Agua, una crisis de gobernabilidad

La opinión de…

 

Federico Meléndez Valdelamar

Sobre la crisis del agua en Panamá se han elaborado muchos artículos en su mayoría muy orientadores desde el punto de vista técnico, por lo que no vamos a volver a repetirlos para adentrarnos en otros puntos vinculantes que no podemos descuidar.

A manera de referente general, la Organización de Naciones Unidas (ONU) calcula que para el año 2025, mil 800 millones de personas vivirán en regiones afectadas por una escasez absoluta de agua, entre otras causas, debido al crecimiento demográfico, la contaminación y las manipulaciones del territorio.

Lo peor del asunto es que los pronósticos para el futuro no son nada halagadores; el planeta posee agua constante, pero sufre de estrés hídrico, “el consenso sobre el particular sugiere que pesa más la mala gestión sobre el recurso que la propia escasez como tal”.

Panamá no escapa a esta percepción; en el pretérito cercano los panameños acostumbrados a derrochar el agua (se vanagloriaban de tener la mejor del mundo), pero vivieron una pesadilla en la ciudad capital (un millón y medio de habitantes) que se inició el 8 de diciembre de 2010, cuando las lluvias provocadas por el fenómeno de La Niña dejaron serias inundaciones y provocaron, también, que el lago Alajuela, que abastece de agua a la planta potabilizadora de Chilibre, registrara históricos grados de turbiedad, lo que puso en evidencia la incapacidad de la institución para poder tratar adecuadamente el vital líquido.

El hecho ocurrido dio inicio a un caudal de especulaciones, algunas se validaron recientemente cuando una auditoría encomendada al ingeniero colombiano Jorge Arboleda Valencia en 2009 (La Estrella 2/2/2011) encontró más de un centenar de fallas en la que se advertía la actual crisis, que tiene su génesis en la administración “de la mandataria Mireya Moscoso, cuando se decide licitar la ampliación de la planta potabilizadora de Chilibre, por 48 millones de dólares, que ganó la empresa británica Biwater, cuyo contrato se concretó en julio de 2003”.

Según se desprende de la auditoría, la empresa que construyó la nueva planta y rehabilitó la vieja, dejó más de 112 reparaciones sin terminar e incumplió otros trabajos y suministros.

En la ciudad capital, la incertidumbre de la población no ha perdido vigencia por lo que pueda pasar en abril próximo, cuando las lluvias estén de regreso; por lo pronto, los comerciantes y vendedores de agua embotellada están felices por el incremento en las ventas del vital líquido, negocio al que ya las autoridades de salud le tienen el ojo puesto por la desfachatez de algunas empresas en no cumplir con las normas sanitarias requeridas.

Si no se resuelve este problema con una visión de agenda de Estado, la ciudad de Panamá pudiese entrar en un escenario de “estrés hídrico” de impredecibles consecuencias.

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Este artículo se publicó el 6 de febrero  de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Autodescalificación presidencial

La opinión de…

 

Roberto Arosemena Jaén

Históricamente, somos un estado presidencialista.   Es un invento estadounidense con más de 234 años de efectividad. Ese invento expresa el dicto aristotélico “que mande uno”.   Es la conclusión de su metafísica, o el esfuerzo enorme de explicarse el funcionamiento del mundo como algo ordenado y no caótico.

No obstante, en Panamá el presidencialismo está en crisis.   Es algo caótico. Todo lo caótico produce una crisis humana. Toda crisis se resuelve cuando la causa perturbadora desaparece. La crisis de la crisis de gobernabilidad es que todos saben que la causa debe desaparecer, pero nadie sabe ni cuándo ni cómo.

El presidencialismo panameño se ha descalificado intempestivamente desde que el gobierno del Cambio ganó las elecciones.   El jefe del Cambio ha sabido hacer suyo lo que establece la Constitución.   “El presidente de la República es responsable por sí mismo del “orden público”, del “nombramiento de los ministros” y de la “coordinación de la administración pública”.   Si los servicios públicos están deteriorándose el único responsable es el señor Presidente de la República.

