Armas y civilización

La opinión de…..

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Álvaro González Clare  y  John A. Bennett

El mayor retirado L. Caudill en su artículo Armas y Civilización nos llama la atención al hecho de que los humanos solo tienen dos opciones para lidiar entre individuos o grupos: la razón y la fuerza. En una sociedad moral la interacción se esfuerza por hacer las cosas usando el razonamiento y la persuasión, desdeñando la violencia.   La presión de la fuerza no debe tener lugar como método valido en la interacción social, sin embargo, lo único que remueve esta opción es que la contraparte esté armada, por paradójico que suene este argumento.

El mundo en que vivimos ha sido históricamente desigual. Los fuertes abusan de los débiles, los jóvenes de los viejos, los hombres de las mujeres y los grupos de los individuos. Lo único que puede nivelar estas diferencias es que los que tienen la desventaja estén armados para poder defenderse y, por lo menos, disuadir el abuso de la fuerza.

Las armas, y particularmente las de fuego, han surgido como herramientas para nivelar fuerzas en un mundo desigual. El viejito, por ejemplo, no puede defenderse ante un joven maleante que no respeta ni a su propia madre, o la mujer de 110 libras contra un violador de 220 libras, a no ser que tengan una pistola bien cargada de municiones, sobre todo cuando sabemos que la Policía, por más bien intencionada, no es una institución omnipresente.

La civilización ha procurado traspasar el derecho del uso de las armas a los policías, con la presunción de que con ellas defiendan y protejan a los ciudadanos. Teóricamente este principio social podría funcionar y es común ver a quienes, basado en esto, alegan que se debe desarmar a todos los ciudadanos para poner orden en la sociedad.

Esto se traduce en el desarme de todos los respetuosos del orden público, traspasando el derecho del monopolio de la fuerza de las armas a los maleantes.

Pero si un gran número de ciudadanos tiene derecho de portar armas para defenderse, la cosa cambia porque los que tienen las armas se sumarían a la Policía como fuerza de disuasión. Si un grupo de iracundos cerradores de calles sabe que los ciudadanos que están frente a ellos pueden tener armas de fuego para defenderse, pensarían dos veces abalanzarse contra los carros para apedrearlos o apalearlos.

Los que antagonizan esta teoría argumentan que las confrontaciones con armas de fuego son más letales; que las confrontaciones de otra manera no son tan dañinas. Este argumento es una falacia. Sin armas de fuego las confrontaciones son siempre ganadas por la superioridad del que agrede y en el peor de los casos por el maleante que tiene el arma de fuego ilegal contra su víctima, legalmente desarmada.

También argumentan en contra, aduciendo que pueden ocurrir accidentes por el mal uso de las armas de fuego de parte de los que tienen derecho para portarlas, tal como se dan a diario con los automóviles pero, no por ello, dejamos de usar los carros.

Lo que hay que hacer es legislar sobre el mal uso de las armas y no legislar la prohibición de las armas para la indefensión de los ciudadanos que se apegan al orden público. Es consabido que los monopolios son contrarios al interés general y cuando los gobiernos se esmeran en prohibir o dificultan mediante tortuosas tramitaciones burocráticas, como es el caso en nuestra legislación, la tenencia y porte legal de las armas de fuego, le están concediendo un monopolio de armarse a los maleantes.

Con esto, el Estado les está otorgando a los maleantes y ladrones la garantía de una vida exitosa en una sociedad desarmada.

Típicamente los malhechores ya tienen grandes ventajas para hacer sus fechorías: no les interesa la ley, son profesionales del ramo de la violencia, jóvenes y fuertes, a menudo tienen los medios para coimear a los policías y en algunos casos son policías etc.,   de manera que el facilitar a los ciudadanos probos el uso de los medios de defensa legítima sólo juega a favor de los débiles y no de los fuertes agresores.

El ciudadano probo carga un arma de fuego, no porque esté buscando pelea ni para alardear de tenerla, sino porque está previniendo que no abusen de él por la fuerza.

