Cambios que no llegan

La opinión de…

EUCLIDES  M.  CORRO  R.
emacor@cwpanama.net

Con la designación del nuevo director de la Caja de Seguro Social, Guillermo Sáez Llorens, hace un año aproximadamente, muchos confiaron en su experiencia y, aunque no es médico, se pensó que el cambio sería favorable para los asegurados.   En la práctica el asunto ha sido lento, más allá de lo que se esperaba, y lógicamente hay desaliento entre los derecho—habientes.

En muchos aspectos lo que hoy se nos brinda dista mucho de lo que hace poco más de treinta años teníamos como beneficios de ser cotizantes de la primera entidad social de nuestro país, a pesar de que hoy día se aporta una cuota obrero patronal mucho más alta.

Para los que desconocen de qué les estoy hablando y para aquellos que ya lo han olvidado, el cuadro básico de medicamentos era quizás cinco veces lo de hoy y probablemente me estoy quedando corto.

Además, estaban las farmacias subrogadas. ¿Qué era esto?, para que se sorprenda, cuando un medicamento incluido en ese cuadro básico era recetado y no había, se le daba una orden de compra al asegurado para que fuera a algunas de las farmacias del país incluidas en el sistema, para que se lo entregaran.

¿Increíble? Pues, así funcionaba la CSS. Por otra parte, no había que esperar mucho para que un especialista nos atendiera.   Claro, hoy la población es mayor y los costos operacionales igualmente han aumentado. En esa misma línea de realidades, los médicos no formaban parte de organizaciones que parecieran estar más dispuestas a pelear por otros asuntos que por elevar la calidad de atención a los asegurados.

No lo digo como critica, sino como una realidad. Hoy hay muchos problemas tanto en la atención ambulatoria como en la privada. Es tal la situación, que ha sido necesario contratar médicos especialistas en el exterior, porque los que hay en Panamá o no quieren ir al interior del país, o simplemente tienen compromisos de trabajos en las clínicas privadas.

Quiero referirme a otros problemas menores, pero que sumados convierten en una verdadera tortura tener que recibir atención por parte del sistema de la Caja de Seguro Social.   Por ejemplo, conocí hace un par de días la situación de una señora de casi 70 años, muy humilde, residente en El Chorrillo, con una pensión realmente exigua, que fue a una cita con una especialista y esta le entregó una receta de un medicamento que no está en el Cuadro Básico y que en las farmacias cuesta cuatro balboas cada pastilla.

No hace mucho una persona muy apreciada falleció en las instalaciones del SS, y la familia aún está petrificada por la forma en que tuvo que pasar sus últimos días la dama en referencia.   Cito parte de una nota que me escribió su esposo, aún aturdido por la pena de perder a su compañera por más de 40 años.

Me dice: ‘Para quienes hemos vivido el calvario de tener un paciente en el Hospital Metropolitano, esto no es nada nuevo. Hemos visto de entre el baúl de las maldades, cómo las enfermeras y auxiliares se peleaban los esparadrapos por citar una nimiedad.   No hay jeringuillas, los ‘pampers’ están cuando hay y cuando eso ocurre, es dramático ver la pelea por los mismos entre los pacientes.

Los pacientes los recluyen en observación privados de la visita de familiares, mientras esperan camas. Allí son dejados casi a la intemperie y muchas veces sin atención médica por días, especialmente los fines de semana.   A los internistas hay que rastrearlos en las noches, porque se pierden sin rumbo fijo.

A estas bondades y más, súmele la indiferencia de las ahora licenciadas en enfermería y la grosera atención e indolencia de un sinnúmero de auxiliares.   Si su familiar cae en muchas de las salas de este hospital, comience a rezar para que salga vivo’.

Por tanto, lamento como el que más, que todas estas situaciones se sigan dando y observar que a la vista, por lo menos en la percepción de los panameños, con la nueva designación en la Dirección General, poco o muy poco se ha observado para encaminar a esta entidad en la dirección correcta .

 

Este artículo se publicó el  12  de febrero   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
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Eladio, usted ya cansa

La opinión de…

Xavier Sáez-Llorens
xsaezll@cwpanama.net

Había decidido no tocar este tema para evitar que mi posición se interpretara sesgada por la presencia de mi hermano en la dirección de la Caja de Seguro Social (CSS).   Me harté. Billy siempre ha mantenido un lenguaje técnico, alejado de verborrea política.   Eso, a mi juicio, le otorga credibilidad. De forma responsable, él ha expresado que la institución no está en capacidad de asumir el aumento a jubilados, a menos que el Estado se encargue del monto adicional. Pocas veces se ha visto a un director intentar que esta entidad se aparte de su sempiterna condición como botín económico y político del gobierno de turno.

