Crecimiento económico y ¿beneficio social?

La opinión de la Economista, Educadora, Humanista…

LIZABETA S. DE RODRÍGUEZ
diostesalvepanama@yahoo.com

Hace varios quinquenios viene hablándose del crecimiento sostenido de la economía panameña. Situación que trajo consigo el arribo de inversiones extranjeras y especulaciones varias.

Con este flujo de capitales, también se incrementa la migración foránea, en busca de esparcimiento, diversión;  y de millonarios o de jubilados que informados de las bondades que ofrece nuestro país para disfrutar de una vida pacífica y con un costo relativamente bajo, con relación a sus recursos o altas pensiones de retiro laboral, se interesan en residir en nuestro país.

De igual forma, llega un considerable grupo de personas en edad productiva, en busca de nuevas oportunidades de empleo y mejor calidad de vida.

Otros aspectos importantes, en el crecimiento económico son: la ampliación del Canal, el desarrollo de las finanzas, comunicación y logística, áreas consideradas como estratégicas de la actividad económica, para asegurar generación de empleos y mayor contribución al tesoro público, mediante la carga impositiva.

De hecho, si el escenario planteado es alentador, también trae sus fallas. Es evidente el encarecimiento en el costo de vida del nacional, que no puede competir con el alto poder adquisitivo de los extranjeros residentes, influyendo con sus demandas por bienes y servicios en los precios del mercado, en detrimento de los nacionales. Ello aunado a la mala distribución de la riqueza afecta el escuálido bolsillo del panameño.

La canasta básica de alimentos se viene incrementado, producto de la fluctuación del petróleo y la especulación comercial, aún cuando el gobierno continúa con las conocidas ferias libres del Instituto de Mercadeo Agropecuario.

Toda esta movilidad de capital humano y financiero, trae consigo innovaciones en todas las áreas del cotidiano vivir. Surge la necesidad imperante de modernizar las urbes. Tal es el caso de la ciudad capital, donde se observa la necesidad de nuevas vías y la ampliación de las ya existentes; así como el completo abastecimiento de agua potable y saneamiento ambiental.

Otro punto sensible, es el referido a los niveles de seguridad pública, el cual ha resultado el talón de Aquiles en las diversas gestiones gubernamentales de las últimas décadas.

De esta situación no escapa la actual administración. Y es que el crecimiento económico también trajo consigo el aumento de la delincuencia común y la entrada de organizaciones criminales. Los carteles del narcotráfico colombiano y mexicano, entre otros, que introducen nuevas modalidades delincuenciales como el sicariato; pero además fomentan las pandillas y cierto nivel de corrupción gubernamental; creando un ambiente de incertidumbre y desasosiego en la población.

Es inminente que tanto la actual administración gubernamental, como las que vengan deberán dejar de lado intereses y diferencias personales o partidistas, para establecer, responsablemente con seriedad y objetividad, políticas de Estado coherentes en materia de desarrollo social, urbanístico, administración de justicia (criminología y resocialización), que respondan a las necesidades de un desarrollo humano y económico con equidad, que asegure dignidad y calidad de vida a todos los habitantes.

 

Este artículo se publicó el 9 de febrero  de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que a la  autora,  todo el crédito que les corresponde.
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De Túnez a Egipto ¿y nosotros?

La opinión de la Jurista y Ex Diputada de la República…

MIREYA  LASSO
mireyalasso@yahoo.com

 

Redacto este artículo cuando los sucesos en Egipto contra el régimen de Hosni Mubarak, parecen todavía demasiado fluidos pero, independientemente del desenlace final, hay ciertas semejanzas que nos traen recuerdos vividos en Panamá hace 22 años.    Dios nos libre de que eventos como esos vuelvan a ocurrir en nuestro país y sería irresponsable no haber aprendido la lección.    Las imágenes que presentan los medios de comunicación social son alarmantes y trágicas para quienes las viven en carne propia.   Aquí las sufrimos igual.   Los jóvenes deben conocer esa historia.

Todo comenzó en Túnez, donde protestas y revueltas populares recién derrocaron el régimen gobernante y expulsaron a Ben Alí, a pesar de haber sido reelegido tres veces: en 1989 y 1994 con 99% de los votos y recién en el 2009 con el 89%. Presumiblemente fueron revelaciones crudas en WikiLeaks la chispa que incendió el descontento latente causado por demandas insatisfechas y frustraciones de una población gobernada con mano fuerte durante 24 años.