Recientemente, Ricardo Martinelli ha ratificado que él es el que manda y seguirá mandando: “hasta junio del 2014. La soga de la crisis, el mismo se la ha colocado en el cuello.

No hay, fuera de Ricardo Martinelli, ningún causante de la crisis. Es decir que un esquema que se diseñó para el buen gobierno, tanto al nivel pragmático de Estados Unidos como al nivel filosófico de los clásicos griegos, hoy expresa la deriva de servicios públicos ingobernables y deteriorados.   Si la Presidencia no funciona en un régimen presidencialista, la nación se paraliza y la autodesestabilización crece exponencialmente.

Esta situación de crisis la ha denunciado con valentía cierto sector de la sociedad civil. La diferencia entre la denuncia de que el señor Martinelli se está haciendo dueño del aparato del Estado y de los Órganos del Estado y mi denuncia del fracaso del sistema presidencialista en Panamá es que la sociedad civil piensa que el problema es el “estilo autoritario” –Mauro Zúñiga lo califica de “fascista”, mientras que este artículo afirma que el problema es el presidencialismo.

El porrismo y el chiarismo, Torrijos-Noriega, Pérez Balladares y ahora, Ricardo Martinelli Berrocal manifiestan la perversión del presidencialismo panameño. Tanto la Constitución liberal como la actual torrijista reformada hacen de los poderes públicos “marionetas del poder ejecutivo”.   Se puede decir que nada ha hecho Martinelli que antes no hizo Porras o Pérez Balladares.   Ni el Ministerio Público ni la Corte Suprema de Justicia ni los diputados ni el presupuesto nacional han sido tan supeditados a Martinelli como lo fueron en los días de Porras y Pérez Balladares.

Somos un estado sometido al presidencialismo que se hace sentir caóticamente cuando nos toca un presidente fuerte o una fuerza pública presidencialista.   La ciudadanía es débil porque no existe un aparato estatal en manos de servidores públicos de carrera con capacidad e idoneidad moral e intelectual ni partidos políticos coherentes y fieles a unos determinados principios.

Tampoco existe una sociedad civil con una empresa privada nacional interesada en el funcionamiento democrático del Estado.   Por el contrario, el sector privado transnacional se complace en regalías, tráfico de influencia y lucha para no ser fiscalizada ni rendir cuenta de las inversiones megamillonarias que se le encomiendan. Tampoco se tienen gremios y sindicatos autosuficientes frente al Gobierno y a los empleadores. No se genera conocimiento desde las universidades ni se proporciona a la sociedad ni al estado profesionales decentes, revestidos de ciencia, creatividad y sentido ético y cívico.

Frente a estas carencias políticas y culturales la crisis del presidencialismo es un pretexto de quítate tú porque vengo yo. Las expectativas ciudadanas se precipitan en la indiferencia, el oportunismo y en la espera mágica de que las presiones de Estados Unidos y la Banca Mundial se harán sentir poco a poco. Además, aparece el fantasma y la ilusión del caudillo por venir.

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Este artículo se publicó el 22  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Gobernantes, gobernados y gobernabilidad (I)

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La opinión del Abogado, Político independiente…

Juan Manuel Castulovich

Los dos primeros términos no requieren ser definidos, aunque sí de algunas consideraciones y juicios valorativos para que todos podamos entendernos y, sobre todo, comportarnos de acuerdo a los derechos y las responsabilidades que nos corresponden. La gobernabilidad, en cambio, por ser mal interpretada por muchos, demanda de algunas precisiones y de mejor entendimiento, especialmente de quienes tienen la responsabilidad primaria de contribuir a que exista, y de garantizarla.

Por “Estado de Derecho”, universalmente se entiende que es aquél donde la Constitución y la Ley son el obligado marco de referencia para la conducta de todos, gobernantes y gobernados, o sea, aquél donde nadie está por encima de ellas y a todos se nos aplica por igual. El “Estado de Derecho” y la gobernabilidad están vinculados, de manera indisoluble. La gobernabilidad sólo puede existir en un “Estado de Derecho”.

