Sospechas e indicios del cambio

La opinión del Locutor Radial, Politólogo y Abogado…

LUIS  CARLOS  GUERRA
guerraluiscarlos@hotmail.com

La ex embajadora de Estados Unidos en Panamá, Bárbara Stephenson, al escribir sus percepciones, no sé si habrá considerado que de no ser ciertas, tipifican perfectamente el delito de vulneración a la estima y consideración que se tiene de una determinada persona, es decir, injuria, por cuanto señalar que una persona es: ‘sospechoso de vínculos con traficantes de drogas’ plantea de por sí una lesión, menoscabó directo a la imagen de la persona a quien se imputa o dirige dicho señalamiento.

 

Ahora bien, una sospecha, es una creencia o suposición hecha a partir de conjeturas, y una conjetura a su vez es un juicio u opinión que se deduce de indicios, sospechas o síntomas.

 

La Corte Suprema de Justicia en jurisprudencia y citando a un maestro del derecho patrio sostiene que: ‘1.El indicio es un hecho que señala la existencia de otro. El indicio viene a ser así la huella, vestigio, señal, traza, o circunstancia que pueda conducir o coadyuvar al conocimiento de determinado hecho. En el derecho angloamericano se le conoce como ‘prueba circunstancial’. Este mismo ministro es señalado en otras publicaciones de estar presuntamente vinculado a tráfico de armas en Colombia; estas inculpaciones deben constituirse en circunstancias justificativas contundentes para abrir las investigaciones sumarias respectivas de oficio por parte de la Procuraduría General de la Nación a fin de investigar el posible delito, y de no encontrarse mérito legal suficiente concluir con una solicitud de sobreseimiento definitivo a favor de quien es imputado.

 

Le toca a este gobierno del supuesto cambio dar explicaciones, pero quiero recordarles lo que también expresa la Corte Suprema de Justicia en relación a la buena, mala o contradictoria justificación de los hechos que rodean al incriminado, expone: ‘Por otro lado, en fallo de 26 de marzo de 1998 se indicó que: ‘según lo expresa la doctrina jurisprudencial: si el imputado’ da una explicación plausible, hace caer el indicio.    Por el contrario, si da una explicación mala o contradictoria, refuerza el indicio permitiendo atribuir un sentido desfavorable al hecho sospechoso (Registro Judicial Marzo de 1998, pág. 323).’.

 

Este gobierno y sus representantes han equivocado el método argumentativo para enfrentar las situaciones, el ad hominem o método de vilipendiar o desmeritar a quien emite o afirma una opinión o circunstancia, sin desmeritar el contenido de la misma, crea una fuerte precepción probatoria indiciaria contra quienes se esgrimen como auto defensores del cambio y sus miembros.

 

Este artículo se publicó el 2 de febrero  de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Ofender, ultrajar, vilipendiar…

La opinión de…

Carlos Gasnell Acuña

Al analizar cada una de las conductas que se quiere tipificar como hechos delictivos cuando se dirijan contra el Presidente de la República o funcionarios de elección popular, tenemos que concluir que, además de que no se utilizó el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua para redactar el anteproyecto de Ley, la propuesta obedece a un enfado del momento, como cuando un futbolista comete una falta fuerte y al final se excusa diciendo: “todo ocurrió en medio del calor de la jugada”.   Estoy seguro de que, luego de un análisis concienzudo, los diputados recapacitarán y retirarán este absurdo anteproyecto.

Vayamos por partes: si de manera alegre se coloca en una norma de carácter penal que ofender a un funcionario es un delito, se está considerando como delincuente a quien “humille o hiera el amor propio o la dignidad de alguien, o lo ponga en evidencia con palabras o con hechos”.   De manera que quien diga que un político electo es un mentiroso, porque incumplió una promesa, un pacto o maquilló una realidad –lo cual algunos hacen de manera recurrente– quedará sujeto a que su conducta pueda ser calificada como delito, si un político siente que se le “humilló o se le hirió el amor propio y la dignidad”.

Si analizamos cuál es el significado de la palabra ultrajar, el diccionario indica que consiste en ajar, injuriar, despreciar o tratar con desvío a alguien, entendiéndose la palabra desvío como tratar con desapego o desagrado. Ajar, para efecto de la redacción, se entendería como “tratar mal de palabra a alguien para humillarle”. De modo que todos los que han mencionado públicamente en alguna entrevista, encuesta, que algún funcionario público es un payaso, un tonto, un gordo, un ignorante o un maleante, también, para efecto de la ley podrían ser considerados delincuentes y ser objeto de la respectiva sanción penal.

