Todo al revés

La opinión de…

Xavier Sáez–Llorens

Cuando se rumoraba sobre la posible condena de Ana Matilde pensé que se trataba de una inocentada desfasada de fecha.  Todavía no logro asimilar la sentencia, por más legalidad jurídica que pintorescos defensores intenten argumentar a posteriori.  Imagino la escena del malhechor, pescado in fraganti en la fechoría, riéndose frente a la televisión mientras la decente abogada (extraño adjetivo para esta profesión) era castigada por autorizar a un fiscal la grabación voluntaria del celular de una víctima sujeta a soborno.

Más ridícula fue la conmutación de la pena para inhabilitarla por el tiempo exacto que le quedaba como procuradora vigente.   Para mayor hilaridad, la votación de los magistrados se fraccionó según el partido que los puso en la CSJ, clara demostración de que las conciencias se compran desde el Ejecutivo.

Ante el circense veredicto, recordé al fabuloso humorista George Carlin, que en sus chistes sobre la hipocresía de la sociedad, se mofaba de la irracionalidad de la humanidad. Una de sus actuaciones criticaba las paradojas de la era en que vivimos. He agregado y modificado algunas de sus observaciones para ilustrar mejor el asunto.

Tenemos edificios más altos, pero tolerancias más cortas; carreteras más amplias, pero puntos de vista más estrechos. Gastamos más, pero poseemos menos; compramos más, pero disfrutamos menos. Contamos con casas más grandes, pero familias más pequeñas; mayores comodidades, pero menor tiempo para disfrutarlas. Ostentamos más diplomas académicos, pero menos sentido común; mayor conocimiento, pero menos educación.

Aparentamos conocer mucho, pero leemos muy poco; disponemos de más expertos, pero menos soluciones; mejor medicina, pero menos salud. Incrementamos los bienes, pero reducimos nuestros valores; rezamos a diario, pero odiamos a cada rato. Aprendemos a ganarnos la vida, pero no a vivir; agregamos años a la vida, pero no vida a esos años. Hemos visitado la Luna, pero nunca el hogar del vecino. Conquistamos el espacio exterior, pero no dominamos el yo interior. Manipulamos átomos, pero no controlamos prejuicios. Sabemos apresurarnos, pero no esperar. Inventamos tecnologías para contactarnos, pero nos comunicamos menos.

Pagamos más impuestos, pero recibimos menos beneficios; somos solidarios con los que menos tienen, pero éstos cada vez son más vagos. Nos arruinamos con elevadas pólizas, pero quedamos desprotegidos contra enfermedades graves. Aportamos con esfuerzo dinero al fisco, pero el tesoro estatal se utiliza para pagar viajes, coimas, vehículos de lujo y joyas de gobernantes, ministros o diputados.

Votamos por esperanzas y promesas, pero presenciamos inseguridad, corrupción e iniquidad. Aportamos cuotas a sindicatos o gremios buscando bienestar individual, pero sus líderes se liberan de trabajar, rascan sus escrotos en oficinas refrigeradas, transan con el mejor postor, inventan conflictos, exponen a los más indefensos a la represión y consiguen poder perpetuo.

Hoy en día hay dos ingresos, pero más divorcios; domicilios más lujosos, pero hogares más disueltos; fácil acceso a condones desechables, pero más embarazos indeseables; más cuerpos obesos, pero menos alimentos saludables; píldoras que alegran y curan, pero también que deprimen y matan.

Nos maravillamos al mirar cataratas, montañas nevadas y aves preciosas, pero cortamos bosques, envenenamos ambientes, contaminamos mares y destruimos hábitats.   Hablamos de amor al prójimo, pero discriminamos por color, sexo o etnia.   Nos imponen cuándo nacer, pero no nos permiten decidir cuándo morir. Resaltamos el valor de la familia, pero solo decimos “te amo” cuando el ser querido agoniza o ya se ha ido.

La vida es lo único que debería ser al revés. Como apuntaba Woody Allen, “Tendríamos que empezar muriendo para superar rápidamente ese trámite. Luego despertar en un asilo e ir mejorando día a día. Después ser botado de allí porque estás bien y lo primero que haces es cobrar tu pensión.

