El alcance y las profundidades de la corrupción en Panamá

La opinión de:

 

JOSÉ  DÍDIMO ESCOBAR SAMANIEGO

El clientelismo político fue el instrumento eficaz para inocular durante años y ante la mirada complaciente de toda la clase política, el virus de la vileza que permitió el desmantelamiento de valores morales y éticos que hubieran frenado en nuestra sociedad, la retoma del poder por sectores poderosos económicos que además, en un sistema democrático corrompido pudieron agenciarse el poder político a través de sus representantes que juegan a su favor y cumplen la tarea de administrar el Estado por encargo de esos poderes fácticos.

Una larga lista de empresas, otrora con algún prestigio en la sociedad, ahora han devenido en partícipes del festín de la corrupción, so pena de quedar aisladas de contratos jugosos, desde un Estado que paga obras por un valor; tres veces lo que cuesta al sector privado.

La excusa para semejante dislate, la presentan las empresas argumentando que sus gastos financieros son muy altos, para encubrir las mordidas, las coimas y la participación de intermediarios que ayudaron a facilitar el negocio o funcionarios del Estado directamente involucrados en el proceso de asignación, inspección y recibimiento de las deficientes obras por lo general.

La ley de contrataciones públicas fue arrumada y echada a un lado y se privilegió la contratación directa para facilitar la decisión política caprichosa en contraposición a aspectos técnicos y financieros, y abrir así un portillo inmenso de arbitrariedad que le cuesta a la sociedad miles de millones de balboas que se los terminan repartiendo las empresas, bancos, funcionarios y padrinos electorales que patrocinaron campañas a cambio de esas jugosas recompensas.

Empresas Internacionales, como ODEBRECHT, MECO, FCC, CONALVIAS, y las nacionales TCT, CUSA y 12 empresas más, recibieron contratos por un valor cercano a los 18 mil millones de balboas en los últimos años, lo cual puede estimarse un sobreprecio cercano a los cinco mil millones de balboas, que representan más del presupuesto nacional anual de Nicaragua con una población de más de siete millones de personas.

Una lista de 23 Bancos con licencia internacional e interna asentados en la República de Panamá, se han encargado de la operación de limpieza de capitales oscuros surgidos de estos negocios al amparo y permisibilidad de la Unidad de Análisis Financieros (UAF), adscrita a la Presidencia de la República y prácticamente el patrocinio de la Superintendencia de Bancos y el silencio cómplice de la Asociación Bancaria Nacional que no termina por creer en la autorregulación.

Al día de hoy y después de semejantes escándalos, no hay ninguna medida de sujeción, multa o suspensión de licencia o cancelación de la misma a pesar de haber violado flagrantemente la normativa de la banca nacional y del centro financiero internacional que ha sido cuestionado desde hace rato por fuerzas internacionales que lo quieren liquidar como competencia, pero que ante esta situación ofrecen en bandeja de plata la justificación expedita a esos ataques, ahora fundados.

La figura de las Adendas a contratos se ha convertido en un mecanismo perverso de incrementar criminalmente los costos ya de por sí sumamente altos o la figura o maniobra de presentar un bajo precio para obtener el contrato y luego modificar el precio por este mecanismo de las adendas y consolidar así el atraco con la diligente anuencia de las autoridades nacionales.

Las autoridades encargadas de investigar y sancionar todas las conductas delictivas y llevar al banquillo de los acusados a los corruptos, han terminado siendo rebasados en su deber, porque estas autoridades también están sujetas al control político de los mismos que deben ser procesados y condenados por sus acciones contra los panameños. Solo muy pocos están siendo investigados, y las investigaciones adolecen de la contundencia y firmeza que se requiere.   La Contraloría General de la República, por su parte, ha terminado haciendo informes que lejos de auditorías forenses trasparentes, terminan por concluir que aquí no ha pasado nada, se ha evitado investigar siquiera las partidas circuitales y fondos de juntas comunales y municipios donde es evidente que hubo toda clase de chanchullos, mientras que la deuda pública para cancelar esas obligaciones oscuras nos ha llevado a un límite peligroso que pudiera comprometer la libertad financiera del Estado panameño en un corto plazo. Ha quedado además en evidencia; la renuencia del Ministerio Público panameño, en colaborar con organismos similares de otros países, cuando se le ha pedido colaboración.