El principal elemento del Estado es la población, el pueblo, única y legítima fuente del poder. Así lo reconoce y ratifica el Artículo 2 de la Constitución: “El poder público sólo emana del pueblo. Lo ejerce el Estado (entiéndase las instituciones que lo gobiernan) conforme esta Constitución lo establece, por medio de los Órgano Legislativos, Ejecutivo y Judicial, los cuales actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración.”

La repartición del poder público en los tres órganos tradicionales supone que éstos deben actuar separadamente y cumplir funciones específicas y definidas: al Órgano Legislativo corresponde dictar las leyes o reformarlas; al Órgano Ejecutivo dirigir la Administración Pública, cumpliendo estrictamente con la Constitución y la Ley; y al Órgano Judicial administrar Justicia, interpretando y aplicando la Constitución y las leyes. El funcionamiento autónomo de cada uno de esos tres órganos básicos es la primera condición para que exista el “Estado de Derecho”, que supone que cada uno respeta y no se entromete en las competencias de los otros dos.

Los Órganos Legislativo y Ejecutivo (entiéndase el presidente) derivan su legitimidad y representación directamente del pueblo, pues ambos son producto directo de la voluntad popular que los elige; pero ese no es el caso del Órgano Judicial que se integra por la decisión concurrente del Órgano Ejecutivo y el Órgano Legislativo (los magistrados son nombrado por acuerdo del Gabinete y ratificados por la Asamblea). Esta fórmula, puede comprometer gravemente la independencia del Órgano Judicial, si quienes detentan el control del Ejecutivo, principalmente de éste, y del Legislativo no resisten, como de hecho ha ocurrido en numerosas ocasiones, la tentación de favorecer a amigos o aliados políticos.

Aunque tradicionalmente se considera que son tres los órganos del Estado, también deben considerarse como tales a los tribunales electorales, la Contraloría General y el Ministerio Público. Estas instituciones son, o deben ser, absolutamente autónomas e independientes de los otros tres poderes. Pero las tres, al igual que el Órgano Judicial, se conforman de manera indirecta. Sus titulares son escogidos por la Asamblea, caso de la Contraloría o por la concurrencia de dos o de los tres órganos tradicionales, como sucede con las Procuradurías General y de la Administración y con el Tribunal Electoral.

 

(La segunda parte, el próximo martes).

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<>Artículo publicado el  28  de diciembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Medios de Comunicación y Gobernabilidad

La opinión del Abogado…

Ramiro Guerra Morales 

Recién instalado el nuevo gobierno acotaba en un artículo de opinión, que los nuevos administradores del estado para hacer de su gestión una buena gobernabilidad tenían que proveer los espacios necesarios para la intermediaciones con otros factores deliberantes de la sociedad; aún estos no tuvieran el carácter o la naturaleza de entes propiamente políticos. Estos son tiempos que la vida en democracia no puede prescindir de los factores de intermediaciones sociales, de tal suerte, que así como lo manifesté en el mencionado artículo, el estado democrático tiene que ser fundamentalmente contemporizador, tolerante y un extraordinario, como decimos los juristas, un amigable componedor de problemas y conflictos.

Obsérvese, que el presente artículo de opinión, lo hemos titulado “Los medios de comunicación y gobernabilidad” y no Gobernabilidad versus medios de comunicación; y la razón es sencilla, la primera, parte de entender que en nuestra sociedades que se presume democrática, parten del principio de que el disenso, la crítica constituye uso de sus componentes axiales. El estado y sus administradores, cometen un error, cuando a la crítica y disenso, responden con la contracrítica y lo lógica de enemigo y la conjura. Muchos de los que hoy critican acciones del gobierno del Lic. Ricardo Martinelli, lo apoyaron y lo siguen apoyando; pero hay que aprender que el apoyo no significa sumisión o abyección, sobre todo cuando se tiene claro que el disenso y la crítica, cuando no desborde los límites que le impone el respeto a la dignidad e integridad de los sujetos y las instituciones; son necesarias para que la sociedad y estado actúen con los necesarios equilibrios propios de una buena democracia.