Trabajas 40 años hasta que seas bastante joven para gozar el retiro de la vida laboral. Entonces vas de fiesta en fiesta, bailas, tomas cerveza, practicas el sexo y te preparas para empezar a estudiar.   Asistes al colegio para jugar con tus amigos, sin responsabilidad alguna, hasta llegar a ser bebé. Los últimos nueve meses te la pasas flotando tranquilo, con calefacción central y comida constante.   Al final, abandonas tu existencia en un orgasmo”.  Lo firmaría ya.

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Este artículo se publicó el 22 de agosto de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
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Ante lo injusto, solidaridad y resistencia

El fallo de la Corte… La opinión de…

Aurelio Barría Jr.

Editoriales y artículos de opinión de los principales diarios escritos del país se han pronunciado y han reflejado, como muchos ciudadanos, el pensamiento crítico y el sentimiento de rechazo al injusto y cuestionado fallo de la Corte Suprema de Justicia, que condena a seis meses de cárcel a la procuradora general de la nación, Ana Matilde Gómez, quien fue separada inicialmente como consecuencia de mantener una posición firme e independiente frente a la injerencia del Ejecutivo, como es percibido, sin duda alguna, por la sociedad civil.

Como ciudadano independiente, he asistido a las audiencias públicas que se realizaron, primero para determinar si procedía un llamamiento a juicio a la procuradora separada y, posteriormente, al propio juicio para juzgar su inocencia o condena, en ambos casos con la participación del pleno de los magistrados de la Corte Suprema.

He sido testigo de los argumentos a favor y en contra de todas las partes, y muy en especial de las preguntas formuladas por los magistrados al testigo de la defensa de la procuradora, Rigoberto González, quien con elocuencia y conocimiento de la materia legal, por más de tres horas, respondió cuestionamientos y defendió el criterio, que el Ministerio Público asumió su responsabilidad sobre la interpretación sustentada legalmente de que en la fecha del acto cuestionado les asistía el derecho de autorizar la solicitud de intervenir el celular relacionado con el caso de corrupción contra el “tristemente célebre” ex fiscal, acusado y comprobado de pedir una coima a los familiares de una joven detenida.

Estamos ante un hecho consumado, una decisión tomada por el más alto Tribunal de Justicia, cuyo fallo de condena, aunque lo consideremos injusto e impregnado de injerencias políticas… es un fallo final –por lo menos en esta administración– y quedará en las páginas de nuestra historia republicana como un grave precedente. El actuar de los magistrados que condenaron a la procuradora también será recordado por sus nombres, como ejemplo lamentable de lo que no puede ser, condenar a una persona inocente que no ha cometido un delito, solo por presiones y capricho de quienes hoy se lavan las manos, como Poncio Pilatos, ganándose los magistrados el repudio de los ciudadanos honestos de este país. Queda en sus conciencias y ojalá puedan dormir tranquilos el resto de sus días, hasta la rendición de cuentas ante el Supremo.

Los panameños que luchamos cívica y pacíficamente por la vigencia de los principios y derechos de justicia, libertad y democracia, volvemos a revivir un sentimiento de frustración e impotencia al pensar que no se puede hacer nada al respecto, al igual que sentíamos el peso y el miedo del poder de la dictadura militar, que concentraba el poder absoluto con injerencia en todos los órganos del Estado.

Sin embargo, fueron hechos y situaciones graves ocurridos, como los que estamos viviendo ahora, los que fueron despertando la conciencia ciudadana, que unida espontáneamente forjó un gran movimiento civilista nacional, solidarizándose para convocar la resistencia con sacrificios personales con la esperanza de lograr un gobierno democrático, con independencia de poderes, con plenas libertades, y una administración de justicia digna, íntegra, honesta y responsable.

Todos tenemos la gran responsabilidad de contribuir en la búsqueda de las soluciones a los problemas nacionales –que no es exclusiva de los gobernantes– a través del diálogo franco y abierto, con interlocutores válidos y con una clara voluntad verdadera de corregir errores, de lo contrario, iremos caminando nuevamente hacia destinos indeseables que no se merece Panamá.

“La paz es fruto de la justicia, … si no hay justicia, no tendremos paz”.

