La ciudad no tiene quién la defienda

La opinión del Arquitecto…

 

Álvaro González Clare

Es paradójico que siendo la ciudad de Panamá el centro urbano en el que habita casi la mitad de la población de la República y que ocupa escasamente unos 100 kilómetros cuadrados (incluyendo el área metropolitana) de los 75 mil 517 que tiene el territorio nacional, no exista una red de organizaciones ambientales que defiendan la ciudad y los intereses que deben privar en el ambiente urbano, para garantizar la calidad de vida de sus habitantes.

En contraste, la otra mitad de la población está diseminada en centros urbanos menores y en infinidad de pequeños pueblos y asentamientos que cuentan con muchas organizaciones ciudadanas y redes sociales que se dedican a proteger el ambiente para beneficio de los pobladores y el sostenimiento del sistema ecológico.

Esto es relevante y preocupa, porque es en la ciudad donde se genera el mayor daño ambiental que afecta directamente las regiones colindantes y los cuerpos de agua, generando daños que la naturaleza no puede regenerar o renovar en los océanos y la atmósfera.

Las organizaciones ambientalistas no gubernamentales han logrado captar y crear la conciencia necesaria en la población para recibir el aporte de tiempo y fondos necesarios, con resultados admirables que han ayudado a mejorar la situación ambiental y a mantener la vigencia y vigilancia de la protección ecológica. Sin embargo, las ciudades no tienen quién las proteja o defienda de la continua agresión que sufren los centros urbanos por parte de sus propios habitantes y, sobre todo, de la gestión comercial que hace negocio en las ciudades.

A pesar de que al gobierno nacional y municipal les corresponde constitucionalmente el deber de velar por un ambiente sano, en el que puedan vivir los asociados y desarrollar con plenitud sus actividades de trabajo, recreación y descanso, históricamente han sido loscómplices de la destrucción sistemática del medio ambiente en las ciudades, sin que medie interés y menos voluntad política para detener, corregir o mitigar el daño que se le infringe.

Es necesario, por no decir urgente, que podamos crear organizaciones ciudadanas que tengan la estructura social con representación horizontal y ascendencia vertical, estructuradas con las condiciones jurídicas y el soporte económico suficiente para que puedan existir dentro de la comunidad urbana y representar a la ciudadanía con determinación. Deben ser extraídas de diversos grupos de participación, para que la presencia de estos en la concertación pública sea permanente y amplia.

Es necesario que dichas organizaciones imiten las estructuras que con tanto éxito han desarrollado las organizaciones ambientalistas que en los últimos 20 años se han dedicado a proteger el medio ambiente. La mística, capacidad de consenso, generación de proyectos, capacitación y el recurso económico que han conseguido para mantener su vigencia deben ser imitados para garantizar la efectividad de las organizaciones urbanas.

Las organizaciones que hasta ahora han participado en el foro nacional, defendiendo los intereses de las ciudades han sido gremiales, comunales o de ciudadanos. En todos los casos no han logrado la efectividad necesaria, porque adolecen de los recursos y capacidad representativa de la comunidad para ser tomados en cuenta por los grupos de poder que intervienen y afectan el ambiente urbano. Los gremios profesionales de la ingeniería y arquitectura están más preocupados por su negocio que por los intereses ciudadanos. Las asociaciones de las comunidades solo actúan cuando se afectan los intereses del barrio, y los grupos ciudadanos son muy individualistas y no tienen organización ni agenda para mantener un verdadero activismo urbano.

Aparte de estas gestiones, hay voces de ciudadanos preocupados que muestran su inconformidad a través de artículos de opinión, como críticos autorizados y bien intencionados, pero sin tener mayor repercusión que no sea dejar constancia de los daños o hacer críticas y/o recomendaciones que las autoridades competentes no toman en cuenta.

La agresión contra los intereses de la ciudad ha sido, desde el inicio de la República, permanente , sistemática, gestada y ejecutada por los intereses comerciales, inmobiliarios, publicitarios, de transporte, distribución eléctrica y de comunicaciones, entre otros, con la complicidad de las autoridades, sobre todo, las municipales. Sin embargo, y finalmente porque la ciudad ya no resiste más improvisación ni castigo, la administración del presidente Martinelli hace esfuerzos concretos para resolver esta situación, con una gran cantidad de gestiones y proyectos urbanos que pretenden solucionar los problemas históricos que más nos aquejan, como el transporte público, la vialidad y el tránsito, la publicidad exterior, la basura y la autoridad urbana.

Los intereses creados harán todo lo posible para resistir el cambio. Lo único que puede ejercer un balance entre las iniciativas del gobierno y los que están en contra del cambio urbano es la contraparte ciudadana. Además, por no ser parte interesada, puede optar por una posición objetiva al criticar las iniciativas gubernamentales que estén fuera de tiempo y/o lugar.

Urge que los ciudadanos conscientes y, particularmente, los que tiene liderazgo en la comunidad, formen organizaciones que defiendan los mejores intereses de la comunidad en beneficio de un ambiente urbano sano y sostenible.

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Este artículo se publicó el 10 de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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