Ley de protección de menores

La opinión de…..

NOEMI L. CASTILLO J.

Panamá no tiene una estrategia nacional para la reducción de la violencia y la criminalidad, que proteja a los menores. El Comité de los Derechos del Niño ha hecho observaciones importantes con respecto de las reformas introducidas al Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia, considerando que se advierte una “tendencia de ampliar el uso de la privación de libertad, como método preferente de control sobre las y los adolescentes, pese a que no hay evidencias en estudios nacionales que sugieran que el internamiento, en general, y el internamiento prolongado, en particular, condicionen favorablemente el cambio de conducta de las y los adolescentes infractores”… “También hay preocupación porque el Estado panameño no ha hecho lo suficiente para que el sistema de administración de justicia de menores se ajuste a los principios y normas establecidos en el Comité de los Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales relacionados”. (UNICEF, 2011, P. 27).

La Constitución Política la República de Panamá (2004), establece la protección de menores como uno de los deberes fundamentales del Estado. También garantiza instituciones de justicia y resocialización especializada para adolescentes. Sin embargo, lo que se ha hecho hasta ahora es ampliar el número de delitos y aumentar la pena máxima de privación de libertad de los adolescentes, entre los 7 y 12 años, expresando que, al cumplir los 18 años, el joven que todavía no termina de pagar una sentencia, pasaría a los centros de detención para adultos. La Ley 6, del 8 de marzo de 2010, mantiene en 12 años la pena máxima, pero baja a 12 años la edad en la que un adolescente puede ser procesado.

En 2007, el Ministerio de Desarrollo Social presentó a la Asamblea Nacional, el proyecto de ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, que se mantiene archivado. Las modificaciones discutidas y aprobadas en los últimos años se han focalizado en el tema de la responsabilidad penal de la adolescencia, dejando de lado la creación de un sistema de protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia, que articule “la formulación, monitoreo y evaluación de las políticas de protección, y organice los diferentes niveles de atención e intervención en el ámbito nacional y local”. (UNICEF, 2011, P. 28).

Con base a las estadísticas de criminalidad del Instituto Nacional de Estadística y Censo, a pesar del endurecimiento de penas, la conducta delictiva de los menores de 20 años ha experimentado un fuerte incremento a partir de 2009, lo que indica que la penalización no es la clave para reducir los casos delictivos. Las investigaciones demuestran que una política integral de prevención puede contribuir a disminuir la conducta delictiva de mejor manera que el endurecimiento de penas. Si queremos una sociedad más segura e igualitaria, necesitamos que los jóvenes se sientan protegidos para que ejerzan plenamente sus deberes y derechos ciudadanos. El futuro del país depende de una nueva generación de individuos trabajadores, creativos y productivos. Es necesario contar con una estrategia nacional para la protección de los menores.

<>  Este artículo se publicó el 24 de enero de 2014 en el diario La Prensa y fue enviado hoy 7 de junio de 2016 como mensaje a al chat de Facebook de este editor,  por Don Alberto Barrow.  Damos a la autora y a todos los medios que lo publicaron el crédito que les corresponde.

 

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Una fórmula sencilla

La opinión de la Comunidadora Social

Berna Calvit
bdcalvit@cwpanama.net

Las malas experiencias dejan secuelas.   Todavía, después de muchos años, siento escalofríos al recordar, ante mí, el vacío que dejó un ascensor que por daños en el mecanismo estaba un piso más abajo. Salvada del descalabro por pura suerte, o por el llamado “sexto sentido”, nunca más he dejado de asegurarme de que la caja transportadora está en su lugar.

Otra vez contamos con agua potable, pero ahora sufro de lo que llamo “Síndrome de la falta de agua”. Y no me refiero solamente al agua bebestible, sino al agua que sale con solo abrir la pluma; cada vez que saco agua de la jarra en el refrigerador corro a llenarla; a cada rato abro las llaves del agua para asegurarme de que no se ha ido (expresión poco exacta porque no se fue a ninguna parte sino que la potabilizadora no la mandó); no bien termino de usar un vaso, plato u olla, ya estoy lavándolos, no vaya a ser que los trastos se queden amontonados y sucios; el baño diario es una carrera contra el tiempo, un corre corre para no quedar enjabonada.

