La ciudad no tiene quién la defienda

La opinión del Arquitecto…

 

Álvaro González Clare

Es paradójico que siendo la ciudad de Panamá el centro urbano en el que habita casi la mitad de la población de la República y que ocupa escasamente unos 100 kilómetros cuadrados (incluyendo el área metropolitana) de los 75 mil 517 que tiene el territorio nacional, no exista una red de organizaciones ambientales que defiendan la ciudad y los intereses que deben privar en el ambiente urbano, para garantizar la calidad de vida de sus habitantes.

En contraste, la otra mitad de la población está diseminada en centros urbanos menores y en infinidad de pequeños pueblos y asentamientos que cuentan con muchas organizaciones ciudadanas y redes sociales que se dedican a proteger el ambiente para beneficio de los pobladores y el sostenimiento del sistema ecológico.

Esto es relevante y preocupa, porque es en la ciudad donde se genera el mayor daño ambiental que afecta directamente las regiones colindantes y los cuerpos de agua, generando daños que la naturaleza no puede regenerar o renovar en los océanos y la atmósfera.

Las organizaciones ambientalistas no gubernamentales han logrado captar y crear la conciencia necesaria en la población para recibir el aporte de tiempo y fondos necesarios, con resultados admirables que han ayudado a mejorar la situación ambiental y a mantener la vigencia y vigilancia de la protección ecológica. Sin embargo, las ciudades no tienen quién las proteja o defienda de la continua agresión que sufren los centros urbanos por parte de sus propios habitantes y, sobre todo, de la gestión comercial que hace negocio en las ciudades.

A pesar de que al gobierno nacional y municipal les corresponde constitucionalmente el deber de velar por un ambiente sano, en el que puedan vivir los asociados y desarrollar con plenitud sus actividades de trabajo, recreación y descanso, históricamente han sido loscómplices de la destrucción sistemática del medio ambiente en las ciudades, sin que medie interés y menos voluntad política para detener, corregir o mitigar el daño que se le infringe.

Es necesario, por no decir urgente, que podamos crear organizaciones ciudadanas que tengan la estructura social con representación horizontal y ascendencia vertical, estructuradas con las condiciones jurídicas y el soporte económico suficiente para que puedan existir dentro de la comunidad urbana y representar a la ciudadanía con determinación. Deben ser extraídas de diversos grupos de participación, para que la presencia de estos en la concertación pública sea permanente y amplia.

Es necesario que dichas organizaciones imiten las estructuras que con tanto éxito han desarrollado las organizaciones ambientalistas que en los últimos 20 años se han dedicado a proteger el medio ambiente. La mística, capacidad de consenso, generación de proyectos, capacitación y el recurso económico que han conseguido para mantener su vigencia deben ser imitados para garantizar la efectividad de las organizaciones urbanas.

Las organizaciones que hasta ahora han participado en el foro nacional, defendiendo los intereses de las ciudades han sido gremiales, comunales o de ciudadanos. En todos los casos no han logrado la efectividad necesaria, porque adolecen de los recursos y capacidad representativa de la comunidad para ser tomados en cuenta por los grupos de poder que intervienen y afectan el ambiente urbano. Los gremios profesionales de la ingeniería y arquitectura están más preocupados por su negocio que por los intereses ciudadanos. Las asociaciones de las comunidades solo actúan cuando se afectan los intereses del barrio, y los grupos ciudadanos son muy individualistas y no tienen organización ni agenda para mantener un verdadero activismo urbano.

Aparte de estas gestiones, hay voces de ciudadanos preocupados que muestran su inconformidad a través de artículos de opinión, como críticos autorizados y bien intencionados, pero sin tener mayor repercusión que no sea dejar constancia de los daños o hacer críticas y/o recomendaciones que las autoridades competentes no toman en cuenta.

La agresión contra los intereses de la ciudad ha sido, desde el inicio de la República, permanente , sistemática, gestada y ejecutada por los intereses comerciales, inmobiliarios, publicitarios, de transporte, distribución eléctrica y de comunicaciones, entre otros, con la complicidad de las autoridades, sobre todo, las municipales. Sin embargo, y finalmente porque la ciudad ya no resiste más improvisación ni castigo, la administración del presidente Martinelli hace esfuerzos concretos para resolver esta situación, con una gran cantidad de gestiones y proyectos urbanos que pretenden solucionar los problemas históricos que más nos aquejan, como el transporte público, la vialidad y el tránsito, la publicidad exterior, la basura y la autoridad urbana.

