Vulnerados derechos humanos en Panamá

La opinión del Secretario General de CONUSI –  FRENADESO….

GENARO   LÓPEZ
rologe54@yahoo.com

 

La celebración del 10 de diciembre como Día Internacional de los Derechos Humanos tiene su origen en el año 1950. Ese Día se conmemora la aprobación por la Asamblea General de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Los Derechos Humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. El concepto de Derechos Humanos hace referencia al sentido de la dignidad humana antes que a cualquier formulación jurídica o política. Estos se rigen por los principios de universalidad e inalienabilidad; interdependencia e indivisibilidad; igualdad y no discriminación.

El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales. La obligación de protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa que los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos.

Debemos recordar, que la clase obrera mundial sometida a pésimas condiciones de vida impulsó la lucha para que la noción burguesa de los derechos humanos (individualismo filosófico y liberalismo económico), fueran superadas. Estas luchas articularon las demandas de la clase obrera en forma de nuevos derechos que pretendían dar solución a ciertos problemas sociales a través de la intervención del Estado, como la garantía del derecho de huelga, condiciones mínimas de trabajo o la prohibición del trabajo infantil.

Demandas conquistadas con la generosa sangre de los mártires de la clase obrera, hoy los gobiernos pretenden conculcarla, a fin de garantizar a los dueños de los medios de producción, sus máximas ganancias.

En Panamá con la política económica neoliberal que se impone desde 1979, se vienen violentando los derechos humanos y laborales: el derecho a organizarse libremente; el derecho a un salario que propenda a la vida digna; los procesos legales en materia laboral dan cuenta de cómo, cada vez más de manera creciente, los fallos violan el precepto del principio de favorecer a la parte más vulnerable y favorecen la llamada ‘seguridad jurídica de las empresas’.

Actualmente, Martinelli, a través de Alma Cortés (ministra de Trabajo), ha intentado por diversas vías retrotraer el proceso de trabajo a la esclavitud.   Los planes aviesos del Gobierno de imponer a nivel nacional la conculcación del derecho a huelga, la eliminación del día domingo como día de descanso obligatorio, nuevos cálculos para el pago de las horas extras y los sobretiempos en perjuicio de los trabajadores, reduciendo con ello los salarios e imponiendo interminables jornadas de trabajo, violando además el derecho de sindicación, encontraron su máxima expresión a través de la Ley Chorizo (Ley 30), donde a sangre y fuego pretendieron arrebatar a la clase obrera sus legítimas conquistas.

La decisión del pueblo en las calles logró revertir los apetitos voraces de los sectores de poder económico y su mafiocracia, restituyendo los derechos laborales: se recuperó el derecho a huelga, se ha hecho valer la cuota sindical, se reconoce el derecho de los trabajadores de celebrar convenios colectivos y se avanzó en el respeto a la libertad sindical, todos estos aspectos que se vulneraban con la Ley 30.

La Declaración de los Derechos Humanos y su conceptualización integral, fue el resultado de la lucha que emprendieron las masas oprimidas contra la vorágine del capitalismo. Que se cumpla con estos preceptos, demanda de las actuales generaciones capacidad de organización y movilización, que permita defender nuestros derechos individuales y políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.

La falta de credibilidad y de confianza en las instituciones públicas, que supuestamente debieran defender, proteger y sustentar al sector más pobre de la población es total. Frente a ello, Frenadeso ha llamado a organizarnos, a crear un instrumento político, a crear nuestra propia alternativa que garantice el respeto al derecho a una vida digna.

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<> Este artículo se publicó el 19  de diciembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
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