Presidente Martinelli entrega viviendas a unidades del Senafront

-Gobierno reitera compromiso de lucha contra el narcotráfico/delincuencia-

Reproducción del reportaje de nuestra colaboradora, la educadora y activista política…

Jennie Gonzalez

Nuevas viviendas acondicionadas a sus necesidades recibieron -de manos del presidente Ricardo Martinelli- los cabos Alexander Pérez y Aristides Guevara, ambas unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), quienes resultaron lesionados, perdiendo parte de sus extremidades, cuando realizaban su labor de patrullaje en playa Isaías en la provincia de Darién, limítrofe con la República de Colombia.

 

El presidente Martinelli destacó que como gobierno se hará todo lo que esté al alcance para lograr que los uniformados del Senafront se recuperen, ya que éstos, al igual que todos los miembros de las diversas entidades de seguridad de la nación, arriesgan sus vidas por cumplir con el deber de proteger a los ciudadanos y el territorio nacional. “Siempre vamos a apoyarlos –a los miembros de los organismos de seguridad- ya que son unidades que dan su vida por cuidarnos a todos y merecen todo el apoyo de nosotros”, indicó.

 

El Jefe del Ejecutivo reiteró el compromiso de seguir fortaleciendo los estamentos de seguridad, destinando mayores recursos y tecnología que permitan disminuir los riesgos que asumen diariamente los uniformados. “Seguiremos combatiendo la delincuencia y el narcotráfico para que las unidades no tengan que pasar por esta situación tan difícil”, acotó.

 

Cumpliendo con la promesa de apoyar a los cabos Pérez y Guevara, se entregaron las nuevas viviendas ubicadas en el residencial Valle Dorado y en Villas del Bosque, respectivamente, en el distrito de La Chorrera, donadas por la Caja de Ahorros que realizó los trámites legales para adjudicarles las casas.


Las viviendas fueron remodeladas y dotadas con línea blanca

La compra del mobiliario y línea blanca fue gestionada por la Secretaría de Asuntos Sociales de la Presidencia de la República, a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

 

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) realizó las adecuaciones de las casas para acondicionarlas con facilidades para el uso de sillas de ruedas.

Los cabos Pérez y Guevara resultaron heridos durante un patrullaje

Ambos jóvenes recibieron –inicialmente- atención médica en la Clínica Hospital San Fernando, de Panamá.

 

Luego de las gestiones del presidente Ricardo Martinelli y la Embajada de Colombia en Panamá, Guevara y Pérez fueron trasladados a la nación colombiana, junto a sus esposas, a recibir tratamiento de fisioterapia, cirugía plástica y tratamiento psicológico en el hospital militar de Chapinero Alto de Bogotá.  El tratamiento incluyó la colocación de las prótesis.

 

Guevara y Pérez fueron ascendidos recientemente al rango Cabo Primero. Igualmente, fueron condecorados con la medalla “Belisario Porras, en el grado de Comendador”, durante una ceremonia que se realizó en las futuras instalaciones del Senafront en un área cercana a Gamboa.

 

Acompañaron al presidente Martinelli en el evento, el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Carlos Duboy; el ministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino, y el gerente general de la Caja de Ahorros, Jason Pastor, entre otras autoridades.

 

GOBIERNO NACIONAL

 

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<> Reproducción  de reportaje publicado el 16 de febrero de 2011 a las 18:09 en Facebook y etiquetado en nuestro muro por la autora a quien damos todo el crédito que le corresponde.

Descuento directo en materia hipotecaria

La opinión de…

Edgardo Lasso Valdés

Cada cierto tiempo, que puede ser de meses o años, se nos presenta el denigrante espectáculo del desalojo de familias enteras de sus residencias, incluyendo niños y ancianos, por la alta morosidad acumulada a través de los años del pago a las hipotecas adquiridas a través del Banco Hipotecario Nacional.

Si bien es cierto que el Banco Hipotecario Nacional fue constituido para facilitar la adquisición de casas para las familias humildes del país, nunca se consideró que éstas no estaban obligadas a pagar las mensualidades que, de acuerdo al tamaño y lugar de cada residencia, se les asignaba.

La idea original era que, con el apoyo del propio Estado panameño, cada ciudadano contara con un techo que lo cobijara a él y a sus dependientes, y con las mensualidades pactadas formar un fondo que permitiera extender esas mismas facilidades a otras familias.

Al no poder cobrar puntualmente las mensualidades prefijadas a cada familia, se afectaba la continuidad del plan, con el consecuente perjuicio a otros humildes panameños.