Los intereses creados harán todo lo posible para resistir el cambio. Lo único que puede ejercer un balance entre las iniciativas del gobierno y los que están en contra del cambio urbano es la contraparte ciudadana. Además, por no ser parte interesada, puede optar por una posición objetiva al criticar las iniciativas gubernamentales que estén fuera de tiempo y/o lugar.

Urge que los ciudadanos conscientes y, particularmente, los que tiene liderazgo en la comunidad, formen organizaciones que defiendan los mejores intereses de la comunidad en beneficio de un ambiente urbano sano y sostenible.

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Este artículo se publicó el 10 de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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Menos es más

La opinión de…

Álvaro González Clare

La noticia de que en la última reunión de Gabinete se aprobó la iniciativa del ministro de Obras Públicas, Federico José Suárez, de regular la instalación de vallas de publicidad exterior en todas las servidumbres viales, urbanas y rurales, sobre todo en carreteras y autopistas nacionales, merece todo el apoyo ciudadano.

El estado de anarquía y desgreño en que el negocio de la publicidad exterior ha sumido nuestras ciudades, particularmente la capital, es sencillamente vergonzoso e intolerable. El escenario urbano es caótico y asqueroso para el observador citadino, además de generar un enorme peligro para los conductores por obstaculizar los laterales de las vías, distraer la atención y tapar las señales e instrucciones de tránsito.

La proliferación fue geométrica en los últimos 10 años en la administración alcaldicia de los municipios de Panamá y San Miguelito, indistintamente de las campañas de revisión y profilaxis que mediáticamente divulgaban ambos alcaldes para eximir su conciencia política. Se instalaron letreros y vallas por doquier, sin limitación o restricción, a pesar de los supuestos reglamentos que para todos los efectos son letra muerta, porque los ingresos pecuniarios al tesoro municipal son los que mandan e importan.

Para los que hacen el negocio de la publicidad exterior, la ciudad no es un sitio para que vivamos los ciudadanos, es sencillamente una cantera para explotar y lucrar del negocio visual donde estamos obligados a mirar para circular.

Es increíble que la iniciativa del Ministerio de Obras Públicas esté siendo criticada por la Asociación de Publicidad Exterior, bajo el supuesto de que la norma solo favorece a los publicistas con letreros unipolares y que la gran mayoría de las vallas son de dos o tres patas.

De por sí la propuesta del ministro Suárez solo afecta las servidumbres públicas, sin meterse en las propiedades privadas, que son posiblemente donde se ubica la gran mayoría de la basura visual. La ciudadanía no se opone a la publicidad exterior.

Lo que no terminan de entender los publicistas y comerciantes es que la forma en que hacen su negocio es burda, sucia, agresiva y contraproducente para los mejores intereses ciudadanos y, además, de que la sobrecarga visual de su negocio perjudica a todos los comerciantes por igual, indistintamente si se publicitan en vallas unipolares de dos o tres patas. Recuerden un principio básico en el diseño de una buena publicidad: menos es más.

Para estos comerciantes y publicistas el problema de la norma es sencillamente pecuniario, sin un ápice de consideración humana y menos de cariño y aprecio que le debemos tener a nuestra ciudad. Por algo, reitera el escritor argentino Ernesto Sábato en su libro La Resistencia, nuestras ciudades latinoamericanas están construidas con la suma de todos los egoísmos individuales. Para los comerciantes la ciudad es un sitio para hacer negocios en lo que sea, sin reparo al daño ambiental que nos inflijan sádicamente.

Los ciudadanos tenemos que apoyar la iniciativa aprobada por el Gabinete para poner orden en nuestras ciudades y carreteras, oponiéndonos a los intereses creados. La oposición al cambio es estructural porque pretende desmontar décadas de favoritismos, prebendas, concesiones, etc. Ordenar el sistema en general es un problema difícil que tiene un gran costo político. Para un gobierno complaciente lo más sencillo es dejar que las cosas sigan, igual como lo hicieron las anteriores administraciones, indistintamente del daño que le causan a las grandes mayorías.