En cuanto a la injuria, esta conducta ya está tipificada en el Código Penal, con sus respectivos eximentes de responsabilidad, cuando “los supuestos ofendidos sean uno de los servidores públicos de que trata el artículo 304 de la Constitución Política, funcionarios de elección popular o gobernadores”. Tal vez esta situación explique por qué en el anteproyecto se incluyó el artículo dentro del capítulo del Código que tipifica los delitos “Contra la personalidad interna del Estado”, aunque resulta algo ridículo (y disculpen la ofensa, el ultraje o el vilipendio) que se incluyan estas tres conductas en un capítulo que penaliza a quienes se alzan en armas para derrocar al Gobierno.

Y para finalizar, el vilipendio es definido como la “falta de estima y la denigración de alguien o algo”. Entendiendo que no se quiere tipificar la falta de estima, sino la denigración, la cual según el diccionario consiste en injuriar o en ofender la opinión o fama de alguien, lo cual entiendo se refiere a la buena fama, no a la mala fama que tienen algunos políticos electos. Entonces, herir la opinión de un político de forma burlona o cuestionar su buena fama señalando que no es muy bien ganada, también podría considerarse delito.

Como se puede observar, no tiene ninguna lógica tipificar estas conductas como atentados contra la personalidad interna del Estado, además de que se está tratando de penalizar de manera indirecta la injuria contra funcionarios públicos electos por votación popular, la cual ya fue despenalizada luego de un amplio debate.

Me gustaría dejar claro que no estoy a favor de que se ofenda, ultraje o vilipendie a ningún funcionario público, pero tampoco creo que al penalizarse estas conductas como un instrumento para infundir temor, los políticos se ganen el respeto de la ciudadanía que al parecer tanto anhelan.

Solamente a través de sus comportamientos y acciones los funcionarios que quiere proteger este anteproyecto lograrán que la imagen y opinión que la mayoría de los ciudadanos tiene de los políticos mejore.

<>
Este artículo se publicó el 10  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El derecho a ofender

La opinión del Abogado,  Locutor de Radio  y Escritor….

LUIS  CARLOS  GUERRA
guerraluiscarlos@hotmail.com

Llegan a mi memoria trazos de expresiones del señor RICARDO MARTINELLI BERROCAL, hoy Presidente de la República de Panamá, cuando en algún momento de campaña decía, parafraseándolo, que la gente protestaba porque las autoridades no los atendían, no les solucionaban los problemas, de ahí el cierre de calles.

Paradójicamente, una vez en el poder, sanciona una ley que penaliza hasta con dos años de cárcel a quienes cierren las calles como medida de protesta.

Hoy, a un año y meses de gobierno, vuelven a impulsar, dejando manifestar intenciones dictatoriales que pareciesen encubrirse por periodos pero que se mantienen latentes en el cavilar de sus aspiraciones; un proyecto de ley para proteger al Presidente y a los Servidores Públicos de supuestas ofensas, ultrajes o vilipendios, que según sus proponentes, diputados oficialistas de Cambio Democrático, se sustenta en que ‘la comunidad panameña ha sido testigo del uso desmedido y exacerbado de la crítica y la calumnia alegre contra el Presidente de la República’.

La pregunta que surge ¿es acaso el Presidente de la República una divinidad?, por ende se le excluya del cuestionamiento e indagación permanente que inquiere la ciudadanía. Los zapatos del pueblo lo son también sus costumbres y formas de expresión, no se puede ser o no ser al mismo tiempo, por eso la principal contrariedad de un gobierno que vendió falsamente los intereses de un pueblo primero como eslogan de campaña, para después reconocerse y decidir cómo un gobierno de empresarios.

Quieren imponer a fuerza mediática que si no se está de acuerdo con sus propósitos, la población entera es reacia al cambio, que si se les critica nadie tiene autoridad moral, que si el pueblo está insatisfecho con la calidad de los servicios y la manera como manejan el país, el pueblo es inconforme.

Pretenden ahora tomar como ofensas las constantes quejas de la población, que no tiene otra forma de responder, sino con esas palabras que ellos consideran calumnias e injurias y no lo interpretan como realmente debe ser, frustración ante las promesas incumplidas.

Quién ofende primero sino aquel que toma por tontos útiles a una población que engaño con falsas promesas, cuyo gabinete se caracteriza por meter la pata e insultar a cuanta persona se le oponga o difiera; ellos han creado el animus injuriandi en cada uno de los panameños, que no es más que un animus defendi, pues al parecer, el tratar de dialogar con ellos o hacerles ver sus errores de la manera más democrática implica ser ignorados e igualmente vilipendiados o en el peor de los casos perseguidos judicialmente.