Aún tengo botellas, botellitas y botellones llenos de agua por un “por si acaso”.    Con los gastos extra que me ocasionó esta situación, hubiera podido pagar alguna de las inevitables cuentas mensuales.   A ver si la falta del “vital líquido” nos enseñó a apreciarlo, y los trastornos que causa su carencia.

Nada garantiza que no volveremos a pasar por el mismo vía crucis resultante por falta de previsión, malos cálculos o ineptitud; o por “actos de Dios”, injustamente culpado por los torrenciales aguaceros que no causarían tanto daño si no fuera por la voracidad humana.   El paraguas de árboles y arbustos que la sabia madre natura proveyó para proteger los suelos es arrancado para construir barriadas “encementadas” que no dejan tierra para absorber las aguas; para potreros, o para la abusiva tala de árboles, todo sin mitigación de daños.   El fantasma de la sequía en los grifos no se alejará hasta que el Idaan remedie todas sus fallas y san Isidro Labrador (el que quita el agua y pone el sol) se apiade de nosotros, y no se vaya a los extremos.

Como si fuera poco, el país es hervidero de problemas, desasosiegos y disconformidades múltiples. A medida que se conocen más detalles sobre los trágicos sucesos en el Centro de Cumplimiento de Menores, aumenta el repudio no solo contra los policías, los custodios y las autoridades a cargo del centro, sino contra la actitud de altos funcionarios, especialmente el jefe de la Policía, Gustavo Pérez, y el ministro de Justicia, Mulino (a veces me hace recordar a Hulk).

La presentación tardía y nada satisfactoria del presidente Martinelli, sobre la tragedia, agregó sal a la herida; su expresión facial, de contrariedad, no transmitió el dolor que expresó en palabras; parecía que lo tenían frente a un paredón de fusilamiento (al que nadie va por voluntad propia).   A quien sea que le recomendó hacerla, y le dio el visto bueno a la grabación, le puede decir don Ricardo: “Con amigos así, no necesito enemigos”.

Y defraudó que no mencionara, ni de pasadita, la malvada Ley 74 de 2010 que envalentona a los malos policías que, protegidos por la ley se libran del castigo que merecen.   El personaje de la exitosa serie de televisión Dexter es un policía psicópata que determina por su cuenta, y bajo “principios éticos”, quién debe morir; pese a sus asesinatos y desprecio por los recursos de la ley, la serie lo presenta como ángel vengador, “justiciero” que mata a los malos.    La malignidad de esta serie consiste en mostrar a Dexter como héroe porque asesina delincuentes. Y más perverso aún que logre que muchos lo perciban como tal.

A los gobernantes les irrita que se les critique o denuncie; la libertad de expresión y de comunicación les resulta amenazante. Mediante el hostigamiento y, a veces, poco sutiles presiones, buscan “meterle los pelos para adentro” a los que no son parte del coro de elogios.   Craso error.   La represión es como un bumerán, algo que no entiende la ministra Alma Cortés, más que ministra, “cantalante” del partido Cambio Democrático. La señora considera que han sido “tolerantes”, y que hay quienes “se arrogan el derecho de hablar en nombre de la verdad”.

¿Sobre cuál verdad quiere opiniones?   ¿Sobre la suya?    ¿Quiere que no se hable del alarmante aumento de la criminalidad; de dudosas concesiones sin licitación; despilfarros; abusos policiales; del absurdo gasto en publicidad estatal; de los genuflexos diputados, etc.?

Enderezar entuertos, o al menos intentarlos, disminuiría tanta crítica negativa. Así de sencilla es la fórmula.

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Este artículo se publicó el 31  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

Cuestiones panameñas

La opinión de….

 

MILTON VARGAS JURADO
vargasjurado@gmail.com

Estoy bastante anodadado con algunas cositas que voy a señalar a continuación, y que empiezan por el grave problema del suministro del agua potable en la ciudad capital.

Resulta ser que desde la cabeza del director del IDAAN, piden, y hasta demandas internacionales sugieren algunos grupos, por razón de lo esbozado arriba.

