Dicen que viene la cosa

La opinión del Abogado y Profesor Universitario…

CARLOS AUGUSTO HERRERA
cherrera255@hotmail.com

El nuevo Código Procesal Penal pletórico de garantías procesales, está a la vuelta de la esquina, dicen que con más ventajas que el que está en boga, cercenado por una equivocada aplicación tradicionalista, preñada de ignorancia por desalmados empíricos, educados o mal educados, pero seguimos con la lucha para corregir los excesos por el desabrigado tratamiento del Ministerio Público a las partes por ese abultado poder y el desmesurado abuso inquisitivo, abanderado como un estandarte abrumador, como concepto que se reduce a inquirir, indagar, investigar profundamente algo, pero el pecado está en que su aplicación se convierte en una actividad exagerada que raya en lo déspota, total esto proviene de la Santa Inquisición entorchada por las iglesias católica, luterana y calvinista dedicadas a combatir las herejías con la inmolación de los pecadores, con la equivocada concepción de que se expiaban los pecados en las piras públicas.

Nos dicen que con el nuevo sistema se emparejarán las cargas y quienes tomarán las decisiones jurisdiccionales serán los jueces de garantías, ya el Ministerio Público no podrá detener ni ordenar actividades que rayan en abuso. Por ejemplo, un allanamiento legal de morada es un asunto delicadísimo que se debe aplicar por excepción, luego de comprobar que es imprescindiblemente necesario (estado ideal), pero en estos momentos se ha convertido en una regla común que la Policía utiliza a los corregidores y jueces nocturnos o el propio Ministerio Público,  que poco interés le toman a las consecuencias legales y morales y mucho menos a los derechos humanos (estado real). Esta es nuestra realidad nos guste o lo contrario.

Vale la pena que analicemos el artículo 17 del nuevo Código Procesal Penal, el cual se refiere a la validez de la prueba. Aquí empieza a exigir que para que tenga el valor legal debe ser obtenida por medios lícitos y practicada por organismos jurisdiccionales. Ya sabemos que los funcionarios del Ministerio Público no encajan en este propósito de la norma que comentamos, entonces todas estas actividades se tendrán que realizar ante los jueces.

El artículo sataniza a las pruebas obtenidas por medio de torturas, amenazas o violación de los derechos fundamentales de las personas. La otra cuestión es que niega las pruebas obtenidas por información que se origine mediante un procedimiento o medio ilícito.

En la actualidad tenemos unas extravagancias que consisten en recibir informaciones anónimas que transcriben los investigadores en escuetos informes, pero que la dan tal fuerza legal que involucran a cualquiera y lo llevan al proceso y los fiscales los sindican y los jueces abren causa y hasta los condenan.

El artículo 922 de nuestro código Judicial reza de la siguiente manera: ‘No hará fe el dicho del testigo si resulta que no ha declarado de sus propias y directas percepciones, salvo los casos en que la ley admita declaración sobre el conocimiento formado por inferencia; pero en este caso se deben expresar los fundamentos de ésta’. Lo anunciado sobre ese indicio telefónico no tiene sentido, si en el universo probatorio no se mezclaron el caudal y es cuando se debe inferir, con base a la sana crítica, para poder determinar la probabilidad de la implicación. Lo cierto es que los fiscales detienen provisionalmente y empieza el calvario de días, meses, años hasta que resultan absueltos. Esto pasó con tres audiencias celebradas el año pasado en la que representé al acusados y en los juicios en que los fiscales se sintieron seguros de que condenarían, un argumento que me dejó mucho más confundido.

El asunto es que con el Código Penal actual, tenemos en el artículo 130 la siguiente advertencia procesal:   ‘El Estado estará obligado a la reparación civil cuando el imputado sea sobreseído o absuelto, si ha permanecido en detención provisional por más de dos años’.

Bueno, vamos a tratar de mejorar la prevención delictual, la rehabilitación del condenado y en la represión del delito, tener mucho cuidado con esas investigaciones insulsas, lo que probablemente debe mejorar con el sistema de garantías que está por nacer.    Aunque me parece que muchas de las garantías vocingleadas a los cuatro vientos las tenemos en el actual Código, pero una cantidad de funcionarios le voltea la mirada.