Diferentes estudiosos de los temas de estado y de la política en nuestro país, acertaron al señalar que una de las variables que incidió de manera extraordinaria en la victoria electoral de nuestros actuales gobernantes, fue la gran gala que hicieron del poder mediático; sin embargo, una cosa es el gran poder de imantación y persuasión que tiene este en una justa electoral y otra es su uso en pleno uso o administración del poder; son realidades distintas, que no bien ponderadas o entendidas, inducen a errores que se pagan muy caros en política.

Reitero el señalamiento, que unos de los más graves déficits de los gobernantes es que no cuentan con esas redes de mediaciones sociales tan necesaria para que los conflictos no desborden y hagan crisis. No es un aspecto de la política que se surte en forma meramente voluntarista; se requiere que la estructura o la nomenclatura del estado se haga de personalidades del complejo social panameño, que tenga esa personalidad proclive a componer conflictos. Lo que actualmente observamos, son pocos los funcionarios, uno que otros, que exponen esa formas de correlacionarse.

Somos unos convencidos de que el diálogo, la tolerancia, la comprensión al adversario, si ayudan a construir país y democracia.

Que Dios bendiga a todos los panameños.

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<>Artículo publicado el 6  de diciembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Sueños de esperanzas

La opinión del Doctor en Medicina….

EDUARDO  REYES  VARGAS
earv31@hotmail.com

¿Qué es la vida?.. Una ilusión, dijo Calderón de la Barca. Cada día sueño que nuestro país además de crecer económicamente, distribuya mejor su riqueza y fortalezca sus instituciones democráticas. Es realmente lamentable que en esta particular democracia sus tres poderes sean percibidos por la mayoría de la población, (distintos estudios ya publicados), como instituciones de escaso aporte al bienestar de las mayorías en sus diarias esperanzas.

Los problemas de salud, educación, seguridad, entre otros, contrarios a resolverse en una forma que satisfaga a sus ciudadanos, aumentan.

La pérdida de valores éticos y morales en esas instancias de poder y decisión, con las debidas excepciones, contribuyen con la desesperanza de aquellos que día a día sufren las consecuencias de los problemas señalados.

Creo que Panamá exige un nuevo marco constitucional, no para ajustar aspiraciones de minorías privilegiadas o personales, sino las de esas mayorías.

Sueño que la elección de nuestros magistrados de la Corte Suprema obedezca más a decisiones basada en la meritocracia que las sustentadas en amistad, política partidista o poderes factuales.

Sueño que nuestra Asamblea de Diputados reduzca sus miembros y que los mismos se dediquen a legislar y no a realizar funciones propias de los representantes de los corregimiento con el consiguiente ahorro (producto de sus actuales privilegios) y dedicarlos a salud y educación. ¿Ha calculado cuánto nos cuesta per cápita cada ley? ¿Son costos útiles o eficientes?

Sueño que el Poder Ejecutivo y quien lo presida en cualquier época, sea sujeto a leyes más rígidas, de tal forma que por tácitos abusos de poder les permitan directamente a quienes lo eligieron su oportuno juzgamiento y condena. No esperar hasta finales de quinquenios, cuando esos abusos han causado graves daños a los ciudadanos. Actualmente los tres poderes parecen protegerse entre sí, ¿y la voluntad soberana del pueblo?

Ya se han cumplido 21 años del inicio de gobiernos democráticos luego de similar cantidad de años de gobierno militar. Sume los primeros 68 años llamados ‘democráticos’.

No negamos algunos avances, pero la esencia de los problemas subsiste y se ha acrecentado un pecado social: la corrupción. Y lo de moda: ‘porque quiero, porque puedo y porque me da la gana’. Interprétese.

El estudio publicado de las Facultades Latinoamericanas de Ciencias Sociales (FLACSO) recoge algunas de esas preocupaciones sobre la gobernabilidad democrática.   Es preocupante lo allí señalado en Panamá.   Que no sea el camino propicio para ‘sargentazos’ al estilo batistiano o para conductas colectivas violentas que denomino ‘jordache’, ante tanta desesperanza.

Sueño en materia de salud, entre otras cosa, que se regulen y abaraten los precios de medicamentos para enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión, cáncer, etc.) y de alimentos saludables: frutas, vegetales y otros. De lo contrario, se haría real la ecuación: No tienes dinero= morirás prematuramente. Prevalezca la vida sobre el mercado salvaje.