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Este artículo se publicó el 19 de agosto de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Del muscular al ‘desescoltar’

La opinión de…..

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Berna Calvit

Supe por un amigo, estudioso de nuestro idioma, que la palabra “muscular”, que significa “perteneciente o relativo a los músculos”, también significa (vigésima segunda edición del Diccionario de la Lengua Española) “desarrollar los músculos a través del ejercicio físico”;  la conjugación de “muscular” requiere cuidado y, además, me parece feísima.   Ante novedad lingüística tan poco atractiva, para hablar del misterio que rodea la orden de dejar sin escolta a la procuradora separada, Ana Matilde Gómez, me permito la libertad de usar la palabra desescoltar.

Panamá tiene interesantes misterios sin resolver.   El último: ¿Quién dio la orden de dejar sin escoltas a la procuradora separada, Gómez?   El calvario de la señora Gómez me recordó las tribulaciones de la pelirroja Anita la huerfanita, personaje que conocí en Peneca, revista de mi niñez. Y aunque Ana Matilde (tan conocida ya que ni falta hace mencionar el apellido) no es niña ni pelirroja, ha quedado huérfana de protección gubernamental.

Fue separada del cargo, se le suspendió el derecho de ejercer su profesión y de salir del país.   ¿Estarán pensando, también, en ponerle grilletes?   El final de Gómez, me han dicho, estaba escrito desde antes que el ex fiscal Arquimedes Sáez, destituido por cobrar coima en 2005, demandara ante la Corte Suprema de Justicia a Gómez por haber intervenido la conversación telefónica del “trueque”, acción que no le estaba expresamente vedada a la Procuraduría en el año 2005.    Sáez fue “providencial” para sacar del camino a Gómez, con fallo en contra de los magistrados Sáenz, como ponente, Cigarruista, Moncada, Spadafora y Salas.

Lo que resulta inexplicable y sospechoso, es la “pasadera de bola” sobre quién dio la orden de “desescoltar” a la Procuradora separada (no destituida por ahora).   Y me huele que este caso quedará tan enmarañado como el asesinato, sin aclarar, del presidente Remón, en 1955; de Rubén Miró, uno de los principales actores en el magnicidio de Remón; la desaparición del abogado René Atencio durante una cita en Vía Argentina (1995),   de quien no se ha vuelto a saber;   la del banquero suizo, Jörg Bosch, visto por última vez en un restaurante al que llegó acompañado de un abogado, según testigos;  la desaparición del padre Héctor Gallegos;   el hundimiento a balazos y posterior desaparición del helicóptero HP-1430, durante el gobierno Moscoso; o de las esculturas “Juegos de antaño”, toneladas de metal desaparecidas como si hubieran sido de papel.   No alcanzaría el espacio para citar otras muertes y desapariciones; y casos de corrupción muertos, por vejez o asfixia, en las gavetas de diputados, magistrados, fiscales y jueces.

Volviendo al desescoltamiento. Horas después de que Gómez participara en el programa Cara a Cara de RPC, le fue retirado uno de los dos escoltas que le quedaban;  al día siguiente, tras su intervención en el programa Infoanálisis en Omega Stereo, donde había dado detalles de las presiones a las que estuvo sometida durante el ejercicio de su cargo, el escolta que le quedaba (Acuña) fue retirado.   ¿Desescoltamiento total como represalia? La orden, según Acuña, vino del capitán de la Policía Nacional Secundino Carrera, quien a la carrera, sin pensarlo mucho, dijo que la orden la dio el procurador suplente Giuseppe Bonissi.

El jefe de Carrera no es Bonissi;  es Gustavo Pérez, jefe de la Policía, quien niega haber impartido la orden y que le preguntaran a Bonissi porque “esa desescolta no la cargo yo”.   Curioso el manejo de la autoridad; hasta ese momento yo creí a Pérez jefe de todos los policías.

Analizando la línea de mando, me dije: “Nada. Si no fue Pérez, tuvo que ser José Raúl Mulino, ministro de Gobierno y Justicia, que parece que siempre anda con la manta arrastrando; ¿habrá irrespetado la jerarquía de Pérez y dio la orden?”.   Pero Mulino pidió que lo sacaran de ese zaperoco, que no fue él.   Subí la categoría y me pareció lógico que la orden hubiera partido de Papadimitriu, ministro de la Presidencia.