Hay que apoyar la iniciativa del Gobierno para limpiar la ciudad del basurero visual en que se ha convertido, para tener derecho a un ambiente sano y a un entorno urbano agradable.

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<> Este artículo se publicó el 19  de noviembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/gonzalez-clare-alvaro/

Sobre cilindros y otras formas degradantes

La opinión de…

Álvaro González Clare

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó el pliego de cargos para contratar el diseño conceptual y planos de construcción de la Torre Financiera en la Avenida Balboa, en una licitación que tiene un precio de referencia (por el diseño y los planos) de 8 millones de dólares y un costo estimado de construcción de la obra de 200 millones de dólares.

En el pliego de cargos se incluye el diseño preliminar del edificio que proponen los arquitectos norteamericanos Skidmore, Owing and Merrill (SOM) que fueron contratados de a dedo por el ministro Alberto Vallarino por un honorario fijo de $300,000.   El diseño preliminar propuesto por SOM es una torre con forma cilíndrica de 333 metros de altura, muy similar a la torre Agbar de Barcelona, diseñada por el arquitecto Jean Novel, que los catalanes han bautizado peyorativamente con el apodo de “el supositorio”, y a la torre Gherkin de Londres, que los ingleses conocen con el apodo de “el pepinillo”.

Los participantes en la licitación, según la documentación oficial “… podrán mejorar esta, informaron”,   o sea que solo podrán mejorar, pero no cambiar la propuesta del diseño preliminar de los arquitectos SOM. Las implicaciones que tiene la exigencia anterior es la razón que motiva este artículo.   Aclaro que con esta intervención no estoy avalando la iniciativa del MEF.

El diseño preliminar de los arquitectos SOM está, a mi juicio profesional, muy lejos de ser un diseño excepcional y original;   peor aún, la propuesta es muy parecida a otros edificios que no tienen mérito arquitectónico como para ser imitada.

Cuando estudié arquitectura a mediados del siglo pasado la profesión estaba liderada por los modernistas que nacen con el movimiento de Bauhaus y coinciden con el cubismo en la pintura. Esta corriente tuvo su momento estelar en el siglo XX con arquitectos excepcionales, como Walter Gropius, Alvar Aalto, Le Corbusier, Mies van der Rohe, entre tantos otros.

En la década de 1950, los arquitectos de SOM diseñaron entre otras obras importantes el Lever House, un edificio en el medio de Manhattan que rompió todos los esquemas urbanos de la época poniéndose a la vanguardia del International Style. Recordemos que en la actualidad son estos arquitectos los que diseñaron el edificio más alto del mundo en Dubái sumándolo a un expediente de grandes creaciones arquitectónicas en sus casi 75 años de ejercicio profesional.

Definitivamente, estos arquitectos tienen todo el mérito para hacer la propuesta de diseño preliminar de la torre del MEF.   Es por esto que me llama poderosamente la atención que SOM haya presentado una propuesta de diseño preliminar con tan baja calidad arquitectónica.    Para lo que han presentado, considero que si el MEF hubiera hecho un concurso de diseño entre los arquitectos panameños, con un buen jurado internacional, tendría una propuesta mucho más apropiada, innovadora y relacionada con la cinta costera y el perfil urbano marino de la ciudad.

Pero lo que más apremia es el mensaje que envía el documento oficial cuando limita a los proponentes para que solo puedan mejorar la información del diseño preliminar adjunto en el pliego de cargos. Es decir, los arquitectos que participen en este concurso solo podrán moverse dentro de la forma cilíndrica propuesta. El mensaje subliminal es que a cambio de un cilindro de 333 metros de altura solo podrán los arquitectos proponer otro objeto de muy similar apariencia a la forma que haga las veces del degradante uso que le apodan los catalanes.

Reconozco que los 8 millones dólares que ofrece la licitación a los arquitectos nacionales que concursen para hacer el diseño conceptual y los planos de construcción, es una cifra que puede demoler hasta los más sólidos cimientos éticos y morales, pero a pesar de esto y siendo muy ingenuo y optimista le solicito a mis colegas que le pidan al MEF que elimine del pliego de cargos la exigencia que limita la expresión de la forma arquitectónica. Aceptar este requisito de diseño es sencillamente indigno y humillante.