Sigo soñando… con esperanza.

**CAMINE CADA DÍA, al menos TREINTA MINUTOS, INVERSIÓN PARA SU SALUD**.

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<> Este artículo se publicó el 30 de noviembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del   autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/reyes-vargas-eduardo-a/

La preciada democracia y su evolución

La opinión de la Abogada….

CANDICE   HERRERA
candiceherrera@hotmail.com
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¡Cuando la cultura política de nuestros gobernantes evoluciona, el país evoluciona! Existen principios básicos en el arte de gobernar, que en varios aspectos trascienden las ideologías y que vienen siendo exigidas crecientemente por la sociedad en general.  Es el caso de la Planificación de Políticas Públicas y del Gasto Público, la Medición de Resultados, la Transparencia, la Rendición de Cuentas y especialmente el estímulo a la Participación Ciudadana que permita garantizar la Gobernabilidad y propiciar el Desarrollo Sostenible.

El desconocimiento, la improvisación, las incongruencias, la desinformación y el sectarismo son algunos de los obstáculos que dificultan e incluso imposibilitan un crecimiento armónico en las sociedades y, por el contrario, tienden a entronizar formas autocráticas de control por parte de quienes gobiernan la nación por el establecido —e inamovible— quinquenio.

Con la masiva solicitud de ‘cambio’, que exigió la ciudadanía en las pasadas elecciones, se reclamó un nuevo pensamiento y un nuevo actuar político. Ello no significa que los panameños queremos retroceder ni desconocer logros alcanzados anteriormente, por ejemplo, la exigibilidad de la responsabilidad política, económica y social, a la que tienen que acogerse todos los actores que aspiran a ser parte decisoria de la gobernabilidad de un Estado.

Por el contrario, tal solicitud de ‘cambio’, es una exigencia para reflexionar acerca de las falencias de los mecanismos de planificación y ejecución de las políticas públicas, la ausencia de una medición veraz de resultados que —por coherencia— deben ser contrastados con los Planes de Gobierno propuestos y la práctica de mecanismos crecientes de transparencia, rendición de cuentas y de participación ciudadana.

Las tareas reclamadas por la ciudadanía, especialmente las de trabajos estables, salud, educación, respeto al medio ambiente y gobernabilidad, deben ser afianzados y perfeccionados, mediante discusiones amplias y participativas, cuyos resultados se expresen en las futuras reformas y en las regulaciones cónsonas con los acuerdos previos, de igual forma en el caso de la Reforma Electoral en curso.

Aspiramos a que se continúe estimulando la conciencia social, la conciencia del gasto, la efectividad y buen uso de los subsidios electorales, así como los acuerdos éticos electorales que preserven la democracia y propicien la participación ciudadana.

Estimular la confrontación entre sectores de la sociedad, contra los partidos políticos, demuestra la manipulación perjudicial hacia una sociedad que, para la conservación de su democracia y el impulso de un desarrollo sostenible óptimo, requiere de la participación de organizaciones como los partidos políticos, para los que el subsidio electoral que les otorga el Estado genera parámetros, condiciones y exigibilidad de sus responsabilidades y manejos, no solo a lo interno, sino en su accionar dentro de las estructuras de poder público y ante la sociedad en general.

Queda en cada uno de los ciudadanos panameños la oportunidad de promover una nueva cultura política y evaluar el cumplimiento, el respeto, el comportamiento, la capacidad, la honestidad, la sostenibilidad, la congruencia, la seriedad y la ética; de quienes emitan propuestas y planteamientos que ofenden la conciencia social, la capacidad de análisis y atentan contra la tan preciada democracia.

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<> Este artículo se publicó el 16 de noviembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que a la autora,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos de la   autora  en: https://panaletras.wordpress.com/category/herrara-candice/

¿Reformas o nueva Constitución?

La opinión de…

Franklin Castrellón

Una de la promesas que, a mi juicio, más caló en el electorado panameño durante la pasada campaña política fue la formulada por el actual presidente, Ricardo Martinelli, cuando en su propuesta de impulsar “el verdadero cambio”, se comprometió a fortalecer la democracia mediante “la modernización del Estado, con énfasis en la reestructuración del sistema judicial, legislativo y electoral” vía “las modificaciones necesarias a la Constitución Nacional”.