Este puesto es solo por cinco años y después le quedarán varias décadas como simple ciudadano. Cuesta mucho forjar una imagen de independencia y honestidad para arriesgarse a perderla en poco tiempo. Conociéndolo, preferiría renunciar a dejar que su nombre se manche por parapetarse a intereses sectarios, de cualquier procedencia. Mi padre estaría orgulloso de su integridad y firmeza.

La CSS pertenece a todos los que cotizamos. Si pensamos en términos empresariales, los mayores accionistas serían los que más aportan. No obstante, la seguridad social fue ideada para ser solidaria y beneficiar a la mayor parte de la población, independientemente del estatus socioeconómico. De hecho, mucha gente pudiente ejerce el altruismo ya que cotiza bastante y no aprovecha sus recursos.

La medicina es cada vez más cara debido al surgimiento de sofisticadas tecnologías y terapias. Por tanto, para cumplir con el loable propósito humanista, se deben hacer ajustes periódicos en tiempo y cantidad de cuotas. En España, por ejemplo, hubo un acuerdo reciente entre gobierno y sindicatos (allá no son “frena-lo-todo”) para extender la edad de jubilación a 67 años, tanto para hombres como mujeres. Es evidente que, sin austeridad y eficiencia financiera, esta organización sin fines de lucro estaría destinada a colapsar.

Los ciudadanos tenemos derechos pero también deberes. Para prosperar como nación, la responsabilidad debe ser compartida. El Estado tiene la obligación de ofrecer condiciones básicas de salud a todos sus habitantes pero cada individuo debe colaborar con su propio bienestar. No es solo esperar “lo que puede hacer el Estado por uno sino lo que puede hacer uno por Panamá”.

Hay jubilados que poseen una enorme cantidad de beneficiarios entre sus filas. Debemos ser responsables por el número de hijos que elegimos tener. Idealmente, el individuo debe pensar en su futuro y ahorrar lo que pueda para gozar de una fuente complementaria de divisas para enfrentar su época senil. Hay varias cooperativas que ofertan paquetes de jubilación a precios bajos. Si los salarios son reducidos, habrá que esforzarse para educarse de noche y propiciarse posibilidades de mejor empleo. Por último, si el dinero es exiguo, toca sacrificarse y evitar los vicios (alcohol, cigarrillo, juegos de azar) que consumen lo poco que queda.

Hagamos cálculos. Un trabajador con sueldo de $300 aporta $25 mensuales (8% patrono, 0.5% individuo) para cobertura de enfermedad y maternidad.   En un año, la cuota es de $300. Una tomografía, una cesárea, tres días de hospitalización en sala o un cateterismo cardiaco, le cuesta a la CSS más que eso. Este cotizante tiene inscritos gratuitamente a varios beneficiarios. Como comparación, una póliza privada vale más de $200 al mes, aumenta por cada familiar incluido y requiere pagar deducibles por hospitalización o copagos por obtener medicamentos. El jubilado paga un 6.5% para tener derecho a atención médica pero a mayor edad los gastos sanitarios suben considerablemente.

La cotización al programa de IVM corresponde al 12.5% (4% patrono, 8.5% individuo) mensual. Con el salario mencionado, el aporte acumulado rondaría unos $15,000 en 30 años de servicio laboral activo. Esta cifra es mucho menor en el trabajador con retiro anticipado. La pensión de vejez sería aproximadamente $185 por mes. Si esta persona vive 20 años después de su jubilación, la CSS le otorgaría unos $45,000, es decir $30,000 por encima de su contribución. Por tanto, sin adecuados subsidios estatales ni hábiles administradores, esta institución estaría condenada a desaparecer en el futuro.

Es cierto que hubo promesa presidencial y que todos deseamos una pensión más digna para nuestros ancianos. Eso no justifica, sin embargo, trancar calles recurrentemente, obstaculizar el paso a hospitales, vociferar derechos sin mencionar deberes y salir diariamente en los medios arremetiendo contra una institución que lo ha mantenido por tanto tiempo. Usted ya cansa, don Eladio. Y no solo a mí.