Pero el andamiaje de la corrupción no se limitó a las contrataciones públicas, sino que está diseminado en toda la actividad social y económica en general que ha devenido en casi un Estado fallido que ha perdido el rumbo decoroso y digno al que debemos aspirar los que soñamos con un Panamá decente, donde puedan crecer y desarrollar sus sueños de realización libre nuestros hijos y nietos.

¡Así de sencilla es la cosa!

José Dídimo Escobar Samaniego.
Cédula: 7-84-41
20 de mayo de 2017

<> Este artículo fue publicado el sábado 20 de mayo de 2017 en la Estrella de Panamá y compartido públicamente por el autor en su página de Facebook.

Itinerario de una licitación

La opinión de…

Mauro Zúñiga Araúz

Hay en el actual Gabinete un ministro que me envía mucho de lo que yo publico en mis columnas.  Dice que eso es su forma de hacer oposición.  Lo único que me ha pedido es que diga públicamente su nombre una vez que se caiga el Gobierno.   Así lo haré. Creo que Panamá también tiene derecho a tener su “Garganta Profunda”, aquel alto funcionario de la CIA, William Mark Felt, que le filtró a la prensa las escuchas del Hotel Watergate, lo que obligó a renunciar al presidente Nixon.

Me ha enviado mucha información que ya me da pena con un colega por inundarle el cuarto de estudio. Él se ha encargado de separarla y clasificarla, pero si yo la publico toda me voy a convertir en un periodista investigativo y esa no es mi profesión ni mi interés por escribir.   He escogido al azar el itinerario de una licitación para que el lector tenga una idea de cómo se cuecen las habas.

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) publicó el 28 de julio de 2010 el Aviso de Convocatoria para la Concesión del Servicio de Administración Financiera del Sistema de Movilización Masivo de Pasajeros en el Área Metropolitana, Metrobus (No 2010-1-03-0-08-AV-000260).

El 24 de septiembre se recibieron las propuestas. Hubo cuatro empresas proponentes, pero para no confundirnos mencionaré sólo dos: Sonda, S.A., y Panamá Card.   La comisión evaluadora estaba integrada por el ministro Papadimitriu; el Batman del MOP, un tal Suárez, que se la pasa chateando durante los consejos de Gabinete; el ministro Roux; un representante de los usuarios, un representante de la Cámara de Comercio y otro de Apede.

Cuando se abrieron las propuestas, al ministro de la Presidencia se le luxó la mandíbula, los cachetes se derramaron por el suelo, se empapó en sudor y la piel transitaba entre el color de un limón verde y una toronja madura. La propuesta de Panamá Card fue de B/. 0.0397 por usuario y la de Sonda fue de B/0.134, la más alta.    Se apagó la luz, un ministro se enredó en la alfombra, se quebró un vaso, se sintió el ruido de una puerta, se rompió una ventana.

Papadimitriu llamó al excelentísimo; primero habló en griego y el otro gritaba porque no lo entendía; después, cuando lo entendió, gritaba más.   Lo cierto es que el 8 de octubre de 2010, la ATTT dictó la resolución 200-AL por la cual se rechazan todas las propuestas presentadas “porque existían elementos que no fueron tomados en cuenta”.   ¡Habrase visto!   El olor que despedía la licitación no era muy agradable.

El 2 de noviembre de 2010, la ATTT publicó nuevo aviso de convocatoria, pero esta vez no por usuario, sino por la totalidad del servicio (No 2010-1-03-0-08-AV-000532). El 15 de diciembre se recibieron las propuestas. Se presentaron las mismas cuatro empresas. La propuesta más baja fue la de Panamá Card por 118 millones 275 mil 124 dólares.    Sonda S.A., cotizó por 180 millones 600 mil dólares. Estamos hablando de una diferencia mayor de 60 millones de dólares. Mucha plata, amable lector.

Por arte de magia negra, característica de Noriega, los representantes de la Cámara de Comercio y Apede, cuyo sello es garantía de seriedad, no fueron convocados en esta segunda comisión.    ¿Las causas?   A mí, bien, ¿y a ti? Pues bien, la Comisión Evaluadora escogió a la empresa Sonda, S.A.     En el curso de una licitación a otra ocurrieron algunas cositas que es bueno que se sepa.    Se solicitó lo que se llama subsanación de propuestas.    Según Papadimitriu, esta se hizo a las 11:37 a.m. del 24 de diciembre.

