¿Cómo creerle, señor presidente…?

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La opinión del Secretario General de CONUSI FRENADESO…

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GENARO LÓPEZ –
rologe54@yahoo.com

Ante el anuncio del inicio de una nueva jornada de resistencia contra las reformas al Código Minero, el Gobierno de Ricardo Martinelli hizo circular un comunicado en el que señalaba que ‘El Gobierno Nacional hace de conocimiento público, y en especial, a los habitantes de la comarca Ngöbe Buglé —atendiendo la preocupación evidenciada por sus dirigentes— de nuestro firme y categórico compromiso de no iniciar, promover ni aprobar durante la totalidad de nuestra gestión de gobierno, la explotación de Cerro Colorado ni ningún otro yacimiento en las comarcas indígenas’. Veinte (20) minutos después hizo circular el mismo comunicado, pero le agregaba la siguiente línea: ‘Salvo que lo pidan las autoridades comarcales’.

Se trata de un acto de cinismo toda vez que se sabe que Martinelli pretende imponer autoridades espurias, que saldrán electas de un congreso que es rechazado por el Pueblo Ngäbe. Esos delegados al congreso fueron electos por menos del 20% de la población apta para votar, en unos comicios que fueron denunciados como una farsa por la dirigencia indígena y organizados en base al repudiado Decreto Ejecutivo No. 537 (Que modifica la Carta Orgánica de la Comarca, creada por el Decreto Ejecutivo No. 194 del 25 de agosto de 1999. La modificación se produjo el 2 de junio de 2010, mediante el Decreto Ejecutivo No. 537 de 2010, impuesto por Martinelli y Mulino), que ha sido demandado por inconstitucional.

Con este Decreto el Gobierno central tiene injerencia directa en las decisiones que tomen las autoridades indígenas de la Comarca Ngäbe Buglé, en tanto se establece que los llamados ‘encuentros interregionales de las autoridades gubernamentales’ serán parte del Congreso General; mientras que los ‘encuentros locales de autoridades gubernamentales’ serán parte del Congreso Local de la comarca.

Frente al engaño, diversas comunidades indígenas realizaron, en varios puntos del país, actividades de Resistencia Indígena y Popular contra las reformas al Código Minero. Los indígenas han reiterado que esta lucha no se detiene hasta la derogación de la Ley 8, pues atenta contra el ecosistema y favorece los intereses de las transnacionales mineras y de sus socios enquistados en la esfera gubernamental.

Mientras tanto, el gobierno de Corea del Sur felicitaba a Ricardo Martinelli por la aprobación de la Ley 8 (Reforma al Código de Recursos Minerales), pues se garantizaba con ello los intereses coreanos en la actividad minera, demostrando que su gobierno mercader está dispuesto a continuar la política de venta de la patria, para satisfacer sus apetitos de más ganancias personales.

Recordemos que en la Cumbre del SICA Martinelli aseguró a los surcoreanos que estaba dispuesto a someter a reforma el Código Minero.    Con esta acción, demuestra ser un hombre de palabra con los intereses foráneos y de engaños para con sus conciudadanos.

En esta larga lista de engañados se encuentran los jubilados, los cuales se han visto obligados a salir a las calles por el incumplimiento del Gobierno en el aumento de las jubilaciones y pensiones. Los jubilados, a pesar de movilizarse en Panamá, Colón, Chiriquí y Bocas del Toro, el gobierno los mantiene en completo abandono.

Frente a las mentiras y la represión del gobierno de Martinelli, el pueblo sigue en las calles. Indígenas, campesinos, ambientalistas, pescadores, educadores, pobladores, obreros, estudiantes, jubilados y funcionarios públicos (Técnicos y asistentes de enfermería así como funcionarios de los Correos), todos ellos se manifestaron esta semana para exigir respeto, atención a los problemas y que cese la represión y la persecución.

Durante el proceso electoral, Martinelli prometió que no reformaría el Código de Trabajo, pero en menos de un año promulgó tres decretos y una ley (Ley Chorizo); dijo que no aumentarían los impuestos a los consumidores, pero incremento el ITBMS (7%); cuestionó los viajes presidenciales, pero acumula millas en su jet privado.

Estos son solo algunos ejemplos de engaños de los cientos que pudieran citarse.

¿Cómo creerle, señor presidente, si su gestión gubernamental está sustentada sobre el engaño y atropello a la sociedad panameña?

Este artículo se publicó el 20 de febrero  de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Campaña infame del Gobierno contra el Suntracs

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La opinión del  Secretario General de CONUSI – FRENADESO…

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GENARO LÓPEZ –
rologe54@yahoo.com

 

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Ante la falta de respuesta a las demandas sociales y ante la política de mercaderes que asumen las principales cabezas del gobierno, quienes venden y entregan la patria para favorecer sus intereses económicos personales, no sorprende la campaña de calumnias lanzada contra el Suntracs por parte de Martinelli.

En un periódico de la localidad, adquirido recientemente por empresarios allegados al Gobierno, se publicó como tema central de primera plana una supuesta «noticia» acerca de las cuentas bancarias de nuestro Sindicato.   Igual campaña sucia contra el Suntracs se gestó en el 2007, en otro diario de la localidad también dedicaron primera plana con igual tipo de infundios.

Era la época de los asesinatos de los obreros Osvaldo Lorenzo y Luiyi Argüelles por parte de la Policía y el sicariato aupados por el Gobierno del PRD de Martín Torrijos en asocio con empresarios mafiosos e inescrupulosos. Era también el año del primer Congreso de Frenadeso.

Hoy, también el gobierno de Martinelli utiliza la calumnia y el engaño para desinformar a la población y manipular a la opinión pública.   Hoy, en momentos en que se asesina al pueblo con la mayor impunidad; se arrecia la represión contra el pueblo que lucha en las calles contra las reformas al Código de Recursos Minerales, como quedó demostrado nuevamente en Chiriquí y Veraguas, cuando la Policía hizo alarde de brutalidad contra indígenas, campesinos, ambientalistas y dirigentes populares;  así como se desata la represión contra los pobladores que claman por la falta de agua potable con calidad para el consumo humano; y Frenadeso llevaba adelante su Congreso Extraordinario escenario en el que se oficializó al pueblo la propuesta de Construir un Instrumento Político Electoral de los Sectores Democráticos, Patrióticos y Populares para Construir la Patria de Todos.