El permitir que los usuarios de estas facilidades residenciales cubran sus compromisos de pago, en forma voluntaria, no ha rendido los resultados que se buscaban al inicio del programa.

Lo conducente en estos casos, así como en cualquier otro parecido que involucre a personas de escasos recursos económicos, es hacer obligatorio el descuento de las mensualidades pactadas, tanto a los empleados del Estado panameño como de la empresa privada, de la planilla correspondiente.

Esto ayudaría a las familias a vivir con la certeza de que nunca serán desalojadas, pues siempre estarán al día en sus compromisos con el Banco Hipotecario y, a su vez, el banco podrá continuar ayudando a otras familias en la adquisición de viviendas propias.

El gobierno de turno es el administrador de la hacienda pública y, como tal, está obligado a buscar las mejores condiciones de vida y progreso de todos los ciudadanos; como lo hace un buen padre de familia con los suyos.

Hay que ayudar a los humildes a entender que casa, ropa y comida son tres elementos indispensables para una convivencia digna, sobre todo, para quienes tienen familias dependientes de ellos; no es posible ni aceptable que cada uno decida si cumple o no con sus obligaciones de familia.

Existe la obligación legal y moral de los gobiernos de ayudar a conseguir a todos los ciudadanos la paz y el sosiego necesarios para mantener la paz social de todo el país. Con la medida de aplicar un descuento salarial para cubrir los compromisos de vivienda propia, se estará caminando por el rumbo correcto.

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Este artículo se publicó el  7  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Ministro Duboy recorrió zona de desastre – MIVIOT programa la reconstrucción de viviendas en Chepo

La nota informativa de ……

JENNIE   GONZALEZ

El ministro de Vivienda, Carlos Duboy, realizó un nuevo recorrido en las zonas inundadas de  las comunidades del  distrito de Chepo, donde la condición climática ha mejorado, con el propósito de evaluar la situación en el área y programar las labores de rehabilitación y reconstrucción de las casas afectadas con prontitud.

En vista que los niveles de las aguas han bajado, Duboy indicó que estos trabajos se emprenderán considerando, primero, el

protocolo y el cordón de seguridad establecidos por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Ministerio de Salud (Minsa) y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), debido a la contaminación ambiental en la zona.

De acuerdo con la evaluación preliminar que observó en su gira en Chepo, el titular del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) calculó que unas 50 viviendas de madera y zinc serán reconstruidas totalmente, y unas 200 serán rehabilitadas debido a que no sufrieron daños considerables en sus estructuras.

Mientras estas acciones se dan en Chepo, un cuerpo de arquitectos e ingenieros permanecen en Portobello, provincia de Colón,  inspeccionando el globo de terreno para la construcción de unas 70 viviendas  que fue facilitado por las autoridades municipales colonenses, y que serán para el beneficio de las familias damnificadas por inundaciones y deslizamientos de tierra que también se registraron en la costa atlántica.

Para estos trabajos, el Miviot solicitó un crédito extraordinario de 1.5 millón de balboas a la Asamblea Nacional, que será invertido en materiales de construcción para emprender estas tareas en Colón, Chepo y Darién lo antes posible, de modo que muchas familias que permanecen en los albergues retornen a sus casas, cumpliendo para ello con todas las medidas de seguridad. En el caso de Darién, “se sigue apoyando la labor de Sinaproc y se espera que las aguas bajen para entrar de inmediato a inspeccionar las viviendas”, dijo Duboy.

Las acciones contemplan un inventario oficial por parte del personal técnico del Miviot, que revisará la parte eléctrica y las estructuras de cada una de las viviendas, al tiempo que el equipo social de la entidad continuará con las evaluaciones y asistiendo en los albergues donde se encuentran los damnificados, una labor que se lleva a cabo en conjunto con otras entidades desde el pasado 7 de diciembre.

Con la disminución de las lluvias en los últimos días, Chepo ha sido declarado zona controlada por Sinaproc, lo que permitirá al Miviot y al resto de las 35 entidades que conforman el Centro de Operaciones de Emergencia efectuar los trabajos que a cada una le compete para sacar a flote a estas comunidades productivas que han sido afectadas por las fuertes lluvias  e inundaciones.

GOBIERNO NACIONAL

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Reproducción de nota publicada el  16 de diciembre de 2010 a las 21:32 en Facebook por la autora,   a quien damos todo el crédito que le corresponde.

Ministro de Vivienda de Panamá visita zona de desastre en Portobelo – Panamá.