Recordemos que las oficinas públicas ese día laboraban hasta las 12:00 m.d.   Sin embargo, Garganta Profunda me envió copia del email que el director de ATTT le envió a la representante legal de Panamá Card y dice: viernes, 24 de diciembre, 2010, 12:07 p.m.

Es decir, fuera de horario de oficina. Estoy tras un estudio hecho en Austria que dice que la mentira es contagiosa.    Los amigos del ministro me han asegurado que él nunca antes había dicho mentiras, pero el contacto directo con personas que viven de ella lo conduce a esos malos hábitos. Garganta Profunda también me dijo que esta subsanación de propuestas no se colocó en la página de Panamá Compra, lo que está al margen de la ley. (Artículo 17 de la ley 22 de 2006).

Me dice, igualmente, que Panamá Card presentó, dentro del tiempo estipulado, las 11 subsanaciones solicitadas. Para Garganta Profunda lo más grave es que la empresa Sonda S.A. presentó una oferta condicionada, a pesar de que el punto 15 del pliego de cargos señala que la entidad proponente rechazará las propuestas condicionadas.   Sonda S.A. va a vender tarjetas personalizadas a 4 dólares, tarjetas al portador por 2 dólares, impuesto de ITBM con una tasa de 7.5%, etc., lo que no beneficia ni a los usuarios ni al país. El que no tiene la tarjeta, a caminar. Pero son 60 millones.

Quiero pensar bien.   Quiero pensar que el corte de los bigotes del nuevo Procurador significa el corte de la dependencia con el excelentísimo, por lo que le solicito que inicie una investigación de oficio de esta licitación. Investigue si hubo coima. 60 millones es mucha plata. ¿Cómo se repartió la coima? ¿Cuánto le llegó al excelentísimo? ¿Cuánto al ministro de la Presidencia? Investigue si en el banco que tiene participación la empresa ganadora hay algunas acciones del excelentísimo. Tiene en sus manos una excelente oportunidad para demostrarle al país que el problema estaba en los bigotes.

Señor Ricardo Martinelli Berrocal:   Coclé no es el vertedero de la República. Nos mandó a Penonomé en un camión de basura a su primo Núñez Fábrega, como gobernador.   Eso es una falta de respeto a la memoria histórica de esa provincia paridora de personas que han fijado las huellas de nuestra nacionalidad. Allí están enterrados los restos de mi padre.

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Este artículo se publicó el 2 de febrero  de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Sistema de compras por subasta

La opinión de….

 

JUAN  RAMÓN  MORALES –    –
juramor777@hotmail.com

En artículo anterior cité muy rápidamente el sistema de compras por subasta, que propuse cuando discutíamos la reglamentación del título IV de la ley 1 de Medicamentos y que después de haberse aprobado en primera instancia en nuestra comisión, al pasar a la Comisión de ‘Alto Nivel’ fue decapitada.

Así concebí dicho proyecto: Primero debo acotar que para entrar de lleno en las pujas y repujas, todas las empresas participantes debían estar acreditadas para dicha participación, algo así como el control previo, requisitos de calidad, en cuyo caso se requeriría este proceso para participar en las pujas y repujas, del precio base hacia abajo.

Dicho lo anterior, agrego, que concebí el sistema en tres vueltas, en cada vuelta los oferentes tendrían dos oportunidades de ofertar precios que debían ser voceados y llevados —ahora digo— a un plasma que recogería las ofertas de cada oferente. Terminada la primera vuelta, venía una especie de receso cuyo tiempo podía ser de una, dos o tres horas según el listado de medicamentos. Durante este receso, cada representante de la empresa participante se pondría en comunicación con los superiores para ver hasta donde podían bajar precios, en razón de los precios ofertados por sus competidores, a su vez, los funcionarios de las empresas se pondrían en comunicación con las empresas madres del exterior, cuando fuera el caso y pedir información para llegada la tercera vuelta, saber hasta donde se podría bajar las ofertas.

Llegada la segunda vuelta, todo transcurre como en la primera, los representantes hacen sus nuevas ofertas hasta llegar el final de esta segunda vuelta.

Llegado el momento de la tercera ronda, el panorama está más o menos despejado, puesto que habrá empresas que se retiran ante los precios ofertados al no poder mejorarlos.