Desde su inicio como república, Panamá ha tenido cuatro constituciones: 1904, 1941, 1946 y 1972, esta última emparchada en cuatro ocasiones desde que fue promulgada por el régimen militar. De acuerdo con la Constitución vigente, el poder público lo ejercen los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, “los cuales actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración”.

Sin embargo, el poder que le da la Constitución al Ejecutivo es tal que puede nombrar a discreción allegados suyos en la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la Nación, y utilizar el presupuesto general del Estado como arma para subordinar a los demás órganos a su voluntad y hasta para arrinconar a adversarios políticos.

Con el advenimiento al poder de la Alianza por el Cambio confiaba en que se iniciarían prontamente los pasos para cumplir con la promesa de campaña.   Lamentablemente, a 18 meses de gestión no hemos detectado visos concretos de que cumplirá ese vital componente de su oferta política. Todo lo contrario, hemos visto acciones dirigidas a fortalecer el poder presidencial hasta reducir a los demás poderes públicos a meros instrumentos del Ejecutivo.

Ni siquiera bajo el supuesto de la buena fe presidencial se puede justificar semejante práctica que pone en riesgo lo que los juristas denominan Estado de derecho que, según lo definió el barón de Montesquieu (Charles–Louis de Secondat) en el siglo XVIII, descansa en la “separación de los poderes” y en el consecuente sistema de “pesos y contrapesos” (checks and balances en el régimen anglosajón). Ese sistema es necesario para prevenir excesos por uno de los órganos del Estado en detrimento de los intereses de la Nación.

A manera de ejemplo, en Estados Unidos el Legislativo sirve de contrapeso al Ejecutivo al poder encausar al presidente (caso Richard Nixon) y rebasar el veto presidencial; al Judicial cuando aprueba los jueces federales y puede encausarlos (cámara baja); y a sí mismo, pues cada cámara supervisa a la otra. En cuanto al Ejecutivo, este ejerce contrapeso sobre el Legislativo al poder vetar leyes, mientras que el vicepresidente preside el Senado; y al Judicial por designar a los magistrados.

El propio Ejecutivo tiene en el vicepresidente un contrapeso, pues este puede –en combinación con el Gabinete– separar al Presidente por incapacidad para ejercer sus funciones. Finalmente, el órgano Judicial supervisa la legalidad de las leyes aprobadas por el Legislativo y el magistrado presidente actúa como presidente del Senado cuando este encause al Presidente de la República.

Más que una reforma como las que se han aprobado a la Constitución de 1972, Panamá requiere de una nueva Constitución que surja de una Constituyente integrada por notables. Y cuando menciono notables me refiero a juristas, representantes de la sociedad civil, los partidos políticos y organizaciones cívicas de incuestionable reputación. La vía de una Asamblea Constituyente paralela está contemplada en el artículo 314 de la constitución, y la misma puede ser por iniciativa ciudadana o del Ejecutivo.

Además de perfeccionar la precaria democracia panameña mediante una auténtica separación de los poderes, la nueva Constitución debe fortalecer la capacidad del Estado para perseguir la corrupción, revisar las funciones de la Asamblea para eliminar fuentes de corrupción como el acceso a fondos para obras comunales, crear normas claras para agilizar la administración de justicia, y eliminar dualidades como las contradicciones sobre la existencia o no de suplente del procurador general de la nación.

En interpretación de leyes de igual categoría, la hermenéutica jurídica indica qué ley tiene prelación, pero en el caso citado el Ejecutivo pudo imponer su voluntad por ausencia de contrapeso en el Órgano Judicial.

Recientemente, el Colegio de Abogados (La Prensa, 12 de marzo de 2010) se pronunció a favor de impulsar la convocatoria de una Constituyente. Otras destacadas figuras del foro nacional, como la ex procuradora Mercedes A. de Grimaldo y el constitucionalista Miguel A. Bernal, han hecho lo propio.