Y el ejemplo fue copiado sin tardanza en Egipto, impactando a una población gobernada también con mano dura durante 30 años. En la revuelta egipcia participa la clase media con preparación académica, la clase humilde y necesitada, jóvenes, mujeres, desempleados. Reclaman derechos políticos y económicos: democracia, empleo, asistencia social.   A diferencia del Panamá del 1988-1989, el ejército no avasalla a la población; se limita a evitar saqueos pero la policía es agresiva.   A la fecha se cuenta más de un centenar de caídos.

La novedad hoy revela el poder de redes sociales, como Facebook y Tweeter, y en los celulares, mediante los cuales la gente se mantuvo informada de los acontecimientos y decidida a salir a las calles para respaldar las protestas.   La respuesta del régimen fue bloquear el espacio cibernético para impedir las comunicaciones pero el esfuerzo resultó un bumeran porque enfureció a los activistas y recrudeció el fervor contra el gobierno. Acá en 1988 cuando se allanaban periódicos y se atacaban radioemisoras y televisoras, se exacerbaban aún más los ánimos de los ‘sediciosos.’

¿ En qué nos afectan hoy, a tantos kilómetros de distancia, esas revueltas?   Aparte del apoyo moral a tunecinos y egipcios –y a cualquier pueblo que luche por su democracia y sus libertades ciudadanas– esos desórdenes podrían repercutir acá encareciendo el costo de la vida si el tránsito de petroleros por el Canal de Suéz se viera dificultado u obstaculizado, aumentando el precio del barril de petróleo, del combustible que importamos y de la canasta básica.    En ese mismo sentido hay analistas políticos que advierten que sería aún más peligroso si una violencia mal dirigida se regara descontrolada por otros países árabes, como Algeria, Líbano, Libia, Jordania y Yemen; en tanto que si surgieran regímenes árabes agresivos que amenazaran la estabilidad del Estado de Israel, se añadiría un elemento muy preocupante en muchos sentidos, que nos afectaría a todos por muy lejos que creamos estar.

Una riqueza mal distribuida y un cerco político han sido el caldo de cultivo, latente, silencioso, lacerante que en Túnez y en Egipto han causado el levantamiento tan violento y espectacular de las masas populares en ambos países.   No se trata, como se pudo pensar, de un levantamiento con raíces en un fundamentalismo islámico.    Se trata de que las oportunidades del auge económico reciente en Egipto no ha llegado al ciudadano común y eso, unido a un régimen dictatorial asfixiante que ha gobernado con mano dura por mucho tiempo sin una real apertura democrática, han sido los detonantes que fueron inflamados por la crudeza de la información confidencial revelada por WikiLeaks.

En Tiananmen, en Túnez, en El Cairo, como acá en Calle 50, el sentimiento ha sido igual: el ser humano exige libertad, demanda oportunidades y debe tolerar las opiniones de otros pero tiene que respetar las reglas de la democracia sin recurrir a la violencia.   Debemos defender el don de la tranquilidad que hoy disfrutamos, recordando que ‘nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde.’

<>Este artículo se publicó el  2  de febrero   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

La creciente inseguridad alimentaria

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La opinión del Economista, Político y Docente Universitario…

Juan Jované

La lectura de las más recientes estadísticas sobre el costo de vida muestra claramente que el fenómeno inflacionario sigue presente en el caso de los elementos que conforman el conjunto de los bienes básicos alimenticios.   Es así que el costo de la canasta básica del Ministerio de Economía y Finanzas, que se calcula para una familia de 3.84 miembros, mostró entre noviembre del 2009 y el mismo mes del 2010 un crecimiento equivalente a 13.05 balboas, que en términos porcentuales significa un incremento del 4.9%. Por su parte el índice de precios de los alimentos y bebidas que calcula el INEC muestra en el mismo lapso de tiempo un incremento de 4.3%, lo cual se explica por un crecimiento de 3.4% en los alimentos, de un 7.6 % en las bebidas y de un 6.6% en las comidas fuera del hogar.