Nos preguntamos, ¿por qué estas supuestas unidades «investigativas» de los medios enfilen sus esfuerzos contra una organización sindical, mientras guardan silencio frente a empresas, bancos y fundaciones que hoy están en el centro de la tormenta por las denuncias de lavado de dinero procedente del narcotráfico por parte de una banda detenida en México de la que hace parte nada menos que el primo del actual mandatario y ex tesorero de Cambio Democrático, Ramón Martinelli, cuya abogada en su momento fue la hoy ministra de Trabajo, Alma Cortés, como lo fue también en el caso de uno de los implicados en el sonado caso de David Murcia?

¿Por qué estas unidades «investigativas» no contribuyen a desentrañar las implicaciones del ministro de Turismo, Salomón Shamah, en el tráfico de armas y drogas, tal como señalan algunos medios y la ex embajadora norteamericana, de acuerdo a los cables de WikiLeaks?

¿O sobre la relación del ministro Papadimitriu con la mina de Cerro Colorado y si el decreto que se promulgó acerca de la pesca marina lo favorece directamente a él, tal como denuncian los pescadores artesanales?

¿O los vínculos de Gabriel Btesh, uno de los nuevos directivos del diario que publicó la calumnia, con el actual mandatario y sus negocios en Panamá con el ex gobernador mexicano de Quintana Roo, Manuel Villanueva, preso en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico?

La publicación de estos pseudoperiodistas en uno de los medios de comunicación social adquiridos por allegados a este gobierno, pretende desviar la atención del pueblo, a fin de imponer las nefastas reformas al Código Minero.

Se trata, también, de dar pie a una campaña de persecución y desprestigio contra el Suntracs, aguerrida organización de los trabajadores de la construcción, defensora de los derechos del pueblo panameño, quien trabaja al lado de otras organizaciones sociales en la construcción de una alternativa electoral que enfrente a la mafiocracia.

Como expresamos en el 2007, ‘No es la primera ni será la última vez que enfrentamos una campaña de esta naturaleza. Pero si aún no han aprendido la lección, debemos reiterar que ni la calumnia, ni la persecución, ni la represión, ni los asesinatos, ni el terrorismo judicial impedirán que sigamos defendiendo los sagrados intereses de nuestro pueblo’.

 

Este artículo se publicó el 13 de febrero  de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Violencia institucional

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La opinión del Secretario General de CONUSI – FRENADESO…

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GENARO  LÓPEZ –

rologe54@yahoo.com

 

Miles de personas sufren de diferentes formas de violencia practicadas por las instituciones del Estado, sus órganos y agentes en nombre del mantenimiento de la Ley y el orden.

Paradójicamente las instituciones que deberían garantizar sus derechos, los vulneran y transforman a algunos grupos de personas en víctimas de una violencia institucional que, según los especialistas, son discriminados por el solo hecho de ser pobres o pertenecer a un grupo social o étnico determinado, o por el hecho de estar organizados.

Fenómenos como la represión, la impunidad, la injusticia, la desigualdad social, aunados a la militarización de los cuerpos policíacos, son utilizados para contener a los movimientos sociales, siendo estrategias comunes la difamación de movimientos que se consideran divergentes, además de otras organizaciones sociales que representan una critica al modelo económico y social que establece el Estado, estas estrategias son utilizadas para mantener la apariencia de un orden y un estatus.

Entre todas las formas de violencia, la que ejerce la Policía, que incluye la violencia física, verbal y psicológica en contra de la población, tiene ciertas particularidades. Aunque está generalizada y extendida, mucha de ella se comete en la clandestinidad y con prácticas de encubrimiento. Sería invisible si no es por las denuncias de las víctimas, de sus familiares o por el accionar de las organizaciones sociales, o tal como ocurrió en el Centro de Custodia de Menores, por la presencia de los medios de comunicación social.

Todo este cúmulo de acciones y otras tantas son una realidad cotidiana en Panamá, afectando a diversos sectores sociales (obreros, campesinos, indígenas, comunales, educadores, profesionales, ambientalistas, comunicadores sociales, promotores de derechos humanos, entre otros), que es mantenido por una espiral de violencia, que se ejerce de manera sistemática por las instancias del poder.

El gobierno de Martinelli ha ejercido todo tipo de violencia. En el orden de la violencia física, la masacre de Bocas del Toro constituye la más clara evidencia de violencia institucional, no solo por la magnitud de la represión física y sus resultados, sino también por el escenario de terror que sembró; ello acompañado de impunidad para quienes cometieron crimen de lesa humanidad. Igualmente con la masacre del Centro de Custodio de Menores. Pero la ola represiva no se detiene, durante esta semana se reprimió a pescadores de Pedregal en el distrito de David, estudiantes universitarios, indígenas y pobladores.

Esta violencia física que se comete cada vez con mayor frecuencia por parte del gobierno, es una agresión intencional que ocasiona daños a la integridad física con el fin de someterla. Este tipo de violencia es terrible, porque no solo ocasiona daños físicos que a veces hasta llegan a incapacitar a la persona, sino que también dejan huellas emocionales profundas y daños muchas veces irreversibles.

Pero, también, la violencia es psico—emocional, que consiste en actos u omisiones que se expresan a través de prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, insultos, burlas y silencio.   Las agresiones de este tipo tienden a humillar, ofender, asustar y tienen graves repercusiones en la autoestima, seguridad y estabilidad emocional de las personas.

Ricardo Martinelli, José Raúl Mulino y Alma Cortés han mostrado habilidad en este tipo de violencia. El llamar a los obreros de la construcción ‘maleantes de mierda’; el acusar a los indígenas de borrachos, el ordenar tirar a matar.   Igualmente, la elaboración de expedientes amañados a dirigentes del movimiento social, el silencio frente al feminicidio; los indultos a 125 policías, muchos de ellos involucrados en violencia institucional; restricciones a la información y mayor cercenamiento a la libertad de expresión. El guardar silencio frente a las causas de la falta de agua potable, la desidia en atender el problema de recolección de basura, el crimen ecológico, la falta de medicamentos en la CSS, el alto costo de la vida y los bajos salarios; los engaños a jubilados y pensionados que solicitan aumentos de sus pensiones, son otros ejemplos que tienden a generalizarse como política gubernamental.

