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La opinión de….
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PEDRO RIVERA RAMOS –
pedrorivera58@hotmail.com
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Ha sido la inseguridad en nuestras calles, barrios y hogares, la excusa principal que los gobernantes de antes y de ahora, han aprovechado para suspender, limitar o conculcar derechos y libertades públicas, que se creían sagradas.
El miedo a perder la vida, bienes o ambas cosas, nos ha conducido a aceptar como natural cualquier ultraje, cualquier vejamen, cualquier invasión de nuestra privacidad o de nuestra intimidad, no importa el grado de disimulo o crudeza con que se presente, siempre que con ello nos creamos a salvo.
Renunciamos a menudo al ejercicio pleno de nuestras garantías ciudadanas, para ‘disfrutar’ de una seguridad fundada básicamente, en una de las herramientas más antiguas y brutales que el género humano ha conocido para controlar y manipular a los demás: el miedo.
De ese modo, consentimos, con el silencio de casi todos, ser constantemente observados por cámaras de vigilancia situadas en parques, calles y centros comerciales; adquirimos sofisticados y costosos sistemas de seguridad personal y familiar; sospechamos de cuanto desconocido se nos acerque demasiado; justificamos el rearme de nuestra policía y que hagan uso de aparejos que como el llamado ‘Pele Police’, violan nuestros más elementales derechos y ha servido para ensañarse contra periodistas, defensores de la naturaleza o ciudadanos humildes, principalmente de aquellos que la injusta distribución del bienestar social, ha condenado a sobrevivir en las zonas excluidas, marginadas o populares de nuestro país.
Lentamente a través del miedo y las inseguridades, se nos viene imponiendo una sociedad casi panóptica u orwelliana, que con cierta deliberación es atizada por algunos poderosos sectores, que ahora ven en el Pele Police el artefacto represivo que les faltaba, para anular al ciudadano junto con sus derechos fundamentales, convirtiéndolo así, sólo en un sujeto sospechoso y potencial delincuente.
De nada ha valido, la sensatez y cordura de algunos ciudadanos que se han levantado desde el principio, para solicitar la suspensión o reglamentación de este infame instrumento. Se ha optado en su lugar, por profundizar su uso y evaluar las posibilidades de multiplicar su alcance.
En la defensa del Pele Police se arguyen las fantasías y medias verdades, que suelen difundir los que les resulta incómodo reconocer sus desatinos y los que ocultan sus protervos fines hacia los reclamos y protestas legítimas de los ciudadanos. Se busca imponer la desconfianza entre nosotros mismos, que el miedo sea una constante en nuestra existencia y que sacrifiquemos nuestras libertades para cederlas al control policial.
El Pele Police cumple aquí las funciones represivas no contempladas en su diseño original y que no realiza ni siquiera en Israel y sus ciudades, pese al permanente e histórico conflicto que esta Nación tiene con el pueblo palestino.
Carece por completo de la eficacia del 110% que se le atribuye (ahí están por doquier los hechos que refutan tan temeraria afirmación) y tampoco es utilizado en 35 países, entre ellos algunos del primer mundo como se sostiene, a no ser que Rishon LeZion, Bat-Yam, Guivatayim, Kiryat Tivon, Kiriat Ata y tres pequeñas ciudades ucranianas, tengan ese nivel y al menos una, sea una nación desarrollada.
Por eso no nos llamemos a engaño. Lo que hay en marcha es una verdadera ofensiva neoliberal, principalmente contra los pobres, donde el Pele Police viene a representar una pieza fundamental.
De allí que ahora se le descubran a este engendro represivo, ‘virtudes’ para cobrar la tasa de aseo, verificar el pago de impuestos y la morosidad en el consumo del agua potable. Ninguna de estas propuestas deben resultarnos extrañas, cuando aquí ya es común perseguir con saña a humildes billeteras, desalojar brutalmente a familias enteras de sus viviendas, criminalizar las protestas y causar daños físicos irreparables a sus participantes; en un país que tiene el honroso honor de figurar entre las quince naciones de mayor desigualdad del planeta, según el último informe sobre Desarrollo Humano del PNUD.
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<> Este artículo se publicó el 7 de enero de 2011 en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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