¡Nadie más que él pudo hacerlo!, pensé.   Mas no fue él, dijo el superministro, el poder detrás del trono, se dice.   Papadimitriu lamenta que “cada vez que pasa algo quieren responsabilizar al Gobierno”, y que desconoce el caso…” (TVN Noticias).   Y sugirió a Gómez “acudir a las autoridades competentes”. Si ninguna autoridad competente ordenó el desescoltamiento, ¿puede decirle Papadimitriu a quién acudir?   También dijo que el dinero que se gasta en escoltas se necesita para otras cosas. ¿Publicidad gubernamental, por ejemplo?

Escoltar y desescoltar, ¿lo ordena Juancho, el que vende pescado, o Yonbuay, el que recoge latas en los basureros, o Tili, vendedora ambulante de flores?   La escolta de la Procuradora estuvo siempre bajo la autoridad de la Policía Nacional, no de Bonissi.   ¿Tiene Bonissi, ahora, autoridad sobre la Policía?   El presidente Martinelli dice no saber absolutamente nada sobre el asunto. Este “tin marín de do pingüé” es juego peligroso para el Gobierno.    Y para Ana Matilde Gómez no es juego. ¿Por qué le retiraron los escoltas? ¿Resulta apropiada, en este caso, la sentencia que dice “Piensa mal y acertarás”?

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Este artículo se publicó el 10 de mayo de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

Ahora le toca a los niños y niñas.. estar en las aulas

La opinión de la Ex Magistrada de la Corte Suprema de Justicia…..

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ESMERALDA E. AROSEMENA DE TROITIÑO

Sin embargo, hoy a nuestros niños y niñas de 12 y 13 años, el Gobierno Nacional, la Asamblea Nacional, las autoridades responsables de este grupo de la población panameña (llámese Secretaría de Niñez, Desarrollo Social, Educación, Salud, Justicia, etc.) y, lamentablemente, muchas familias y otros importantes grupos de nuestra sociedad civil organizada han decidido o consentido que a estos niños y niñas ahora les toca someterse a la rigurosidad del proceso penal, y se les puede exigir responsabilidad penal, en vez de asumir nosotros, como adultos, la responsabilidad de hacer valer su derecho a la educación y formación (art. 29 de la CIDN).

Lo que se nos ha olvidado es que lo que Ahora le toca a nuestra población menor de edad, en especial al grupo de la niñez (entre 9 y 13 años cumplidos, que son unos 392,468 como estimación a julio del 2009), es demandar el cumplimiento de todos sus derechos, a aquellos que, como autoridades, son responsables y que tales derechos están consagrados en la Constitución Política, en el Código de la Familia, en la Ley 40 de 1999 con sus modificaciones, junto a los múltiples compromisos de cumbres, acuerdos, objetivos, reglas, tratados, convenios y toda especie de responsabilidades (que no se atienden) y que a nivel internacional hemos adquiridos todos los y las panameñas, porque así lo asumen los gobiernos; debiendo preguntarnos ¿con qué propósito se firman?

Pero hoy, con asombro, la realidad sigue siendo otra, nadie le exige a las autoridades que cumplan con el ordenamiento jurídico vigente, pero hoy sí les exigimos a estos niños y niñas que asuman responsabilidad penal por sus actos.

Mi llamado a los y las ciudadanas, —por lo que el concepto ciudadanía significa—, para que demandemos lo que a esta población ahora le toca. Les corresponde estar en las aulas de clases, en la escuela primaria, para alcanzar, como país, la enseñanza universal: uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Ni uno solo de estos niños debe estar en las calles, realizando estrategias para sobrevivir o en explotación, maltrato, abuso y con sus derechos omitidos, amenazados o violentados; como lo muestran las estadísticas nacionales, más de 85,000 trabajan o buscan trabajo, y casi 7000 requieren de la Protección Judicial y otro número importante muere antes de que cumpla los cinco años, en desnutrición, solo por mencionar lo que nos impacta, es decir, esa población que hoy las autoridades consideran que deben ser sometidas a procesos penales.