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Este artículo se publicó el 6 de febrero  de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

La justicia no es igual para todos

La opinión y el planteamiento de la….

FAMILIA  GATENO
opinion@laestrella.com.pa

Hace más de nueve meses se mantiene injustamente detenido el ciudadano panameño Teófilo Gateno. El señor Gateno ha sido acusado por el fiscal del caso y por quien fuera, hasta hace poco, el procurador general de la Nación- suplente, de estar vinculado a la sociedad Grupo Comercial Medicom, empresa que importó glicerina, la entregó al Seguro Social y que luego de dos años fuera confirmada como dietilenglicol.

Ni el fiscal ni el procurador suplente, tienen documento ni señalamiento alguno que sustente esta supuesta vinculación, pues no existen. Teófilo Gateno, no aparece en el pacto social de esa empresa, no es miembro de su Junta Directiva, ni accionista, y jamás recibió salarios ni dividendos de la misma. La acusación, por lo tanto, se basa en meras suposiciones e insinuaciones.

De acuerdo con la ley panameña vigente, los verdaderos responsables de una sociedad anónima son sus representantes legales, y el señor Gateno no aparece como tal, porque no lo es. Mal pudiera ser responsable él de las actuaciones de los directivos y gerente de MEDICOM, a quien solo le prestó cinco mil balboas (B./5,000.00) en un financiamiento tradicional que únicamente fue utilizado por esa empresa para el pago de fletes e impuestos y así cumplir con una orden de compra emitida por la Caja de Seguro Social.

Durante el proceso, el fiscal ha alegado que el señor Gateno, debía haber hecho las pruebas para comprobar la naturaleza del producto al que solamente le estaba financiando los derechos de importación. Ni siquiera los laboratorios del Seguro Social pudieron detectar el tóxico, ¿cómo se pretende entonces que lo haga el financista? Si cada vez que un banco o financiera hiciera un préstamo para una importación tuviese que comprobar la naturaleza de los productos, el sistema financiero colapsaría. ¿Acaso son los bancos responsables de defectos de fábrica de autos cuya importación financiaron? ¿Deben las instituciones financieras contratar expertos en todos los campos, cada vez que financian una importación, o son las autoridades competentes en cada ramo las que deben velar por el cumplimiento de las normas básicas de cada producto? En el caso por el que se le acusa al señor Gateno, cuya participación fue únicamente como financista, el Seguro Social recibió conforme el producto entregado por Grupo Comercial Medicom.

Sin embargo, el fiscal insistió en mantener la detención de Gateno, obviando la presunción de inocencia y en reiteradas ocasiones le negó permisos de trabajo, al que tiene derecho y necesidad para su salud mental y para poder mantener a su familia.

No pretendemos analizar las razones ni argumentaciones que pudiera tener el fiscal para su conducta, pero llama poderosamente la atención que no ha podido sustentar sus respuestas con argumentos válidos.

Durante todos estos meses, la familia ha preferido mantenerse callada ante los medios de comunicación, con la esperanza de que el Ministerio Público diera indicios de que realmente estaba en busca de los verdaderos responsables de esta tragedia que afectó a miles de panameños. Sin embargo, no pareciera que esa es su intención, pues si bien hay más de ‘una veintena de imputados, lo cual no significa que son responsables’, él único que está siendo castigado con una prolongada detención es Teófilo Gateno.

El tiempo corre, los efectos de esta caprichosa detención ya se hacen sentir sobre los hijos, la esposa y los padres, y la paciencia se agota. Ya no podemos seguir callados, y es por ello que hemos decidido que la ciudadanía debe estar informada sobre el manejo que se le está dando a este caso. Tener a un ‘chivo expiatorio’ detenido no nos llevará a la verdad, ni resolverá los problemas de salud de los afectados. Lo único que logra es desviar la atención del público de una solución justa para todos.

Respetados magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, ahora tienen ustedes el caso en sus manos y esperamos que se haga justicia finalmente. Teófilo Gateno, debe ser liberado, como lo están los demás acusados, y debe tener los mismos derechos de defender su posición en libertad, como todos. ‘La justicia, señores, debe ser igual para todos.’*

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<> Este artículo se publicó el  21  de enero de 2011    en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que a los  autores,  todo el crédito que les corresponde.

Asuntos de la CSS

La opinión del Economista y Docente….