Dentro de esta tercera vuelta, en donde se procederá a las pujas y repujas finales, como es a dos ofertas, se irán saliendo otras por no poder competir hasta que así llegado el final con la participación de dos o máximo tres empresas, cada una hará su oferta final, determinando diafanamente quienes serán los ganadores.

Cabe observar que las empresas en retiro, puede ser en algún rubro determinado pero siguiendo en la competencia de otros rubros.

Al final de la contienda, habremos obtenido varios beneficios, el primer beneficio es que no habrá las demandas acostumbradas, solo para entorpecer el proceso de compras, el segundo beneficio es que se otorgará el triunfo de inmediato al o los ganadores y tercero, que en breve tiempo se podrá obtener las entregas inmediatas o parciales programadas de los medicamentos a comprar, cuarto mejores precios.

Terminada la contienda, todos los participantes, ganadores y perdedores deberán firmar las actas que se levanten. Tanto la Caja de Seguro Social como el Ministerio de Salud, deberán tener sus instalaciones apropiadas para eventos de este tipo, sin embargo las compras bien podrían ser hechas en común, bajo el precepto económico de que a mayor volumen, mejor precio. Así son las cosas.

 

 

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<> Este artículo se publicó el  10  de enero de 2011    en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

La importancia de las compras públicas en el desarrollo nacional

La opinión del Abogado, Mediador,  Consultor…

Jorge Aguirre Leason 

jaguirrel2000@yahoo.com
Nuestro país y en especial todos sus gobernantes necesitan comprender que una de las estrategias para el siglo XXI es elevar la posición competitiva del estado ante el resto de las naciones y mejorar la calidad de los servicios del gobierno c omo instrumento promotor del desarrollo nacional.

Las normativas jurídicas vigentes referentes a contrataciones públicas promueven la transparencia y él apoyo de procesos más eficientes que permiten la utilización de las facilidades de la tecnología y la gestión eficaz de compras publicas a través de Internet.

La coordinación con la Contraloría General de la República permite implementar la modernización de los procesos del Estado que tienen que ver con las finanzas gubernamentales, fortaleciendo los procesos de fiscalización y auditoria, con control y ejecución de las políticas de reducción de gastos.

Es de vital importancia continuar avanzando para que el proceso de compras públicas sea eficaz, eficiente, transparente y tecnológicamente accesible para todos los usuarios, promover que los funcionarios de la administración gubernamental, involucrados en los procesos de compras, realicen los procedimientos de compras y desarrollen licitaciones con apego a la Ley 22 de 2006 de contrataciones públicas y su correcta aplicación en la adquisición de bienes y servicios en beneficio del Estado.

La finalidad de garantizar que las entidades obtengan bienes, servicios y obras de la calidad requerida, en forma oportuna y a precios o costos adecuados establece las consecuencias significativas para el desarrollo nacional, fortalece al sector privado, articula la creación de nuevos puestos de trabajo y puede asimismo constituir un importante instrumento de mejor distribución de riquezas.

Las contrataciones públicas transparentes y eficientes tienen impacto en las condiciones de gobierno de los Estados y en la percepción que los ciudadanos tienen sobre su régimen de gobierno. La contratación pública no agota su finalidad en facilitar las transacciones.

Un proceso de contratación correcto contribuye a una sana competencia y concurrencia en el mercado, estimula la iniciativa privada y fomenta el desarrollo económico con equidad empresarial. A contrario sensu, una adjudicación amañada o una realización insatisfactoria, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en cada operación, atentan contra la competitividad y contra la igualdad de oportunidades, en la medida en que unos cuantos privilegiados se favorecen en perjuicio de innumerables oferentes de buena fe.

La contratación pública es un vehículo para generar confianza, transparencia y seguridad jurídica, ahorro en el gasto interno del estado, reducción de costos de transacción y creación de capital social; o, por el contrario, puede propiciar corrupción e ineficiencia, es decir, pérdida de legitimidad de las instituciones y, por tanto, desprestigio del Estado.

 

 

<>Artículo publicado el 31  de diciembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Acceso directo a la corrupción

La opinión de la Psicóloga Especialista de la conducta humana….