 

Este artículo se publicó el 6 de febrero  de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Persisten abusos policiales y violación a los derechos humanos

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La opinión del Secretario General de CONUSI – FRENADESO…

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GENARO LÓPEZ –
rologe54@yahoo.com

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A finales del 2009, advertimos que ‘cuando la impunidad se hace hábito en una sociedad, esa sociedad camina hacia el abismo’. Llamábamos a no permitir que ello siguiera imperando y expresábamos la necesidad de redoblar los esfuerzos a fin de que se iniciaran procesos judiciales sentados en el derecho, la ética y la justicia social.   Obviamente, jamás pensamos que la sociedad panameña viviría experiencias tan amargas como la masacre de Bocas del Toro y lo acaecido en el Centro de Cumplimiento de Menores.

En ambos hechos se muestra la barbarie cometida por miembros de la Policía Nacional a los cuales se les favorece con indultos o nombramientos en cargos superiores, pese a que los informes de investigación evidencian el abuso policial.   En el último caso, el informe de peritos señala que se trato de ‘una fuente de calor externa’ la que provocó el incendio y que por las características puede tratarse de una granada de gas lacrimógeno.

Esta práctica se viene repitiendo como si estuviéramos frente a hechos correctos y justificables. Para muestra:

-se absolvió a los miembros del SPI de la golpiza que estos propinaron a los familiares de las víctimas y sobrevivientes del envenenamiento masivo con dietilenglicol;

-elementos del SPI también están envueltos en el asesinato de la empresaria, Cristina García Eleta, en un incidente donde hicieron desaparecer el arma homicida;

-los policías acusados de asesinar al reo, Daniel Vela Rodríguez, tras un intento de fuga en La Joyita, fueron absueltos pese a que el forense demostró que la víctima al momento de su captura sufrió fuertes golpes en la cabeza que le causaron la muerte;

-el asesinato del miembro del SUNTRACS Luiyi Argüelles a manos de un sargento, donde los policías intentaron también ocultar el arma homicida;

-la muerte de los jóvenes pescadores Dagoberto y Rigoberto Pérez donde seis agentes de la Policía Nacional han sido indultados a pesar de plantar pruebas falsas;

-el caso de Clarissa Mabelis Urriola, de sólo 17 años y con tres meses de embarazo asesinada por miembros de la DIP;

-el asesinato del dirigente del SUNTRACS, Al Iromi Smith, por parte de una unidad Lince de la Policía Nacional, siguiendo órdenes del Mayor Diego De León, ascendido posteriormente a sub comisionado y nombrado por este Gobierno como jefe policial en Colón.

-En el caso de los menores calcinados en el Centro de Cumplimiento no existe detención alguna.

Sólo en noviembre del año pasado organismos internacionales de derechos humanos recriminaban al gobierno panameño por el estado de violación sistemática de los derechos humanos.

Lo ocurrido el en el Centro de Cumplimiento de Menores originó un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, deplorando las muertes y graves lesiones que sufrieron los adolescentes, y su preocupación por que los agentes encargados de la seguridad del Centro ‘no actuaron con la debida diligencia para salvaguardar la vida e integridad personal de los adolescentes’.

A pesar de ello, persisten los abusos policiales y las graves violaciones a los derechos humanos, sin que se lleve al banquillo de los acusados a los responsables.

En este contexto, convocamos a la marcha del 27 de enero partiendo del Parque Porras a las 4:00 p.m.   La marcha es en defensa de la vida y los derechos humanos; por la crisis del agua que enfrentan las comunidades; por una investigación seria, independiente e imparcial sobre las graves revelaciones de WikiLeaks y la posible vinculación de altos personeros del Gobierno en el narcotráfico y otros delitos; contra el negociado de los Corredores con fondos de los asegurados y contra los intentos del Gobierno de quebrar la CSS para justificar su privatización; contra las reformas al Código Minero que buscan acentuar la política depredadora del ambiente.   Para condenar el carácter autoritario del gobierno que en medio de estos problemas y otros, se haya más empeñado en perpetuarse en el poder, abusar de los viajes y las contrataciones directas, fomentar la persecución política y el terrorismo judicial, que en brindar soluciones reales a las necesidades del pueblo.

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Este artículo se publicó el 23 de enero de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

La cultura del terror

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La opinión del Secretario General de CONUSI – FRENADESO….

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GENARO LÓPEZ –
rologe54@yahoo.com

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El 2011 ha iniciado con mayores cargas para el pueblo panameño: aumento de los precios de la canasta de alimentos; incremento del pasaje aunque ahora más usuarios van parados;   más de treinta días sin el servicio de agua potable aunque con el recibo por el servicio no prestado por el IDAAN;   agua embotellada sin control de precios ni de calidad; inundados de basura pese a los millones que corren de un lado para otro;   aumento del precio del combustible.    En medio de este cerco, se continúa con el asalto a la cosa pública (megaproyectos financiados por el Estado con nuestros impuestos) y los procesos de privatización de bienes y servicios públicos.

Aunado a ello las pretendidas reformas al Código Minero; más impuestos municipales; más subsidios a las monopólicas transnacionales del servicio de electrificación; los casos de corrupción y penetración del narcotráfico en la esfera pública (Ministerio Público); el decadente cuerpo exterior que exhibe un pobre acervo cultural y total desconocimiento de la historia patria.

Las cortinas de humo y show mediáticos del Ejecutivo para desviar la atención frente a los graves problemas por los que atraviesa el pueblo panameño y los cables de Wikileaks, no se han hecho esperar, tal fueron los casos de la reforma constitucional para abanicar la pretendida reelección inmediata y la imposición de la ley mordaza que buscaba penalizar, hasta con cuatro años de prisión a quienes ofendieran al Presidente o a funcionarios elegidos por el voto popular. Sobre el particular, no se puede negar que ambos proyectos formen parte de la agenda nada oculta de Martinelli, lo que explica su supuesto cambio de posición, que ‘obligaron’ a los diputados a archivar momentáneamente los proyectos.