Supongo que también el noreste de Australia, que a fines del año 2010 sufrió las peores inundaciones en décadas, dejando bajo el agua miles de casas y negocios, con pérdidas de varios miles de millones de dólares, resultará culpable el gobierno panameño. Y ni hablar de que por la cercanía a Colombia, los más de dos millones de damnificados de este país hermano entablarán juicio a nuestras autoridades también.

Hasta he escuchado por ahí, que ‘el pueblo’ (panameño) debe tirarse a las calles para exigir que se acabe con este problema del agua, clara reacción ante señalamientos de altos (y no tan altos) políticos oposicionistas… ¿Qué puede ser lo siguiente?

La sábana tiene la culpa también en lo que los ‘angelitos’ del Centro de Cumplimiento de Tocumen, hayan incendiado y atentado en contra de sus propias vidas, lo que ha traído como consecuencia que también organismos o personas que dicen representar estos entes, manifiesten que (adivine, complaciente lector), el gobierno también es culpable.

Aquí deseo extenderme un poco, empezando conque en el primer quincenio de los ochenta, y con el concurso de distintos clubes cívicos (David y Potrerillos), el PNUD, la entonces Magistrada del Tribunal Tutelar de Menores, Lic. Yolanda Jurado de Vargas, promovió planes e infraestructuras (como el Centro de Resocialización de Menores de Tocumen, convertido hoy día en prisión), que empezaron a marcar un rumbo distinto y un futuro (en aquella época) para los ‘huérfanos de padres vivos’ o menores infractores.

No hay justificación alguna para que la sociedad panameña pueda defender lo que está sucediendo ahora, ya que, primero en plena dictadura y luego en la incipiente democracia, cometimos el pecado nacional de apartar del camino, estas importantísimas metas que buscaban la recuperación de estos panameños jóvenes.

No pueden esgrimirse excusas al respecto, ya que la delincuencia se multiplicó logarítmicamente, sin ningún instrumento que siguiese sirviendo para la reinserción de quienes, en su momento, no representaban la cantidad tan importante de participación en la criminalidad de este país, como lo es ahora.

Fácil es enfilar juicios en contra del gobierno, cayendo estrepitosamente en ignorancia supina, tanto en el asunto de la provisión de agua potable, ocasionado realmente por los cambios climáticos (calentamiento global, que le llaman), que han traído desastres de grandes proporciones, tanto en Panamá como en otros lares.

De igual manera aplico estos pensamientos a la situación de alta criminalidad, sobre todo en adolescentes, ya que no es difícil colegir, que de haber continuado todo lo trabajado, tanto por esos grupos cívicos como de la funcionaria aludida, los índices de delincuencia en nuestro país no estuviesen tan altamente marcados. ¡Cuestiones panameñas, he dicho!.

 

 

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<> Este artículo se publicó el  15 de enero de 2011    en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Legislación penal anacrónica

La opinión de…


Hipólito Gill Suazo

Hemos estado insistiendo desde hace algún tiempo en la necesidad de revisar y, mejor aún, de debatir con los ciudadanos la creciente e indiscriminada creación de delitos y el endurecimiento de las sanciones penales.   Las “soluciones” legislativas de acrecentar el número de hechos punibles y de endurecer las sanciones no ha logrado –pues la experiencia ha demostrado todo lo contrario– detener el denunciado ascenso de la criminalidad.

Este discurso vertical impide, a nuestro entender, visibilizar las causas reales o potenciales de un importante e “insospechado” aumento de la criminalidad, puesto que ni la creación de delitos ni el establecimiento de sanciones por sí mismos han resultado remedios eficaces frente al fenómeno criminal. Por lo demás, no hay ningún debate al momento de tomar decisiones con contenido penal sobre los bienes o intereses de protección que son la razón de la ley penal.

Hasta tanto no haya claridad y transparencia en los bienes u objetos fundamentales de protección que interesan a todos los ciudadanos, los “esfuerzos” realizados en este sentido no tendrán, al parecer, resultado positivo.