Este fenómeno inflacionario, que ya de por si atenta contra la seguridad alimentaria de la población, se ve acompañado por una clara decadencia en la producción del sector agropecuario.   De acuerdo a las cifras preliminares del INEC, si bien es cierto que la producción de la agricultura, ganadería y silvicultura mostró un crecimiento del 2.5% al comparar los tres primeros trimestres del 2010 con los correspondientes al 2009, no es menos cierto que dicha producción alcanzó un nivel inferior en 11.4% al observado para el mismo período durante el 2008.   A esto se suma el fracaso de la política de exportación de frutas, tal como lo demuestran las recientes y significativas caídas en el valor de este indicador.   El resultado de lo anterior no es solo el sistemático deterioro de las condiciones básicas de soporte de la seguridad alimentaria, sino la creciente incapacidad de asegurar mínimamente la soberanía alimentaria.   Esto se refleja no solo en el hecho de que el país se vio, de acuerdo a cifras de la CEPAL, obligado a importar durante el año 2009 B/ 1,063 millones en alimentos, sino que Panamá resultó con un déficit en su balance comercial agro alimentario equivalente a B/ 396 millones, que significó, además, un crecimiento del 167.1% en relación al observado el año previo.

 

Este problema, junto al de la inflación se tenderá a agravar en el futuro próximo habida cuenta de la nueva ola de incremento de los precios de los alimentos a nivel internacional, la que se refleja en el hecho de que durante el segundo semestre del 2010 la FAO detectó un incremento de los precios de los alimentos de cerca del 32%, fenómeno que tarde o temprano impactará a la población panameña, principalmente la de menores ingresos, sobre todo a ese 20% de la población que apenas recibe el 2.5% de los ingresos.

Se hace entonces imperiosa una efectiva política de seguridad y soberanía alimentaria que permita hacer frente a la difícil situación que hoy muestra el país en esta vital esfera de la vida nacional.

<>Artículo publicado el 18  de enero de 2011  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Lo que no está bien en el sector agropecuario

La opinión del Ingeniero Agrónomo…

EDUARDO  A.  ESQUIVEL  R.
eesquivelrios@gmail.com

En la interesante sección ‘Capital’ de La Estrella de Panamá del 20 de diciembre de 2010, el titular dice: ‘Algo no esta bien en las cosechas’ refiriéndose a los registros recientes de la Contraloría de la Republica que revelan que cada vez se produce menos café, arroz y maíz, entre otros productos básicos alimenticios.

Aunque muchos le atribuyen la disminución de la producción al mal clima de los últimos meses, la verdad es que la producción agrícola panameña en general ha venido disminuyendo progresivamente desde hace años.

Curiosamente, en la misma sección del periódico mencionado, hay una página pagada por el Gobierno que explica claramente que es lo que está sucediendo con el sector agropecuario, Titulada ’Comunicado: la Economía de Panamá sigue creciendo’ según datos de la Contraloría, el Producto Interno Bruto de Panamá (PIB) esta compuesto del aporte de los siguientes Sectores, en orden de importancia: 1- Transporte, almacenamiento y telecomunicaciones, 2-Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler,   3-Comercio al por mayor y menor,   4 – Construcción, 5- Hoteles y Restaurantes y 6-Intermediación Financiera. ¿Y el sector agropecuario? Ni es mencionado.

¿Y todavía se asombran de que ‘Algo no anda bien en el agro? Por cierto, el mismo informe indica que ‘la inflación se mantiene baja’, lo que es bastante increíble, viendo el brutal incremento de los precios de todos los productos básicos.

Así que el problema está en que las políticas de gobierno relegan el sector Agropecuario a un lugar terciario, dándole prioridad a servicios y el comercio.   Fatal error en un mundo en que los alimentos y el agua son de vital importancia para la estabilidad social y política de los Estados.

El Ministro del MIDA, Emilio Kieswetter, dice en la misma Sección que no hay razón para que los alimentos aumenten sus precios. Pero las razones sobran, y el problema al final no va a ser que el arroz va a tener un precio alto, sino que no va a haber arroz que comprar.    Lo mismo con los demás alimentos de la Canasta Básica. La autosuficiencia alimenticia no se logra con subsidios ni directos ni disfrazados. Las importaciones solo benefician a los grandes empresarios del comercio de alimentos, que tienen enormes ganancias sin cultivar un solo metro cuadrado de tierra.

Panamá tiene solo poco más de 3 millones de habitantes y tierra agrícola para alimentar a más de 10 millones. Hace tiempo se pensó en el concepto ‘Una producción agropecuaria para un país’, es decir, producir lo necesario para la autosuficiencia alimenticia económica y socialmente viable. Desarrollar tecnologías propias para el clima / suelo del país, como variedades y razas, a través del mejoramiento genético o la biotecnología.