Lo más abominable, en escasos cuarenta y cinco días (Diciembre 2010 – Enero 2011), la flagrante violación a los derechos humanos que dejó como saldo la muerte de tres de los siete menores que sufrieron quemaduras considerables durante el incendio en el Centro de Cumplimiento de Menores de Tocumen. Vídeos de las televisoras locales registran la conducta de los miembros de la Policía Nacional, cuando ante la suplica de los menores para que los auxiliaran, éstos se dedicaron a mofarse del sufrimiento de los jóvenes, con frases tales como ‘¿viejo, no son hombrecitos? ¿agua, no son hombrecitos? ¡Muérete!’.;   ello recordó la famosa frase del ministro de Seguridad Mulino, quien recién asumido su cargo, dio ordenes de ‘tirar a matar’ a los reclusos que pretendieran evadir las cárceles.

Se trata de otro capítulo de abusos y atropellos de la Policía Nacional contra el pueblo.   Se trata de una salvaje violación de los derechos humanos que ha horrorizado a la nación y que ha generado rechazo de los organismos internacionales de derechos humanos.

Es decir, estamos frente a un estado de terror e indefensión, puesto que las autoridades e instituciones llamadas a hacer cumplir las leyes, promover y defender los derechos humanos y proteger la vida de los ciudadanos por encima de cualquier otro interés, son quienes transgreden las mismas.

Parafraseando a Eduardo Galeano, estamos frente a una cultura de terror visible, donde se ‘te prohíbe decir, te prohíbe hacer, te prohíbe ser’. Una cultura del terror que extorsiona, insulta, amenaza, abofetea y azota. En donde algunos métodos de penitenciaria y tortura consisten en prohibir salir, prohibir decir lo que se piensa, prohibir hacer lo que se siente y humillar públicamente.

Lo que no entienden quienes pretenden imponer esta cultura, es que jamás podrán detener la lucha de un pueblo, la dignidad y ética de quienes concebimos la organización social como la base de la transformación social. Pese a la represión, la intimidación, los carcelazos y las mordazas, los que creemos en los principios de humanidad, solidaridad, libertad y democracia seguimos trabajando en la construcción y consolidación de un instrumento político donde la esperanza de otro Panamá es posible.

 

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<> Este artículo se publicó el  16 de enero de 2011    en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

La ruta del cambio: sin agua y con basura

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La opinión del Secretario General de CONUSI – FRENADESO….

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GENARO   LÓPEZ –
genarolopez@suntracs.info

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Mientras el presidente preparaba su primer viaje del año, miles de panameños claman por el suministro de agua potable, con calidad para ser consumido por los humanos. Desde el mes de diciembre del año pasado, este problema que era enfrentado diariamente por 250 mil panameños de las áreas de Panamá y San Miguelito, hoy se ha generalizado.

Las respuestas de las autoridades, ‘no sabemos que sucedió’, ‘estamos estudiando las causas’, ‘no sabemos cuándo será solucionado el problema’, demuestran la ineficiencia e irresponsabilidad del gobierno frente a un problema que puede generar condiciones adversas para la salud de los panameños. Igualmente, demuestra la negligencia en torno a brindar el proceso de mantenimiento adecuado a la planta potabilizadora.

La situación, que puede constituirse en emergencia sanitaria, ha provocado reclamos y quejas de las comunidades ante la deficiente gestión por parte del director del IDAAN.

Por otro lado, comienza a salir información en torno a que el colapso de los dosificadores de la planta de Chilibre es consecuencia de presuntas fallas cometidas por la empresa británica Biwater que la construyó, sobre la cual pende un litigio desde el 2009.   Aquí una vez más, se revela como desde los recursos del Estado, que son nuestros impuestos, se favorece la acumulación de capital por parte de transnacionales sin que se establezcan los debidos controles técnicos a las obras entregadas.

En medio de ello el mercantilismo rapaz de las cadenas de supermercados se hizo evidente. El acaparamiento de aguas embotelladas, generaron el aumento de los precios de las mismas, sin que las autoridades de ACODECO, o cualquier otra, estableciera los controles necesarios a fin de evitar la especulación. Ello acarreo gastos adicionales, encareciendo aún más la canasta básica familiar.

Pero, como dicen los panameños, mientras el agua ya no se va sino que viene de vez en cuando, la basura con el gobierno de Martinelli pulula por calles y veredas. Problema generado por las pugnas entre arnulfistas y cambios democráticos, por la irresponsabilidad e ineficiencia del alcalde, por las intensiones de sectores empresariales que abanican la privatización del servicio de recolección de la basura y que parece contemplar la recién creada Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD).

En medio de la desesperación de la población, la crisis de la recolección de la basura se convirtió en foco de otro negociado.   Por un lado, el Consejo de Ministros aprobó una partida de 3,1 millones de dólares, de los cuales se utilizó 2,7 millones de dólares para contratar los servicios de cuatro empresas privadas; por el otro lado, la Alcaldía de Panamá otorgó una partida de 30 mil dólares a los 21 concejales, para ayudar en la recolección de los desechos.   Las partidas para unos y otros nunca resolvieron la grave crisis de la recolección.

No cabe duda, que la respuesta a este problema, que ha generado focos de contaminación en las comunidades atentando contra la salud de los panameños, también fue negligente por parte del gobierno.

Como se ve la ruta del cambio que se le impone al pueblo es la escasez de agua potable, la pululación de la basura, aumento de los precios, aumento de la cuota de seguridad social, bajos salarios, más impuestos, transporte más caro.   Por el otro lado, más viajes presidenciales, más compras directas, aumentos de gastos de representación y viáticos, más corrupción y nepotismo.

Por ello, el pueblo en conjunto con los sectores democráticos y nacionalistas avanzamos en la tarea de construir un instrumento político que dé garantías de un Panamá más justo, equitativo y solidario.

Como un riesgo potencial para la salud de la población se ha considerado la acumulación de la basura en Panamá y San Miguelito, por lo que las autoridades de salud han determinado un ‘peligro sanitario’.

La medida de urgencia se produce luego de que esta semana las autoridades de salud declararan una alerta sanitaria por el problema de la basura, y a la espera de que el Municipio de Panamá reciba 51 camiones recolectores nuevos por un monto de 8,6 millones de dólares, dentro de unos tres meses. Cuando lleguen los camiones se incorporarán al trabajo de la DIMAUD en las 154 rutas de recolección de desechos en la ciudad de Panamá, que tiene casi 900.000 habitantes.