GERALDINE  EMILIANI

Un amigo me sugirió que escribiera sobre el Control Previo y las contrataciones directas.   Al principio me negué. Primero, porque deseo escribir sobre temas que no tengan relación con las incoherencias de este gobierno y, segundo, porque deseo tomarme unas ‘vacaciones mentales’ esas en las que mis emociones ciudadanas no se vean afectadas ni mucho menos traicionadas por las expresiones y actuaciones precipitadas de nuestras autoridades gubernamentales.   Tercero, porque hablar sobre el Control Previo y las contrataciones directas y el manejo de las mismas por nuestras autoridades lastima mi sentir ciudadano, que, confieso, deberé recurrir a lo divino y sublime para calmar mi angustia.

El mandatario defiende la eliminación de este proceso fiscalizador de los recursos públicos, porque se busca agilizar los trámites de las entidades beneficiadas y señala: ‘Con Control Previo también se han robado el dinero y que no exime de la corrupción’.   Totalmente de acuerdo. Pero, y me parece y creo que es la lógica, que sin el debido control previo, la situación se va a convertir en un acondicionamiento mental operante muy poderoso para aquellos que suelen conducirse sin medida hasta el punto de perder la mesura cuando de dinero fácil se trata y que no le pertenece.

No nos olvidemos que Panamá ocupa la posición 73 que corresponde a una lista de 178 países de todo el mundo donde los primeros puestos son ocupados por naciones donde existe una ‘percepción de ausencia de corrupción’, según el Índice de Percepción de la Corrupción 2010 publicado por la Organización Transparencia Internacional.   Sin el Control Previo y las contrataciones directas impuestas por el gobierno, los miembros de la Asociación de Corruptos de Panamá, S. A. deben estar verdaderamente entusiasmados.

Igualmente, escuché las declaraciones de la máxima autoridad de la Contraloría de la Nación en el programa de TV Debate Abierto nocturno, defendiendo la eliminación del Control Previo. Como funcionaria titular encargada de examinar las cuentas y la legalidad de los gastos oficiales, me fue tan difícil asimilar sus ideas cuando de manera repetitiva usó la frase ‘es que vamos a estar allí’ y desconoce que los vocablos exceptuar y eliminar son sinónimos según la Real Academia Española de la Lengua; y me siento totalmente desconcertada por la falta en su manejo de conceptos relacionados a los gastos del Estado, sobre todo, cuando se trata de cuatro mil y tantos millones de dólares que ‘sí que van a estar por allí’ al servicio de los ladrones de las esperanzas de un pueblo. Es una especie de ventana abierta ‘para hacer lo que me da la gana con el dinero ajeno’, concepto muy naturalizado de los corruptos.

Vivimos en un país en donde los principios y valores éticos y morales parecen estar ausentes en nuestra sociedad y se le enseña al pequeño que el provecho individual tiene un valor intrínseco en su vida personal. Y, si este mismo sujeto cuando adulto se encuentra ante un ambiente laboral permisivo, buscará la manera de rebuscarse descaradamente. Y, cuando el hombre vive de la corrupción es muy difícil desarraigarse de ella, porque hace de la corrupción su modo de vida. La puede dejar solo si es descubierto y en consecuencia, encarcelado. A estos sujetos no les importan las graves consecuencias que la corrupción provoca.

El corrupto no tiene jefe ni reglas, y mucho menos autocontrol en su forma de ver, de pensar y de actuar al momento de realizar su trabajo. Inclusive usa un lenguaje seductor y poco confiable para expresar ideas contrarias a los principios morales, éticos y de civismo. No existe para él ni el bien, ni el mal que lo impulsan hacia un absolutismo impersonal en que hace caso omiso al remordimiento.   Simplemente nos encontramos ante una visión deformada del hombre a cambio de una cantidad de dinero. Máxime si la gestión gubernamental refleja una política económica, jurídica y, de fiscalización negligente, elementos susceptibles para las transgresiones aún más si subsisten factores psico—sociales, como el antagonismo y devaluaciones de la misma persona.

Por desgracia, la corrupción, como la veo en mi país, se ha extendido con facilidad. Corromper y dejarse corromper es cuestión de oportunidad, beneficio, riesgo de detección y cuantía del castigo. Si el riesgo de detección es pequeño, y el castigo improbable y ligero, y sin el control previo a los gastos del Estado y se suma las contrataciones directas favoreciendo a familiares y amigos, la corrupción está servida. Todo lo anterior en detrimento de la institucionalidad del país, que es minar descaradamente la civilidad.