El ministro de Vivienda, Carlos Duboy, realizó este jueves un recorrido por el distrito de Portobelo, en la provincia de Colón, que resultara ser  uno de los sitios más afectados por las intensas y fuertes lluvias que han generado alarma y emergencia a nivel nacional de Panamá en los últimos días.   A continuación el reportaje de la activista política…

JENNIE   GONZALEZ 

Acompañaron al señor  ministro Carlos Duboy,  el viceministro de Vivienda, Jaime Ford, el equipo de trabajo del ministerio  y las autoridades locales colonenses.

El titular del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial  (Miviot) lamentó la situación de desastre en que viven las familias de este distrito, donde la entidad tiene previsto ejecutar proyectos que fomentarán la construcción de viviendas, el turismo y el comercio de la región.

Aunque las lluvias persisten en el área, esta condición climática no ha sido impedimento para que personal técnico y social del Miviot evalúe cada una de las viviendas afectadas por deslizamientos de tierra e inundaciones, con el propósito de llevar asistencia habitacional a sus habitantes lo más pronto posible.

Esta acción se suma a los esfuerzos que el personal del Miviot lleva a cabo desde los pasados 7 y 8 de diciembre, en apoyo a los estamentos de seguridad y otras instituciones de Gobierno que se han unido para atender a poblaciones vulnerables, sobre todo de los sectores de Chepo, La Chorrera, Arraiján y Colón, que han sufrido con más intensidad la furia de la

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Reproducido de la nota informativa publicada en Facebook por la autora hoy Viernes 10 de diciembre de 2010 a las 18:12,  a quien damos todo el crédito que le corresponde.

Gobierno violenta el derecho a la vivienda

La opinión del Secretario General de CONUSI – FRENADESO…

GENARO LÓPEZ
rologe54@yahoo.com

En  las últimas semanas el gobierno de Martinelli ha incrementado los desalojos forzosos de la población, empleando la represión, el lanzamiento nocturno y el no respeto del debido proceso.   Los casos de San Felipe, Villa Marta en la 24 de Diciembre (donde una monja salió en defensa de cuatro niñas que se encontraban en la vivienda, puesto que los padres habían sido retenidos), y Vista Alegre en Arraiján, son ejemplos de ello.

Anteriormente, en septiembre, unas 48 familias residentes de los edificios 7024 y 7026 en Colón, fueron desalojadas por parte de Guillermo Sáez Llorens, director de la CSS.   En marzo, medios de comunicación reportaron un desalojo violento de 54 familias en la comunidad de La Esmeralda en Chilibre; este caso se relacionó con intereses personales de la familia del alcalde Bosco Vallarino.   Por su parte, a ello, las autoridades del BHN han actuado de manera similar en las áreas de El Chorrillo y Los libertadores, entre otros.

En Panamá el déficit habitacional supera las 150 mil unidades de vivienda, solo la provincia de Panamá, demanda aproximadamente unas 50 mil unidades, lo que evidencia que el crecimiento de la construcción ha estado dirigido a viviendas de lujos y centros comerciales.

Las posibilidades de acceso de la población pobre a una vivienda digna son nulas, en la medida en que los requisitos para acceder al crédito hipotecario o para accesar a una vivienda de alquiler no los llenan.

Los llamados programas de gobierno en esta materia (Fondo Solidario de Vivienda, PARVIS, etc.),   no cubren a la población que devenga salario mínimo,  a los informales,  a los eventuales o por contrato definido, y a los que no tienen ingreso fijo o sencillamente no reciben ingreso.   El gobierno, también ha fallado en su política de garantizar que las llamadas ‘viviendas de interés social’ reúnan los estándares de calidad en cuanto a tamaño de la construcción y la calidad de los materiales.

El derecho a la vivienda es un derecho humano básico. Un techo inadecuado e inseguro amenaza la calidad de vida de los individuos, atentando directamente contra su salud física y mental. La violación del derecho a la vivienda niega la posibilidad de una vida digna, principio recogido en el derecho internacional, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

La vivienda en un Estado Social y de Derecho no puede ser simplemente un bien más del mercado. Una parte de la acción y de los recursos públicos deben destinarse a facilitar el acceso de todos a una vivienda digna.

Las personas sin recursos, para acceder a una vivienda en alquiler o propiedad, se encuentran actualmente en una situación de desprotección, sin ningún derecho que pueda ser exigido legalmente ante las administraciones públicas. Por ello, el derecho a resistirse a los desalojos, cuando se carece de recursos económicos, se constituye en un nuevo derecho de protección social.

Ningún gobierno ha puesto las áreas revertidas o recursos provenientes del Canal a disposición de resolver el problema habitacional del pueblo, a pesar de que fue éste quien ofrendó su vida en aras de alcanzar la reversión a manos panameñas.