El arma que tiene le permite ser persuadido por la razón, pero no a ser sometido por miedo. Esto no limita la interacción con los otros ciudadanos que están dispuestos a razonar, pero sí con aquellos que quieren atropellarlo, cursarle miedo o aplicarle la fuerza. Por esto el derecho a portar un arma de fuego es un acto civilizado, porque le da prioridad a la fuerza de la razón.

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Este artículo se publicó el  11  de mayo de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El Metro y el Miviot

La opinión de…..

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Álvaro González Clare

El Metro es el proyecto insignia del presidente Ricardo Martinelli que simboliza el gran cambio en el transporte público y la modernización de la ciudad capital. Por su naturaleza y dimensión el Metro tendrá un enorme impacto social, económico, cultural y sobre todo urbano. La decisión del Metro fue tomada políticamente y, por tanto, el éxito de esta gestión dependerá exclusivamente de su contenido técnico.

Para que el impacto del Metro en la ciudad sea exitoso, es primordial que la planificación del sistema del transporte, rutas, estaciones de transbordos y las rutas alimentadoras sean integradas adecuadamente con la trama vial y el uso del suelo existente y, sobre todo, el proyectado.   Esta parte de la planificación corresponde a un plan parcial que, por competencia institucional y técnica, debe ser del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) como establece su ley orgánica, a saber: “Proceder con el planeamiento y el desarrollo ordenado de las áreas urbanas y centros poblados y formular planes de inversión de obras de uso público con el propósito de provocar un mejor uso en las tierras, localización adecuada de áreas públicas para servicios comunales y otros fines y el establecimiento de sistemas de vías de comunicación”.

Hace poco indiqué en un artículo que una de las prioridades más importantes del viceministro de Ordenamiento Territorial debe ser la coordinación del cambio de uso de suelo en el área afectada por la influencia de la ruta, las estaciones del Metro y los efectos en la trama de calles y avenidas existentes causado por las líneas alimentadoras del Metro Bus. Para que la relación entre los componentes del transporte público y los elementos urbanos sean integrados correctamente es esencial que exista –administrativa y técnicamente– una gran relación entre la Secretaría del Metro y el viceministerio del Miviot. Estoy seguro que el ingeniero Roberto Roy y la arquitecta Marta de Álvarez serán la garantía que se requiere para el éxito del proyecto y, consecuentemente, la culminación de la promesa de campaña del presidente Ricardo Martinelli.

En el desarrollo del plan parcial que requiere la inserción del Metro en la ciudad será necesario que se interpole la ruta del Metro, las estaciones y los transbordos en el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano (revisado y actualizado) de la ciudad de Panamá y los planes de mejoramiento vial que tiene el Ministerio de Obras Públicas para lograr la generación de otros nodos de desarrollo en la ciudad. Crear nuevos polos es liberar la dependencia del nodo principal que tenemos y, consecuentemente, reducir la necesidad de viajes al mismo centro, condición primordial del Plan Metropolitano para hacer la ciudad más práctica y democrática.

La primera decisión técnica en este gran proyecto ya ha sido tomada con estricto apego científico. La ruta del metro ha sido escogida y diseñada por donde se genera la mayor capacidad de movimiento de pasajeros. Por sencillo que parezca esta decisión estaría equivocada si la misma se tomara exclusivamente basada en el costo de la inversión, como sucedió en los metros de Miami y Santo Domingo. Una vez tomada esta medida lo que procede es mantener congelados todos los usos de suelo en las áreas de influencia inmediata de la ruta hasta tanto no se revise y asignen los usos correctos para evitar la especulación y los apetitos inmobiliarios en detrimento de los intereses públicos. Si esto no se hace correctamente pondría en grave riesgo el éxito del proyecto político por la gran corrupción que podría generar.

Esta oportunidad es única en nuestra historia urbana y nos permitirá, en la medida que sepamos aprovecharlo técnicamente y separarla de los intereses políticos y privados, reordenar todo el asentamiento humano, rehabilitar la grave estructura vial existente, cambiar el caos del transporte público y darle al espacio urbano un verdadero sentido de ciudad para el gozo de todos los que vivimos en ella.

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Este artículo se publicó el 3 de mayo de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El viceministerio del Miviot y su responsabilidad prioritaria

La opinión de…..