Es necesario insistir, también, que muchas de las sanciones penales no tienen hoy ningún sentido, pues aún hasta los más desconocedores sobre el tema las consideran crueles, ineficaces y sencillamente anacrónicas. Hace tiempo que la doctrina penal alemana –la más importante de nuestra cultura jurídico penal– puso de manifiesto los perniciosos efectos que sobre la personalidad del condenado ejercen las penas privativas de la libertad.   Estudios recientes evidencian con datos en las manos las graves anomalías sociales, físicas y psíquicas que sufren los condenados a prisión. En lo psíquico los efectos son aún más devastadores, pues se afirma que a partir de este encierro las personas se convierten en seres absolutamente irrecuperables.

Pero este discurso no se reduce únicamente a los delitos y a las sanciones.   El mismo se materializa –y con mayor expansión y más graves consecuencias– en las “llamadas” medidas cautelares, como es el caso de la detención preventiva o “prisión provisional”. Existe, en este sentido, un lamentable interés en no distinguir las condiciones o presupuestos que distancian las medidas cautelares de las sanciones penales.

La privación, la restricción o la limitación de la libertad de un individuo, solo puede estar “justificada” en razón del objeto de la investigación penal que se adelanta en su contra, con el fin de impedir la destrucción de la prueba, su falta de “colaboración”, es decir, en relación con requerimientos que conciernen únicamente a la investigación, pero no puede representar un adelanto del juicio ni de la pena fundado en la gravedad del delito, pues este cajón de sastre desdice el carácter humanitario del derecho penal y se convierte de esta manera en una inquisición, con la cual se pretende encubrir el fracaso escandaloso del sistema social “construido” para “enfrentar” la criminalidad, en la medida en que no se distinguen claramente cada una de las instancias de la represión penal y de la naturaleza de los dispositivos dispuestos en la ley, en la aplicación y en la ejecución (medidas cautelares, sanciones penales, sustitutivos o subrogados, aplazamientos, medidas de seguridad y medidas de ejecución).

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<> Este artículo se publicó el 23  de noviembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/gill-suazo-hipolito/

Violencia contra la mujer

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La opinión de…

Marisín Villalaz de Arias

marisin.villalaz@gmail.com
El hombre que maltrata a una mujer no ha madurado ni es un verdadero hombre, de esos que las mujeres anhelamos conocer y encontrar uno con quien compartir el resto de la vida. No es un hombre que quiera, que respete a su compañera ni tenga por ella ningún sentimiento que lo lleve a verla como un ser humano, como a una persona que está a su lado porque así lo decidió un día. Quien maltrata a una mujer no es digno de vivir y si lo hace merece hacerlo en lo más bajo y que no salga nunca del fango donde debe permanecer.

Es preocupante el aumento indiscriminado de casos que antes no se veían de muertes, heridas y golpes físicos, mentales y psicológicos con que esos hombres tratan a sus mujeres. Ya vemos que, luego de convivencia de una pareja y la mujer decide terminar sus relaciones, el hombre no tiene la madurez ni la estabilidad emocional para comprenderlo y aceptar que aquella relación finalizó. Pero sí aceptan como normal cuando son ellos los que abandonan el hogar sin el menor desenfado, dejando a sus hijos que luego ni les interesa cómo viven esos seres que son de su sangre. Vivimos en un mundo desequilibrado, en el que la mujer se muestra más centrada aun en situaciones difíciles y sale adelante con sus hijos, sin necesitar de los hombres. Solo tienen que verlo en la cantidad de hogares sin padres porque son irresponsables con sus obligaciones.

Algunas autoridades a quienes les llegan estos casos de maltrato a la mujer, se ríen y hacen bromas sin dar importancia a lo que sucede hasta que viene el homicidio o algo parecido. Sucede porque en la gran mayoría de los casos, las autoridades no están preparadas para tratar esas situaciones ya que los nombran por política. Cuántos jueces no tienen sentimientos ni visión de lo que pueda suceder y para ellos es un caso más que resolver, superficialmente y sin percatarse de lo que hay detrás de estos casos complejos que llevan a peores consecuencias.

Este es un problema social que las autoridades y el gobierno con la sociedad debemos tomar en serio y tratar de disminuirlo o solucionarlo antes que tome ribetes más peligrosos y que traiga más orfandad a hogares sin madres porque fueron víctimas de hombres despreciables. Abramos los ojos y tomemos seriamente lo que sucede para resolverlo y prevenir tantas tragedias.