ANTOLINO  HERRERA  CASTILLO
antolinoh@hotmail.com

Como hemos dicho en otros momentos, la Caja de Seguro Social es una institución que atiende a multitudes y es sufragada por la cuota patronal, (11.5%) y del trabajador asegurado, (8.0%). De modo que su autonomía financiera está dada principalmente por estas dos vertientes de dinero; se incluye (a lo interno de la institución) desde funcionarios de diversos cargos y jerarquía hasta el director general.    Los que van ahí a administrar, deben saber que administran un recurso económico que no es propio, sino del común de todos los panameños.

Por la complejidad de los servicios que presta y la gran cantidad de personas que se atienden, generalmente se ha participado de caos, mala atención o servicio en la Caja y sus filiales.   Esta aseveración la podríamos trasladar igualmente a otras instituciones del país, como la Contraloría General de la República.   Mas no sucede así.   Aquí generalmente se sabe dónde está un documento y el estatus del mismo; porque ensayan un sistema que permite rastrear cada documento, como si tuviera un dispositivo electrónico, que es improbable que pueda eludir a un buscador.

Seríamos felices si los problemas y asuntos de la Caja fueran solo de ubicación de documentos. A estas alturas todavía me pregunto por qué en primera instancia le rechazan, casi con virulencia, el Presupuesto de la Institución (en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea) al Director General de la Caja.

Luego conversan, y finalmente frente a las cámaras de la TV, el propio representante de la misma declara que no hay ningún problema, y que todo está subsanado. La versión que transcurre en los medios es que estos señores legisladores negocian cargos para sus fanáticos (gente que no piensa) y por alusión a nuestra lengua; gente que corre ciegamente tras una cosa. Esta práctica es ya de vieja data. El resultado es el siguiente:

1. Se abulta la planilla institucional, poniendo en peligro las proyecciones y seguridad financiera de la empresa.

2. Causa escozor y roncha entre los que ya trabajan allí, pues ven llegar a individuos (incluso mejor pagados) con ínfulas de poder criollo, emanadas de alguien que generalmente no sabe nada de administración, ni mucho menos le importa.

3. Esto causa un tremendo daño a la institución, puesto que los que así entran, no saben nada de la Misión ni de la Visión de la Institución; no tienen generalmente una vocación para trabajar en un lugar como este. Entran sin ningún tipo de perfil profesional, etc. ¿Dónde está la Dirección o Departamento de Recursos Humanos en estos casos?

4. Si tan solo existiera un salón de por lo menos tres sillas, para enseñarles, indicarles o instruir al personal sobre las razones por las cuales va a trabajar ahí, y lo que se espera de ellos, y no tan solo la paga quincenal.

5. Me atrevo a decir sin equivocarme, que solo necesitas a tres buenos analistas o contadores de presupuesto con un superior jerárquico de verdad y no de mentirita para limpiar toda la estructura de cargos y sueldos y a lo mejor alcanza, para el clamor de los jubilados y sobra para otras cosas, como la construcción de otros colegios que han pasado a mejor vida, canchas para los niños en los barrios, etc., etc.

Como así están las cosas, los Eladio se repetirán en la historia de la Caja, porque la protesta constante es, hay para unos y para otros no. Pero para qué les aumentan a los viejitos, si de inmediato aparecen como fieras las financieras y otro tipo de bancos, a fin de lograr retornos del capital confiable y seguro. Mientras tanto, otros países como Costa Rica, parten por delante (hace 4-5 años) con el programa: Educación Financiera para la Vida, inculcado al personal docente y a los estudiantes, sobre el uso del dinero; la actitud frente a una necesidad de crédito, la necesidad de elaborar un presupuesto doméstico entre otras cosas. En la administración pública un versado dijo: ‘Aquí la soga no revienta por lo más delgado, sino por lo más grueso’.

¡Hay que curarse en salud! Si no le agradó el artículo hay derecho a reclamo, y si le gustó, está entre los que piensan como yo; harto de tanto entuerto, funcionarios farsantes y engañosos, el juega vivo y la corrupción, que cuando no se ve es que se acomoda para irrumpir con mayor fuerza. ¡Que Dios les bendiga!

 

 

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<> Este artículo se publicó el 10 de enero de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Se impone corregir rumbos

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La opinión del Periodista,  Analista Internacional…

Jairo Henri Pertuz Suárez 

“Libertad mínima es el derecho inalienable de la palabra, al aire o escrita, de todos los seres humanos, con objetividad. Acallarla es el más absurdo desafuero”, JHPS.