El otro artículo que comentaremos en este breve espacio es el 22, el cual regula sobre lo relativo a las autoridades judiciales y del Ministerio Público, a las que conminan el deber de motivar de manera jurídicamente, de una forma ‘congruente, clara y precisa, sus decisiones judiciales, salvo las de mero trámite.   La simple mención de las pruebas y la petición de las partes o de exposiciones genéricas no suple la motivación jurídica’. Vea usted cómo brilla aquí ese principio de valoración de la prueba mediante la sana crítica. Ojalá esto se cumpla.

 

Este artículo se publicó el  13  de febrero   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
Anuncios

Sangre en las venas

La opinión del Sociólogo, Escritor y Educador…

Raúl Leis R. 

Mientras escribo estas líneas ha muerto otro niño quemado en los sucesos del Centro de Cumplimiento de Tocumen, pues según la Convención de los Derechos del Niño se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad.   No tiene sangre en las venas ni merece llamarse humano, quien justifique lo ocurrido, y quien no se indigne y clame por justicia ante tamaña iniquidad.

Esa misma convención obliga a los Estados en su Artículo 37 que todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad, por lo que no pueden ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad.

Lo que los hechos permiten apreciar es que lo ocurrido viola flagrantemente este artículo, tanto por las golpizas y perdigonazos, y por la aplicación de facto de la pena capital con alevosía, premeditación y ventaja. El Centro de Cumplimiento con una capacidad para 70, tenía 150 jóvenes detenidos, pues la justicia continua enviando a jóvenes al hacinamiento en condiciones indignas para seres humanos y menos para niños.

Se está creado un clima permisivo para el abuso de la fuerza y la arbitrariedad aupado por Ley 74 del 27 de octubre del 2010 exime a los policías de la detención preventiva y suspensión provisional del cargo público que desempeña hasta que concluya el proceso. Además los discursos oficiales de alto nivel animan este clima, ejemplo cuando un Ministro afirma a los policías   “A los que intenten fugarse deben tirar a matar”; otro califica de indios salvajes, borrachos a trabajadores bocatoreños en huelga, o un Presidente declara la guerra a la delincuencia así “En nuestro gobierno les espera el hospital, la cárcel o el cementerio”.

El abuso de autoridad o de poder, es el exceso indebido en el ejercicio de la función pública, y es el delito que comete quien investido de poderes públicos realiza en su gestión actos contrarios a los deberes que le impone la ley, por lo que afecta la libertad de las personas, las intimida o les causa vejámenes, agravios morales o materiales, y peor, la muerte.

En la antigua Roma, Catón el Mayor le pregunta al Senado, quienes querían organizar una especie de policía:   “¿Quis custodiet ipsos custodes?” (¿Quién va a vigilar a los vigilantes mismos?).   La respuesta es construir el país que aspiramos, una nación de leyes y de instituciones cimentadas en los derechos de los ciudadanos.   Donde funcione la democracia y la justicia, con fuerzas policiales profesionales, eficaces, sujetas a mecanismos de control transparentes e idóneos, respetuosas de los derechos humanos. Para ello debe aplicarse la selección, formación de los agentes de orden público, la investigación penal y administrativa de autoridades involucradas en violaciones a los derechos humanos, y la creación de sistemas de control internos y externos idóneos.

<>Artículo publicado el  19  de enero de 2011  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

La felicidad de los dictadores

La opinión de…

Luis Toruño Plaza

¿Hasta cuándo vamos a seguir sentados sin hacer nada?    No podemos permitir que se sigan violando los derechos y las garantías constitucionales so pretexto de que se les viola solo a los delincuentes.   ¿Acaso los miembros de la policía que violan los derechos son jueces también?   ¡No, no son jueces!    Deben preservar la honra, los bienes y la vida; no están para quemar a las personas o matar impunemente.

Lo peor de todo es que solamente reaccionamos contra los abusos cuando es tarde y cuando el abuso es contra nosotros mismos o contra un familiar.   Basta ya de abusos policiales; estamos peor que en la dictadura militar. En estos momentos, el más grande violador de derechos humanos de Panamá, Manuel Antonio Noriega, ha quedado como un alfeñique, como un niño de pecho, frente a los vejámenes de estos policías.

