Agua, una crisis de gobernabilidad

La opinión de…

 

Federico Meléndez Valdelamar

Sobre la crisis del agua en Panamá se han elaborado muchos artículos en su mayoría muy orientadores desde el punto de vista técnico, por lo que no vamos a volver a repetirlos para adentrarnos en otros puntos vinculantes que no podemos descuidar.

A manera de referente general, la Organización de Naciones Unidas (ONU) calcula que para el año 2025, mil 800 millones de personas vivirán en regiones afectadas por una escasez absoluta de agua, entre otras causas, debido al crecimiento demográfico, la contaminación y las manipulaciones del territorio.

Lo peor del asunto es que los pronósticos para el futuro no son nada halagadores; el planeta posee agua constante, pero sufre de estrés hídrico, “el consenso sobre el particular sugiere que pesa más la mala gestión sobre el recurso que la propia escasez como tal”.

Panamá no escapa a esta percepción; en el pretérito cercano los panameños acostumbrados a derrochar el agua (se vanagloriaban de tener la mejor del mundo), pero vivieron una pesadilla en la ciudad capital (un millón y medio de habitantes) que se inició el 8 de diciembre de 2010, cuando las lluvias provocadas por el fenómeno de La Niña dejaron serias inundaciones y provocaron, también, que el lago Alajuela, que abastece de agua a la planta potabilizadora de Chilibre, registrara históricos grados de turbiedad, lo que puso en evidencia la incapacidad de la institución para poder tratar adecuadamente el vital líquido.

El hecho ocurrido dio inicio a un caudal de especulaciones, algunas se validaron recientemente cuando una auditoría encomendada al ingeniero colombiano Jorge Arboleda Valencia en 2009 (La Estrella 2/2/2011) encontró más de un centenar de fallas en la que se advertía la actual crisis, que tiene su génesis en la administración “de la mandataria Mireya Moscoso, cuando se decide licitar la ampliación de la planta potabilizadora de Chilibre, por 48 millones de dólares, que ganó la empresa británica Biwater, cuyo contrato se concretó en julio de 2003”.

Según se desprende de la auditoría, la empresa que construyó la nueva planta y rehabilitó la vieja, dejó más de 112 reparaciones sin terminar e incumplió otros trabajos y suministros.

En la ciudad capital, la incertidumbre de la población no ha perdido vigencia por lo que pueda pasar en abril próximo, cuando las lluvias estén de regreso; por lo pronto, los comerciantes y vendedores de agua embotellada están felices por el incremento en las ventas del vital líquido, negocio al que ya las autoridades de salud le tienen el ojo puesto por la desfachatez de algunas empresas en no cumplir con las normas sanitarias requeridas.

Si no se resuelve este problema con una visión de agenda de Estado, la ciudad de Panamá pudiese entrar en un escenario de “estrés hídrico” de impredecibles consecuencias.

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Este artículo se publicó el 6 de febrero  de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Autodescalificación presidencial

La opinión de…

 

Roberto Arosemena Jaén

Históricamente, somos un estado presidencialista.   Es un invento estadounidense con más de 234 años de efectividad. Ese invento expresa el dicto aristotélico “que mande uno”.   Es la conclusión de su metafísica, o el esfuerzo enorme de explicarse el funcionamiento del mundo como algo ordenado y no caótico.

No obstante, en Panamá el presidencialismo está en crisis.   Es algo caótico. Todo lo caótico produce una crisis humana. Toda crisis se resuelve cuando la causa perturbadora desaparece. La crisis de la crisis de gobernabilidad es que todos saben que la causa debe desaparecer, pero nadie sabe ni cuándo ni cómo.

El presidencialismo panameño se ha descalificado intempestivamente desde que el gobierno del Cambio ganó las elecciones.   El jefe del Cambio ha sabido hacer suyo lo que establece la Constitución.   “El presidente de la República es responsable por sí mismo del “orden público”, del “nombramiento de los ministros” y de la “coordinación de la administración pública”.   Si los servicios públicos están deteriorándose el único responsable es el señor Presidente de la República.