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Álvaro González Clare

La creación del viceministerio de Ordenamiento territorial, en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, es una de las más grandes expectativas cumplidas por este gobierno, en mora desde 1973 cuando el gobierno del dictador Torrijos cambió el Instituto de Vivienda y Urbanismo ( IVU) por el Ministerio de la Vivienda (Mivi), degradando el asunto urbano al fondo del interés político.

La creación del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), con esta decisión ejecutiva permite que el tema urbano regrese al tapete y tenga voz y voto en las consideraciones de gabinete y además adquiera rango de autoridad para orientar, corregir y dirigir las decisiones o la falta de ellas en el ordenamiento de los asentamientos humanos en la república.

Históricamente, el IVU hasta 1973 y luego el Mivi han tenido directores y luego ministros designados por interés político únicamente, para capitalizar el clientelismo en el déficit habitacional. Los ungidos han sido designados por su experiencia en construcción o en ciertos casos recientes por abogados o médicos que poco o nada saben de la materia, con la excepción del urbanista Jorge R. Riba que ocupó la dirección del IVU de 1964 a 1968. Esto comprueba el muy bajo perfil que tiene políticamente y la ausencia de interés de nuestros gobernantes por mejorar la calidad de vida en las ciudades donde viven más de la mitad de los panameños.

La conclusión de esta histórica mora institucional puede haber llegado a su final, siempre y cuando la viceministra Marta de Álvarez reconozca la grave responsabilidad que tiene y reclame en el Gobierno la autoridad que le compete por ley.

Para esto debe comenzar por orientar al titular de la cartera en política urbana, fortalecer la dirección de desarrollo urbano, revisar y corregir las normas y reglamentos que han distorsionado el crecimiento urbano, pero sobre todo ubicar al resto de los ministros en lo que compete a su responsabilidad técnica utilizando la autoridad que le otorga la ley orgánica y lo que le asigna expresamente el Decreto Ejecutivo No. 22 del 16 de mayo e 2007, en el Consejo Nacional de Urbanismo (Conaur), para emitir concepto favorable en todos los empréstitos a celebrarse que afecten las áreas urbanas.

Muy pobre es el mensaje que nos envía mediáticamente con el nombramiento de una gran comisión de veteranos profesionales delegándoles únicamente la revisión de los planes urbanos, normas y reglamentos vigentes, emulando la súper comisión de 30 expertos que Balbina Herrera nombró para crear la Ley No. 6 con el único fin de diluir aún más la autoridad urbana del Mivi, dividiéndola entre los 74 distritos y 594 corregimientos.

Esta comisión es necesaria pero no prioritaria en la mora en política urbana, la falta de autoridad y la terrible crisis nacional que sufren las ciudades y sus habitantes.

En vez de esta medida insulsa, la viceministra Álvarez debió darle prioridad a la recuperación de la autoridad urbana, definiendo el territorio de su competencia para acabar de una vez por toda la histórica política urbana de la improvisación y el “lesseferismo” inmobiliario.

Para ser específico, el Miviot debe eliminar la injerencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en la gestión y toma de decisiones urbanas que el ministro Vallarino se autoasigna por razones preelectorales, con los proyectos del nuevo Palacio de Convenciones, la torre de los 70 pisos del MEF, la ampliación de la Calzada de Amador y la Ciudad Gubernamental y la consecuente reubicación de la Policía Nacional y el Mercado de Abastos.

Tampoco ha reclamado su participación técnica en la planificación del Metro y el Metrobús, esenciales en la reestructuración de la ciudad, al igual que en el sistema de los semáforos inteligentes y la reestructuración de la red vial.

No ha participado en los graves problemas ambientales urbanos que reclama la ciudadanía por la tala indiscriminada de árboles, la sistemática violación del patrimonio nacional en el Casco Antiguo y ha ignorado las absurdas iniciativas del Ministerio de Obras Publicas de rellenos en el litoral Pacífico que van a afectar el valor histórico de Panamá La Vieja y el valor turístico de Amador entro otros tantos problemas urbanos.

