Violencia institucional

La opinión del Secretario General de CONUSI – FRENADESO…

GENARO  LÓPEZ
rologe54@yahoo.com

 

Miles de personas sufren de diferentes formas de violencia practicadas por las instituciones del Estado, sus órganos y agentes en nombre del mantenimiento de la Ley y el orden.

Paradójicamente las instituciones que deberían garantizar sus derechos, los vulneran y transforman a algunos grupos de personas en víctimas de una violencia institucional que, según los especialistas, son discriminados por el solo hecho de ser pobres o pertenecer a un grupo social o étnico determinado, o por el hecho de estar organizados.

Fenómenos como la represión, la impunidad, la injusticia, la desigualdad social, aunados a la militarización de los cuerpos policíacos, son utilizados para contener a los movimientos sociales, siendo estrategias comunes la difamación de movimientos que se consideran divergentes, además de otras organizaciones sociales que representan una critica al modelo económico y social que establece el Estado, estas estrategias son utilizadas para mantener la apariencia de un orden y un estatus.

Entre todas las formas de violencia, la que ejerce la Policía, que incluye la violencia física, verbal y psicológica en contra de la población, tiene ciertas particularidades. Aunque está generalizada y extendida, mucha de ella se comete en la clandestinidad y con prácticas de encubrimiento. Sería invisible si no es por las denuncias de las víctimas, de sus familiares o por el accionar de las organizaciones sociales, o tal como ocurrió en el Centro de Custodia de Menores, por la presencia de los medios de comunicación social.

Todo este cúmulo de acciones y otras tantas son una realidad cotidiana en Panamá, afectando a diversos sectores sociales (obreros, campesinos, indígenas, comunales, educadores, profesionales, ambientalistas, comunicadores sociales, promotores de derechos humanos, entre otros), que es mantenido por una espiral de violencia, que se ejerce de manera sistemática por las instancias del poder.

El gobierno de Martinelli ha ejercido todo tipo de violencia. En el orden de la violencia física, la masacre de Bocas del Toro constituye la más clara evidencia de violencia institucional, no solo por la magnitud de la represión física y sus resultados, sino también por el escenario de terror que sembró; ello acompañado de impunidad para quienes cometieron crimen de lesa humanidad. Igualmente con la masacre del Centro de Custodio de Menores. Pero la ola represiva no se detiene, durante esta semana se reprimió a pescadores de Pedregal en el distrito de David, estudiantes universitarios, indígenas y pobladores.

Esta violencia física que se comete cada vez con mayor frecuencia por parte del gobierno, es una agresión intencional que ocasiona daños a la integridad física con el fin de someterla. Este tipo de violencia es terrible, porque no solo ocasiona daños físicos que a veces hasta llegan a incapacitar a la persona, sino que también dejan huellas emocionales profundas y daños muchas veces irreversibles.

Pero, también, la violencia es psico—emocional, que consiste en actos u omisiones que se expresan a través de prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, insultos, burlas y silencio.   Las agresiones de este tipo tienden a humillar, ofender, asustar y tienen graves repercusiones en la autoestima, seguridad y estabilidad emocional de las personas.

Ricardo Martinelli, José Raúl Mulino y Alma Cortés han mostrado habilidad en este tipo de violencia. El llamar a los obreros de la construcción ‘maleantes de mierda’; el acusar a los indígenas de borrachos, el ordenar tirar a matar.   Igualmente, la elaboración de expedientes amañados a dirigentes del movimiento social, el silencio frente al feminicidio; los indultos a 125 policías, muchos de ellos involucrados en violencia institucional; restricciones a la información y mayor cercenamiento a la libertad de expresión. El guardar silencio frente a las causas de la falta de agua potable, la desidia en atender el problema de recolección de basura, el crimen ecológico, la falta de medicamentos en la CSS, el alto costo de la vida y los bajos salarios; los engaños a jubilados y pensionados que solicitan aumentos de sus pensiones, son otros ejemplos que tienden a generalizarse como política gubernamental.

 

Este artículo se publicó el 6 de febrero  de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
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