<>Artículo publicado el 7 de septiembre de 2010 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

El Ordenamiento Territorial en el Miviot

La opinión de…

Álvaro González Clare

Sin pena ni gloria pasó la celebración del primer semestre de la creación del Viceministerio de Ordenamiento Territorial (OT), fundamentado según la Ley 61 del 23 de octubre de 2009.   Este evento llena una de las más grandes expectativas en el ámbito urbano, que se inició en 1995 y durante 15 años estuvo pendiente en la agenda técnica de un grupo de arquitectos y urbanistas.

El tema urbano fue sacado de la agenda política por el gobierno militar relegándolo a letra muerta cuando creó el Ministerio de la Vivienda (Mivi) con la Ley Orgánica No. 9 de 1973. Al eliminar la autoridad urbana la dictadura dejó abierta la puerta a la improvisación y desgreño urbano en las ciudades, desconociendo la planificación y el ordenamiento territorial como las únicas herramientas capaces de convertir el crecimiento en desarrollo.

La ciudad de Panamá y su área metropolitana han pagado muy caro por esto y son la viva muestra de un asentamiento humano caótico donde reina el laisseferismo y la improvisación. Producto de esta absurda decisión política es que hoy pagamos los ciudadanos el alto costo de tan baja calidad de vida urbana.

El gobierno del presidente Ricardo Martinelli dio el primer paso para restituir la autoridad urbana al crear el Viceministerio de Ordenamiento Territorial, dándole voz y voto en el Gabinete presidencial. Pocas han sido las manifestaciones ciudadanas, gremiales o empresariales apoyando esta importante gestión administrativa y menos ha sido la cobertura periodística que los medios le dieron a la noticia de la celebración del Miviot. Es evidente que estos no son los eventos que motivan a la sociedad porque son sencillamente buenas noticias y no se prestan para la diatriba noticiosa o el morbo político.

La mora que tiene la ciudad en materia de planificación es monumental porque no solo resta la necesidad de corregir todo el daño causado en un siglo de vida republicana, sino además debe incorporar de manera correcta e integral todos los ambiciosos proyectos de equipamiento comunitario e infraestructura urbana que están por construirse como el Metro, Metro Bus, ampliación de corredores y cinta costera, ciudad gubernamental el complejo hospitalario de la Caja de Seguro Social, entre otros.

Solo será posible corregir la situación urbana y sostener adecuadamente la dinámica del crecimiento si el Viceministerio de Ordenamiento Territorial logra a corto plazo preparar un acuerdo macro con suficiente flexibilidad que ordene lo nuevo y paute la mitigación de los daños causados por el desorden anterior y sobre todo lograr convencer a los gobernantes que toman las decisiones de la urgente necesidad de ampliarlos y respetar las recomendaciones técnicas.

De alguna forma tenemos los técnicos que hacer entender a los gobernantes que la planificación tiene un gran rédito político, contrario a lo que los dictadores no supieron reconocer. Inaugurar urbanizaciones y entregar casitas tiene un valor tangible a muy corto plazo que los políticos transforman convenientemente en clientelismo; contrario a lo que sucede con los planes de desarrollo urbano que no cortan cintas y requieren más tiempo para sentir su gran efecto en la calidad de vida de los habitantes.

Utilizar las soluciones de vivienda como una prebenda partidista es propio de políticos, pero aplicar la planificación para ordenar la ciudad es propio de estadistas y visionarios. Esta triste realidad es lo que explica el porqué la planificación urbana nunca antes estuvo en la agenda política.

Es más que evidente que la administración Martinelli está dispuesta a corregir los errores y distorsiones urbanas que se dieron en la ciudad producto de la ampliación de normas especiales aprobadas a la medida, regímenes de excepciones y vivezas de copartidarios de turno. Igual que en los demás problemas nacionales, está determinado a poner orden y encauzar el crecimiento para convertirlo en desarrollo, deteniendo a los sinvergüenzas que se apropiaron sin permiso del espacio público, los que rellenaban la costa con concesiones ficticias o violentaban las normas con descaro e impunidad. Solo así podremos cambiar la cultura urbana en beneficio del bien común. Si queremos una mejor ciudad donde vivir ahora nos toca apoyar y aportar a la gestión técnica, administrativa y política del OT en el Miviot.