Después de Noriega, Panamá tiene diversos ejemplos de violaciones a los derechos humanos. Veamos: tenemos jueces penales suplentes que se prestan para complacer con sus fallos al mejor postor. Tenemos fiscales estudiando en seminarios anticorrupción acusados de corrupción.

También tenemos envenenamientos masivos sin ninguna reparación o compensación por el daño causado. Quemados en un autobús sin ninguna indemnización del Estado. Buses que asesinan con alevosía y ventaja a los ciudadanos sin ninguna reparación económica para las víctimas. Inundaciones causadas por empresas hidroeléctricas sin ningún reparo económico. Un puente construido negligentemente y nadie responsable.

Es hora de que salgan a la palestra pública los llamados de la sociedad civil para que se pronuncien frente a la violación de derechos humanos, pues si mañana tu hijo cae en desgracia y entra en estas celdas, no tiene más que la seguridad de salir herido, con algún trauma mental o quemado vivo.

Es definitivo que el sistema jurídico no va de la mano con los cambios de la sociedad panameña. El sistema de leyes va dirigido a proteger los abusos en vez de proteger la vida humana.   Nuestro sistema judicial ha colapsado y las instituciones se han quedado sin razones ni fuerza para proteger a los ciudadanos.   La Policía Nacional ha caído en el deterioro de pensar en los delincuentes como enemigos y el Ministerio de Gobierno no hace absolutamente nada frente a las repetidas violaciones a las garantías de los ciudadanos. Esta es la realidad del sistema judicial que hace feliz a los narcotraficantes, a los pandilleros, a los dictadores y a los violadores de derechos humanos.

Esta es la realidad a la que nos quieren llevar para lograr sus fines. Defendamos los derechos humanos y defendamos la justicia por encima de la legalidad.   Busquemos un sistema que nos proteja frente a la violación de los derechos humanos. Más que cambiar la Constitución Nacional, debemos cambiar los criterios jurídicos con los que son hechas nuestras leyes.

Si se cambian las leyes y seguimos aplicándolas con los criterios actuales seguirán cometiéndose esta clase de actos de barbarie sin ninguna consecuencia.

<>
Este artículo se publicó el 21  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al  autor , todo el crédito que les corresponde.

Persisten abusos policiales y violación a los derechos humanos

La opinión del Secretario General de CONUSI – FRENADESO…

 

GENARO LÓPEZ
rologe54@yahoo.com

A finales del 2009, advertimos que ‘cuando la impunidad se hace hábito en una sociedad, esa sociedad camina hacia el abismo’. Llamábamos a no permitir que ello siguiera imperando y expresábamos la necesidad de redoblar los esfuerzos a fin de que se iniciaran procesos judiciales sentados en el derecho, la ética y la justicia social.   Obviamente, jamás pensamos que la sociedad panameña viviría experiencias tan amargas como la masacre de Bocas del Toro y lo acaecido en el Centro de Cumplimiento de Menores.

En ambos hechos se muestra la barbarie cometida por miembros de la Policía Nacional a los cuales se les favorece con indultos o nombramientos en cargos superiores, pese a que los informes de investigación evidencian el abuso policial.   En el último caso, el informe de peritos señala que se trato de ‘una fuente de calor externa’ la que provocó el incendio y que por las características puede tratarse de una granada de gas lacrimógeno.

Esta práctica se viene repitiendo como si estuviéramos frente a hechos correctos y justificables. Para muestra:

-se absolvió a los miembros del SPI de la golpiza que estos propinaron a los familiares de las víctimas y sobrevivientes del envenenamiento masivo con dietilenglicol;

-elementos del SPI también están envueltos en el asesinato de la empresaria, Cristina García Eleta, en un incidente donde hicieron desaparecer el arma homicida;

-los policías acusados de asesinar al reo, Daniel Vela Rodríguez, tras un intento de fuga en La Joyita, fueron absueltos pese a que el forense demostró que la víctima al momento de su captura sufrió fuertes golpes en la cabeza que le causaron la muerte;

-el asesinato del miembro del SUNTRACS Luiyi Argüelles a manos de un sargento, donde los policías intentaron también ocultar el arma homicida;

-la muerte de los jóvenes pescadores Dagoberto y Rigoberto Pérez donde seis agentes de la Policía Nacional han sido indultados a pesar de plantar pruebas falsas;

-el caso de Clarissa Mabelis Urriola, de sólo 17 años y con tres meses de embarazo asesinada por miembros de la DIP;

-el asesinato del dirigente del SUNTRACS, Al Iromi Smith, por parte de una unidad Lince de la Policía Nacional, siguiendo órdenes del Mayor Diego De León, ascendido posteriormente a sub comisionado y nombrado por este Gobierno como jefe policial en Colón.

