Sobre tránsito vehicular y cultura

La opinión de…..

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Hernán Acevedo Moreno

Entre 1990 y el presente Panamá ha experimentado un deterioro progresivo en la fluidez y seguridad del tránsito vehicular.   Los gobernantes han aplicado, con escaso éxito, medidas tendientes a aliviar esos problemas: nuevos reglamentos de tránsito, operativos, adiciones y ampliaciones de vías, puentes peatonales, semáforos inteligentes, etc. Los frecuentes y descomunales tranques en el Corredor Sur, en la carretera Interamericana, en la Transístmica y en las principales vías de la ciudad, aunados al creciente número de víctimas de accidentes, apuntan a la falta de algún ingrediente en la fórmula.

Opino que la limitación en el éxito se debe a la escasa atención prestada a la causa principal de tales males: nuestra cultura.

A los panameños nos repugnan los tranques, los daños materiales, los lesionados y los muertos; pero más nos repugnan las restricciones que un ordenamiento vial nos impondría. En respuesta –casi pueril– a ese conflicto, hemos incorporado a nuestra cultura una serie de derechos y permisos que van a contrapelo de cualquier esfuerzo gubernamental para reducir el caos. Derechos y permisos tan reales que, en el devenir normal, priman sobre lo legal, lo justo y lo razonable.

En nuestra sociedad los conductores tenemos permiso para robarnos las luces amarillas, tomar giros a la derecha desde el paño izquierdo, conducir vehículos sin cumplir con los requisitos de licencia, seguro, placa y condiciones mecánicas adecuadas, salir disparados cuando la luz delante de nosotros cambia de roja a verde, desatender todas y cualesquiera señal de tránsito, incluyendo las de alto, luces rojas, vías únicas, giros prohibidos, etc.; retroceder en las rampas de acceso a autopistas y viaductos; interferir con la circulación de otros; entrar en argumentos estériles con los agentes de tránsito que nos llaman la atención; ofrecer coimas cuando el argumento no funciona; y así sucesivamente.

El “hombre de pueblo” cree que tiene, entre muchos, el sagrado derecho de cerrar cualquier vía con el fin de llamar la atención de los gobernantes sobre problemas reales o imaginarios; de apearse y de abordar taxis y autobuses en cualquier sitio; de cruzar la calle por donde le place y caminar por donde le da la real gana; de tomarse vías de circulación, aceras y servidumbres para llevar adelante sus actividades económicas; de no pagar las infracciones que le haya impuesto la autoridad; y de contar con precios de transporte que no cubren los costos de mantenimiento de los equipos.

Los propietarios de equipos para el transporte de carga cuentan con permisos para exigir a los conductores violar cualquier norma que atente contra la maximización de sus ganancias. Los industriales y comerciantes, para convertir cualquier vía pública en patio de maniobras de sus articulados y volquetes. Los promotores de bienes raíces, para alojar los vehículos de servicio, de visitantes, y hasta de uno que otro ocupante de su edificio, en las calles vecinas.

Para lograr el éxito se hace necesario desplegar un esfuerzo –hasta ahora ausente– para cambiar esos perversos preceptos culturales.  Las herramientas de la sociología resultan indispensables para conocerlos detalladamente; las de la pedagogía, para formular nuevos preceptos que sean más consistentes con nuestras metas de fluidez y seguridad en el tránsito vehicular.

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Este artículo se publicó el  21  de abril de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

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Sobre protestas y cierre de vías

La opinión de…….

Hernán Acevedo Moreno


El discurso repetido incansablemente por los líderes del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares de Panamá, con motivo de la reciente intervención policial, y diseminado generosamente por las estaciones de radio y televisión, incluye algunos reclamos que ameritan análisis y reflexión por parte de la ciudadanía.   Específicamente me refiero a los que señalan que “el Gobierno quiere medir fuerzas”, “no estábamos trancando calles”, “estábamos solamente repartiendo volantes”, “respondimos a una provocación de la policía” y “no respetan nuestros derechos constitucionales”.

Desde el año de 1994, el Presidente Constitucional de la República de Panamá ha sido elegido mediante comicios llevados a cabo con pulcritud y transparencia ejemplares. Los elegidos recibieron, para sus respectivos períodos, la representación y la fuerza del pueblo panameño en todo lo concerniente a las funciones que la Constitución le confiere al cargo. Por otra parte, los líderes sindicales, solamente representan a pequeñas fracciones del pueblo panameño, para asuntos peculiares a sus respectivos gremios.   Dejo a criterio del lector la ubicación de ese deseo de “medir fuerzas”.

Cuando miembros de estos sindicatos, y sus respectivos líderes entorpecen la libre circulación en las vías públicas, rebasan sus derechos ciudadanos y los derechos de sus gremios. Cuando desestiman los reclamos de personas para circular por las vías obstruidas, despliegan una fuerza que no está respaldada por ninguna ley de la República ni por ningún principio de los derechos humanos.

Cuando desoyen las advertencias emitidas por los oficiales de policía para que despejen las vías públicas, invitan al uso de la fuerza para defender los derechos de quienes no pertenecemos a los gremios.   Y cuando infligen destrucción sin sentido, a todo lo que queda a su alcance, a título de responder supuestas “provocaciones de la fuerza pública” nos dicen alto y claro que ellos se estiman y legalmente superiores al resto de los ciudadanos.

Para agregar sal a la herida, estos líderes reclaman, para los detenidos al final de la trifulca, derechos que les confiere una Constitución y unas leyes que ellos pisotean en cada una de sus campañas de reivindicación gremial; parecen pensar que el resto de los ciudadanos somos, en adición a inferiores, ¡estúpidos!

Yo invito a la ciudadanía y a los partidos políticos de oposición a apoyar al ciudadano Ricardo Martinelli en el descargo de su responsabilidad, como Presidente Constitucional de la República de Panamá, de usar la Policía Nacional, en el grado de fuerza necesario para mantener la libre circulación en las vías públicas y para garantizar la integridad y bienes de los ciudadanos que por ellas deseemos transitar.

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Artículo publicado el 23 de marzo de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.