La Comisión legislativa de Presupuesto aprobó hoy un crédito extraordinario de 82.7 millones de dólares para la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD). El crédito aprobado se utilizará en el presupuesto de ingresos y gastos de funcionamiento de la nueva entidad, que comenzó funciones ayer lunes en reemplazo de la DIMAUD de la Alcaldía de Panamá. El administrador de la entidad, Enrique Ho Fernández, explicó que prevé recaudar 24 millones de dólares por la tasa de aseo y que espera contar con la cantidad de camiones recolectores necesarios para recoger la basura. Explicó que aumentarán las compactadoras en unas 40 y trabajarán la restructuración de rutas y enfocarse al reciclaje.   De los montos aprobados, 25 millones de dólares se destinarán al alquiler de los 50 camiones compactadores que serán utilizados en la recolección de las mil 200 toneladas de basura que se generan diariamente y que se incrementaron a mil 500 debido a las fiestas de navidad y año nuevo.

 

 

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<> Este artículo se publicó el  9  de enero de 2011    en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Otro año de atropellos e injusticias

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La opinión del Secretario General de CONUSI – FRENADESO….

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GENARO   LÓPEZ –
genarolopez@suntracs.info

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Sin duda el 2010 fue un año de violación a los derechos humanos. La masacre de Bocas del Toro, puso al desnudo lo dictatorial del gobierno. Si bien la Ley 30 fue desmembrada gracias a la lucha del movimiento social y el pueblo bocatoreño, aun queda pendiente que se haga justicia y se atiendan las demandas del pueblo de Changuinola, que se destituya a los hostigadores y represores (José Raúl Mulino, Alma Cortéz y Gustavo Pérez), que se juzgue a los responsables de lo acontecido, de lo cual varios informes dan cuenta de la responsabilidad gubernamental.

En esta escalada represiva y de satanización al movimiento social, están la ley carcelazo; la remilitarización del país, los expedientes amañados que cuelgan sobre 17 dirigentes sociales.

También hicieron gala los apetitos vorágines de la clase política y empresarial. Millonarias compras directas y eliminación de los controles previos; escándalos por la adjudicación de licitaciones públicas que favorecían a familiares, copartidarios y amigos de las principales autoridades; enriquecimiento a partir del Estado, sin que las autoridades hagan las investigaciones pertinentes; los famosos gastos suntuarios y viajes presidenciales; el supermercado de la política (compra de diputados, alcaldes, representantes); el escándalo del Ministerio Público, que evidenció la penetración del narcotráfico, desde las más altas esferas.

La gestión gubernamental da cuenta de ineficiencia, a pesar de los miles de dólares que devengan Ministros y Directores. Casos elocuentes: el censo nacional de población y vivienda, y la atención tardía de las autoridades frente a las inundaciones del mes de diciembre.

El atropello y la violación han sido el orden del día. Se burla las necesidades de pensionados y jubilados, así como de los educadores, por aumento de sus remuneraciones para sufragar el incremento del costo de vida.

A pesar del déficit habitacional se incrementó la política de desalojos forzosos, en algunos casos para proteger intereses de familiares de autoridades (Caso Bosco Vallarino).

La salubridad en riesgo frente a disputas internas en la alianza de gobierno convirtieron la ciudad en un ‘pataconcito’, al no recogerse la basura.

El metrobús, un gran negociado y no una respuesta real al problema del transporte.

En materia ambiental se atenta contra la vida y la naturaleza, al favorecerse las empresas mineras, hidroeléctricas y proyectos turísticos.

La CSS sigue siendo acosada por los mercantilistas, los cuales impulsan la privatización de servicios y utilizan los recursos para pagar una planilla millonaria a amigos y socios, mientras la infraestructura hospitalaria se deteriora, faltan insumos y personal, y no hay medicamentos.

No hay respuestas a los afectados con dietilenglycol. En educación, el fracaso de la impositiva transformación curricular, deterioro de la infraestructura son la nota. Los robos y asesinatos incrementan la inseguridad ciudadana sin respuesta real del gobierno.

Para cerrar el año, las revelaciones de Wikileaks. Hasta ahora se han revelado 8 de los 912 cables sobre Panamá (73 corresponden al Gobierno de Martinelli), que hablan de escuchas telefónicas; política de Panamá frente a la frontera colombiana, la estafa de la ampliación del canal, los vínculos del actual gobierno con Israel y el tratamiento del gobierno al narcotráfico, la personalidad del presidente (según Varela y la ex-embajadora de Estados Unidos: ‘impulsivo’, ‘salvaje’); la intromisión e intereses norteamericanos en el país; la docilidad de nuestros gobiernos frente al imperio. Con ellos se demuestra como los gobernantes han engañado al pueblo y la posibilidad de que estén envueltos en otros actos ilícitos por los cuales deberán hacerse responsables.

Para el próximo año, vienen aumentos: pasaje; electricidad, impuestos municipales, cuota de seguridad social, combustible, precio de los alimentos.

Frente al cúmulo de desatención social, corrupción y represión por parte del gobierno, no nos queda más que construir nuestra propia alternativa organizativa, un instrumento político que permita el ejercicio de una verdadera democracia y la plena participación en la toma de decisiones. Este es el reto al que nos avocamos el próximo año.

 

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<> Este artículo se publicó el 2  de enero de 2011    en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Corrupción e impunidad corroen la esfera pública

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La opinión del Secratario General de CONUSI / FRENADESO….

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GENARO    LÓPEZ –
rologe54@yahoo.com

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El neoliberalismo configura un Estado mafioso que en todos y cada uno de los niveles institucionales del mismo se reproduce.

En cada dependencia estatal la corrupción e impunidad corroen la ética pública y las propias formas de dominación. Los gobiernos más tramposos son reductos de pandilleros de alto vuelo sin escrúpulos para apoderarse de los bienes públicos, otorgarse enormes salarios y militarizar los países.

Las mafias al inicio venían de fuera de la política, ahora forman parte del engranaje, de los partidos, del sistema electoral, del legislativo, del poder judicial. Las dinámicas de crecimiento están estrechamente asociadas a un nuevo capitalismo construido alrededor del pillaje, la criminalidad y la corrupción.

En Panamá, la situación no es diferente, desde hace tiempo FRENADESO señaló que este país estaba dominado por una mafiocracia insertada en las esferas de poder económico (empresarios y banqueros) y político (gobierno y oposición), los cuales a partir del Estado y de negocios fraudulentos incrementan sus exorbitantes ganancias. Lo acontecido esta semana, pone al desnudo el estado de la podredumbre que impera.

