’Cuando la prensa calla, el silencio grita’

La opinión del periodista colonense…

DAVID M. PÉREZ
davidperez262004@yahoo.com.mx

‘Las Leyes de Calumnias e Injurias, son en muchas ocasiones, normas que en lugar de proteger el honor de las personas son utilizadas para atacar o silenciar el discurso que se considera critico de la gestión de administración pública’, Informe Anual del 2000 de la Relataría para la libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Los periodistas y la comunidad en general tienen el derecho a la libertad de opinión y de expresión, y este derecho incluye el no ser molestados a causa de sus opiniones y expresiones. La amenaza de sanción penal es desmesurada e inhibitoria y, por lógica, no es acorde con la libertad de expresión; una libertad que tiene su complemento ineludible en el derecho de los ciudadanos a ser informados, lo que automáticamente le confiere una función social a la labor periodística.

En el caso del artículo 196 de nuestro Código Penal, se garantiza que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio, por parte de la sociedad, contrario a lo que alude el Lic. Bonissi.

Ser funcionario implica estar sometido a una vigilancia estrecha por parte de la sociedad.

La penalización de los llamados delitos contra el honor y la intención de que sea declarado inconstitucional el artículo que trata al respecto en nuestro Código Penal es en esencia, una expresión del autoritarismo y el uso abusivo del poder, por lo que aquellos que diariamente trabajamos con responsabilidad desde cualquier medio de comunicación social a nuestro alcance jamás estaremos de acuerdo con lo esgrimido por quien, ‘como conocedor de la ley’, debió haber defendido el derecho a la libre expresión. ¿A menos que nos estemos preparando para callar a la prensa?

Y cuando esto suceda, le recordamos que darán paso a que el silencio grite.

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<> Este artículo se publicó el 22 de octubre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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A 125 años del ahorcamiento de Pedro Prestán

La opinión del periodista colonense….

DAVID  M.  PÉREZ

En lo que hay de polémico en el caso de Pedro Prestán está la determinación de si fue o no el bandido o malhechor y el incendiario de la ciudad de Colón que en el veían sus enemigos políticos y personales.   La Historia Universal está llena de ejemplos:   ‘bandidos’ y ‘malhechores’ fueron siempre, para los dictadores, tiranos y prepotentes, los hombres que se rebelaron contra la injusticia y lucharon a brazo partido por sus principios, sobre todo si se levantaron en armas y la suerte les fue adversa.   Y los que afirman que Prestán quemó la ciudad de Colón, apuntalan su aserto en el veredicto rendido por sus verdugos, sin entrar a analizar el proceso’, Max Salabarría Patiño; Colón en los Predios de la Historia.

De ideología política liberal,  Prestán perteneció al grupo radical que se opuso a la segunda administración de Rafael Núñez, cuya maquinaciones políticas dieron al traste con la Constitución de Río Negro y convirtieron al Istmo de Panamá, de Estado soberano en un Departamento más de Colombia.   Pedro Prestán encabeza en la ciudad de Colón el movimiento revolucionario contra el régimen Nuñista,   y fue de hecho,  jefe civil y militar de la plaza en el rango de general, desde el 17 hasta el 31 de marzo de 1885.

Durante este período Prestán hizo arrestar al cónsul de EE.UU en Colón, a dos oficiales del buque de guerra estadounidense Galena y a dos empleados de la Pacific Mail S.S. Co.,   la agencia del barco que había traído rifles y municiones destinados a los revolucionarios, y cuya entrega no se realizó: Prestán le advirtió al comandante de los buques de guerra estadounidenses surtos en el puerto, que cualquier intento de agresión por parte de ellos haría peligrar las vidas de los rehenes y de los estadounidenses residentes en la ciudad.

Puso en libertad a los rehenes al recibir del cónsul de EE.UU. seguridad de que las armas serían entregadas.   La promesa quedó incumplida.   Volvió entonces a arrestar a uno de los empleados de la Pacific Mail, y este se dio a la fuga, aprovechando el parpadeo de sus guardianes durante el desarrollo del combate que sostuvo el 30 de marzo en Monkey Hill (Hoy Monte Esperanza),  entre las tropas gobiernistas que llegaron a Colón y las fuerzas revolucionarias.