Si la creación del viceministerio de Ordenamiento Territorial se va a dedicar únicamente a la revisión de planes urbanos, no va a hacer más que lo que hizo precaria e históricamente la Dirección de Desarrollo Urbano del Mivi.

La comisión de expertos que ha nombrado el Miviot son los mismos técnicos que han participado en esta asignación desde 1992 hasta la fecha. Creo que la grave situación de la ciudad amerita que el Miviot nos enseñen la garra de la Autoridad Urbana y sea más creativo para generar una nueva sinergia técnica que comience seriamente a resolver la crisis en las ciudades.

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Este artículo se publicó el  6  de abril de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Semáforos se escribe con ‘s’ de solidaridad

La opinión de…..

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Álvaro González Clare

En un programa de televisión matutino reciente, el viceministro de Gobierno y Justicia Ricardo Fábrega, encargado de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), hizo declaraciones sobre la semaforización de la ciudad y palabras más o menos dijo: “que el contrato con la empresa Telvet Tráfico y Transporte, S.A., no había sido decisión de esta administración y que el sistema era un contrato, llave en mano, en el cual terminada la instalación de todos los semáforos y puestos a funcionar en su totalidad y operando correctamente, serían cancelados los 26 millones de balboas acordados.   Agregó, enfáticamente, una aseveración de trascendencia típica en la política criolla: “Tengan la seguridad de que no me temblará la mano para ordenar la suspensión de la orden de pago, si el sistema no funciona”.

No hay duda de que esta posición política de un alto funcionario de la actual administración es temeraria y populista, porque compromete la seriedad del Gobierno en una decisión que al final será netamente técnica. Estoy seguro de que una empresa especializada en la materia no ha dejado el contrato abierto al juicio político, en vez el resultado de la instalación será examinado y evaluado por una serie de parámetros técnicos de tiempo y tránsito vehicular en cada una de las 170 intersecciones críticas. La complejidad del tema no puede quedar al aprecio simplista y subjetivo de los políticos de turno.

Es de suponer que una ciudad como Panamá, virtualmente primitiva, caótica y con una mora de 50 años en semaforización, no puede llegar a funcionar idealmente y a gusto de todos los conductores solo con la instalación de un sistema de semáforos inteligentes.  Esto es técnicamente imposible a no ser que el sistema se complemente e integre a otros elementos como son: la ampliación y construcción de nuevas vía y la organización de las vías marginales; la eliminación de vehículos estacionados en las calles, viaductos o los sobre pasos en puntos estratégicos; la jerarquización de vehículos; horarios para el paso de los camiones y el transporte pesado dentro de la ciudad, etcétera.

Un sistema de semaforización inteligente lo único que puede hacer, y así se debe juzgar su funcionamiento, es ordenar el flujo del tránsito de manera óptima dentro de la red existente vial que no tiene capacidad para manejar adecuadamente el parque automotor.

La situación alegóricamente es igual que hacer fluir una cantidad exagerada de agua a través de una red de tuberías instaladas que no tienen capacidad para manejar el volumen total.   Lo que se podría pretender hidráulicamente es conducir el agua de la mejor manera posible, distribuyéndola en tiempos variables dentro del sistema de tuberías para suplir las demandas de manera práctica en cada salida, aunque no sean óptimas.

Esto no implica que el sistema será perfecto, pero sí que será lo mejor dentro de su imperfección, permitiendo que todas las descargas sean lo más equitativas en volumen y tiempo.

Los medios de comunicación social han juzgado y condenado mediáticamente el sistema de semáforos, complicando cada vez más la situación técnica.

La puesta en marcha sectorizada del sistema es difícil porque no aprovecha la ventaja de su integralidad. Los periodistas, igual que los políticos que juran saber de todo, se han dedicado a “demonizar” los semáforos, apoyando la terrible incultura vial de los panameños.

La realidad de la situación es peligrosa. Lo peor que nos puede pasar es que por una rabieta de populismo político para complacer y reiterar el prejuicio mediático, la ATTT decida cancelar el sistema de semáforos inteligentes, antes que se termine la construcción y se puedan poner a funcionar coordinada e integralmente. Si la ATTT toma la decisión de cancelar los semáforos inteligentes, nos condenaría al ostracismo técnico y a la prehistoria en la vialidad urbana.