-En el caso de los menores calcinados en el Centro de Cumplimiento no existe detención alguna.

Sólo en noviembre del año pasado organismos internacionales de derechos humanos recriminaban al gobierno panameño por el estado de violación sistemática de los derechos humanos.

Lo ocurrido el en el Centro de Cumplimiento de Menores originó un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, deplorando las muertes y graves lesiones que sufrieron los adolescentes, y su preocupación por que los agentes encargados de la seguridad del Centro ‘no actuaron con la debida diligencia para salvaguardar la vida e integridad personal de los adolescentes’.

A pesar de ello, persisten los abusos policiales y las graves violaciones a los derechos humanos, sin que se lleve al banquillo de los acusados a los responsables.

En este contexto, convocamos a la marcha del 27 de enero partiendo del Parque Porras a las 4:00 p.m.   La marcha es en defensa de la vida y los derechos humanos; por la crisis del agua que enfrentan las comunidades; por una investigación seria, independiente e imparcial sobre las graves revelaciones de WikiLeaks y la posible vinculación de altos personeros del Gobierno en el narcotráfico y otros delitos; contra el negociado de los Corredores con fondos de los asegurados y contra los intentos del Gobierno de quebrar la CSS para justificar su privatización; contra las reformas al Código Minero que buscan acentuar la política depredadora del ambiente.   Para condenar el carácter autoritario del gobierno que en medio de estos problemas y otros, se haya más empeñado en perpetuarse en el poder, abusar de los viajes y las contrataciones directas, fomentar la persecución política y el terrorismo judicial, que en brindar soluciones reales a las necesidades del pueblo.

<>
Este artículo se publicó el 23 de enero de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Aprendiendo

 

La opinión del Sacerdote Jesuita…

Rosendo Torres 

En esta vida, nunca dejamos de aprender. Debemos estar en actitud siempre positiva para aprender, partiendo del hecho de que no lo sabemos todo, partiendo de que la película es muy larga y no la hemos visto toda.   Aprender de la prosperidad y de las crisis. “A los que aman a Dios todas las cosas le aprovechan para el bien” (Romanos 8, 28).

Últimamente nuestra vida ciudadana se ha visto sacudida por varios movimientos casi telúricos con las inundaciones y sus secuelas. Primero la orfandad en que han quedado muchas comunidades que incluso van a tener que ser reubicadas, y luego las otras consecuencias entre ellas la situación de la escasez del agua con motivo de múltiples daños ocurridos en la potabilizadora y otros imprevistos irreparables.

Como país pequeño que somos, en muchos aspectos, tenemos que alzar la voz para hacernos oír y en muchas ocasiones damos a conocer las bondades de nuestra posición geográfica, de nuestras playas, de nuestros talentos, y de otros tesoros históricos y ventajas y por mucho tiempo hemos estado orgullosos de tener la mejor agua del mundo que hasta se podía beber sin ningún miramiento, no obstante leí un titular: “Dios ya no es panameño”, lamentando la escasez y la turbiedad en la capital.

Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde.   Por tanto a aprender a la fuerza más humildad.   ¿Qué tienes que no lo hayas recibido?   Se acabó el slogan de la mejor agua del mundo que supuestamente en una ocasión se dijo que le habían dado a un pugilista a beber y por eso ganó su contienda.   Ahora surge la necesidad del agua embotellada, como ocurre normalmente en otros países. Y ojalá no ocurra con otros recursos de los cuales abusamos. Porque lo de la ciudad “tacita de oro”, ya pasó a la historia. En momentos de crisis surgen los sabelotodos y desvarían criticando pero sí aplaudo las opiniones constructivas. Bien sabemos que no es lo mismo estar frente al toro que verlo desde la talanquera.