Recientemente, Ricardo Martinelli ha ratificado que él es el que manda y seguirá mandando: “hasta junio del 2014. La soga de la crisis, el mismo se la ha colocado en el cuello.

No hay, fuera de Ricardo Martinelli, ningún causante de la crisis. Es decir que un esquema que se diseñó para el buen gobierno, tanto al nivel pragmático de Estados Unidos como al nivel filosófico de los clásicos griegos, hoy expresa la deriva de servicios públicos ingobernables y deteriorados.   Si la Presidencia no funciona en un régimen presidencialista, la nación se paraliza y la autodesestabilización crece exponencialmente.

Esta situación de crisis la ha denunciado con valentía cierto sector de la sociedad civil. La diferencia entre la denuncia de que el señor Martinelli se está haciendo dueño del aparato del Estado y de los Órganos del Estado y mi denuncia del fracaso del sistema presidencialista en Panamá es que la sociedad civil piensa que el problema es el “estilo autoritario” –Mauro Zúñiga lo califica de “fascista”, mientras que este artículo afirma que el problema es el presidencialismo.

El porrismo y el chiarismo, Torrijos-Noriega, Pérez Balladares y ahora, Ricardo Martinelli Berrocal manifiestan la perversión del presidencialismo panameño. Tanto la Constitución liberal como la actual torrijista reformada hacen de los poderes públicos “marionetas del poder ejecutivo”.   Se puede decir que nada ha hecho Martinelli que antes no hizo Porras o Pérez Balladares.   Ni el Ministerio Público ni la Corte Suprema de Justicia ni los diputados ni el presupuesto nacional han sido tan supeditados a Martinelli como lo fueron en los días de Porras y Pérez Balladares.

Somos un estado sometido al presidencialismo que se hace sentir caóticamente cuando nos toca un presidente fuerte o una fuerza pública presidencialista.   La ciudadanía es débil porque no existe un aparato estatal en manos de servidores públicos de carrera con capacidad e idoneidad moral e intelectual ni partidos políticos coherentes y fieles a unos determinados principios.

Tampoco existe una sociedad civil con una empresa privada nacional interesada en el funcionamiento democrático del Estado.   Por el contrario, el sector privado transnacional se complace en regalías, tráfico de influencia y lucha para no ser fiscalizada ni rendir cuenta de las inversiones megamillonarias que se le encomiendan. Tampoco se tienen gremios y sindicatos autosuficientes frente al Gobierno y a los empleadores. No se genera conocimiento desde las universidades ni se proporciona a la sociedad ni al estado profesionales decentes, revestidos de ciencia, creatividad y sentido ético y cívico.

Frente a estas carencias políticas y culturales la crisis del presidencialismo es un pretexto de quítate tú porque vengo yo. Las expectativas ciudadanas se precipitan en la indiferencia, el oportunismo y en la espera mágica de que las presiones de Estados Unidos y la Banca Mundial se harán sentir poco a poco. Además, aparece el fantasma y la ilusión del caudillo por venir.

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Este artículo se publicó el 22  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Gobernantes, gobernados y gobernabilidad (I)

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La opinión del Abogado, Político independiente…

Juan Manuel Castulovich

Los dos primeros términos no requieren ser definidos, aunque sí de algunas consideraciones y juicios valorativos para que todos podamos entendernos y, sobre todo, comportarnos de acuerdo a los derechos y las responsabilidades que nos corresponden. La gobernabilidad, en cambio, por ser mal interpretada por muchos, demanda de algunas precisiones y de mejor entendimiento, especialmente de quienes tienen la responsabilidad primaria de contribuir a que exista, y de garantizarla.

Por “Estado de Derecho”, universalmente se entiende que es aquél donde la Constitución y la Ley son el obligado marco de referencia para la conducta de todos, gobernantes y gobernados, o sea, aquél donde nadie está por encima de ellas y a todos se nos aplica por igual. El “Estado de Derecho” y la gobernabilidad están vinculados, de manera indisoluble. La gobernabilidad sólo puede existir en un “Estado de Derecho”.