El 31 de marzo de 1885, al replegarse las fuerzas revolucionarias, la batalla cambio de escenario, de Monkey Hill al centro de la ciudad. Como a las dos de la tarde, la ciudad empezó a arder.   Con un puñado de hombres Prestán buscó refugio en Isla Margarita, al otro lado de la bahía y frente a la ciudad, allí pasó la noche del 31 de marzo.   Después se dirigió a Portobelo, y de allí siguió rumbo a Cartagena, con el propósito de unirse las fuerzas rebeldes comandadas por el general Gaitán Obeso y ‘ayudarlo en la noble tarea de librar al país de una dictadura afrentosa… y poner coto a las bastardas pretensiones de los altaneros Yanquis, quienes pretendían apoderarse del Istmo’,   según él mismo señaló.

En Colombia, cuando intentaba llegar a La Guajira y adentrarse en Venezuela, lo tomaron preso unos voluntarios conservadores, y fue regresado a Colón a donde llegó encadenado el 11 de agosto de 1885.

Tres meses antes, el 6 de marzo de 1885,  mediante un Consejo de Guerra sumarísimo, el gobierno nuñista había ahorcado en Colón a dos compañeros de Prestán: El haitiano Antonio Patroouzeille y al jamaiquino George Davis, alías ‘Cocobolo’, ambos pertenecientes a la denominada ‘Legión Extranjera’ (Llamada así por estar compuesta por extranjeros residentes en la ciudad de Colón).   Se les acusó de ‘cómplices de Prestán en el incendio de Colón’, y se les encontró culpables. Ambos habían sido detenidos por los Marines norteamericanos, los cuales estaban en tierra, antes que se produjera el incendio de la ciudad.  La condena y posterior ahorcamiento de ambos compañeros de Prestán eran el mejor presagio de que sobre él mismo pesaba toda la condena de sus acusadores antes de ser juzgado.

Prestán proclamó su inocencia en todo momento, con serenidad y firmeza:   En las cartas a su esposa y a su amigo Bergman.

El martes 18 de agosto de 1885, a las doce del día ahorcaron a Prestán. Antes de morir perdonó públicamente a sus enemigos y sublime fue su gesto de dignidad cuando, al pedirle el verdugo que se colocara él mismo el nudo alrededor del cuello, le dijo mirándolo fijamente a los ojos. ‘No. Yo no sé ahorcarme’.

‘Yo perdono a mis jueces de la tierra para que el Juez Supremo me reciba como Mártir’, destacó Prestán, quien con el tiempo ha sido reivindicado por la comunidad colonense y la nacional, con motivo de la celebración del Centenario de su injusto ahorcamiento, en el año de 1985,   por resolución No. 101-30-48 de 24 de septiembre, el Consejo Municipal de Colón reconoció la inocencia de Pedro Prestán de los cargos de incendiarismo por los cuales se le condenó cruel e injustamente y lo declaró Hijo Meritorio de Colón.

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Este artículo fue publicado el  19 de agosto de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El Pacto de la Colina

La opinión del Periodista…

DAVID M. PÉREZ

El mes de mayo está lleno de experiencias ricas en acumulación para el movimiento estudiantil panameño, lastimosamente hoy tenemos a esta expresión del movimiento popular completamente desmovilizada en nuestro país.

Era el mes de mayo de 1958 cuando, luego de diversas jornadas que significaron más de 30 muertos, el Movimiento Estudiantil panameño, encabezado por la entonces Gloriosa Federación de Estudiantes de Panamá (FEP), logra una victoria, que, como hemos dicho, costó sangre al pueblo panameño y se adelantó en su época a la lucha estudiantil latinoamericana por una mejor educación, ‘El Pacto de la Colina’.

Todo comenzó el 2 de mayo de 1958, con la Operación Soberanía, ordenanza acatada por la Unión de Estudiantes Universitarios (UEU), luego del II Congreso Extraordinario de la FEP y que tenía como fin ejercer nuestro derecho soberano en la entonces Zona del Canal. Ese 2 de mayo, de manera pacífica y cívica, fueron sembradas de banderas panameñas muchas áreas de la Zona del Canal, burlando toda la seguridad que ejercía sobre ese territorio el ejército más grande del mundo.