Signos de los tiempos, el contraste de ser un país en crecimiento y en modernización con el espectáculo de la gente con garrafones buscando agua como en la campiña. Lecciones para aprender.

*
<>Artículo publicado el 16  de enero de 2011    en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Mala práctica de los policías de tránsito

La opinión de…

Carlos A. Carrasquilla Zamora

Resulta increíble la facilidad con la que los servidores públicos abusan de sus cargos y de la ignorancia de los ciudadanos respecto al contenido de las leyes que regulan el ejercicio de éstos.   Un caso que lo hace palmario, por la frecuencia con que se presenta en estos días, tiene que ver con los policías de tránsito, y es que estos funcionarios, haciendo uso extensivo (eufemismo) de su condición de autoridad, retienen la licencia para conducir de los conductores, luego de que la verificación efectuada en el pele police arroja que adeudan dinero a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) en concepto de infracciones al Reglamento de Tránsito, ley esta que en ninguno de sus artículos les concede esa atribución de manera autónoma.

Explico: El Art. 133 del Reglamento de Tránsito establece sobre la retención de la licencia de conducir, que la misma puede ser ejecutada por el policía de tránsito, obrando en función de autoridad competente (ver el glosario de términos en el Art. 3), como consecuencia de la violación del inciso “c” del artículo 132, es decir, portar licencia de conducir vencida, suspendida o cancelada. Nada dice sobre adeudar algo a la ATTT.

Ahora bien, si consultamos el inciso “h” del Art. 120 del Reglamento de Tránsito, notaremos que “el no cumplir la sanción impuesta por una falta cometida en un período de 30 días” es una causal de suspensión de la licencia, pero esta orden-sanción, solamente puede ser emitida por el director de la ATTT o un juez de tránsito que lo represente, tal como lo dice el artículo 119.

Lo que encontramos a diario en las calles es que en retenes o como consecuencia de un accidente de tránsito, los policías, obrando en función de inspectores de tránsito, verifican la base de datos (pele police), confirman que hay boletas sin pagar, usurpan la función del director de la ATTT o sus jueces de tránsito y sin dejar constancia documental de ello, suspenden la licencia, ejecutan la sanción reteniendo la misma y dan inicio a un calvario que puede durar una, dos y hasta tres semanas: recuperar la licencia ante un juez ejecutor que a su turno, también tiene su propio procedimiento inventado.

Si nos atenemos al artículo 133, lo único que le es dable al policía de Tránsito que advierte que el conductor está en mora con la ATTT, es requerirle que no conduzca más el vehículo, que llame a una persona que esté legalmente habilitada para hacerlo y si nadie se presenta, proveer al retiro con grúa.

¿Cuánto le cuesta a una persona un día sin carro (sin licencia, no se maneja)?

Ojalá pudiera cobrarle al sargento que me retuvo ilegalmente la licencia por una infracción de B/.10.00, las dos semanas de taxi, el paz y salvo, el historial de conductor y sobre todo, las dos semanas de incomodidad que padecí por no poder manejar.

*

<> Este artículo se publicó el 13  de diciembre  de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Villa Grimaldi, un modelo para América Latina

La opinión de…

Nadhji Arjona

El Premio Unesco / Bilbao 2010 para la Promoción de una Cultura de Derechos Humanos fue otorgado a Asma Jahangir, renombrada defensora de los derechos humanos y abogada de la Corte Suprema de Pakistán. Al mismo tiempo, este honroso galardón fue otorgado también a la Corporación Parque de la Paz Villa Grimaldi, de Santiago de Chile, por su valiosa labor en la construcción de una cultura universal de derechos humanos enfocada hacia América Latina.

El Premio Unesco / Bilbao fue establecido en 2008 gracias a una generosa donación de la ciudad de Bilbao. La acción de tan importante municipio de España permitió extender el alcance del Premio Unesco para Educación en Derechos Humanos, establecido en 1976 y que fue otorgado hasta 2006. Este galardón era otorgado a las contribuciones sobresalientes que individuos u organizaciones realizaran por la causa de los derechos humanos a través de proyectos de educación e investigaciones, permitiendo elevar la conciencia de los servidores del Estado y entre el público en general.