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Este artículo se publicó el 10 de agosto de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Políticamente incorrecta

La opinión de…

Álvaro González Clare  

Los países que han logrado los mayores índices de progreso y bienestar para sus habitantes no han sido necesariamente los más grandes en territorio ni los más poblados o los que más recursos naturales y energéticos tienen, o los más antiguos. Los que han logrado un alto nivel de desarrollo son sencillamente los que tienen una cultura de orden, disciplina y seriedad en sus relaciones intersociales e internacionales. El mejor ejemplo es Suiza.

Para construir una sociedad ordenada se requiere un proceso cultural difícil, largo y constante. En cambio, el desorden es una degeneración en las relaciones intersociales que se produce por utilizar los caminos fáciles donde se desconoce el mérito y el esfuerzo y se premia al sinvergüenza y mentiroso. Es la diferencia entre el trabajo o el empleo, el premio o “el salve”, el compromiso o el chance, el ahorro o la lotería, la disciplina o “el juega vivo”.

Una sociedad estructurada en el orden genera una comunidad democrática con equidad en las obligaciones y los beneficios, solo con las excepciones que puedan crear las diferencias de discapacidad y vejez. Sin embargo, las sociedades estructuradas en el desorden generan la inequidad a través de las excepciones, prebendas, regímenes especiales, moratorias, condonación de deudas por morosidad colectiva, beneficios adjudicados por clientelismo político y los subsidios. Todas estas distorsiones descomponen la equidad creando grupos, gremios, asociaciones, partidos y sindicatos con ciudadanos que tienen privilegios especiales que se manejan al margen de las obligaciones y responsabilidades del resto de los ciudadanos. Las normas de convivencia social demandan equidad de obligaciones y compromisos para que no existan diferencias que no permitan que la democracia funcione. No pueden funcionar cuando por excepción se crean privilegios por ley y no por mérito.

Cambiar las distorsiones que se han llegado a reconocer como supuestas conquistas laborales y gremiales que promueven la impunidad de la dirigencia y la baja productividad laboral, los derechos ciudadanos adquiridos a la fuerza por la supuesta desatención de las autoridades para resolver los reclamos, los derechos humanos del sicario y el traficante de drogas, la presunción de inocencia del delincuente cuando ha sido arrestado cometiendo el crimen, o la inmunidad omnímoda del fuero electoral son algunas de las injusticias que descompensan la equidad social. La Constitución demanda que todos seamos iguales ante la ley sin distingos de raza, credo o género.

El sistema democrático debe eliminar estas distorsiones y ordenar la sociedad para que funcione con equidad y justicia social. Los cambios necesarios para eliminar las distorsiones son difíciles y traumáticos, porque las supuestas conquistas y regímenes de excepción adquiridas por medio del retorcido clientelismo o las asquerosas prebendas políticas generan grupos de poder que no van a aceptar el cambio sin hacer una resistencia social, económica y política muy costosa, particularmente los grupos de izquierda que valiéndose de estas distorsiones atentan contra el propio sistema democrático. La ruta de vida de estos grupos ideológicos no tiene las mismas normas de convivencia y se valen de las debilidades del sistema democrático para debilitarlo o destruirlo.

Poniendo lo anterior en el contexto de la Ley 30, sin entrar a considerar el manejo político de su legislación, considero que la intención del Gobierno fue cambiar distorsiones sociales, laborales y económicas creadas por intereses de grupos de poder. El propósito es introducir orden en la convivencia social para equiparar responsabilidades con beneficios que se traducen en seguridad, bienestar y progreso. El único problema de la ley es que existe un desfase en el tiempo necesario entre la intención y los mecanismos de consenso del sistema democrático para que coincidan. El Gobierno eligió el tiempo en vez de lo políticamente correcto. ¿Estamos dispuestos a seguir viviendo en el desorden social que los gobiernos anteriores por clientelismo y prebendas políticas nos han heredado o estamos dispuestos a sacrificar soluciones de consenso y agotadores procesos burocráticos ambientales para lograr los cambios estructurales que generen el progreso necesario y bienestar social en el menor tiempo posible?