Ha empezado el 2011. El mundo se encuentra sumido en la peor crisis financiera, laboral, ambiental y moral. Todos estos elementos afectan gravemente a los seres humanos sin distingo de etnias, credos o ubicación geográfica.  La violencia, las imposiciones, el engaño y el silenciamiento de libertades no son la solución. Está demostrado. Debe darse una convergencia al centro, con entendimiento, respeto y equidad.   El capital, sin la valiosa fuerza laboral, no genera riqueza y deben caminar a la par.

La primera década del Siglo XX  nos mostró terquedad y falta del elemental sentido común para, juntos todos los países y pueblos, sin ventajas ni imposiciones, lograr superar las crisis. Se acabó el tiempo de continuar cargando los empobrecidos a los desarrollados.

Vimos que las prácticas del rescate, mirando para un solo lado, no funcionan.   La crisis persiste y se agudiza con elementos sumamente graves: crisis alimentaria y de justicia.

Aún así, en esta década se han dado hechos saludables en el mundo y se han fortalecido países emergentes en indo-América.

El Estado de Israel y su pueblo han dado un ejemplo contundente de justicia al juzgar a un ex presidente y llevarlo a la cárcel por abusar sexualmente de una empleada suya.

En otros países del mundo, presidentes y funcionarios están por encima de la ley, cometen graves delitos y no pasa nada.   Brasil continúa con éxito su modelo democrático, interno y externo, con las políticas trazadas por el líder sindical “Lula “ Da Silva que, seguramente, serán fortalecidas por la presidenta Dilma Rouseff.   Indudablemente, próximos sucesos deportivos en ese país, coadyuvaran.

Panamá, con crecimiento económico logrado principalmente por su ubicación geográfica, las características que distinguen a su gente, un alto costo social y algunas acciones atinadas en las esferas gubernativas, no logra superar su pésima distribución de la riqueza ni los agudos problemas que nos aquejan.

Se continúa con un sistema de salud donde el Estado persiste en aprovecharse de quienes pagan Seguro Social para jubilarse bien y recibir servicios de salud eficientes. Los gobiernos le recargan todos los servicios de salud en la inventada figura de Beneficiarios.

Además, sin pagar las cuotas de los empleados públicos y con sus fondos devaluándose en el Banco Nacional, todo en perjuicio de los asegurados, afectando gravemente a los jubilados que mendigan sus derechos cada año. Se impone corregir rumbos.

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<>Artículo publicado el 13  de enero de 2011    en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.  El resaltado es del Editor.

El barco de la CSS está por zozobrar

La opinión de…

Alfredo Arias

La Caja de Seguro Social, obra cumbre del doctor Arnulfo Arias Madrid, está en serios peligros, debido a un desgreño administrativo generacional, la falta de visión y planificación por parte de las autoridades rectoras y por la falta de una política adecuada para llevar el barco hacia un puerto seguro a través de tormentas y vendavales.

El Seguro Social se ha convertido en un padre muy generoso, magnánimo, que quiere proteger a todos los hijos, ya sean cotizantes o no, perdiendo de vista que el cuero no da para tantas correas. Al tratar de proteger a todos los miembros de una familia, brindándoles una serie de beneficios, cubiertos bajo el paraguas de un solo cotizante, se le olvidó que el envejecimiento de la fuerza laboral y la contratación excesiva de trabajadores acarrea consecuencias graves y funestas a la administración; pero esto no es de ahora.

Los fondos destinados a cubrir las necesidades del programa de Invalidez, Vejez y Muerte, cada vez se achican produciendo un déficit: las proyecciones actuariales han fallado. Si no se toman medidas drásticas a futuro, pudiera haber un total colapso del sistema de salud. La culpa no es solo de las autoridades administrativas, sino también del gobierno central.

La edad media de jubilación tiene que ser aumentada; los países del primer mundo ya lo están haciendo, y la política paternalista a los extremos, como ocurre aquí, es cosa del pasado.

En Panamá existen ya movimientos contra las reformas laborales y modificación a las pensiones. El problema es de todos los panameños, y no de un solo grupo, hay que darse cuenta de que el mundo en que vivimos no es estático, y que está sometida en un continuo cambio debido a condiciones mundiales que afectan la economía, las políticas internas de los gobiernos, y las condiciones sociales. Para que se cumplan las ambiciones de una mejor calidad de vida, nosotros también debemos cambiar nuestras actitudes. La lucha de don Eladio y jubilados con pensiones miserables es también parte del problema que debe analizarse.