Un Ministerio Público, que da cuenta de los tentáculos de los narcotraficantes en sus estructuras. Acusaciones de una y otra parte involucran desde el procurador suplente, la secretaria general y la jefa de Recursos Humanos. Este solo hecho descalifica cualquier posibilidad de investigación seria y objetiva.

Otra evidencia más son las revelaciones de WikiLeaks sobre la Ampliación del Canal.

La cuestionada adjudicación de la licitación más costosa de las obras de ampliación (construcción de esclusas y tinas), al Consorcio Unidos por el Canal (de la cual CUSA —Alemán Zubieta—, hace parte), capitaneado por la empresa española Sacyr Vallehermoso sobre la cual medios de prensa europeos señalaban que confrontaba serios problemas financieros; hoy WikiLeaks ha revelado cables secretos del Departamento de Estado, donde el vicepresidente Juan Carlos Varela confesó, a un grupo de congresistas norteamericanos, que ‘El proyecto de ampliación del Canal es un desastre’. Mientras que afirmó al número 2 de la Embajada gringa, que: ‘Uno no hace chapuzas con algo tan importante como el Canal. Cuando uno de los licitadores hace una oferta 1000 millones de dólares inferior a la del siguiente, hay algo que está muy mal’.

Por su parte Martinelli, quien en todo momento defendió la ampliación, al término de la licitación declaró que había sido ‘transparente’. No obstante, al ser interrogado por Bárbara Stephenson : ‘indicó que estaba un poco preocupado y dijo que temía que el administrador del Canal podría haber inclinado el concurso hacia el consorcio que incluía a CUSA, dirigida por su primo’. (Palabras de la embajadora, según consigna el cable al Departamento de Estado).

Con estas revelaciones de WikiLeaks, una vez queda al descubierto cómo actúa la mafiocracia que nos gobierna, cómo hace negocios con los recursos que nos pertenecen a todos los panameños.

Por otro lado, esta semana diarios colombianos establecían los vínculos en Panamá del ex presidente de Colombia Álvaro Uribe, envuelto en un escándalo por tráfico de influencias por una millonaria contratación durante su gestión a favor de conexiones a través de su hijo.

Recordemos que recientemente Martinelli dio asilo a la ex directora del DAS colombiano acusada por ‘pinchazos’ telefónicos, y se ha insinuado la posibilidad de ofrecer asilo a otros implicados en este escándalo.

Como si ello fuera poco, el ministro de Turismo, Salomón Shamah, escenificó un encuentro donde llegó a agredir al coordinador de los Corregidores del Municipio de Panamá, al osar éste inspeccionar el lujoso hotel Manrey, ante quejas de los vecinos por el ruido que efectuaban.

Esta situación, que a diario acontece en los barrios pobres, cuyos moradores son obligados a bajar de los buses o son detenidos en las calles para someterlos al ‘pele-police’, no se tolera por parte de los gobernantes que se den en las áreas de lujo. No le importa al Gobierno la histeria y la angustia que la acción policial provoca en niños, mujeres y ancianos, pero sí en los que frecuenta los sitios de diversión de lujo.

 

 

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<> Este artículo se publicó el 26 de diciembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Vulnerados derechos humanos en Panamá

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La opinión del Secretario General de CONUSI –  FRENADESO….

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GENARO   LÓPEZ –
rologe54@yahoo.com

 

La celebración del 10 de diciembre como Día Internacional de los Derechos Humanos tiene su origen en el año 1950. Ese Día se conmemora la aprobación por la Asamblea General de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Los Derechos Humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. El concepto de Derechos Humanos hace referencia al sentido de la dignidad humana antes que a cualquier formulación jurídica o política. Estos se rigen por los principios de universalidad e inalienabilidad; interdependencia e indivisibilidad; igualdad y no discriminación.

El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales. La obligación de protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa que los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos.

Debemos recordar, que la clase obrera mundial sometida a pésimas condiciones de vida impulsó la lucha para que la noción burguesa de los derechos humanos (individualismo filosófico y liberalismo económico), fueran superadas. Estas luchas articularon las demandas de la clase obrera en forma de nuevos derechos que pretendían dar solución a ciertos problemas sociales a través de la intervención del Estado, como la garantía del derecho de huelga, condiciones mínimas de trabajo o la prohibición del trabajo infantil.

Demandas conquistadas con la generosa sangre de los mártires de la clase obrera, hoy los gobiernos pretenden conculcarla, a fin de garantizar a los dueños de los medios de producción, sus máximas ganancias.

En Panamá con la política económica neoliberal que se impone desde 1979, se vienen violentando los derechos humanos y laborales: el derecho a organizarse libremente; el derecho a un salario que propenda a la vida digna; los procesos legales en materia laboral dan cuenta de cómo, cada vez más de manera creciente, los fallos violan el precepto del principio de favorecer a la parte más vulnerable y favorecen la llamada ‘seguridad jurídica de las empresas’.

Actualmente, Martinelli, a través de Alma Cortés (ministra de Trabajo), ha intentado por diversas vías retrotraer el proceso de trabajo a la esclavitud.   Los planes aviesos del Gobierno de imponer a nivel nacional la conculcación del derecho a huelga, la eliminación del día domingo como día de descanso obligatorio, nuevos cálculos para el pago de las horas extras y los sobretiempos en perjuicio de los trabajadores, reduciendo con ello los salarios e imponiendo interminables jornadas de trabajo, violando además el derecho de sindicación, encontraron su máxima expresión a través de la Ley Chorizo (Ley 30), donde a sangre y fuego pretendieron arrebatar a la clase obrera sus legítimas conquistas.

La decisión del pueblo en las calles logró revertir los apetitos voraces de los sectores de poder económico y su mafiocracia, restituyendo los derechos laborales: se recuperó el derecho a huelga, se ha hecho valer la cuota sindical, se reconoce el derecho de los trabajadores de celebrar convenios colectivos y se avanzó en el respeto a la libertad sindical, todos estos aspectos que se vulneraban con la Ley 30.

La Declaración de los Derechos Humanos y su conceptualización integral, fue el resultado de la lucha que emprendieron las masas oprimidas contra la vorágine del capitalismo. Que se cumpla con estos preceptos, demanda de las actuales generaciones capacidad de organización y movilización, que permita defender nuestros derechos individuales y políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.