El viceministro Fábrega, en vez de tratar de curarse en salud y obviar su responsabilidad como autoridad competente, debe darle a los técnicos de la ATTT y a la empresa todo su apoyo, a la vez que le solicita a la ciudadanía su cuota de tolerancia y paciencia.

Es necesario que todos comprendamos que este sistema, por imperfecto que pueda ser, mejorará sustantivamente la maldita situación que vivimos en las calles de la ciudad.

Si se instala integralmente el sistema, se logrará repartir los inconvenientes que existen en las esquinas críticas (que son casi todas), con una cuota de solidaridad ciudadana.  Es esto o seguir matándonos en cada esquina.

El posible atraso que tengamos cada uno de los conductores en las rutas escogidas, será compensado a otros conductores en otras rutas alternas. Todos, al final, compartiremos los problemas equitativamente para que el tráfico y tránsito en la ciudad funcione apropiadamente.

El sistema de semáforos inteligentes nos dará más seguridad vial, reduciendo la grave agresividad de los conductores y, sobre todo, cambiará la cultura del juega vivo en el tráfico vehicular.

La ciudadanía no le debe hacer el juego a los políticos que han sacado el asunto del ámbito técnico, ni a los medios de comunicación que tienen su agenda propia y sus intereses mercantiles por delante.

Permitamos que se complete la instalación, con paciencia y tolerancia, dándoles el beneficio de la duda a los expertos en la materia, para que podamos salir de la era jurásica en que vivimos en la ciudad de Panamá.

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Publicado el 8 de marzo de 2010 en el Diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Otra promoción inmobiliaria políticamente incorrecta

La opinión del Arquitecto…..

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Álvaro González Clare

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) promueve un proyecto inmobiliario de enorme importancia para la ciudad. Esta vez se trata del Centro Nacional de Convenciones (CN de C) que propone construir al final de la Avenida de los Poetas en El Chorrillo, sobre el relleno de una ensenada ubicada a la entrada de Amador.

Para los estudios preliminares se contrató directamente a la firma norteamericana Skidmore Owings and Merrill, tal como anteriormente el MEF contrató, de a dedo, a otra firma extranjera para que hiciera los estudios conceptuales de la torre de 70 pisos en Avenida Balboa. También ha comisionado a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) los estudios de ingeniería, tránsito y vialidad para la ampliación de la calzada de Amador a cuatro carriles.

Proyectos de esta naturaleza ameritan la consideración de orden urbano integral para justificar primeramente su ubicación y luego la necesidad vial en el caso de la ampliación de la calzada.   Contrario a lo que se justificó en el de la torre del MEF, este proyecto no significa ningún ahorro para el erario público, ya que el Estado cuenta con el Centro de Convenciones Atlapa. Debe haber, entonces, razones diferentes a las financieras para sustentar estas importantes inversiones públicas, asunto sobre el cual no voy a especular.

Al día de hoy se desconoce el programa de diseño del CN de C, por lo que no voy a hacer conjeturas sobre el edificio y su costo. Sin embargo, y conociendo el sitio propuesto para la construcción resulta necesario, prudente y aconsejable hacer algunas consideraciones de aprecio urbano, tanto por el respeto que se merece la opinión pública como por las implicaciones que esta gestión tiene con el desarrollo turístico de Amador, la relación con el barrio de El Chorrillo (y su consecuente inseguridad) el Museo de la Biodiversidad, los terrenos de la Caja de Seguro Social en la península de Amador, la conexión a la cinta costera y la relación con el Casco Antiguo de la ciudad.