Hay que reconocer que la estrategia diseñada años atrás fracasó, y que el estado de bienestar social corre riesgos de insostenibilidad. Recuerdo haber leído en la prensa francesa que el mayor éxito en la política del bienestar social, se refleja en el incremento de la esperanza de vida, y añado yo, pero con dignidad.

Para que un sistema público de pensiones funcione tiene que existir solidaridad; pero si hay oposición a que se acepten las reformas que tengan que hacerse para mantener el sistema trabajando, y si estas fuerzas logran imponerse, entonces el escenario se verá lleno de implicaciones económicas, sociales y políticas.

Todos los gobiernos de turno tienen temor a poner la casa en orden, y con el tiempo vendrá el turno de un gobierno que no se si denominarlo con agallas o de corte dictatorial que inexorablemente tendrá que enfrentar positivamente las tareas pendientes. Gobernantes, patronos y obreros, es hora de reflexionar.

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Este artículo se publicó el 2 de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¡Hay que proteger las pensiones!

La opinión del Abogado,  Político independiente…


Juan Manuel Castulovich

“El mínimo de todo salario o sueldo es inembargable, salvo las obligaciones alimenticias en la forma que establezca la Ley”. Eso dice el Artículo 66 de la Constitución.   Por expresas disposiciones legales, sólo se puede comprometer, por descuento voluntario, hasta el 15% del excedente del salario mínimo; y, por decisión judicial, sólo puede secuestrarse, hasta el 20% del excedente del salario mínimo. En consecuencia, a ningún asalariado se le puede descontar, exceptuadas las pensiones alimenticias, más del 35%, del excedente del salario mínimo. 

Pero esa limitación, contra toda lógica, no se aplica a los pensionados. A éstos, se les descuentan, en algunos casos, la totalidad del monto de sus pensiones.   Incontables son los casos de pensionados que reciben sus cheques “decorados con estrellitas”, es decir, con nada por cobrar.   Y es también frecuente ver, en los sitios donde cobran los jubilados, a personas que, lista en mano, retiran para bancos y financieras los cheques de los jubilados y pensionados, comprometidos o cedidos por descuento voluntario o como resultado de embargos judiciales.

¿Por qué la protección constitucional y legal de los salarios no se aplica a las pensiones, cuando éstas, al igual que los salarios son el sustento de quienes las reciben? La Constitución y la Ley deben protegerlos por igual.   Los pensionados, al igual que los asalariados, dependen de esos ingresos para su subsistencia.

No conozco una estadística específica, pero no hay riesgo de incurrir en equivocación si se afirma que, como mínimo, el 80% de los jubilados y pensionados tienen comprometidas sus pensiones en un monto que excede los límites constitucionales y legales.

No faltará quien afirme, y muy especialmente quienes han otorgado los préstamos o los créditos comerciales, que a ninguno de los afectados se le obligó a comprometerse, por encima de esos límites.    Pero los acreedores, bancos y financieras, aparte de ser plenamente conscientes de que los pensionados han firmado compromisos en violación de los límites constitucionales y legales, se “las han ingeniado” para conseguir que se procesen esos descuentos.   Esas prácticas deben cesar de manera inmediata y todos los descuentos, que violan los límites constitucionales y legales deben anularse, ya sea que se trate de asalariados o de pensionados.

Ante la demanda de los jubilados que reclaman aumentos a sus pensiones, el gobierno ha respondido prometiéndolos para después desdecirse, con poses demagógicas como la de utilizar los subsidios electorales, que terminó en “cortina de humo” o con fórmulas que pondrían en grave riesgo el precario equilibrio actuarial de las reservas de Fondo de Pensiones de la Caja del Seguro Social.

En síntesis, se siguen dando manotazos al aire, mientras las pensiones, especialmente las más bajas, siguen desprotegidas y reducido prácticamente a cero su poder adquisitivo.

Para remediar esa situación, con efectos inmediatos, bastaría que de la presidencia de la República emanara una instrucción para que, comenzado por la Contraloría, todas las entidades públicas apliquen a las pensiones la misma protección que a los salarios y suspendan y reviertan todos los descuentos que excedan los límites constitucionales y legales. Por esa vía, rápida y simple, los pensionados recuperarían una buena parte del poder adquisitivo del que han sido ilegalmente despojados.

<>Artículo publicado el  7  de diciembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.