El IDIAP debe empezar a trabajar en estos campos y dejarse de elucubraciones bizantinas. Darle prioridad a los suelos agrícolas para producción de alimentos para el consumo interno, y no para la exportación. Resulta contradictorio que un país con falta de alimentos para su Pueblo, exporte alimentos buscando divisas que no revierten al sector.

Esto en si es un factor inflacionario e incrementa los costos de los insumos agrícolas.

Es absurdo que se crea que el costo de los alimentos va a bajar cuando se incrementa desproporcionadamente el precio del combustible Diesel, básico para la producción agrícola. Y con ello suben todos los insumos utilizados por los agricultores y finalmente el aumento termina en el producto alimenticio.  Definitivamente peor que un ciego que no quiere ver, es un ciego que no quiere oír.

Este artículo se publicó el 17 de enero de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.  El resaltado es nuestro.

La cultura del terror

La opinión del Secretario General de CONUSI – FRENADESO….

 

GENARO LÓPEZ
rologe54@yahoo.com

 

El 2011 ha iniciado con mayores cargas para el pueblo panameño: aumento de los precios de la canasta de alimentos; incremento del pasaje aunque ahora más usuarios van parados;   más de treinta días sin el servicio de agua potable aunque con el recibo por el servicio no prestado por el IDAAN;   agua embotellada sin control de precios ni de calidad; inundados de basura pese a los millones que corren de un lado para otro;   aumento del precio del combustible.    En medio de este cerco, se continúa con el asalto a la cosa pública (megaproyectos financiados por el Estado con nuestros impuestos) y los procesos de privatización de bienes y servicios públicos.

Aunado a ello las pretendidas reformas al Código Minero; más impuestos municipales; más subsidios a las monopólicas transnacionales del servicio de electrificación; los casos de corrupción y penetración del narcotráfico en la esfera pública (Ministerio Público); el decadente cuerpo exterior que exhibe un pobre acervo cultural y total desconocimiento de la historia patria.

Las cortinas de humo y show mediáticos del Ejecutivo para desviar la atención frente a los graves problemas por los que atraviesa el pueblo panameño y los cables de Wikileaks, no se han hecho esperar, tal fueron los casos de la reforma constitucional para abanicar la pretendida reelección inmediata y la imposición de la ley mordaza que buscaba penalizar, hasta con cuatro años de prisión a quienes ofendieran al Presidente o a funcionarios elegidos por el voto popular. Sobre el particular, no se puede negar que ambos proyectos formen parte de la agenda nada oculta de Martinelli, lo que explica su supuesto cambio de posición, que ‘obligaron’ a los diputados a archivar momentáneamente los proyectos.

Lo más abominable, en escasos cuarenta y cinco días (Diciembre 2010 – Enero 2011), la flagrante violación a los derechos humanos que dejó como saldo la muerte de tres de los siete menores que sufrieron quemaduras considerables durante el incendio en el Centro de Cumplimiento de Menores de Tocumen. Vídeos de las televisoras locales registran la conducta de los miembros de la Policía Nacional, cuando ante la suplica de los menores para que los auxiliaran, éstos se dedicaron a mofarse del sufrimiento de los jóvenes, con frases tales como ‘¿viejo, no son hombrecitos? ¿agua, no son hombrecitos? ¡Muérete!’.;   ello recordó la famosa frase del ministro de Seguridad Mulino, quien recién asumido su cargo, dio ordenes de ‘tirar a matar’ a los reclusos que pretendieran evadir las cárceles.

Se trata de otro capítulo de abusos y atropellos de la Policía Nacional contra el pueblo.   Se trata de una salvaje violación de los derechos humanos que ha horrorizado a la nación y que ha generado rechazo de los organismos internacionales de derechos humanos.

Es decir, estamos frente a un estado de terror e indefensión, puesto que las autoridades e instituciones llamadas a hacer cumplir las leyes, promover y defender los derechos humanos y proteger la vida de los ciudadanos por encima de cualquier otro interés, son quienes transgreden las mismas.

Parafraseando a Eduardo Galeano, estamos frente a una cultura de terror visible, donde se ‘te prohíbe decir, te prohíbe hacer, te prohíbe ser’. Una cultura del terror que extorsiona, insulta, amenaza, abofetea y azota. En donde algunos métodos de penitenciaria y tortura consisten en prohibir salir, prohibir decir lo que se piensa, prohibir hacer lo que se siente y humillar públicamente.