La península de Amador y las islas Perico, Flamenco y Naos son en su conjunto los terrenos más valiosos de la reversión pacífica, por lo que su relación con el CN de C debe ser muy acertada para no dañar aún más el maltrecho desarrollo del conjunto turístico. El concepto original del plan maestro para el desarrollo de Amador le dio a este sector valor turístico por su especial ubicación geográfica en la entrada del Canal, asignándole operaciones hoteleras y otras relacionadas a esta actividad, limitando el uso habitacional especialmente en las islas, al igual que la circulación vial en la calzada. Desacertadamente durante las dos últimas administraciones estos preceptos urbanos no fueron respetados, deteriorando gravemente el sitio debido a cambios de zonificación inapropiados, interpretaciones malogradas de normas, permisos irregulares de fondo de mar y especialmente por la cesión de terrenos del Estado que fueron donados a la Caja de Seguro Social y a la fundación del museo para que sirvieran como soluciones financieras a ambas instituciones, terrenos que finalmente terminarán siendo desarrollos habitacionales de alta densidad.

La selección del sitio para la construcción del CN de C puede afectar positivamente y mejorar la situación o podría agravar la ya muy seria situación de Amador y sus islas. Es por esto que el proyecto en cuestión no puede ser considerado una promoción inmobiliaria aislada, localizada arbitrariamente donde se le antoja a la ATP.  La selección del sitio debe aprovechar la especial oportunidad para revisar al momento de su ubicación, los problemas existentes en Amador y sus islas tales como: los grandes desarrollos inmobiliarios que van a generar las fincas asignadas a la CSS y a la fundación del museo, la afluencia de vehículos que generara el Museo de la Biodiversidad simultáneamente con los hoteles que deberán construirse en el área y el desarrollo comercial–habitacional en las islas que promoverá la ampliación de la calzada. De no llevarse a cabo de manera seria y científica lo antes dicho, presagio la repetición del modelo generado por la voracidad del negocio inmobiliario en Punta Paitilla y Punta Pacífica, para desgracia de todos los panameños.

La ubicación que propone la ATP para construir el CN de C es un grave error, al igual que la ampliación de la calzada de Amador. La oportunidad que ofrece este proyecto es única para remediar integralmente los daños causados en toda el área y reencauzar correctamente el desarrollo turístico. Resulta urgente que el Gobierno, tal como he indicado anteriormente, se apegue al orden institucional y delegue los estudios requeridos en los técnicos del Mivi y los arquitectos panameños como nos corresponde por ley, para que se logre una propuesta de orden urbano y arquitectónico con el pleno conocimiento de los problemas locales, como corresponde políticamente en un proyecto inmobiliario de esta enorme importancia.

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Artículo publicado  el 19  de febrero de 2010  en el Diario La Prensa, a quien damos, lo mismo  que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Promoción inmobiliaria políticamente incorrecta

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La opinión del Arquitecto …..

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Álvaro González Clare

La última promoción inmobiliaria de la administración Martinelli–Varela es impulsada nuevamente por el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Alberto Vallarino.   Esta vez, en menos de seis meses, después de las promociones de la ciudad gubernamental y el nuevo palacio de convenciones, el MEF lanza la ambiciosa idea de construir una gigantesca torre de 70 pisos de altura en el terreno de la antigua embajada norteamericana en la Avenida Balboa para albergar la sede del MEF y el Banco Nacional de Panamá, la Casa de la Moneda, la Superintendencia de Bancos de Panamá, la Autoridad Marítima de Panamá y la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A.

El desarrollo conceptual del proyecto fue contratado directamente a una firma de arquitectos norteamericana de Chicago por el honorario de 250 mil balboas. El nuevo edificio no solo será el símbolo emblemático de la administración, sino además permitirá ahorrarle al Estado 40 millones de balboas en alquileres anualmente, cifra que es muy cuestionable por estar la mayoría de estas instituciones en edificios del Estado.

Con el único interés de poner en contexto la promoción del MEF y ubicar el proyecto en su justa dimensión en el entorno urbano, es necesario hacer algunos números y conjeturas técnicas como requisito mínimo obligatorio para conocer la factibilidad del edificio en cuestión.

En un terreno de 6 mil metros cuadrados (mt2) que tiene 60 metros de frente y 100 de fondo ubicado entre las calles 37 y 38 de La Exposición, un edificio de esta naturaleza podría generar fácilmente, conforme a las normas de desarrollo urbano permitidas, unos 120 mil mt2 de espacio útil para oficinas asumiendo 60 plantas de 2 mil mt2 por piso, dejando los siete primeros pisos sobre planta baja para estacionamientos.