Y que para llamarnos a la reflexión, también de acuerdo a las cifras, (datos que implican elementos serios para obligarnos a respetar derechos y establecer criterios científicos en las respuestas) el número que se registra en los juzgados de niñez y adolescencia, para el 2008, no suma 400 niños y niñas involucrados en conductas delictivas propiamente tales, y ni qué decir de su participación en delitos graves.

La gran pregunta es, ¿no somos capaces como país de dar las respuestas que nuestras leyes señalan, ni siquiera a este grupo de niños y niñas que requiere de los planes y programas que ya están elaborados en sendos documentos de gobierno y de instituciones?  ¿No podemos cumplirlos?

Todos y todas, estoy segura, tenemos la respuesta. Cuando se tiene autoridad se asume responsabilidad, que bien entendida en el idioma español, significa, habilidad para responder.

El tema de la justicia y los derechos de las personas menores de edad, requiere una atención integral, no solo se trata de investigación y juzgamiento, sobre todo requiere la perspectiva de las políticas Públicas de protección y defensa de los derechos de este grupo de la población, que la sociedad panameña considera, y lo ha establecido en su ordenamiento jurídico, como su bien supremo, su garantía para la democracia, la solidaridad, la convivencia pacífica y nuestro destino de nación. Esto exige niveles óptimos de ejecución de las leyes vigentes, según el artículo 17 de la Constitución por parte de las autoridades, instituciones y sociedad.

Justificar las modificaciones a las leyes vigentes, argumentando seguridad ciudadana, es reconocer que no tenemos la capacidad suficiente para cumplirlas y que no asumimos las responsabilidades que esas leyes nos imponen; y que son producto de nuestros órganos del Estado; y que además datan de hace más de una década, —Ley 40 de 1999 y las consagradas en el Libro III del C. F. 1994.

La experiencia en este ámbito legislativo, es que se responde con la rebaja de la edad penal, el aumento de las penas o la privación de libertad como única respuesta frente al tema de incremento de la delincuencia, atendiendo reacciones y no con razones ni con la Ley.

Hoy, se reafirma lo que los expertos en el tema han denominado, el Síndrome de las tres IES. En La omisión, violación y amenaza de los derechos fundamentales de las personas menores de edad. Esto se debe a actitudes de ignorancia, insensibilidad o intencionalidad en menoscabar o ignorar derechos.

Esto no es aceptable en una sociedad que quiere ser justa y democrática.

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Artículo publicado el 18 de marzo de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que a la autora, todo el crédito que le corresponde.

Panamá convulsiona por política

La opinión de…..

Álvaro Lasso Lokee

Haití pasa por una tragedia que fue ocasionada por un sismo de 7.1 grados de la escala Richter, pero gracias a la solidaridad de muchos países recibe ayuda valiosa, muy útil dado el largo tiempo que le tomará recuperarse.

En otro escenario, con otra clase de temblores, Panamá convulsiona por nuestros propios políticos, por la ambición de poder, la corrupción y quien sabe cuántas otras cosas oscuras que también acabarán con nuestro pueblo de aproximadamente 3 millones de habitantes y de los que faltan por nacer.

En nuestro caso, los únicos que pueden ayudar a una recuperación efectiva no serán los rescatistas de la Cruz Roja, sino la actitud de nuestros políticos y su alejamiento de los estilos tradicionales.   Se impone un cambio en el sistema de justicia que está completamente perdido, y en los ciudadanos que vamos a las urnas, para que elijamos responsablemente a nuestros candidatos en tiempos de elecciones.

Entre los puntos importantes que hacen temblar a nuestro país están el sistema de elección de los magistrados de la Corte Suprema que debe cambiar, porque ellos no pueden seguir siendo los “ungidos” de los gobernantes de turno, ni ser juzgados exclusivamente por los diputados y viceversa, como complicidad en equipo, ante posibles delitos de algunos miembros de esos órganos. Todo delincuente debe ser procesado por las instancias de investigación.