Lo que no entienden quienes pretenden imponer esta cultura, es que jamás podrán detener la lucha de un pueblo, la dignidad y ética de quienes concebimos la organización social como la base de la transformación social. Pese a la represión, la intimidación, los carcelazos y las mordazas, los que creemos en los principios de humanidad, solidaridad, libertad y democracia seguimos trabajando en la construcción y consolidación de un instrumento político donde la esperanza de otro Panamá es posible.

 

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<> Este artículo se publicó el  16 de enero de 2011    en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Realidades y mitos de la producción de alimentos

La opinión del Ingeniero Agrónomo…

Eduardo A. Esquivel R.

Quisiera aportar mi opinión, como productor y agrónomo no comprometido con ningún sector económico o político, respecto a la producción de alimentos.

Ante todo, reconocer el hecho indiscutible de que desde hace años los alimentos incrementan sistemáticamente su precio en el mercado minorista y que, como reconocen los propios funcionarios, el sector agropecuario está en crisis. Los gobiernos tienen la culpa de esto, porque en Panamá la política económica estatal es apoyar al sector servicios (turismo, banca, construcción, comercio, etc.) y dejar en un tercer o cuarto término al sector agropecuario, que solo aporta cerca del 15% del PIB del país. Se tiene la idea de que es más “fácil” importar los alimentos que producirlos. Es por esto que el o los gobiernos sí tienen parte de la culpa por el alto precio de los alimentos.

Sin dudas, es una concepción ecléctica e idealista que los agricultores dejen de usar fertilizantes químicos, insecticidas, fungicidas, herbicidas, etc. Para producir alimentos sanos y baratos, porque no gastarían en estos insumos. Pero la realidad es que las experiencias en agricultura orgánica demuestran que no es rentable, ni siquiera en los países desarrollados en los que se aprecian estos productos, y su valor es el doble de los no orgánicos.

Es verdad que la agricultura orgánica es más sana, pero es falso que sea más barata. Un cultivo cualquiera, por ejemplo el maíz, sin fertilizantes químicos y sin agroquímicos con suerte produce un 20% de lo normal. O sea que su costo es cinco veces mayor que el producido con agroquímicos. Hace poco leía los comentarios de un agricultor que intentó cultivar tomates orgánicos en EU, y decía que al final cada tomate le salió costando 36 dólares. Además, la incidencia de plagas y enfermedades en los orgánicos es alta. Es por esto que los productos orgánicos son mucho más caros que los no orgánicos.

Además, desde la revolución verde las tendencias de la genética de las plantas alimenticias se orientan a altos consumos de agroquímicos. Algunas de estas variedades ni siquiera llegan a producir sino se fertilizan masivamente. Esto sin mencionar las variedades transgénicas, que de cierto modo podrían resolver el problema del alto consumo de fertilizantes. Por ejemplo, una variedad de arroz o maíz que fijara nitrógeno en las raíces, con genes de una leguminosa.

El Gobierno sí tiene la culpa, o al menos, la responsabilidad del incremento de la canasta básica, porque éste orienta y controla las políticas agrícolas y comerciales: Pero los intermediarios y los comerciantes son los que se hacen millonarios, importando alimentos o comprando barato al productor y vendiendo con un 200% o 300% de margen de ganancia en los supermercados. Solo controlando esto se abarataría la canasta básica en más del 30%. Al final el problema no será que los alimentos estén caros, sino que no habrá qué comprar.

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Este artículo se publicó el  3  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

La ruta del cambio: sin agua y con basura

La opinión del Secretario General de CONUSI – FRENADESO….

 

GENARO   LÓPEZ
genarolopez@suntracs.info

Mientras el presidente preparaba su primer viaje del año, miles de panameños claman por el suministro de agua potable, con calidad para ser consumido por los humanos. Desde el mes de diciembre del año pasado, este problema que era enfrentado diariamente por 250 mil panameños de las áreas de Panamá y San Miguelito, hoy se ha generalizado.

Las respuestas de las autoridades, ‘no sabemos que sucedió’, ‘estamos estudiando las causas’, ‘no sabemos cuándo será solucionado el problema’, demuestran la ineficiencia e irresponsabilidad del gobierno frente a un problema que puede generar condiciones adversas para la salud de los panameños. Igualmente, demuestra la negligencia en torno a brindar el proceso de mantenimiento adecuado a la planta potabilizadora.