Cansados de las malas condiciones educativas que imperaban en el país, existía un caos educativo, los colegios no contaban con las condiciones, no había educadores, el currículo no correspondía al momento, un grupo de estudiantes procedentes de Aguadulce, marcharon hasta la Presidencia de la República, en donde el presidente Ernesto De la Guardia se niega a recibirlos, los estudiantes anunciaron que volverían el día 19. Cuando se llegó a la Plaza Catedral, el edecán del presidente, de apellido Arias Espinoza, ordenó a la Guardia Nacional replegar a los estudiantes; una de las bombas lacrimógenas lanzada por la Guardia, golpea en el pecho al estudiante artesano José Manuel Araúz y le causa la muerte.

Toda la República se paralizó al llamado hecho por la dirigencia de la FEP, para el 21 de mayo es convocada una reunión en la Presidencia, a solicitud del rector de la Universidad de Panamá, de todos los decanos y de la dirigencia estudiantil, allí se acordó que el presidente iniciaría una investigación de la muerte del estudiante Araúz y se atenderían las solicitudes de los estudiantes.

Para el 22 de mayo, jueves, el Instituto Nacional es rodeado por unidades de la Guardia Nacional, violando los acuerdos llegados el día anterior con el presidente De la Guardia y con francotiradores, inician una masacre contra no solo los estudiantes, sino que contra el pueblo en general, lo que ocasionó unos 30 muertos entre niños, mujeres, estudiantes, obreros y ciudadanos en general.

De estos hechos son pocas las informaciones que se divulgaron a través de los medios de la época, porque el gobierno censuró a la prensa nacional, esa censura duró por lo menos tres meses. ‘Hubo una censura por parte del Gobierno de Ernesto De la Guardia, que duró tres meses y el Panamá América sacó en junio de 1958 un suplemento especial de los incidentes con las fotos de los asesinados. Hay una foto en la morgue donde están los cadáveres amontonados uno sobre otro, porque no había espacio para acomodarlos‘. Ricardo Arturo Ríos Torres, ‘Memorias de mis memorias’.

Los estudiantes sitiados en el Instituto Nacional fueron posteriormente trasladados hasta el Campus de la Universidad de Panamá y allí fueron sitiados por más de una semana por la Guardia Nacional, hasta que se firmó el denominado ‘Pacto de la Colina’, con el cual se pone fin a los sucesos acaecidos en mayo del 58. Entre otras cosas el pacto intentaba lograr el compromiso del gobierno y los representantes estudiantiles de resolver la crisis educativa y dar cumplimiento a las aspiraciones de los estudiantes, se crearían nuevos impuestos que permitirían disponer del dinero necesario, se acordó el pago de indemnización a la familia de los fallecidos y lesionados. Se acordó que los comandantes de la Guardia Nacional serían nombrados y removidos por el presidente de la República.

El 29 de mayo el Pacto de la Colina puso fin a la violencia que se vivió en Panamá semanas antes, pero al final no resolvió el problema educativo y durante los meses que siguieron se dieron nuevas manifestaciones y cierres de escuelas.

El Pacto de la Colina fue oficializado mediante la Ley No. 50 del 30 de octubre de 1958.

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Artículo publicado el 5 de junio de 2010  en el  Diario La Estrella de Panamá , a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

No nos importa hacer cumplir nuestras leyes

La opinión del periodista colonense…..

.DAVID  M.  PÉREZ

El artículo 15 de nuestra Constitución Política señala que “Tanto Nacionales como extranjeros que se encuentren en el territorio de la República, estarán sometidos a la Constitución y a las leyes”, mientras que el artículo 20 consagra que “los panameños y los extranjeros son iguales ante la Ley, pero esta podrá, por razones de trabajo, de salubridad, moralidad, seguridad pública y economía nacional, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinadas actividades a los extranjeros en general”.

Hago alusión a estos dos pasajes de nuestra Carta Magna, porque “ revuelvo la mirada y a veces siento espanto ”, cuando me doy cuenta de que son los llamados, en el caso del Ministerio de Trabajo, a hacer cumplir estas leyes, las que en primera instancia la violentan sin que nadie se inmute.

Hace unos días, en Colón, nos sorprendió la denuncia que se hacía por parte de una de las principales empresas de reparación naval colonense, que nos llena de satisfacción saber que cuenta con una mano de obra especializada de primer orden y a nivel mundial en ese campo, dejando en claro que los colonenses son excelentes trabajadores, de la utilización de 14 trabajadores extranjeros (buzos comerciales) en la reparación de una embarcación que había chocado contra el rompeolas.