El principal elemento del Estado es la población, el pueblo, única y legítima fuente del poder. Así lo reconoce y ratifica el Artículo 2 de la Constitución: “El poder público sólo emana del pueblo. Lo ejerce el Estado (entiéndase las instituciones que lo gobiernan) conforme esta Constitución lo establece, por medio de los Órgano Legislativos, Ejecutivo y Judicial, los cuales actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración.”

La repartición del poder público en los tres órganos tradicionales supone que éstos deben actuar separadamente y cumplir funciones específicas y definidas: al Órgano Legislativo corresponde dictar las leyes o reformarlas; al Órgano Ejecutivo dirigir la Administración Pública, cumpliendo estrictamente con la Constitución y la Ley; y al Órgano Judicial administrar Justicia, interpretando y aplicando la Constitución y las leyes. El funcionamiento autónomo de cada uno de esos tres órganos básicos es la primera condición para que exista el “Estado de Derecho”, que supone que cada uno respeta y no se entromete en las competencias de los otros dos.

Los Órganos Legislativo y Ejecutivo (entiéndase el presidente) derivan su legitimidad y representación directamente del pueblo, pues ambos son producto directo de la voluntad popular que los elige; pero ese no es el caso del Órgano Judicial que se integra por la decisión concurrente del Órgano Ejecutivo y el Órgano Legislativo (los magistrados son nombrado por acuerdo del Gabinete y ratificados por la Asamblea). Esta fórmula, puede comprometer gravemente la independencia del Órgano Judicial, si quienes detentan el control del Ejecutivo, principalmente de éste, y del Legislativo no resisten, como de hecho ha ocurrido en numerosas ocasiones, la tentación de favorecer a amigos o aliados políticos.

Aunque tradicionalmente se considera que son tres los órganos del Estado, también deben considerarse como tales a los tribunales electorales, la Contraloría General y el Ministerio Público. Estas instituciones son, o deben ser, absolutamente autónomas e independientes de los otros tres poderes. Pero las tres, al igual que el Órgano Judicial, se conforman de manera indirecta. Sus titulares son escogidos por la Asamblea, caso de la Contraloría o por la concurrencia de dos o de los tres órganos tradicionales, como sucede con las Procuradurías General y de la Administración y con el Tribunal Electoral.

 

(La segunda parte, el próximo martes).

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<>Artículo publicado el  28  de diciembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Medios de Comunicación y Gobernabilidad

La opinión del Abogado…

Ramiro Guerra Morales 

Recién instalado el nuevo gobierno acotaba en un artículo de opinión, que los nuevos administradores del estado para hacer de su gestión una buena gobernabilidad tenían que proveer los espacios necesarios para la intermediaciones con otros factores deliberantes de la sociedad; aún estos no tuvieran el carácter o la naturaleza de entes propiamente políticos. Estos son tiempos que la vida en democracia no puede prescindir de los factores de intermediaciones sociales, de tal suerte, que así como lo manifesté en el mencionado artículo, el estado democrático tiene que ser fundamentalmente contemporizador, tolerante y un extraordinario, como decimos los juristas, un amigable componedor de problemas y conflictos.

Obsérvese, que el presente artículo de opinión, lo hemos titulado “Los medios de comunicación y gobernabilidad” y no Gobernabilidad versus medios de comunicación; y la razón es sencilla, la primera, parte de entender que en nuestra sociedades que se presume democrática, parten del principio de que el disenso, la crítica constituye uso de sus componentes axiales. El estado y sus administradores, cometen un error, cuando a la crítica y disenso, responden con la contracrítica y lo lógica de enemigo y la conjura. Muchos de los que hoy critican acciones del gobierno del Lic. Ricardo Martinelli, lo apoyaron y lo siguen apoyando; pero hay que aprender que el apoyo no significa sumisión o abyección, sobre todo cuando se tiene claro que el disenso y la crítica, cuando no desborde los límites que le impone el respeto a la dignidad e integridad de los sujetos y las instituciones; son necesarias para que la sociedad y estado actúen con los necesarios equilibrios propios de una buena democracia.