En el caso del escándalo del Fondo de Inversión Social, aparte de que debió ser motivo de la renuncia de su director, también debe darse un giro de 180 grados al papel que realizan los diputados en la Asamblea para que dejen ser “representantes” y se conviertan, como debe ser, en creadores de leyes para su gente (no como uno de Chepo), y vigilantes de los intereses del país.

Digan lo que digan, hay intromisión en la Procuraduría y no debe darse en ningún otro Órgano del Estado, tal como está ocurriendo. Por otra parte, se deben cumplir las promesas de bajar el precio de la canasta básica que va en aumento. En tanto que los nuevos impuestos no ayudan a los de menos ingresos, les empeora su situación.

El sistema educativo debe actualizarse, igual que los diseños curriculares de formación académica que no pueden estar 30 ó 40 años atrasados. El sistema carcelario es otro aspecto que debe ser modernizado, no solo con cercas sino “limpiarlo”.

Hay que mejorar el servicio de transporte, no solo los “diablos rojos” y los taxis “no voy”, sino mejorar los sistemas de señalización, reparar las carreteras con huecos que abundan en el interior del país y, además, de acabar con la “rebusca” de las grúas.

La CSS sigue carente de liderazgo en puestos clave en los que se requiere conocimiento y experiencia. La culpa no es de los gremios de izquierda o derecha. La administración es una ciencia no política y tampoco es un arte de “amiguismos”. Hay corruptos de las administraciones pasadas que aún no han sido procesados y mucho menos detenidos.

En cuanto a la responsabilidad de los medios de comunicación, estos deben modificar los reportes de sangre y los noticieros que pasan peleas grabadas con celulares que parecen más informes de corregidurías. Se requiere mejorar el nivel periodístico.

La inseguridad en las calles no solo se puede combatir con los “vecinos vigilantes”, sino haciendo las rondas policiales que no se ven y, por eso, los delincuentes hacen fiesta con asaltos y balas. ¿Hasta cuándo?

La democracia no solo es elegir por mayoría a nuestros gobernantes, sino también velar para que el manejo de los principales órganos del Estado sea con balance e independencia de poderes.

El 60% del electorado votó por un cambio que aún estamos esperando y no lo hemos visto.  Revisen su trabajo.

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Publicado el 26 de febrero de 2010 en el Diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Corte con dignidad o cortesana mediocre

La opinión del periodista…..

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Garritt  Geneteau

En nuestra frágil democracia luego de la cruel invasión de 1989, la Constitución Política de Panamá ha sido violada intencionalmente por los partidos políticos, quienes la ajustan de acuerdo a sus intereses cuando están en función de gobierno. También se habla de constituyente, que es un cambio constitucional, para salir de una supuesta crisis política coyuntural. Todas estas series de conjeturas nos hace pensar que en nuestro país se ha perdido la confianza y la credibilidad en la justicia.

Es oportuno señalar que el derecho desde sus amplias respectivas sociológicas se ha entendido desde la antigüedad de la Grecia y el derecho romano como la ciencia correcta de la justicia social, ya que a ellos le debemos esa herencia de rectitud y verticalidad de lo justo.

A lo largo del discurso de nuestro proceso soberano como país libre y con autodeterminación, hemos tenido intelectuales consagrados que hicieron de la magistratura de la Corte Suprema de Justicia una cátedra de moral, civismo y patriotismo, fecundo y vital, que le dieron lustre a la máxima corporación de justicia, casos elocuentes y cuyas personalidades siguen vigentes, tales como: José López Casís, Felipe O. Pérez, José Isaac Fábrega, Felipe Juan Escobar, Atanasio Góndola, Juan Materno Vásquez, José Dolores Moscote y Demófilo De Buen, entre otros.

En la cátedra de Derecho y Ciencias Políticas, César Quintero (maestro de maestros) y Secundino Torres Gudiño, todos ellos fueron expresión de una profunda densidad conspicua y férrea reacción contra la inmoralidad y la corrupción administrativa, la dignidad y el rechazo del desparpajo y el oportunismo.

Hoy por hoy, nos encontramos en su mayoría con magistrados que representan la Cortesana Mediocre, posiblemente por la forma de ser seleccionado que no es lo más adecuado, ya que el dedo apunta al amiguismo, al compadrazgo y a los favores políticos.