El director provincial del MITRADEL, haciendo cumplir las leyes de la República, una vez se enteró de lo que sucedía ordenó que fueran desembarcados inmediatamente estos extranjeros, porque los mismos no contaban con las documentaciones fundamentales, que especifican nuestras leyes laborales, para ejercer su profesión en nuestro país.

Lo curioso es que el funcionario en mención recibió de parte del director de Empleos del propio Ministerio, Samuel Vargas, una llamada para que le permitiera a los extranjeros continuar trabajando en la embarcación, lo que no fue aceptado por el director provincial, el cual por segunda oportunidad tuvo que ordenar el desembarco de estas personas de la embarcación, que estaba anclada en la bahía de Colón.

Por fin un funcionario local demostraba tener carácter y defender al trabajador nacional, sin embargo, las presiones desde la sede central del Ministerio no se hicieron esperar. Otro funcionario, en esta oportunidad el jefe de Asesoría Legal, Mario Molina, conocedor de las leyes, fue el que llamó al director provincial, para que contraviniera las leyes de la República y le “ solicito ” que les permitiera a los extranjeros continuar trabajando, bajo el precepto de que se les estaba arreglando la documentación en el Ministerio.

Nos preguntamos: ¿Por qué son los altos mandos del MITRADEL los que tienen que salir a pedir favores para determinadas empresas? Y, ¿por qué lo hacen sabiendo que se violentan las leyes de Panamá?

Termino citando nuevamente nuestra Carta Magna en su artículo 73 “ Se prohíbe la contratación de trabajadores extranjeros que puedan rebajar las condiciones de trabajo o las normas de vida del trabajador nacional. La Ley reglara las contrataciones de Gerentes, Directores Administrativos y Ejecutivos, técnicos y profesionales extranjeros para servicios públicos y privados, asegurando siempre los derechos de los panameños ”.

Todo esto fue violentado por estos funcionarios, quienes abiertamente dieron facilidades a la mano de obra extranjera, en detrimento de nuestros nacionales. Señora ministra, tiene usted la palabra.

<>Artículo publicado el 18 de marzo de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Operación Milagro, eso sí es una causa justa

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La opinión del periodista …..

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DAVID  M.  PÉREZ

Estoy sumamente impactado por el anuncio hecho por el ministro de Salud,  Dr, Franklin Vergara, quien sin ningún tipo de remordimiento anunció el desmantelamiento de la “Operación Milagro”, programa de cooperación suscrito entre los gobiernos de Cuba y Panamá, el cual ha permitido hasta el momento, la realización de más de 50,000 cirugías en pacientes pobres, especialmente campesinos e indígenas, con padecimientos que afectaban su visión.

Según el ministro Vergara, el programa “ Operación Milagro ”, será reemplazado por el Proyecto 20-20 , dirigido exclusivamente por médicos panameños, además de anunciar que el gobierno panameño les solicita a los médicos cubanos retirarse del país al 30 de abril del presente año, ¿será eso cierto? o ¿existen otras motivaciones en el fondo, como el eliminar un programa exitoso, realizado por el anterior gobierno?

La República de Cuba, proporcionó para este programa el equipamiento de los quirófanos, el personal médico especializado, incluso fue instalado un equipo avanzado para el tratamiento de pacientes diabéticos con problemas oculares, todo esto sin ningún costo para el gobierno panameño.

Sin embargo, una vez los actuales gobernantes asumieron la conducción del Estado han iniciado todo un proceso que va desde desconocer el nombre asignado a las instalaciones en donde funciona el programa, “ Clínica Omar Torrijos ”, hasta la decisión del cierre del mismo, afectando a miles de panameños que se encuentran a la espera de ser atendidos.

Los médicos cubanos no vinieron a Panamá a hacer negocios con la salud del pueblo panameño, ellos vinieron a prestar una colaboración sin precedente en la historia de nuestro país.

Son miles los humildes panameños y panameñas que se cuentan entre los beneficiados; sin embargo, con argumentos baladíes, hoy el presidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocal, y sus séquitos, nos dan muestra de que su verdadero interés no está con las mayorías.