Diferentes estudiosos de los temas de estado y de la política en nuestro país, acertaron al señalar que una de las variables que incidió de manera extraordinaria en la victoria electoral de nuestros actuales gobernantes, fue la gran gala que hicieron del poder mediático; sin embargo, una cosa es el gran poder de imantación y persuasión que tiene este en una justa electoral y otra es su uso en pleno uso o administración del poder; son realidades distintas, que no bien ponderadas o entendidas, inducen a errores que se pagan muy caros en política.

Reitero el señalamiento, que unos de los más graves déficits de los gobernantes es que no cuentan con esas redes de mediaciones sociales tan necesaria para que los conflictos no desborden y hagan crisis. No es un aspecto de la política que se surte en forma meramente voluntarista; se requiere que la estructura o la nomenclatura del estado se haga de personalidades del complejo social panameño, que tenga esa personalidad proclive a componer conflictos. Lo que actualmente observamos, son pocos los funcionarios, uno que otros, que exponen esa formas de correlacionarse.

Somos unos convencidos de que el diálogo, la tolerancia, la comprensión al adversario, si ayudan a construir país y democracia.

Que Dios bendiga a todos los panameños.

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<>Artículo publicado el 6  de diciembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Sueños de esperanzas

La opinión del Doctor en Medicina….

EDUARDO  REYES  VARGAS
earv31@hotmail.com

¿Qué es la vida?.. Una ilusión, dijo Calderón de la Barca. Cada día sueño que nuestro país además de crecer económicamente, distribuya mejor su riqueza y fortalezca sus instituciones democráticas. Es realmente lamentable que en esta particular democracia sus tres poderes sean percibidos por la mayoría de la población, (distintos estudios ya publicados), como instituciones de escaso aporte al bienestar de las mayorías en sus diarias esperanzas.

Los problemas de salud, educación, seguridad, entre otros, contrarios a resolverse en una forma que satisfaga a sus ciudadanos, aumentan.

La pérdida de valores éticos y morales en esas instancias de poder y decisión, con las debidas excepciones, contribuyen con la desesperanza de aquellos que día a día sufren las consecuencias de los problemas señalados.

Creo que Panamá exige un nuevo marco constitucional, no para ajustar aspiraciones de minorías privilegiadas o personales, sino las de esas mayorías.

Sueño que la elección de nuestros magistrados de la Corte Suprema obedezca más a decisiones basada en la meritocracia que las sustentadas en amistad, política partidista o poderes factuales.

Sueño que nuestra Asamblea de Diputados reduzca sus miembros y que los mismos se dediquen a legislar y no a realizar funciones propias de los representantes de los corregimiento con el consiguiente ahorro (producto de sus actuales privilegios) y dedicarlos a salud y educación. ¿Ha calculado cuánto nos cuesta per cápita cada ley? ¿Son costos útiles o eficientes?

Sueño que el Poder Ejecutivo y quien lo presida en cualquier época, sea sujeto a leyes más rígidas, de tal forma que por tácitos abusos de poder les permitan directamente a quienes lo eligieron su oportuno juzgamiento y condena. No esperar hasta finales de quinquenios, cuando esos abusos han causado graves daños a los ciudadanos. Actualmente los tres poderes parecen protegerse entre sí, ¿y la voluntad soberana del pueblo?

Ya se han cumplido 21 años del inicio de gobiernos democráticos luego de similar cantidad de años de gobierno militar. Sume los primeros 68 años llamados ‘democráticos’.

No negamos algunos avances, pero la esencia de los problemas subsiste y se ha acrecentado un pecado social: la corrupción. Y lo de moda: ‘porque quiero, porque puedo y porque me da la gana’. Interprétese.

El estudio publicado de las Facultades Latinoamericanas de Ciencias Sociales (FLACSO) recoge algunas de esas preocupaciones sobre la gobernabilidad democrática.   Es preocupante lo allí señalado en Panamá.   Que no sea el camino propicio para ‘sargentazos’ al estilo batistiano o para conductas colectivas violentas que denomino ‘jordache’, ante tanta desesperanza.