Desde Frenadeso nos hemos pronunciado contra los desalojos y el hacinamiento habitacional. Propugnamos por el respeto a la vivienda digna de los pobladores, que garantice su seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios (agua potable, electrificación) e infraestructura (calles, veredas, aceras), posibilidad de manutención (costo y financiamiento), habitabilidad, accesibilidad, ubicación, adecuación cultural, acceso a saneamiento, durabilidad de la unidad habitacional, área suficiente para vivir.

Debe incluirse además el acceso a servicios de salud, trabajo y transporte. Igualmente, por el cumplimiento de los indicadores internacionales de vivienda adecuada: servicios básicos, precio cónsono con los niveles de ingreso de la población, dimensiones, cantidad y calidad suficiente y adecuada.   Por el carácter justiciable, o sea, la posibilidad de presentar recursos del derecho interno al derecho a una vivienda adecuada.

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<> Este artículo se publicó el 21 de noviembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del   autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/lopez-genaro/

Informe de Gabinete del Gobierno Nacional de Panamá – 07/09/2010

Tipificaciones al Código Penal y Avances en Vivienda. Gobierno propone tipificar correctamente la desaparición forzada en el Código Penal. -También se incluye la tortura-  Reproducimos el reportaje de nuestra colaboradora y activista politica…


JENNIE  GONZALEZ

El Consejo de Gabinete autorizó a la ministra de Gobierno, Roxana Méndez presentar ante la Asamblea Nacional un Proyecto de Ley dirigido a “tipificar correctamente en el Código Penal los delitos relacionados con la desaparición forzada de personas y la tortura”, basados en que los códigos actuales patrios de 1982 y el actual no abordan estas infracciones adecuadamente y así poder garantizar los derechos humanos de las personas.

De acuerdo a compromisos internacionales en materia de derechos humanos se convino en esta ley modificar los artículos 121, 152 y 156 del Código Penal y adiciona el artículo 156 A al Código Penal, destacando la no prescripción de la acción penal ni la pena en los delitos de terrorismo, contra la humanidad y de desaparición forzada de personas.

Además, se sanciona con pena entre 15 a 20 años por los delitos de privación de libertad de una o más personas, cualquiera que sea su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupo de personas que actúen con la autorización, el apoyo, o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa o reconocer dicha privación de libertad, o de informar sobre el paradero de la persona, con la cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.

La modificación también señala que el servidor público que someta a un privado de libertad a castigos indebidos que afecten su salud y dignidad será sancionado con presión de 2 a 3 años; y de 5 a 8 años si el hecho consiste en castigo infamante, vejación o medidas arbitrarias o si se comete contra un menor de edad.

Mientras que se considerará como el delito de tortura aquella infracción contra una persona que sea sometida a penas o sufrimientos físicos o mentales con fines de investigación criminal como medio intimidatorio o como castigo personal. Se entenderá también como tortura los métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental. El proyecto propone aplicar penas de 10 a 15 años por este delito.

Mediante Resolución de Gabinete de 1 de junio de 2010 se había autorizado presentar el citado documento ante la Asamblea, pero antes de ser entregado el Centro de Justicia y Derecho Internacional (CEJIL) –por sus siglas en inglés- presentó recomendaciones que son acogidas en este nuevo documento.

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Aprueban cambios a convenio de Olade

El Consejo de Gabinete aprobó un proyecto en el que respalda modificaciones al convenio que establece la Organización Latinoamericana de Energía (Olade) que fue firmado en Lima Perú, el 2 de noviembre de 1973.

La iniciativa, presentada por el ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Varela, contempla el cambio del nombre de la organización debido a que se incluyó a los países del Caribe.

Ahora este ente se llamará Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde) que es  una organización política y de apoyo técnico a través de la cual sus Estados miembros realizan esfuerzos comunes con miras a obtener la integración energética regional y subregional.

Su misión consiste en contribuir a la integración así como al desarrollo sostenible y la seguridad energética de la región al asesorar e impulsar la cooperación y la coordinación entre los países que la conforman.

De igual manera, el Gabinete aprobó una resolución en la que autoriza al Ministro de Relaciones Exteriores a presentar el aludido proyecto ante la cámara de Diputados.

Aprueban creación de consejos directivos en cinco hospitales regionales

El Consejo de Gabinete aprobó cinco proyectos de ley en los que crean consejos directivos en igual números de centros hospitalarios en diferentes puntos del país.

La propuesta, impulsada por el ministro de Salud, Franklin Vergara, le otorga la facultad al citado Concejo de actuar como entre regulador y fiscalización de las funciones técnicas, docentes, médicas y administrativas que se lleven adelante en esos hospitales.