Y el presidente Martinelli renovó su promesa de campaña, mencionando temas tales como la elección de los magistrados de la Corte Suprema y el periodo presidencial. Cabe ahora tomar iniciativas concretas para que los panameños contemos con una Constitución moderna que perfeccione nuestra democracia.

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<> Este artículo se publicó el 4  de noviembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/castrellon-franklin/

La regla dorada

La opinión del Comunicador Social…

Edwin Rodríguez* 

Un grupo de científicos colocó cinco monos en una jaula, en cuyo centro había una escalera y, sobre ella, un montón de bananas. Cuando un primate subía la escalera para agarrar las bananas, los científicos lanzaban un chorro de agua fría sobre los que quedaban en el suelo.     Después de algún tiempo, cuando un mico iba a subir la escalera, los otros lo molían a palos.

Pasado algún tiempo más, ningún chimpancé subía la escalera, a pesar de la tentación de las frutas.

Entonces, los científicos sustituyeron uno de los simios. La primera cosa que hizo fue subir la escalera, siendo rápidamente bajado por los otros, quienes le pegaron. Después de algunas palizas, el nuevo integrante del grupo ya no subió más la escalinata. Un segundo mono fue sustituido, y ocurrió lo mismo. El primer sustituto participó con entusiasmo de la paliza al novato. Un tercero fue cambiado, y se repitió el hecho. El cuarto y, finalmente, el último de los veteranos fueron sustituidos.

Los científicos quedaron, entonces, con un grupo de cinco monos que, aun cuando nunca recibieron un baño de agua fría, continuaban golpeando a aquel que intentase llegar a las bananas.

Ahora bien, desdichadamente, lo más usual, en tales circunstancias es compartir ignorancia… y actuar en consecuencia. Sin embargo, la intención es contribuir en lo posible cambiando en algo esta realidad, con una aproximación científica y no política, si es que ello es posible. Sea la que sea la filosofía, concepto, paradigma, método, técnica, etc.

Así mismo, la misión fundamental del Estado, sin dudas, es lograr su gobernabilidad. Alcanzando progresivamente los objetivos y promesas de campaña con la ayuda o no de sus aliados, oponentes e indiferentes, externos e internos en un clima de relativa armonía. En tanto, cuando un gobierno culpa a la oposición de no lograr lo que se había propuesto, ese gobierno aunque diga lo contrario, reconoce que perdió autoridad, y que el manejo de la situación se le escapó de las manos.

No obstante, si la oposición quería y logró descolocar al gobierno y hacerlo incumplir sus propósitos ganó liderazgo, por lo menos mientras lo conquistó.   Por ende, un gobierno sólido y capaz debería ser o estratégicamente hacerse relativamente, inmune a la acción de sus oponentes; y no lamentarse del mayor poder de sus adversarios para llevarlo a inalcanzar sus fines. En cambio, es válido a la inversa; la misión de los antagonistas es ser oponentes responsables y les corresponderían ejercerla.

Mientras tanto, los gobernantes deberían practicar la suya: gobernar, cabalmente, en beneficio de todos; respetando estrictamente la institucionalidad, separación de poderes y los valores democráticos. Aun cuando, otros actores no los hayan respetado.

Finalmente, apliquemos entonces, la regla dorada: “Haz a otros lo que quisieras que te hagan a ti.

*No Vidente

<> Artículo publicado el 29 de septiembre de 2010 en el diario El Panamá América, a quienes damos,    lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.

Escenarios

La opinión de….

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Carlos Guevara Mann

Una preocupación por la situación política y el deterioro del sistema democrático ha llevado al planteamiento de distintos escenarios.

Algunos observadores, atentos a la creciente crispación que manifiestan los sectores influyentes, aluden al posible establecimiento de alianzas entre dichos sectores, lo que podría darle un vuelco a la conducción del país.

Al respecto han escrito, en La Prensa, Guillermo Sánchez Borbón y Paco Gómez Nadal (14 y 17 de agosto).

Otros, como Rodrigo Noriega (La Prensa, 18 de agosto), encuentran similitudes entre el momento actual y el “remonato”, la hegemonía de José Antonio Remón y el organismo armado a su mando entre 1947 y 1955.    La analogía es inquietante.