Sueño en materia de salud, entre otras cosa, que se regulen y abaraten los precios de medicamentos para enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión, cáncer, etc.) y de alimentos saludables: frutas, vegetales y otros. De lo contrario, se haría real la ecuación: No tienes dinero= morirás prematuramente. Prevalezca la vida sobre el mercado salvaje.

Sigo soñando… con esperanza.

**CAMINE CADA DÍA, al menos TREINTA MINUTOS, INVERSIÓN PARA SU SALUD**.

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<> Este artículo se publicó el 30 de noviembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del   autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/reyes-vargas-eduardo-a/

La preciada democracia y su evolución

La opinión de la Abogada….

CANDICE   HERRERA
candiceherrera@hotmail.com
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¡Cuando la cultura política de nuestros gobernantes evoluciona, el país evoluciona! Existen principios básicos en el arte de gobernar, que en varios aspectos trascienden las ideologías y que vienen siendo exigidas crecientemente por la sociedad en general.  Es el caso de la Planificación de Políticas Públicas y del Gasto Público, la Medición de Resultados, la Transparencia, la Rendición de Cuentas y especialmente el estímulo a la Participación Ciudadana que permita garantizar la Gobernabilidad y propiciar el Desarrollo Sostenible.

El desconocimiento, la improvisación, las incongruencias, la desinformación y el sectarismo son algunos de los obstáculos que dificultan e incluso imposibilitan un crecimiento armónico en las sociedades y, por el contrario, tienden a entronizar formas autocráticas de control por parte de quienes gobiernan la nación por el establecido —e inamovible— quinquenio.

Con la masiva solicitud de ‘cambio’, que exigió la ciudadanía en las pasadas elecciones, se reclamó un nuevo pensamiento y un nuevo actuar político. Ello no significa que los panameños queremos retroceder ni desconocer logros alcanzados anteriormente, por ejemplo, la exigibilidad de la responsabilidad política, económica y social, a la que tienen que acogerse todos los actores que aspiran a ser parte decisoria de la gobernabilidad de un Estado.

Por el contrario, tal solicitud de ‘cambio’, es una exigencia para reflexionar acerca de las falencias de los mecanismos de planificación y ejecución de las políticas públicas, la ausencia de una medición veraz de resultados que —por coherencia— deben ser contrastados con los Planes de Gobierno propuestos y la práctica de mecanismos crecientes de transparencia, rendición de cuentas y de participación ciudadana.

Las tareas reclamadas por la ciudadanía, especialmente las de trabajos estables, salud, educación, respeto al medio ambiente y gobernabilidad, deben ser afianzados y perfeccionados, mediante discusiones amplias y participativas, cuyos resultados se expresen en las futuras reformas y en las regulaciones cónsonas con los acuerdos previos, de igual forma en el caso de la Reforma Electoral en curso.

Aspiramos a que se continúe estimulando la conciencia social, la conciencia del gasto, la efectividad y buen uso de los subsidios electorales, así como los acuerdos éticos electorales que preserven la democracia y propicien la participación ciudadana.

Estimular la confrontación entre sectores de la sociedad, contra los partidos políticos, demuestra la manipulación perjudicial hacia una sociedad que, para la conservación de su democracia y el impulso de un desarrollo sostenible óptimo, requiere de la participación de organizaciones como los partidos políticos, para los que el subsidio electoral que les otorga el Estado genera parámetros, condiciones y exigibilidad de sus responsabilidades y manejos, no solo a lo interno, sino en su accionar dentro de las estructuras de poder público y ante la sociedad en general.

Queda en cada uno de los ciudadanos panameños la oportunidad de promover una nueva cultura política y evaluar el cumplimiento, el respeto, el comportamiento, la capacidad, la honestidad, la sostenibilidad, la congruencia, la seriedad y la ética; de quienes emitan propuestas y planteamientos que ofenden la conciencia social, la capacidad de análisis y atentan contra la tan preciada democracia.

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<> Este artículo se publicó el 16 de noviembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que a la autora,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos de la   autora  en: https://panaletras.wordpress.com/category/herrara-candice/