Operación Milagro ha sido un éxito, sin embargo, parece que lo que buscan en realidad con acciones como esta es, de una forma infantil, querer desconocer los logros alcanzados por la pasada administración, sin importarles que estén jodiendo al Pueblo con sus actuaciones.

No sería nada extraño que este gobierno ahora la emprenda contra otros programa de cooperación, como los que se tiene en materia educativa, cultural y deportiva con la hermana República de Cuba.

Señor presidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocal, la Operación Milagro vino a traer salud al pueblo panameño, eso sí es una causa justa.

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Publicado el  17  de enero de 2010   en el Diario La Estrella de Panamá , a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Sr. alcalde, tercerización = trabajo precario (II)

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La opinión de….

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DAVID M. PÉREZ

El trabajo precario se caracteriza por la incertidumbre y la inseguridad. Algunas características habituales del trabajo precario son:  Baja remuneración; Imposibilidad de acceso a prestaciones o derechos previsionales, incluidos los planes de seguro social y de desempleo (a cargo del Estado o del empleador); Falta de oportunidades de capacitación o de desarrollo profesional; Horarios de trabajo prolongados; Maltrato en el lugar de trabajo; Riesgo elevado de enfermedades o lesiones; Protección reglamentaria escasa o inexistente; Marginalización de los sindicatos.

Los trabajadores en situación de trabajo precario quedan más expuestos de lo normal al temor, a las amenazas y a la intimidación.   Incluso en los casos de empleo directo, a los trabajadores de todo el mundo y de distintas industrias frecuentemente se les niega el derecho a afiliarse a un sindicato o a participar en negociaciones colectivas, precisamente por la naturaleza de sus empleos.   Esta práctica de exclusión, cada vez más frecuente, también influye de manera alarmante en la constante disminución de la cantidad de trabajadores que aún se encuentran en una relación regida por convenios colectivos con sus empleadores, lo que también disminuye considerablemente su capacidad de organizarse y negociar.

Está claro que lo que al final se busca es acomodar a los intereses de los empresarios, la fuerza laboral de nuestra gente, que ellos, los empresarios, hagan lo que les venga en ganas con nuestros trabajadores.

En el caso de los trabajadores del aseo del Distrito Capital, estos deben convertirse en un bastión de lucha contra las maquiavélicas intenciones del alcalde de tercerizar este servicio, porque al final serán ellos los que serán sometidos al castigo del trabajo precario y el desmejoramiento de sus condiciones de trabajo, el resto de los trabajadores debemos oponernos a la implementación de este sistema.

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Publicado el 6  de enero de 2010 en el Diario La Estrella de Panamá , a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Sr. alcalde, tercerización = trabajo precario (I)

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La opinión del periodista colonense…..

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DAVID M. PÉREZ

Con insistencia he podido escuchar que el alcalde de la ciudad capital, Bosco Ricardo Vallarino, pretende “tercerizar el servicio de la recolección de los desechos sólidos”, que se producen en el principal distrito de nuestro país; incluso al director general de la Caja del Seguro Social, Guillermo Sáez-Llorens, le escuché en una oportunidad hablar de “tercerizar algunos servicios que esta institución presta a los asegurados”.

Sin lugar a dudas, el burgomaestre de Panamá, y el Ingeniero Sáez-Llorens desconocen el resultado dejado por la famosa tercerización a lo largo de los países en donde se ha tratado de implementar este sistema, que aumenta las condiciones precarias en que se desenvuelven los trabajadores. Problema este que se ha convertido en una verdadera preocupación de organismos internacionales, que aglutinan a millones de trabajadores, como es el caso de la Internacional de Servidores Públicos (ISP).

El auge de la economía global ha estado signado por la mercantilización de las políticas y los servicios públicos que llevan a los países a reestructurar, tercerizar, subcontratar y privatizar los servicios públicos.

Esto ha ocasionado la precarización y la informalización de muchos trabajos del sector público, en la medida en que los gastos de previsión social de los gobiernos disminuyen y los empleadores buscan lo que consideran una fuerza de trabajo más “ flexible ” y barata.

Las mujeres y los jóvenes trabajadores constituyen, largamente, la mayoría de los trabajadores que se encuentran empleados en formas de trabajo precarias.

Sigue mañana..

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Publicado el 5  de enero de 2010 en el Diario La Estrella de Panamá , a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.