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<> Este artículo se publicó el 17 de noviembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que a la  autora,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos de la   autora  en: https://panaletras.wordpress.com/category/emiliani-geraldine/

Ojo, con las contrataciones directas

La opinión del Abogado…

Ernesto Cedeño Alvarado 

Las contrataciones directas son excepciones al principio de licitación pública establecido en el Artículo 266 de la Constitución Política de Panamá, que busca que el Estado solicite propuestas a diversos oferentes conforme a las disposiciones legales de la materia para obtener con ello, un buen producto a un mejor precio. El artículo constitucional reza de la siguiente manera.

 

Artículo 266: La ejecución o reparación de obras nacionales, las compras que se efectúen con fondos del Estado, de sus entidades autónomas o semiautónomas o de los municipios y la venta o arrendamiento de bienes pertenecientes a los mismos se harán, salvo las excepciones que determine la Ley, mediante licitación pública. La Ley establecerá las medidas que aseguren en toda licitación el mayor beneficio para el Estado y plena justicia en la adjudicación.

Como se puede apreciar las contrataciones directas no son la regla a seguir en las contrataciones públicas, por eso los administradores deben conocer y cumplir el ordenamiento legal para no cometer yerros jurídicos que pudieran hacer mella en el procedimiento. Los que siguen son los casos históricos más comunes, donde se utiliza la contratación directa, en detrimento del principio de la licitación pública y de la ley de contrataciones públicas.

1. Contratan, por que tienen experiencia previa con el proveedor. Esto atenta en contra de la libre empresa.

2. Contratan por que el proveedor le ha quedado bien en el pasado. Esto es una aberración, por que todo oferente debió haber cumplido con el objeto de un contrato anterior refrendado, pues de lo contrario, se le debió haber resuelto un contrato por su incumplimiento. Podría fortalecer un monopolio, esta irregularidad.

3. Contratan por que directamente con familiares (o dentro de la Junta Directiva de una empresa hay familiares) del contratista. Esto viola la Constitución en el artículo 309 de la Constitución.

4. Contratan por que son amigos del contratista. Esto debilita, a mi juicio el artículo 24 del Decreto Ejecutivo No. 246, sobre el código de ética de los servidores públicos.

5. Contratan directamente producto de invitaciones previas. Esto es ilegal para algunas instituciones, pues la contratación directa por invitación, se le ha dispensado sólo a pocas instituciones, (ejemplo el PAN) de acuerdo a la ley. Si uno mando invitaciones previas, podía perfectamente realizar la licitación o la selección de contratistas, para tal acto.

6. Contratan por recomendaciones de terceros. Esto viola el artículo 24 del Decreto Ejecutivo No. 246, sobre el código de ética de los servidores públicos.

7. Contratan directamente con un proveedor de un contrato existente, a manera de addenda, servicios que este contratista no puede ejecutar, con el objeto de que el mismo subcontrate con un oferente de la predilección de la entidad. Esto vulnera la igualdad ante la ley, de las otras empresas y el principio de licitación pública.

8. Contratan porque indirectamente recibirán dividendos de los beneficios de la contratación con determinada empresa.

En fin, todo acto que lleve por norte esquivar la correcta selección de contratista, deteriora el sistema pulcro de las compras estatales; por lo que debe objetarse de manera contundente.

Para que se considere potable una contratación directa debe cumplirse con los requisitos establecidos en la ley. He dicho. Si la esencia de eliminar el principio de contratación publica es acortar los tiempos de entrega, recomiendo reevaluar los procesos y/o fortalecer la actual Ley de contrataciones públicas.

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<>Artículo publicado el 16  de noviembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/cedeno-alvarado-ernesto/

Con frenesí y sin control

La opinión de la comunicadora social…

BERNA  CALVIT
bdcalvit@cwpanama.net

Bajo el sol inclemente, la señora vendía flores con la esperanza de que ese día, de difuntos, ganaría algo para “parar la olla” en casa. El Mes de la Patria es bueno para los “empresarios” de la carne en palito, el mafá, raspa’os, o fritangas; para los que venden banderas panameñas que, en algunos, despierta efímero amor por Panamá porque el resto del año poco les importa su suerte.