Por norma este tipo de edificios requieren el mínimo de un espacio de estacionamiento por cada 60 mt2 de área de oficina (espacio para cinco funcionarios). Por simple aritmética esto nos indica que se requieren 2 mil estacionamientos mínimo para los carros de los que trabajan en el edificio, asumiendo que solo uno de cada cinco de los funcionarios tiene carro.

Además por lo menos se requiere igual número de estacionamientos para el público que diariamente debe atender asuntos burocráticos. Si sumamos, requerimos 4 mil estacionamientos que convertidos en área (30 mt2 por carro) da 120 mil mt2, que equivale a 26 pisos de estacionamiento que ocupen la totalidad del área del terreno que permite la norma al descontar los retiros laterales y de construcción.

Si se usan los primeros siete pisos de estacionamiento sobre la planta baja del nivel de la Avenida Balboa para estacionamientos, se requieren 19 sótanos para completar el esquema conceptual. Basado en el área total de 240 mil mt2 de construcción, el costo aproximado de la torre es de 250 millones de balboas. Puedo concluir que el lote es muy pequeño para la promoción inmobiliaria o sencillamente el programa de diseño del ministro Vallarino es muy ambicioso.

Algo no coincide. Cabe la posibilidad de que los arquitectos panameños desconozcamos de una tecnología de punta en el manejo del espacio que dominan los norteamericanos contratados de a dedo y que todos los problemas arquitectónicos puedan ser resueltos sin mayor problema.

Aun así quedaría pendiente resolver la parte urbana del impacto que va a generar el edificio con la movilización diaria de 10 mil funcionarios públicos y los 4 mil carros que utilizarán el edificio contiguo al complejo hospitalario más importante y grande de la ciudad, al lado del barrio habitacional de Bella Vista y frente a la cinta costera, que de por sí ya está saturada. Será muy interesante conocer la solución urbana que le darán a este gran problema y sobre todo quienes pagarán el costo indirecto de los problemas colaterales que generará el proyecto en la abrumada ciudad.

Presento estas consideraciones para indicar que la promoción del ministro Vallarino requiere necesariamente de amplias explicaciones arquitectónicas y urbanísticas para convencernos a los capitalinos de las bondades y necesidad de su gestión inmobiliaria.

Es más que evidente que el problema radica en el hecho de que institucionalmente no le corresponde al MEF dirigir este tipo de gestiones. Es lo mismo que pretender que el Mivi promueva directamente una gran emisión de bonos internacionales para financiar el sobregiro del Estado.

No critico aquí la idea, que podría ser buena financieramente, justificado en el ahorro de alquileres, pero sí critico la forma y sobre todo puedo cuestionar ¿Esta inversión millonaria no sería más apropiada y democrática invertirla en la infraestructura de la ciudad que ya ha colapsado en todos los servicios públicos?

La ciudad gubernamental, el palacio nacional de convenciones, la ampliación de la calzada de Amador y la torre del MEF son grandes obras urbanas que van a afectar significativamente la organización espacial de la ciudad, la movilización del tránsito y tráfico en la ya caótica trama vial y la composición urbana.

La solución apropiada y correcta para lograr que estas obras favorezcan y no degraden la ya compleja situación de la ciudad requiere de un alto grado de conocimiento técnico en la planificación urbana que a mi entender el MEF no está preparado para afrontar.

Durante 15 años ciudadanos y profesionales solicitamos y participamos en la creación de la autoridad urbana. Este año felizmente la Asamblea Nacional aprobó la ley que eleva en el Mivi la Dirección de Desarrollo Urbano a rango de viceministerio, para darle a la ciudad una representación técnica dentro del gabinete. La designación de la arquitecta Marta de Álvarez como viceministra es un acertado nombramiento que el gremio profesional de la arquitectura ha aplaudido y le garantiza a la ciudadanía una voz acreditada en materia urbana dentro del gabinete.

La autoridad que se abroga el ministro Vallarino en las decisiones de la ciudad está desubicada y es políticamente incorrecta con las decisiones del Mivi.