Es urgente plantear un ejercicio de conciencia de lo que significa la magistratura en la órbita valorativa de la moral. Es conveniente plantear un nuevo rumbo que vaya en contra del desprestigio en el que la han asumido los adláteres, del más ruin proceso de prestación a que la han sometido los personajes de ocasión ungidos en poder político.

A lo largo de nuestra historia republicana se evaluaba al hombre con superioridad intelectual por encima de la omnipotencia del poder temporal, que es efímero. La sociedad panameña exige una norma visionaria de lo que representa la magistratura; solo en esa línea podremos caminar hacia el futuro promisorio que la sociedad panameña exige. Sería iluso pensar que los magistrados escogidos por la partidocracia pusieran en práctica algunos conocimientos o enseñanzas del lector Justo Arosemena, considerado como el padre de la profesión de los abogados, que sería ideal por construir una corte más fuerte y honesta como templo sagrado de la justicia nacional.

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Publicado el 25 de febrero de 2010 en el diario El Siglo, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

“Que la Virgen nos proteja”, la Procuradora

La opinión del Docente Universitario…..

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Dorindo Jayan Cortez

Ya la Procuradora abandonó su cargo, se le ha sacado. Se concreta la preocupación de diversos sectores sociales, políticos y, últimamente, a la misma iglesia. A través de la Conferencia Episcopal, la jerarquía católica advertía una “peligrosa desestabilización” y solicitaba, de manera urgente, una “política ética que no dependa de los gobernantes”. Organizaciones de la sociedad civil, incluida la desaparecida Cruzada Civilista, se han manifestado decepcionadas con lo que viene ocurriendo ya que todo apunta a que el Estado de derecho en su correcto ejercicio, corre riesgo y, con ello, la débil democracia construida en las dos últimas décadas.

La preocupación fundamental de hoy está referida al debilitamiento del régimen institucional. Uno de los componentes característicos del sistema político, durante las primeras cinco décadas de la República, fueron — precisamente, las constantes y prolongadas crisis institucionales.

La fachada democrática y el Ejecutivo, con los partidos políticos adeptos y la Comandancia de Policía, marcaban el rumbo del quehacer institucional, por encima de toda regulación.

Las distintas administraciones del poder Ejecutivo, de las dos últimas décadas, se cuidaron de irrumpir abiertamente en el ordenamiento legal e institucional. Y si lo hicieron, lo que es indudable, fue de tal manera que no generó las inquietudes generalizadas como actualmente se han venido dando en el país. De hecho, las denuncias de corrupción han sido una constante en cada gobierno. Regresar a ese pasado, no ayuda en nada.

La experiencia militarista, principalmente lo que ocurre en los años de crisis de ese modelo, generó el discurso y el escenario para la apertura democrática. No se puede negar los esfuerzos y los avances logrados, aunque sigue siendo una obra inacabada y con grave deformaciones.

Habría que decir que aún cuando esos esfuerzos se llevan adelante en el periodo pos-invasión, lo que le confería a quienes ostentaban el poder un espacio libre de actuación, aún así, la opción tomada resguardó el ordenamiento jurídico y la estabilidad institucional.

La manera como se abordó el tema militar y policial, las reformas para fortalecer el sistema electoral y judicial, todo ello se enmarcó dentro de una frágil visión institucional que, aun así, ha dado réditos al sistema.

El problema, en el contexto actual, levanta polvorín al ponerse en jaque el avance aludido. La “eliminación” de Panamá del Parlacen, es un ejemplo.   Sobre la base de que era una promesa de campaña sacar a Panamá, se ha desconocido los tratados internacionales y la misma Constitución.

Más adelante, el nombramiento de los Magistrados de la Corte Suprema causó desilusión al no tomarse en cuenta las recomendaciones de la Comisión nombrada para tales efectos.

El caso de la Procuradora y la designación del “Procurador suplente” por el ejecutivo apuntan, a juicio de muchos, a la concentración de los tres poderes y uno solo. Y esto es peligroso; como señaló la Procuradora, al dejar el despacho, “que la Virgen nos proteja” .

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Artículo publicado el  20 de febrero de 2010 en el diario El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.