La autocracia, la creciente militarización y la corrupción rampante fueron las principales características de ese vergonzoso capítulo de la historia nacional.   Su siniestro final –producto de la confabulación de grupos poderosos dentro y fuera del país– es de todos conocido.

Pero hay otros escenarios posibles. Con honda preocupación, me aventuro a esbozar uno de ellos.

Si el Gobierno no rectifica su rumbo, la creciente efervescencia social que tuvo una expresión dramática en las protestas de Bocas del Toro experimentará un ritmo ascendente.

El desencanto popular a lo largo y ancho del país –pero especialmente en lugares como Colón, Chiriquí, la comarca Ngäbe–Buglé y los barrios marginales del área metropolitana– podría llevar a graves condiciones de ingobernabilidad.

En esas circunstancias, la intransigencia y falta de cultura política que hasta ahora han demostrado quienes aconsejan al Ejecutivo podrían producir un desenlace tan dañino para la democracia como el que insinúan quienes sugieren la posibilidad de un cambio extra constitucional en la conducción del Gobierno.

Ese desenlace consiste en la “disolución” de la Asamblea Nacional, una respuesta a situaciones de crisis ensayada varias veces antes en esta convulsionada región del mundo.

En Panamá recurrieron a ella Ricardo Adolfo de La Guardia en 1944, Arnulfo Arias en 1951 y, por supuesto, los militares golpistas en 1968. En América, el ejemplo reciente más conocido es el de Fujimori (Perú, 1992).   El año siguiente, Serrano Elías lo intentó en Guatemala, pero le salió el tiro por la culata y se vio obligado a escapar a Panamá para evitar su enjuiciamiento por violar la Constitución.

En un contexto de estremecimiento social, un Gobierno arrinconado por protestas populares violentas podría tratar de salvar el pellejo atribuyendo los males del país a la Asamblea Nacional.

“Decretar” el cierre de la Asamblea sería inconstitucional –nuestra ley fundamental lo prohíbe expresamente– y terrible para el desarrollo político del país, pero no por ellos menos factible (acá las leyes se las pasan ya sabe usted por dónde) y conveniente para quienes se aferran al usufructo del poder.

La Asamblea sería el chivo expiatorio ideal. Nadie saldría en su defensa si el Ejecutivo decidiera cerrarla. Su desprestigio, causado en primera instancia por la conducta execrable de sus propios miembros desde la restauración democrática en 1990, es tan extraordinario que la cámara no incita en la ciudadanía ningún sentimiento de lealtad.

Este escenario no sólo es peligroso sino catastrófico. El cierre de la Asamblea Nacional constituiría el último clavo del ataúd de la democracia panameña. Pero quienes pueden impedirlo –los propios diputados– son los primeros que con sus triquiñuelas, clientelismo, corrupción, ineptitud, sumisión y envilecimiento han producido el repudio masivo hacia la cámara representativa.

Es duro y doloroso escribir sobre este tema. Mencionarlo siquiera parece abominable, pues puede dar pie a toda suerte de conjeturas, elucubraciones y conciliábulos o poner ideas en la mente de los sujetos poco evolucionados que tienen en sus manos las riendas del país. Pero alguien tiene que advertirlo.

Por eso digo públicamente a los diputados (ya lo dije en privado a algunos de los más sensatos entre ellos): pelen los ojos. Ambos ojos. Los primeros que pagarán el costo de la ingobernabilidad causada por la obcecación, el autoritarismo y la falta de respuestas reales y sostenibles a los problemas nacionales serán ustedes mismos.

Si en sus conciencias existe todavía un mínimo civismo y patriotismo, recurran a él cuanto antes para salvar la menguante democracia panameña. Comiencen por rechazar la reelección en la rectoría universitaria.

Eso transmitiría a la ciudadanía el mensaje de que no todo en la Asamblea Nacional está absolutamente podrido y que la cámara tiene la capacidad de contribuir, de alguna manera, al desarrollo nacional.

<>Artículo publicado el  1  de septiembre de 2010 en el diario La Prensa,   a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.