La falta de credibilidad y de confianza en las instituciones públicas, que supuestamente debieran defender, proteger y sustentar al sector más pobre de la población es total. Frente a ello, Frenadeso ha llamado a organizarnos, a crear un instrumento político, a crear nuestra propia alternativa que garantice el respeto al derecho a una vida digna.

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<> Este artículo se publicó el 19  de diciembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Supermercado de la política panameña

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La opinión del Secretario General de CONUSI – FRENADESO….

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GENARO   LÓPEZ
rologe54@yahoo.com

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La principal actividad de un supermercado es ofrecer diversas mercancías a distintos precios, quienes tienen ingresos las pueden comprar. En el plano de la política panameña parece operar una lógica similar.

Las principales autoridades de gobierno (ministros, viceministros, directores de entidades, embajadores, cónsules) son nombradas a partir de su grado de consanguinidad, amistad o identidad partidaria. Es decir, por el solo hecho de parentesco o afinidad política parecen ‘merecer’ un cargo en las instancias gubernamentales. Esta práctica ha convertido, parafraseando la teoría del mercado, el parentesco en dinero que permite comprar altos cargos en la esfera pública. O sea, se institucionaliza la ‘ley del nepotismo’ en el supermercado político.

Algunos ejemplos en el actual gobierno, nombramiento de la hija de Giselle de Calcagno (ministra de la Pequeña y Mediana Empresa y ex-miembro del PRD), la hermana de Papadimitriu (ministro de la Presidencia). Martinelli, ha dado su cuota con el nombramiento de trabajadores de sus empresas (entre otros el director del Servicio de Protección Institucional del Estado, el director del Instituto de Investigación Agropecuaria, la ministra de Trabajo, la contralora de la República y algunos de los hijos de sus empleados ubicados, por ejemplo, en el Sistema Estatal de Radio y Televisión, en el IFARHU, el Servicio de Migración y Naturalización), igualmente sus familiares se colocan en embajadas y consulados, así como familiares políticos.

Esta situación parece consolidarse como regla de la gestión de gobierno, profundizándose en los últimos años (1990 a la fecha). Bajo la administración de Ricardo Martinelli, esta regla del mercado político parece respetarse, a pesar de que durante la campaña electoral prometió acabar con el nepotismo, considerada una ‘falla del mercado electoral’. Sin embargo, la compra ha sido a gran escala.

Por otro lado, a pesar de que constitucionalmente se establece la separación de poderes entre los Órganos de Gobierno, las compras también se realizan a estos niveles. Escandaloso han sido los cambios de tolda política de los diputados, y más aún las insinuaciones de sumas de dinero que han generado estas transacciones políticas. En esta semana, nuevamente se evidencian las compras, el PRD admite la pérdida de varios diputados, dicho sea de paso algunos de ellos comprados en años anteriores por este colectivo.   Similar situación se presenta a nivel de alcaldías y representantes de corregimientos. Esto es el ‘libre mercado político’ a su máxima expresión.

Pero el supermercado también funciona en lo empresarial.   Quienes aportaron ‘donaciones’ a las campañas políticas reclaman sus intereses, siendo beneficiados con jugosos contratos en el sector público o con leyes personalizadas que les permiten evadir impuestos.   A este nivel se ofrecen las llamadas contrataciones directas y se desregulariza el mercado (eliminación del control previo). Pero el gran atractivo del supermercado son los megaproyectos, que permiten trasladar ingresos sociales a manos privadas y que uno que otro ‘funcionario’ entre ‘pobre y salga millonario’ o entre ‘millonario y salga billonario’.

Lo cierto es que el nepotismo, la galopante corrupción y las canonjías empresariales, representan un alto costo para los que pagamos impuestos, la clase trabajadora y el pueblo. Además, pone en evidencia la demagogia que impera en los discursos electorales y la podredumbre que impera en la partidocracia.

Esta realidad es reprochable, máxime cuando se argumenta que no existen recursos financieros para abastecer a la CSS de los insumos que se requieren para una atención con calidad y calidez a los asegurados; o cuando se niega aumento de pensiones y jubilaciones, aunque el 41% de éstos viven en pobrezas, o se rechaza la propuesta de aumento salarial a los educadores; cuando se despiden miles de funcionarios públicos.

Frente a la continuidad del nepotismo y la corrupción, estamos obligados a organizarnos y construir unidad desde las bases, a fin de crear nuestra propia alternativa que permita levantar una sociedad de justicia y democracia.

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<> Este artículo se publicó el 5  de dicembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Impera la represión

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La opinión del Secretario General de CONUSI  FRENADESO….

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GENARO LÓPEZ –
rologe54@yahoo.com
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En menos de la mitad de su periodo presidencial, Ricardo Martinelli devela el carácter represivo y dictatorial de su estilo de gobierno. Los hechos de Bocas del Toro, que dejaron centenas de heridos, detenidos y muertes constituyen una muestra sangrienta del accionar gubernamental, que no solo pretende criminalizar la protesta social, sino que camina hacia la destrucción de cualquier forma de organización de la población.

La intolerancia a la crítica y a las denuncias de corrupción, lo llevan a cuestionar a periodistas y medios de comunicación social.

La acentuación de la política represiva bajo la aprobación de las repudiadas leyes carcelazo y chorizo, esta última desmembrada y modificada ante la ejemplar lucha del pueblo en las calles (aunque violentados en el tema de la policía los acuerdos del diálogo por parte de Martinelli), constituyen una muestra de las intenciones del gobierno de acallar por cualquier vía el descontento de la población.

En medio de violación a los derechos humanos en nuestro país, a las denuncias de corrupción gubernamental, de persecución a sindicalistas, dirigentes populares, periodistas, entre otros, el gobierno de Martinelli otorga asilo a María del Pilar Hurtado, ex jefa del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia, investigada por el caso de las intervenciones telefónicas ilegales a magistrados, periodistas, activistas de derechos humanos y políticos de la oposición en Colombia e, incluso, ante la posibilidad de que algunos de ellos hayan sido posteriormente asesinados por información recabada por esta labor ilegal de espionaje. Este asilo constituye un acto de cinismo y de doble moral por parte del Gobierno de Martinelli. ¿Por qué se le otorga asilo a una persona que evade la acción de la justicia, violadora de derechos humanos? ¿Cuál es el mensaje que pretende dar al pueblo panameño?