 

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<>Artículo publicado el  17  de noviembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que a la autora,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos de la autora en: https://panaletras.wordpress.com/category/arias-marisin-villalaz-de/

‘El escudo citadino’ propuesto por Seguridad

La opinión de…

MARCO A. GANDÁSEGUI, HIJO*

Según el ‘Plan Nacional de Seguridad’, dado a conocer por el gobierno, la sociedad panameña se enfrenta a cuatro amenazas.      Se destacan el narcotráfico, el crimen violento, la corrupción y el pandillerismo.        Para efectos de análisis, los cuatro factores se pueden separar. Sin embargo, las cuatro ‘amenazas’ son los brazos de un mismo flagelo.   Los pandilleros son los brazos armados del narcotráfico, que alimenta la corrupción, que sobrevive gracias al crimen violento.

Para enfrentar este flagelo el plan gubernamental propone desarrollar dos ejes de acción. Por un lado, la ‘acción preventiva del delito’ y, por el otro, las ‘acciones correctivas de criminalidad’.    Las acciones ‘preventivas’ se refieren a tres aspectos: En primer lugar, la coordinación de las agencias del Estado.

Segundo, el llamado ‘programa de barrio seguro’: Mejor iluminación, ‘remover’ cercas y recuperar los espacios públicos. Por último, duplicar el número de policías ‘en la calle’.   Lo terrible de este plan es que ninguna de las tres ‘acciones’ tiene relación alguna con la prevención del crimen.   El plan contra el crimen que promueve el gobierno no intenta identificar las causas del crimen en Panamá. La ciudadanía es testigo del fracaso de la lucha contra el crimen.

Por ejemplo, la corrupción existente actualmente no permite que las agencias del Estado coordinen. Más bien compiten entre sí.   El ejemplo del ‘barrio seguro’ es factible si las familias que viven en las comunidades son estables, los jefes tienen empleo y los niños están en las escuelas.   El número de policías está relacionado con el número de personas peligrosas. Con el paso de cada día el agente de policía se está convirtiendo en el ‘enemigo’ e, igualmente, el policía ve a los miembros de la comunidad como sus enemigos.

Las acciones preventivas, tal como están concebidas, no conducen a objetivo alguno. Todas están destinadas al fracaso.   Se olvidan del actor principal y el escenario donde se desarrolla este drama de la vida real.   Para acabar con el crimen, hay que tener jefes de familia con un empleo estable, capaces de conservar la solidez del hogar. Además, es el conjunto de familias que comparten un espacio cultural, que forma la comunidad con sus instituciones de educación y de recreación, que excluyen al crimen organizado y la corrupción.

Si las ‘acciones preventivas del delito’ propuestas están fuera de lugar, las ‘acciones correctivas de la criminalidad’ son un peligro abierto para la sociedad panameña. Entre las ‘acciones correctivas’ el gobierno coloca en primer lugar la ‘instalación de 11 estaciones aeronavales’.   Las estaciones o bases militares tienen como fin supuesto interrumpir el flujo del tráfico de drogas entre Colombia y EE.UU.    Para cualquier persona, con capacidad de raciocinio, es obvio que estas estaciones no sirven en absoluto para detener a los narcotraficantes.

La razón de ser de las ‘estaciones’ es militarizar a la Policía Nacional de Panamá y someterla a una vigilancia más estricta por parte de EE.UU.   La ‘seguridad pública’ panameña está siendo cada vez más centralizada en pocas manos que responden directamente a los estamentos norteamericanos.

En segundo lugar, las ‘acciones correctivas’ incluyen la creación de ‘un escudo citadino, con retenes alrededor de (las ciudades de) Panamá, Colón y (la provincia de) Chiriquí’.   La idea es tan asombrosa que es probable que la quieran hacer realidad.   En la edad media, las ciudades vivían amuralladas.   En la conquista europea del ‘lejano Oeste’ los fuertes se construían en el medio del territorio enemigo.    Ahora el Estado de Israel lo hace en los territorios ocupados de Palestina. La ciudad colonial de Panamá construyó sus murallas para separar a su población europea del ‘arrabal’.