No es un asunto de retórica sino de realidades, donde lo que hay que evaluar políticamente es si el tiempo puede tener más importancia que las apremiantes necesidades de los ciudadanos que sufren las injusticias, inequidades, indignidad e inseguridad de un sistema que se ha edificado políticamente en el desorden mediante la mentira conveniente. Es un sofisma oponerse al cambio aduciendo que la ley es políticamente incorrecta.

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Este artículo se publicó el 29 de julio de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Armas y civilización

La opinión de…..

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Álvaro González Clare  y  John A. Bennett

El mayor retirado L. Caudill en su artículo Armas y Civilización nos llama la atención al hecho de que los humanos solo tienen dos opciones para lidiar entre individuos o grupos: la razón y la fuerza. En una sociedad moral la interacción se esfuerza por hacer las cosas usando el razonamiento y la persuasión, desdeñando la violencia.   La presión de la fuerza no debe tener lugar como método valido en la interacción social, sin embargo, lo único que remueve esta opción es que la contraparte esté armada, por paradójico que suene este argumento.

El mundo en que vivimos ha sido históricamente desigual. Los fuertes abusan de los débiles, los jóvenes de los viejos, los hombres de las mujeres y los grupos de los individuos. Lo único que puede nivelar estas diferencias es que los que tienen la desventaja estén armados para poder defenderse y, por lo menos, disuadir el abuso de la fuerza.

Las armas, y particularmente las de fuego, han surgido como herramientas para nivelar fuerzas en un mundo desigual. El viejito, por ejemplo, no puede defenderse ante un joven maleante que no respeta ni a su propia madre, o la mujer de 110 libras contra un violador de 220 libras, a no ser que tengan una pistola bien cargada de municiones, sobre todo cuando sabemos que la Policía, por más bien intencionada, no es una institución omnipresente.

La civilización ha procurado traspasar el derecho del uso de las armas a los policías, con la presunción de que con ellas defiendan y protejan a los ciudadanos. Teóricamente este principio social podría funcionar y es común ver a quienes, basado en esto, alegan que se debe desarmar a todos los ciudadanos para poner orden en la sociedad.

Esto se traduce en el desarme de todos los respetuosos del orden público, traspasando el derecho del monopolio de la fuerza de las armas a los maleantes.

Pero si un gran número de ciudadanos tiene derecho de portar armas para defenderse, la cosa cambia porque los que tienen las armas se sumarían a la Policía como fuerza de disuasión. Si un grupo de iracundos cerradores de calles sabe que los ciudadanos que están frente a ellos pueden tener armas de fuego para defenderse, pensarían dos veces abalanzarse contra los carros para apedrearlos o apalearlos.

Los que antagonizan esta teoría argumentan que las confrontaciones con armas de fuego son más letales; que las confrontaciones de otra manera no son tan dañinas. Este argumento es una falacia. Sin armas de fuego las confrontaciones son siempre ganadas por la superioridad del que agrede y en el peor de los casos por el maleante que tiene el arma de fuego ilegal contra su víctima, legalmente desarmada.

También argumentan en contra, aduciendo que pueden ocurrir accidentes por el mal uso de las armas de fuego de parte de los que tienen derecho para portarlas, tal como se dan a diario con los automóviles pero, no por ello, dejamos de usar los carros.

Lo que hay que hacer es legislar sobre el mal uso de las armas y no legislar la prohibición de las armas para la indefensión de los ciudadanos que se apegan al orden público. Es consabido que los monopolios son contrarios al interés general y cuando los gobiernos se esmeran en prohibir o dificultan mediante tortuosas tramitaciones burocráticas, como es el caso en nuestra legislación, la tenencia y porte legal de las armas de fuego, le están concediendo un monopolio de armarse a los maleantes.

Con esto, el Estado les está otorgando a los maleantes y ladrones la garantía de una vida exitosa en una sociedad desarmada.

Típicamente los malhechores ya tienen grandes ventajas para hacer sus fechorías: no les interesa la ley, son profesionales del ramo de la violencia, jóvenes y fuertes, a menudo tienen los medios para coimear a los policías y en algunos casos son policías etc.,   de manera que el facilitar a los ciudadanos probos el uso de los medios de defensa legítima sólo juega a favor de los débiles y no de los fuertes agresores.

El ciudadano probo carga un arma de fuego, no porque esté buscando pelea ni para alardear de tenerla, sino porque está previniendo que no abusen de él por la fuerza.