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Publicado el 4  de enero de 2010 en el Diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Sobre árboles y pandilleros asesinos

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La opinión del Arquitecto…..

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ÁLVARO  GONZALEZ  CLARÉ
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Con una asimetría pasmosa, los desfasados de la realidad usan sus gimnasias mentales para atacar los árboles porque un espécimen se desplomó por descuido o estupidez y cegó la vida inocente de un ciudadano. Piden justicia y solicitan una campaña de exterminación de árboles urbanos para detener la amenaza mortal.

Es sorprendente el surrealismo tropical que nos invade. Paralelo a la campaña contra los “árboles asesinos”, se levantan otras campañas defendiendo los derechos humanos de los mayores causantes de muertes violentas: los pandilleros asesinos. La solución asimétrica, en tal caso, debería ser en igualdad de condiciones.

Es muy fácil culpar a todos los árboles por una sola muerte trágica e injustificada, como es muy difícil aceptar que las diarias ejecuciones de ciudadanos en manos de sicarios pandilleros son el resultado de nuestro fracaso como sociedad humana y pedir, a cambio, la pena de muerte para acabar con esta plaga nacional que está acabando con la seguridad de todos.

Entrando en materia, para poder involucrarse en un problema tan grave y difícil como este, debemos primero que todo ponernos en contexto.

No todo lo que conocemos en los medios de divulgación y comunicación es cierto.

La mayoría de las noticias periodísticas sobre temas de muertes trágicas y asesinatos están sesgadas al interés mediático y al mercantilismo publicitario.

Segundo, nada en la vida es blanco o negro como lo pintan los fanáticos.

Tercero, para juzgar tenemos que dejar las estadísticas a un lado y ponerle cara propia a los daños que causa la violencia, venga de donde sea; y

Cuarto, no eximirnos de la causa y efecto del problema y la posible solución. Solo así podremos como sociedad aportar individualmente a una posible solución integral.

Es muy comprensible la evidente indignación y frustración que tienen los familiares y amigos del joven galeno que murió a causa del árbol que se desplomó sobre su auto.

No menos sentimos los que somos allegados al joven de 19 años que fue ultimado por sicarios cuando iba para su trabajo, con solo su lonchera preparada por la madre que madrugó para hacérsela antes de salir de casa a su faena diaria.

Es el mismo dolor o más, porque además de incomprensible, su muerte es injusta e indigna por la forma en que despreciaron su vida premeditadamente.

El sentimiento de incomprensión e impotencia nubla la mente en ambos casos y articula la pluma para descargar la ira que tenemos dentro.

La solución emocional de esta dualidad de situaciones absurdas es la de optar en primer lugar por la tabla rasa de los árboles en la ciudad y en el segundo caso por la aniquilación de todos los pandilleros.

Así sentiremos que podemos calmar el llanto de los que lloran desconsolados las partidas de ambos jóvenes, muertos sin justificación.   Dos seres llenos de ilusiones en la vida que comenzaban a dar los frutos de la crianza, abnegación materna y dedicación académica sobre todo.

Pero la ingrata realidad nos obliga a encontrar la solución dominada por la lógica y la razón.

La inacción o ignorar la realidad como solución egoísta no es una buena consejera. La violencia se acerca cada vez más a cada uno de nosotros y solo cuando la llegamos a sentir en carne propia es que nos impacta profundamente.

Cuando los muertos dejan de ser números en las estadísticas o imágenes sangrientas en los diarios amarillistas, porque los conoces por nombre y apellido, es que duelen en las entrañas la ingratitud y la indiferencia ciudadana e indigna la maldad periodística que tiene muy poco respeto por el dolor ajeno, pero más duele la ineptitud del sistema de justicia y la ineficacia policiva.

Una justicia deshumanizada que solo responde a los intereses creados o a los poderosos y que de manera ingrata olvida a los menos privilegiados, que al no poder llorar más para aceptar lo sucedido solo les queda de alguna manera resignarse cristianamente o de forma bruta aplicar la venganza… aunque nada resuelva.

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Publicado el 3 de diciembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que le corresponde.