De acuerdo con el ministro Vergara, los centros que tendrán consejos directivos son: el Cecilio Castillero, situado en el distrito de Chitré, provincia en Herrera; el Hospital Regional Luis Chicho Fábrega en Santiago de Veraguas; el Hospital Regional Joaquín Pablo Franco Sayas en Las Tablas, Los Santos; Aquilino Tejeira en Penonomé en Coclé y el Hospital Regional Anita Moreno en la ciudad de la Villa de Los Santos.

Asimismo el Gabinete aprobó una resolución en la que autoriza al Ministro de Salud a presentar estos cinco proyectos ante la Asamblea Nacional de Diputados.

Gabinete otorga crédito de 5.1 millones para proyecto habitacional en Santa Rita Colón

El Consejo de Gabinete le otorgó un crédito de 5.1 millones de dólares al Ministerio de Vivienda que será utilizado para iniciar un proyecto habitacional en la comunidad de Santa Rita en la provincia de Colón.

La solicitud, presentada por el ministro Carlos Dubois,  establece que esos fondos permitirán arrancar un proyecto de 500 viviendas en la comunidad arriba mencionada. El costo total del proyecto es de 25 millones de dólares, dijo el Ministro, quien añadió que a obra estará terminada en 24 meses.

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<> Reportaje publicado en Facebook el miércoles, 08 de septiembre de 2010 a las 8:45  por la autora a quien damos todo el crédito, el mérito y la responsabilidad que le corresponde.

El decadente Casco Antiguo

La opinión de….

Eugenio L. Morice

Muchos ignoran el porqué los inmuebles del Casco Antiguo están deteriorados y sin nuevas edificaciones, pese a contar con infraestructuras que envidian un número plural de suburbios y conurbios del eje metropolitano; la respuesta radica en la vigente ruinosa Ley de Vivienda No. 93 de 1973.

Ley que los poderosos de la economía lograron zafarse con el Decreto Ejecutivo No. 294 de 1994, que liberó a los alquileres mayores a B/.150.00 de los arbitrarios controles de la ley de marras, manteniendo los de cánones inferiores sometidos a la ley que desconoce el derecho de propiedad y que, en su génesis, propuso arruinar a los arrendadores.

El único rubro sin subsidio estatal y ajeno a la libre oferta y demanda son los inmuebles bajo la Ley 93, que han calificado de interés social, no obstante que el subsidio lo traspasan al propietario.

Los arrendadores de las viviendas caras se reservan grandes ventajas: fijan la duración del contrato de arrendamiento a sus anchas, con la gracia de subir el canon a sus antojos; en caso de mora no recurren al Ministerio de Vivienda (Mivi) sino ejecutivamente a juzgado municipal; le cargan la tasa de aseo al arrendatario y solo se les exige que depositen un mes de alquiler al Mivi, cuantía que pasa a la cuenta millonaria del Banco Nacional.

Aquellos que invirtieron en el alquiler de casas destinadas a los de menor ingreso deben someterse al formato del Mivi, que impone el contrato por tres años, concediéndole solo al arrendatario el derecho de prorrogarlo; y si aspiran a subirlo tendrán que someterse a un proceso costoso, engorroso y demorado que disuade al dueño de emprenderlo; si el inquilino se muda, se traspasa el contrato al pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad; debe pagar el consumo de agua del inmueble sin poder controlar el consumo, bajo la misma tarifa de aquel que alquila a $1,500; obligado a reparar los desperfectos; costear el servicio de aseo, tasa de aseo, impuesto de inmueble y rentas sin importar la alta morosidad o que no se recaude para cubrirlos; para demandar a un inquilino que debe 10 meses, a un canon de B/.50.00, exigen un rosario de requisitos cuyo costo supera lo adeudado por el moroso.

Como resultado de esa nefasta ley, muchos propietarios optaron por condenar los inmuebles, con ello se aceleró su destrucción, y es que el salario mínimo no alcanza para arrendar una vivienda de B/.150.

Este gobierno con una mano protege a los ricos y con la otra aplica la política populista de regalar migajas pecuniarias que no resuelven las necesidades del recipiente; ha impuesto timbre a todos los recibos por cánones mayores a B/.50.00 y, para colmo, agregado la tasa de alcantarillado, esto para culminar el afán de arruinar a los que a duras penas mantienen los inmuebles con alquileres congelados inferiores a B/.150.00;   sin embargo, los supermercados en goce de la libre oferta y demanda e incluso convertidos monopólicamente en productores y distribuidores de cuanto venden.

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Este artículo se publicó el 22 de agosto de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.