En los desfiles, cada vez más desvirtuados de su verdadero significado, no faltan los estudiantes engalanados con charreteras y quepis, haciendo complicadas piruetas con los instrumentos musicales a ritmo de regué o “pasa–pasa”; y las chicas, con ropa más apropiada para Carnaval que para desfiles patrios, se contonean como en coreografía de concurso Baila conmigo. Sería mejor, para no terminar de estropear estas festividades, que los periodistas no les hagan preguntas peliagudas como ¿Qué se celebra hoy? ¿Quién fue el primer presidente de Panamá? ¿En qué año dejó Panamá de ser parte de Colombia? Afortunadamente, siempre hay estudiantes y grupos que por su sobriedad y buena presentación salvan los desfiles.

Pasaré estos días con el ánimo fortalecido para resistir, con estoicismo digno de pupila de Séneca, la usual palabrería hueca de los políticos que aprovechan para decir cuánto aman a su pueblo, con cuánto sacrificio trabajan por nuestro bienestar, bla, bla.    Entre el “jalouin”, las fiestas patrias, el Día de la Madre, y la llegada de Navidad y el nuevo año, estamos tan distraídos que si al Gobierno se le ocurriera vender la torre de Panamá La Vieja o el Parque Catedral, ni cuenta nos daríamos.   Si algo así sucediera (los locos son impredecibles), solo unos cuantos pegarían el grito al cielo (inútilmente, por cierto), porque el resto estaría muy ocupado en llenar los centros comerciales como si el fin del mundo estuviera cercano; comprando frenéticamente porque hay que apartar los juguetes de los hijos, comprar el pavo, el lechón, el “guaro”, el arbolito y pintar la casa.

Con tanta distracción, tres días antes del “jalouin” la contralora general de la República, Gioconda de Bianchini, ex contralora del Super 99, decidió exceptuar a los ministerios del control previo para manejo de fondos, recursos y bienes públicos.   Qué oportuna decisión (que se sospecha no salió de Contraloría) cuando, precisamente, se aprobaba el presupuesto más alto de la historia, 13 mil 9 millones, para una serie de paquidérmicos y delirantes proyectos, algunos innecesarios y otros, hasta irresponsables.

Los diputados, sumisos servidores de palacio, siguen diciendo sí. El ministro de Economía y Finanzas, Vallarino, dice que está destinado a proyectos de inversión de compromiso social. ¿Compromiso social la caprichosa torre La Tusa (69 pisos, 2 mil 200 estacionamientos) justo al lado del hospital Santo Tomás (monumento histórico), área de silencio, pesadilla, ya, de caos vehicular; carreteras y puentes para favorecer a inversionistas inmobiliarios que se llevarán la parte del león?   Rubén Darío Carles (Chinchorro), que destaca por el manejo serio de la Contraloría durante el gobierno de Guillermo Endara, y José Chen Barría, ex contralor y señor de todos mis respetos, afirman que eliminar el control previo pone en peligro la administración de los recursos públicos y fomenta la corrupción.   Imagínense que los directores de escuelas podrán hacer contratos para reparar escuelas sin publicar la información en Panamá Compra. ¡Bingo!

¿Ya se olvidó el escándalo de corrupción millonaria en el Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE), gracias a la falta del control previo?   Los ministerios de Obras Públicas y de Salud manejarán durante el año 2011, unos B/.848 millones en el renglón de inversiones sin “control previo” ni necesidad de publicar los detalles de la contratación o compra. Dice de Bianchini: “No significa que no vamos a fiscalizar. Por el contrario, nos mantendremos vigilantes”.

¿Cuándo? ¿Después que, por ejemplo, alguien pase cuentas por $500 mil en tuercas que en realidad cuestan $36 mil, “clavo pasado” porque el negocio es del pariente o amigo de algún encopetado funcionario? ¿Vigilará con la eficiencia que reflejó el censo nacional 2009, el más desastroso de nuestra historia?   ¿Y qué con lo del FIS/FES y la auditoría de la Contraloría?

El Gobierno, ignorando recomendaciones objetivas, avanza como aplanadora, sin miramientos. Ni que tuviéramos las riquezas de los Emiratos Árabes.   No perder el poder en 2014, a este costo, es irresponsable. Sobre todo, porque las verdaderas necesidades sociales siguen insatisfechas.   “El poder sin límites es un frenesí que arruina su propia autoridad”, dijo Fenelón, prelado y erudito francés.

<> Este artículo se publicó el 8  de noviembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la  autora, todo el crédito que les corresponde.
Más artículos de la autora  en: https://panaletras.wordpress.com/category/calvit-berna/