El arma que tiene le permite ser persuadido por la razón, pero no a ser sometido por miedo. Esto no limita la interacción con los otros ciudadanos que están dispuestos a razonar, pero sí con aquellos que quieren atropellarlo, cursarle miedo o aplicarle la fuerza. Por esto el derecho a portar un arma de fuego es un acto civilizado, porque le da prioridad a la fuerza de la razón.

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Este artículo se publicó el  11  de mayo de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El Metro y el Miviot

La opinión de…..

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Álvaro González Clare

El Metro es el proyecto insignia del presidente Ricardo Martinelli que simboliza el gran cambio en el transporte público y la modernización de la ciudad capital. Por su naturaleza y dimensión el Metro tendrá un enorme impacto social, económico, cultural y sobre todo urbano. La decisión del Metro fue tomada políticamente y, por tanto, el éxito de esta gestión dependerá exclusivamente de su contenido técnico.

Para que el impacto del Metro en la ciudad sea exitoso, es primordial que la planificación del sistema del transporte, rutas, estaciones de transbordos y las rutas alimentadoras sean integradas adecuadamente con la trama vial y el uso del suelo existente y, sobre todo, el proyectado.   Esta parte de la planificación corresponde a un plan parcial que, por competencia institucional y técnica, debe ser del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) como establece su ley orgánica, a saber: “Proceder con el planeamiento y el desarrollo ordenado de las áreas urbanas y centros poblados y formular planes de inversión de obras de uso público con el propósito de provocar un mejor uso en las tierras, localización adecuada de áreas públicas para servicios comunales y otros fines y el establecimiento de sistemas de vías de comunicación”.

Hace poco indiqué en un artículo que una de las prioridades más importantes del viceministro de Ordenamiento Territorial debe ser la coordinación del cambio de uso de suelo en el área afectada por la influencia de la ruta, las estaciones del Metro y los efectos en la trama de calles y avenidas existentes causado por las líneas alimentadoras del Metro Bus. Para que la relación entre los componentes del transporte público y los elementos urbanos sean integrados correctamente es esencial que exista –administrativa y técnicamente– una gran relación entre la Secretaría del Metro y el viceministerio del Miviot. Estoy seguro que el ingeniero Roberto Roy y la arquitecta Marta de Álvarez serán la garantía que se requiere para el éxito del proyecto y, consecuentemente, la culminación de la promesa de campaña del presidente Ricardo Martinelli.

En el desarrollo del plan parcial que requiere la inserción del Metro en la ciudad será necesario que se interpole la ruta del Metro, las estaciones y los transbordos en el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano (revisado y actualizado) de la ciudad de Panamá y los planes de mejoramiento vial que tiene el Ministerio de Obras Públicas para lograr la generación de otros nodos de desarrollo en la ciudad. Crear nuevos polos es liberar la dependencia del nodo principal que tenemos y, consecuentemente, reducir la necesidad de viajes al mismo centro, condición primordial del Plan Metropolitano para hacer la ciudad más práctica y democrática.

La primera decisión técnica en este gran proyecto ya ha sido tomada con estricto apego científico. La ruta del metro ha sido escogida y diseñada por donde se genera la mayor capacidad de movimiento de pasajeros. Por sencillo que parezca esta decisión estaría equivocada si la misma se tomara exclusivamente basada en el costo de la inversión, como sucedió en los metros de Miami y Santo Domingo. Una vez tomada esta medida lo que procede es mantener congelados todos los usos de suelo en las áreas de influencia inmediata de la ruta hasta tanto no se revise y asignen los usos correctos para evitar la especulación y los apetitos inmobiliarios en detrimento de los intereses públicos. Si esto no se hace correctamente pondría en grave riesgo el éxito del proyecto político por la gran corrupción que podría generar.

Esta oportunidad es única en nuestra historia urbana y nos permitirá, en la medida que sepamos aprovecharlo técnicamente y separarla de los intereses políticos y privados, reordenar todo el asentamiento humano, rehabilitar la grave estructura vial existente, cambiar el caos del transporte público y darle al espacio urbano un verdadero sentido de ciudad para el gozo de todos los que vivimos en ella.

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Este artículo se publicó el 3 de mayo de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.