La población se siente ofendida y no interpretan como injuria o calumnia el derecho a ofender que les asiste ante tanta incompetencia.

*

<> Este artículo se publicó el 9  de enero de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

¡Vamos bien Presidente…, vamos bien!

La opinión del Economista, Educador y Humanista…

VICTORIANO  RODRÍGUEZ  S.
diostesalvepanama@yahoo.com

Mucho se ha dicho sobre las persecuciones que recibimos los comunicadores sociales cuando mantenemos actitudes positivas, imparciales, transparentes, apegadas a la verdad y exponiendo con objetividad, independientemente a corrientes políticas o partido en el poder.

Nunca hemos estado tan cerca a esa realidad. Hoy somos más los comunicadores sociales asediados o acosados, producto de nuestras posiciones objetivas en los medios.   Se comenta que a Juan Carlos Tapia y Guillermo Antonio Adames les cayeron ‘coincidentalmente’ auditorías de la Dirección General de Ingresos. Si fueron ‘meras casualidades’, a otros se les acosa o levantan falsas acusaciones para hacerles expedientes desfavorables.  ¡Vamos bien Señor Presidente…, vamos bien!

El imperio del miedo llegó. Los funcionarios públicos no se atreven a hablar.   Son muchos los destituidos bajo el concepto de cargos de ‘libre nombramiento y remoción’ (irrespetando el profesionalismo, años de servicio y experiencia), pero no para quienes adulan al Rey, según expresó Diógenes a Aristipo.

La mentira, así como el concepto poco claro, libre de ética y más enredada que un brillo viejo de metal, se ciñe sobre personas serias, objetivas y honestas.   El fantasma es la calumnia e injuria. Correrán igual suerte decenas de periodistas y dirigentes gremiales honestos por sus claras posiciones.  ¡Vamos bien, Señor Presidente…! ¿Fortaleciendo valores?

Definitivamente que a personas sin mayor criterio que la ‘rabia’, producto de su impotencia intelectual, no les queda de otra que lanzar, cual dragón mitológico, bocanadas de fuego, arrasando hasta con sus propios adeptos.

Quienes históricamente hemos hecho gala de una pluma y opinión vertical, sincera y honesta, sin permitir presiones ni aceptar dádivas; hemos sido víctimas de esas persecuciones y atropellos.

Tanto en las instituciones públicas como en la calle, la ciudadanía se siente víctima del miedo. Una anécdota antiquísima, casi desconocida, dice que había un reino donde la gente podía hablar solamente cuando el Rey se los permitía, muchas personas estaban tan temerosas hasta de pensar, considerando que con ello ofendían al Rey.

Cuando estas cosas ocurren, más preocupante que la propia perversidad de esos infames, es la indiferencia con que actúan los buenos. La historia nos enseña que por ese poco importa o ‘no es conmigo’ ensuciarán su cara, como quien escupe para arriba.   Dios te salve, Panamá.

*

<> Artículo publicado el 2 de diciembre  de 2010  en el diario  El Siglo, a quienes damos,   lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Entre la libertad de expresión y la calumnia e injuria

La opinión del Periodista…

J. Enrique Cáceres-Arrieta

Mi asesor de tesis de periodismo manifestaba que “los médicos entierran sus errores, pero los periodistas publicamos los nuestros”. Dificulto que todo error médico sea causal de muerte. Mas, es indiscutible que el periodista publica sus meteduras de pata, y el efecto inmediato suele ser denuncias por calumnia e injuria del afectado y la mofa de la competencia.

Ha habido innumerables casos en los cuales el periodista y el medio han tenido que disculparse por el manejo irresponsable de la información. No vivimos de rumores, creencias o suposiciones, sino de hechos reales, y es un irresponsable quien se adelanta a los hechos por “tener” la primicia.

A periodistas y medios nos perjudican en demasía las meteduras de pata porque erosionan nuestra confiabilidad. Y la negligencia en la utilización de la información ha provocado la pérdida de credibilidad de la prensa. La credibilidad construida a lo largo de toda la vida puede colapsar en cuestión de segundos y nunca reconstruirse.

El periodista debe ser autocrítico. Investigador en pos de la verdad para transmitirla sin limitarse a una fuente, por muy “garganta profunda” que parezca. Deberá escudriñar otras fuentes, dependiendo de la gravedad de lo descubierto. No hacerlo es irresponsable porque la prensa es el cuarto poder en el engranaje socio-político y económico de un país, y el daño causado por noticias falsas, inexactas o manipuladas jamás es completamente subsanado.