Diversos sectores de la sociedad panameña han reaccionado preocupados por esta acción gubernamental. Es imperativo que los sectores defensores de los derechos humanos, repudiemos el asilo político otorgado a María del Pilar Hurtado, consideramos, además, que ésta debe ser de inmediato arrestada por las autoridades judiciales y cesar los privilegios y la protección que, con recursos del Estado, le brinda el Gobierno de Ricardo Martinelli.

Es decir, no podemos hablar de democracia en el país, cuando se cometen hechos sangrientos como la masacre de Bocas del Toro, cuando en Panamá se continua con los sueldos de miseria, mientras que la mafiocracia explota al país vendiendo costas, playas e islas; cuando a las multinacionales mineras se les otorga permiso para el eco genocidio; cuando los megaproyectos se constituyen en los mecanismos para entrar millonarios y salir billonarios; cuando los precios de los bienes y servicios básicos continúan en una oleada creciente sin control ni regulación dificultando las posibilidades del pueblo a satisfacer sus necesidades materiales de vida; cuando la ola delincuencial sigue en crecimiento, aún cuando el gobierno gasta millones y millones de dólares en equipo ‘policial’; cuando se desatan leyes que reprimen al sector social cuando reclama sus derechos; cuando la política exterior de Panamá se define a favor de quienes violan los derechos humanos y las garantías fundamentales.

Se requiere refundar la República hacia caminos donde se respeten los derechos humanos, donde prevalezcan y se respeten los principios democráticos, donde la riqueza del país esté a favor de las necesidades de la población, donde exista justicia y equidad social, aspiraciones todas negadas por los auto llamados ‘gobiernos democráticos’.

En esta vía, desde Frenadeso, seguimos en la tarea de presentar una alternativa de poder a las grandes mayorías de este país, a los ciudadanos honestos y decentes, que permitan el debate y la discusión de los problemas nacionales para la toma de decisiones. Se trata de lograr una sociedad justa, humana, soberana y democrática.

 

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<> Este artículo se publicó el 28 de noviembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

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Gobierno violenta el derecho a la vivienda

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La opinión del Secretario General de CONUSI – FRENADESO…

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GENARO LÓPEZ –
rologe54@yahoo.com

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En  las últimas semanas el gobierno de Martinelli ha incrementado los desalojos forzosos de la población, empleando la represión, el lanzamiento nocturno y el no respeto del debido proceso.   Los casos de San Felipe, Villa Marta en la 24 de Diciembre (donde una monja salió en defensa de cuatro niñas que se encontraban en la vivienda, puesto que los padres habían sido retenidos), y Vista Alegre en Arraiján, son ejemplos de ello.

Anteriormente, en septiembre, unas 48 familias residentes de los edificios 7024 y 7026 en Colón, fueron desalojadas por parte de Guillermo Sáez Llorens, director de la CSS.   En marzo, medios de comunicación reportaron un desalojo violento de 54 familias en la comunidad de La Esmeralda en Chilibre; este caso se relacionó con intereses personales de la familia del alcalde Bosco Vallarino.   Por su parte, a ello, las autoridades del BHN han actuado de manera similar en las áreas de El Chorrillo y Los libertadores, entre otros.

En Panamá el déficit habitacional supera las 150 mil unidades de vivienda, solo la provincia de Panamá, demanda aproximadamente unas 50 mil unidades, lo que evidencia que el crecimiento de la construcción ha estado dirigido a viviendas de lujos y centros comerciales.

Las posibilidades de acceso de la población pobre a una vivienda digna son nulas, en la medida en que los requisitos para acceder al crédito hipotecario o para accesar a una vivienda de alquiler no los llenan.

Los llamados programas de gobierno en esta materia (Fondo Solidario de Vivienda, PARVIS, etc.),   no cubren a la población que devenga salario mínimo,  a los informales,  a los eventuales o por contrato definido, y a los que no tienen ingreso fijo o sencillamente no reciben ingreso.   El gobierno, también ha fallado en su política de garantizar que las llamadas ‘viviendas de interés social’ reúnan los estándares de calidad en cuanto a tamaño de la construcción y la calidad de los materiales.

El derecho a la vivienda es un derecho humano básico. Un techo inadecuado e inseguro amenaza la calidad de vida de los individuos, atentando directamente contra su salud física y mental. La violación del derecho a la vivienda niega la posibilidad de una vida digna, principio recogido en el derecho internacional, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

La vivienda en un Estado Social y de Derecho no puede ser simplemente un bien más del mercado. Una parte de la acción y de los recursos públicos deben destinarse a facilitar el acceso de todos a una vivienda digna.

Las personas sin recursos, para acceder a una vivienda en alquiler o propiedad, se encuentran actualmente en una situación de desprotección, sin ningún derecho que pueda ser exigido legalmente ante las administraciones públicas. Por ello, el derecho a resistirse a los desalojos, cuando se carece de recursos económicos, se constituye en un nuevo derecho de protección social.

Ningún gobierno ha puesto las áreas revertidas o recursos provenientes del Canal a disposición de resolver el problema habitacional del pueblo, a pesar de que fue éste quien ofrendó su vida en aras de alcanzar la reversión a manos panameñas.

Desde Frenadeso nos hemos pronunciado contra los desalojos y el hacinamiento habitacional. Propugnamos por el respeto a la vivienda digna de los pobladores, que garantice su seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios (agua potable, electrificación) e infraestructura (calles, veredas, aceras), posibilidad de manutención (costo y financiamiento), habitabilidad, accesibilidad, ubicación, adecuación cultural, acceso a saneamiento, durabilidad de la unidad habitacional, área suficiente para vivir.

Debe incluirse además el acceso a servicios de salud, trabajo y transporte. Igualmente, por el cumplimiento de los indicadores internacionales de vivienda adecuada: servicios básicos, precio cónsono con los niveles de ingreso de la población, dimensiones, cantidad y calidad suficiente y adecuada.   Por el carácter justiciable, o sea, la posibilidad de presentar recursos del derecho interno al derecho a una vivienda adecuada.

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<> Este artículo se publicó el 21 de noviembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

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