La situación, que puede constituirse en emergencia sanitaria, ha provocado reclamos y quejas de las comunidades ante la deficiente gestión por parte del director del IDAAN.

Por otro lado, comienza a salir información en torno a que el colapso de los dosificadores de la planta de Chilibre es consecuencia de presuntas fallas cometidas por la empresa británica Biwater que la construyó, sobre la cual pende un litigio desde el 2009.   Aquí una vez más, se revela como desde los recursos del Estado, que son nuestros impuestos, se favorece la acumulación de capital por parte de transnacionales sin que se establezcan los debidos controles técnicos a las obras entregadas.

En medio de ello el mercantilismo rapaz de las cadenas de supermercados se hizo evidente. El acaparamiento de aguas embotelladas, generaron el aumento de los precios de las mismas, sin que las autoridades de ACODECO, o cualquier otra, estableciera los controles necesarios a fin de evitar la especulación. Ello acarreo gastos adicionales, encareciendo aún más la canasta básica familiar.

Pero, como dicen los panameños, mientras el agua ya no se va sino que viene de vez en cuando, la basura con el gobierno de Martinelli pulula por calles y veredas. Problema generado por las pugnas entre arnulfistas y cambios democráticos, por la irresponsabilidad e ineficiencia del alcalde, por las intensiones de sectores empresariales que abanican la privatización del servicio de recolección de la basura y que parece contemplar la recién creada Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD).

En medio de la desesperación de la población, la crisis de la recolección de la basura se convirtió en foco de otro negociado.   Por un lado, el Consejo de Ministros aprobó una partida de 3,1 millones de dólares, de los cuales se utilizó 2,7 millones de dólares para contratar los servicios de cuatro empresas privadas; por el otro lado, la Alcaldía de Panamá otorgó una partida de 30 mil dólares a los 21 concejales, para ayudar en la recolección de los desechos.   Las partidas para unos y otros nunca resolvieron la grave crisis de la recolección.

No cabe duda, que la respuesta a este problema, que ha generado focos de contaminación en las comunidades atentando contra la salud de los panameños, también fue negligente por parte del gobierno.

Como se ve la ruta del cambio que se le impone al pueblo es la escasez de agua potable, la pululación de la basura, aumento de los precios, aumento de la cuota de seguridad social, bajos salarios, más impuestos, transporte más caro.   Por el otro lado, más viajes presidenciales, más compras directas, aumentos de gastos de representación y viáticos, más corrupción y nepotismo.

Por ello, el pueblo en conjunto con los sectores democráticos y nacionalistas avanzamos en la tarea de construir un instrumento político que dé garantías de un Panamá más justo, equitativo y solidario.

Como un riesgo potencial para la salud de la población se ha considerado la acumulación de la basura en Panamá y San Miguelito, por lo que las autoridades de salud han determinado un ‘peligro sanitario’.

La medida de urgencia se produce luego de que esta semana las autoridades de salud declararan una alerta sanitaria por el problema de la basura, y a la espera de que el Municipio de Panamá reciba 51 camiones recolectores nuevos por un monto de 8,6 millones de dólares, dentro de unos tres meses. Cuando lleguen los camiones se incorporarán al trabajo de la DIMAUD en las 154 rutas de recolección de desechos en la ciudad de Panamá, que tiene casi 900.000 habitantes.

La Comisión legislativa de Presupuesto aprobó hoy un crédito extraordinario de 82.7 millones de dólares para la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD). El crédito aprobado se utilizará en el presupuesto de ingresos y gastos de funcionamiento de la nueva entidad, que comenzó funciones ayer lunes en reemplazo de la DIMAUD de la Alcaldía de Panamá. El administrador de la entidad, Enrique Ho Fernández, explicó que prevé recaudar 24 millones de dólares por la tasa de aseo y que espera contar con la cantidad de camiones recolectores necesarios para recoger la basura. Explicó que aumentarán las compactadoras en unas 40 y trabajarán la restructuración de rutas y enfocarse al reciclaje.   De los montos aprobados, 25 millones de dólares se destinarán al alquiler de los 50 camiones compactadores que serán utilizados en la recolección de las mil 200 toneladas de basura que se generan diariamente y que se incrementaron a mil 500 debido a las fiestas de navidad y año nuevo.

 

 

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<> Este artículo se publicó el  9  de enero de 2011    en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.