‘El escudo citadino’ mencionado se complementaría con la cre ación de un ‘Centro de Análisis de Información’. Este gigantesco G—2, según el documento, ‘tendrá como objetivo centralizar y analizar la información procedente de los estamentos de seguridad, que serán utilizadas estratégicamente para la planificación operativa’.

Los panameños podríamos proclamarle al mundo que somos el primer país ‘democrático’ que se somete a sí mismo a un sistema de control policíaco total. (Israel se lo hace a Palestina, Alemania se lo hizo a sus enemigos durante la II Guerra Mundial y Pinochet lo aplicó al pueblo chileno).

¿Son estas ideas del presidente Martinelli, del director de la Policía, Gustavo Pérez, ambos productos de academias militares norteamericanas?   ¿Podrían ser ideas del ministro de Seguridad, Raúl Mulino, o del ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, ambos sin entrenamiento militar?    No creemos. Los cuatro se encuentran maravillados con estas nociones de guerra, aviones y tanques, sin darse cuenta de que han convertido en su enemigo al pueblo panameño, los hijos de sus vecinos y probablemente los nietos que contraerán nupcias con sus propias nietas.

<> Artículo publicado el 30  de septiembre  de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos,  lo mismo que a la autora,   todo el crédito que les corresponde.

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¿Delincuentes o enemigos?

La opinión del Odontólogo y Abogado…

Omar O. López Sinisterra 

Desde hace más de diez años, la criminalidad va en aumento en América Latina integrada por todas las formas viejas y modernas que la están caracterizando.
Durante las décadas de los sesentas y setentas, la Prevención Especial que comprendía el proceso de resocialización, tuvo su fuerza y auge que posteriormente se vio totalmente afectada por los atentados terroristas del 11 de septiembre y en Europa.
Surgieron autores con posiciones férreas en cuanto a los resultados de estas acciones terroristas, y entre ellos el penalista alemán Günther Jakobs, quien formuló el Derecho Penal del Enemigo; el cual comprende que solo existen personas y enemigos, en cuanto a que no existe el diálogo con las personas sino la amenaza permanente al enemigo lo que se traduce en la “Mano Dura”, penas más severas y la disminución de derechos ya adquiridos en la sociedad.
Se caracteriza también el Derecho Penal del Enemigo por castigar conductas “Previsibles”, por cuanto que individuos violadores reincidentes, asesinos y terroristas, se consideran no como delincuentes sino como “animales peligrosos”, de tal forma que en esencia preventiva se les erradica para que no se puedan consumar estos actos de extrema peligrosidad.
Jakobs va caminando con el crecimiento socioeconómico de los pueblos, el que debe ser protegido de estos enemigos que sin duda alguna atentan contra su estabilidad. No le interesan ni los principios garantistas del derecho, ni los Derechos Humanos; pues estos delincuentes deben ser tratados como seres de extrema peligrosidad y no como seres humanos. Se caracteriza entonces este Derecho por la exacerbación del la pena, la extremada protección de los bienes jurídicos globales, y por la disminución de algunos principios y garantías procesales. (1)

Vemos con asombro como nuestros hermanos países de norte y sur, están cayendo inexorablemente en manos del narcotráfico y la delincuencia, con una extrema cantidad de muertes en las que se encuentra un gran porcentaje de seres inocentes, y Panamá ya no está tan lejos de este panorama, lo que afecta sensiblemente la economía y modo de vida de los istmeños.

El problema es grave y hemos palpado que si tratamos el tema con extrema violencia, traemos mucho más violencia. Debemos combinar sistemas preventivos con el retributivo e idear métodos innovadores para poder decrecer el delito en nuestro país. Me parece que las acciones desarrolladas por la Gobernadora de Panamá Mayín Correa son efectivas en cuanto al fin que se pretende. Con estas ideas traducidas en hechos positivos, es como podemos disminuir la creciente violencia en nuestro Panamá.

(1) Torres, Manrique, Jorge Isaacs; Derecho Penal del Enemigo: ¿novedosa y legítima tendencia? http://www.edukativos.com/apuntes/archives/306

<> Artículo publicado el 16 de septiembre de 2010  en el diario El Panamá América, a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.