En la libertad de expresión subyace la responsabilidad que protege tal libertad. Esto es, la responsabilidad es una precondición de la libertad. El periodista responsable no tiene por qué preocuparse por demandas o réplicas serias. Por otra parte, el derecho de la reserva de la fuente es para proteger fuentes fidedignas, no para encubrir calumniadores y demagogos. Tal prerrogativa no disculpa informaciones irresponsables ni exime al periodista de constatar los hechos.

Nadie tiene derecho a calumniar e injuriar. Quien lo haga y se demuestre (muchas veces no se evidencia y se viola el principio de presunción de inocencia del periodista) que lo hizo, debe atenerse a consecuencias legales. No se puede jugar con la honra de las personas y salir inmune.

“El periodismo es el oficio más bello del mundo”, afirma García Márquez. Pero debe estar sujeto a leyes no para amordazarlo, sino para que haya una atmósfera de respeto a la dignidad de las personas y a la verdad periodística. La sabia ley de prensa no censura al periodista, sino que le garantiza el ejercicio de la profesión y salvaguarda a terceros de irresponsables escondidos detrás del periodismo para calumniar e injuriar, e incluso para lucrar al vender su conciencia y su pluma.

A ello se debe que la ética periodística lleve al medio y al periodista a tomar conciencia del poder de la página impresa, la pluma y la palabra. Como toda profesión, el periodismo se rige por ética, respeto y amor al prójimo, aunque ciertos prójimos se porten mal con los dineros del pueblo y/o el poder. El que no la debe no la teme, mas buena parte de los políticos teme porque la deben. De ahí su afán por crear leyes mordaza.

¿Te has preguntado la razón del aborrecimiento de los dictadores o pichones de dictadores a la prensa libre? Al sentirse acorralados por la crítica inteligente (constructiva) solo atinan acabar con el periodista o cerrar el medio. Por ello el interés de silenciar o comprar conciencias. Si no se venden, serán blanco de persecuciones e historietas gubernamentales. Recuérdese, el primer fruto agusanado del dictador de derecha o de izquierda es la intolerancia a las críticas. En Panamá, los tiempos de calumnia e injuria quedaron atrás con los terroristas de la pluma y del verbo de la dictadura militar.

No obstante, me preocupa la comunicación sensacionalista y utilitaria vestida de sangre, novelas, chistes y programas propios de cantinas, violencia, excesos religiosos y superchería astrológica en televisión. Asimismo la prensa amarillista, crónica roja y pornografía. Me inquietan programas de opinión donde panelistas se irrespetan y casi se lían a bofetadas. Me alarma el estilo brusco, desafiante e irrespetuoso del intolerante con las creencias religiosas del prójimo. Al ejercer su derecho de expresarse, el crítico conculca derechos ajenos, cayendo en intolerancia y dogmatismo criticados. La razón para comunicar su verdad le nubla el entendimiento. Para las gentes, sus creencias son sagradas. Más las religiosas. Para denunciar fanatismos hay maneras y maneras. Insensato es arrojar piedras al avispero y no esperar picaduras.

Ahora bien, el periodismo está entre las profesiones más sacrificadas y mal remuneradas. Un apóstol del periodismo es digno de respeto y admiración. ¿Qué otro profesional arriesga como el periodista? Pocos. El periodista compromete su vida, familia, carrera, buen nombre y credibilidad. Cada año periodistas y comunicadores son asesinados, perseguidos, expatriados, y la mayor parte de los casos queda impune, para complacencia de los enemigos de la libertad de expresión.

¿Nace o se hace uno periodista? El periodista no solo se hace sino que además nace. Si no hay vocación, si no corre por mis venas amor y respeto a la verdad y a la ética periodística, mejor es que cambie de profesión.

*

<> Este artículo se publicó el 13  de noviembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/caceres-arrieta-j-enrique/

¿Cuál honra se defiende?

La opinión de…

Brittmarie Janson Pérez

Según nuestra Constitución, las autoridades de la República deben proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos.   Hoy, cuando los medios de comunicación social están bajo asedio con motivo de demandas por calumnia e injuria, hay que cuestionar el concepto de “honra”.

Es incomprensible cómo se puede tomar acción legal, inclusive mandar alguien a la cárcel, con base en algo tan subjetivo como es ese concepto. Por ejemplo, si a usted le roban algo, debe dar a las autoridades competentes detalles de lo que afirma le han sustraído. Pero la honra es un concepto abstracto.   No se puede comprobar su existencia objetiva porque tiene por lo menos dos caras: la apreciación propia y la opinión de otros.