Este año, Unesco estableció, además, tres menciones de honor para organizaciones no gubernamentales en reconocimiento de la importancia de la sociedad civil para construir un programa cultural fundamentado en los derechos humanos. Recibieron estas menciones:  la Fundación Cultural Paz (España); Francia, Tierra de Asilo (France Terre d’Asile) y la Federación Internacional de Música Esperanza (Fédération internationale de Musique Espérance).

La Coalición Internacional de Sitios de Conciencia manifestó su agrado en felicitar a la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, uno de los siete sitios acreditados de la coalición, por haber sido reconocida por la Unesco, gracias a su excelente labor en involucrar al público en su historia como centro de detención y ofrecer a los visitantes una variedad de temas contemporáneos relacionados a los derechos humanos. Uno de sus nuevos programas usa el poder del testimonio para evocar la comprensión del pasado, e invita al público a participar, dejando su propio testimonio.

La noticia resumida en los párrafos anteriores sacudió, hasta la médula, al grupo de amigos y amigas que hemos constituido en Panamá una fundación, con el propósito de sumar nuestros esfuerzos a la comprensión de los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos consagrados por las Naciones Unidas. Nos estremecimos de emoción una vez que circuló entre nosotros, por el hecho de que apenas han transcurrido seis semanas desde nuestra visita a Villa Grimaldi.

Allí percibimos con nuestros propios ojos el resabio de los sitios de tortura; contemplamos la cama de hierro dotada de alambres apropiados para provocar choques eléctricos en los seres humanos que llevaban detenidos a ese lugar; los minúsculos calabozos en donde varias personas eran obligadas a permanecer de pie, día y noche, hasta que sus fuerzas y su voluntad desaparecieran en el infinito; las decenas de fotografías de los detenidos y sus verdugos, que narraban con elocuencia, sin palabras, los horrores sufridos en manos de militares que aparecían frente a ellos.

Estuvimos varias horas en Villa Grimaldi, fuimos cuidadosamente atendidos por los guías que nos acompañaban a recorrer el lugar, mientras describían la secuela de aquella nefasta vivencia, con voz suave, sin omitir detalle de los horrores indecibles que sufrieron miles de chilenos, cuyo delito fue disentir de la dictadura militar de Augusto Pinochet, que derrocó al presidente Salvador Allende en 1973 y persiguió implacablemente a sus seguidores. Un mundo de sensaciones se agolpó en mi cerebro mientras recorríamos los jardines y “aposentos” carcelarios en Villa Grimaldi, debido a mis experiencias anteriores.

Treinta años de inmersión en el tema de los derechos humanos me abrumaron en ese momento; escenas y testimonios del Holocausto, un libro inconcluso acerca de sobrevivientes europeos que llegaron a Panamá, tragedias en Centroamérica… tantas otras impresiones invadieron mi mente con precipitación. Al verme apoyada en un árbol, uno de los guías se me acercó y antes de que me hiciera cualquier pregunta, lo abordé: Dígame una cosa, ¿Pinochet y sus esbirros tenían asesores nazis? Su respuesta fue: “No solo tenían asesores nazis, sino también amigos italianos expertos en torturas. Venían con frecuencia a Villa Grimaldi y plasmaron su infamia en esto que usted está viendo ahora”.

No faltará quien diga que en Panamá no ocurrieron cosas parecidas. Que las muertes fueron “menos” y las torturas “casi” no existieron. ¿“Menos”? ¿“Casi”? ¿Admiten los derechos humanos esas palabras? ¿Las admite el mandamiento “No matarás”? ¿Las admite la Comisión de la Verdad? De ninguna manera.

Panamá debe conocer lo que sucedió aquí desde el 11 de octubre de 1968 hasta el 20 de diciembre de 1989.   Veintiún años de abuso del poder e intento de destruir la democracia.   Los panameños nos sumamos a ese pacto de conciencia que hoy en día apoyan con justicia instituciones como la Unesco, la Municipalidad de Bilbao, B’nai B’rith Internacional y otras, para que las violaciones contra seres humanos, contra un solo ser humano siquiera, no vuelvan a suscitarse… ¡Nunca más!

<> Este artículo se publicó el 9 de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.