En cuanto a la opinión de otros, ¿podemos decir que tiene honra un ciudadano de conducta personal desordenada con queridas oficiales y oficiosas y numerosos hijos no reconocidos? ¿Tiene honra un comerciante inescrupuloso? ¿Tiene honra un político que solo ha buscado provecho personal? ¿Tienen honra quienes acumularon fortunas a escondidas, protegidos por la dictadura de los militares y sus socios civiles?

Hay funcionarios que, lejos de poseer honra, se han desacreditado por sus propios actos pero aún presentan demandas. Por ejemplo, un legislador que tomó parte en el escandaloso fraude electoral del PRD en las elecciones de 1989 –cuya voz grabada probando este hecho fue escuchada por casi todo el país– años después de la invasión tuvo el tupé de interponer una demanda por calumnia e injuria alegando que pretendía “moralizar” el país (La Prensa 30 de noviembre 1995).

En muchísimos casos, funcionarios confunden su “honra” personal con el desempeño de sus deberes.   Innumerables han sido las veces que un funcionario, cuando su actuación como tal es cuestionada, pone una demanda por calumnia e injuria porque no resiste las críticas. Por ejemplo, esto sucedió cuando, siendo Ricardo Martinelli director de la Caja de Seguro Social, demandó a la Asociación de Médicos, Odontólogos y Profesionales Afines de la CSS (Amoacss). En esa oportunidad Martinelli aseguró que no permitiría que lo único que tenía, que era su honra y prestigio, fueran injuriados a cada momento (La Prensa 20 de diciembre 1995).

Por otra parte, es un hecho que cuando un funcionario interpone una demanda, lleva todas las de ganar. En la categoría de funcionarios que posiblemente abusaron de su poder poniendo demandas contra periodistas que formularon críticas o denuncias relacionadas con su actuación, el gran campeón puede ser Ernesto Pérez Balladares siendo presidente, con el segundo premio para José Antonio Sossa siendo procurador.

En un país carcomido por la corrupción y el abuso del poder, mi posición es que, antes de aceptar una demanda en la cual un ciudadano o funcionario alega que ha sido injuriada su honra, las autoridades judiciales deben exigirle que pruebe que es poseedor de honra.   Para tal efecto, no solo se debería tomar en cuenta su conducta tras bastidores sino también hacer una encuesta para determinar si la opinión pública cree que posee honra.

*

<> Este artículo se publicó el 9  de noviembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
Más artículos de la autora  en: https://panaletras.wordpress.com/category/janson-perez-brittmarie/

El indulto y delitos contra el honor

La opinión de…

Ernesto Cedeño Alvarado

El indulto presidencial está consagrado en la Constitución en el artículo 184 numeral 12, precisado para los delitos políticos. Sin embargo, no hay norma en nuestra legislación, que defina lo que se considera delito político.

Aclaro que hay ausencia de una concreción legal sobre lo que son “delitos políticos”, sin embargo, no implica que no haya disposiciones explícitas que excluyan a ciertas especies de delito de ser subsumidas bajo el concepto de delito político. Tampoco implica que no sea posible realizar una concreción hermenéutica, típica del control de la constitucionalidad que ejerce regularmente la Corte Suprema de Justicia.

La Corte Suprema de Justicia en pleno, en sentencia de 30 de junio de 2008, en ausencia de una norma legal que desarrolle el concepto constitucional de delito político, interpretó que los delitos a los que hace alusión la frase “delitos políticos”, en el numeral 12 del artículo 184 de la Constitución Política de la República de Panamá, se refiere a los delitos contra la personalidad interna del Estado y los delitos electorales.

Se hace por tanto constitucionalmente inviable, por ejemplo, el indulto por delitos ecológicos, contra la vida y la integridad personal, contra la administración pública, contra el honor, contra el patrimonio, contra la fe pública, contra la seguridad colectiva, contra la economía nacional o la tenencia ilegal de explosivos; a menos que en estos delitos comunes se acredite que la comisión del injusto penal es consecuencia de las circunstancias socio políticas del momento o que la intención del agente estuvo dirigida a transformar ideologías o prácticas afines a la política estatal.

De lo antes expuesto se colige que sí es jurídicamente posible, contemplar la calumnia e injuria dentro de los delitos políticos, conforme al fallo de la Corte, concluyendo que el delito contra el honor consumado, fue consecuencia de las circunstancias socio políticas del momento o que fue dirigida a transformar ideologías o prácticas afines a la política estatal.

*
<> Este artículo se publicó el 26  de octubre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/cedeno-alvarado-ernesto/

La opinión de…