Yo voté por el cambio, pero…

La opinión del Escritor…

Enrique Jaramillo Levi

Yo voté por el cambio. Ante la única otra opción, la de una mujer políticamente desprestigiada que, a mi juicio, hubiera sido nefasta al frente del país, opté por lo que en ese momento sentí como la esperanza.

La mía y la de miles de panameños. Y es que uno siempre se acoraza en la esperanza, para no padecer eternamente los embates del descreimiento, la frustración y los malos augurios que se cocinan en la mente cuando el pasado siembra temores y ensombrece las entretelas del futuro.

Enfrentar la corrupción y castigarla, poner orden en la cosa pública, emprender proyectos ambiciosos que beneficien a las grandes mayorías, enrumbar las bases mismas de nuestra incipiente democracia, son ideales que la gente sensata necesariamente comparte.

Pero qué desagradable es irse decepcionando, lentamente o a pasos agigantados, cuando empiezan a agrietarse las más elementales normas que rigen los cimientos de la sensatez y los logros trabajosamente conquistados en materia de libertad de expresión, equilibrio medioambiental, equidad económica para todos los sectores, seguridad ciudadana y otros derechos humanos fundamentales, tras haber enfrentado durante tantos años el oprobio de la vieja dictadura.

Qué sensación de engaño ante la prepotencia galopante que en todos los ámbitos sentimos abiertamente o de forma solapada. Qué decepción cuando a cada rato surgen contradicciones entre lo dicho y lo que en realidad se hace o se deja de hacer; entre lo prometido en campaña y los vicios que vemos repetirse, solo que desproporcionadamente aumentados como si los estuviéramos mirando bajo el prisma ilusorio de una lupa.

Lamentablemente, todo parece indicar que la percepción no es ilusoria. Y, además, la gente siente que empieza a reptar tras bambalinas un amedrentamiento que, gestado en diversas instancias del poder, provoca un temor real en quienes no se pliegan ni transigen; sobre todo, en los que se atreven a disentir, a criticar, incluso a debatir públicamente sobre temas que en un momento dado se perciben como delicados o inconvenientes, ya sea porque las decisiones que se toman o se van a tomar riñen con la Constitución, o porque sin hacerlo amenazan el progreso de muchos a favor de unos pocos, a menudo desquiciando de paso las bases mismas de la institucionalidad.

La compra directa y la omisión del control previo recientemente decretados con excusas baladíes, además de los obvios favoritismos políticos y económicos, son buenos ejemplos. Aparte del desastre nacional que fue la reciente represión en Bocas del Toro, con sus secuelas trágicas en distintos niveles, por la terquedad de aprobar una ley obtusa e intransigente que de todos modos ha sido necesario cambiar.

Ahora los medios de información, y no pocos periodistas individuales, de diversas maneras y con pretextos disímiles empiezan a ser amedrentados. El informe de la comisión panameña ante la Sociedad Interamericana de Prensa, reunida hace unos días en Mérida, México, es clarísimo en su contundente muestreo y denuncia de peligrosos desaciertos del Gobierno en su progresivo asedio sutil o abierto a dichos medios.

Si a esto sumamos el desafío a los grupos ambientalistas, a los pobladores locales y a la salud del país mismo en materia de minería a cielo abierto y otras formas de violentar la indispensable protección ambiental en aras de un supuesto beneficio económico superlativo, además de diversas modalidades de enfrentamiento o desavenencia permanente con otros grupos de la sociedad civil, lo que tenemos es un cuadro nacional en extremo deprimente. Y, por supuesto, muy, muy preocupante.

Ante este panorama, en una sociedad democrática no queda más que organizarse. Pero al margen de los partidos políticos, de los que todos estamos hartos por esa eterna actitud convenenciera que de una manera u otra suele uniformar a los oportunistas, que son muchos de sus dirigentes. Decididamente, empezar a hacer sentir a nuestros gobernantes sólidos criterios divergentes cuando los haya, acaso más sensatos; y tal vez incluso, poco a poco, mayoritarios. Porque si la unión hace la fuerza, la fuerza de los razonamientos individuales al multiplicarse puede perfectamente convertirse en mayoría. La historia, siempre sabia, ha dado múltiples ejemplos del fenómeno.

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<> Este artículo se publicó el 4 de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Inconstitucionalidad del Pele Police

La opinión de….

JAIME  A.  PADILLA  G.
jpadilla_g01@yahoo.com

El famoso PELE POLICE (PP) no sabemos a santo de qué lo trajeron a Panamá,  y lo cierto es que, es violatorio de normas de nuestra Constitución Política, que protegen garantías fundamentales, las cuales transcribiremos a continuación, advirtiendo primeramente que el PP no está regulado en ninguna reglamentación, ley, decreto, decreto ejecutivo o resolución, por lo que consideramos que ha sido una genialidad de algún funcionario, a quien se le ocurrió y logró introducir a nuestro país e implementarlo.

Veamos los artículos de la CP violentados:

‘Artículo 17: Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales, donde quiera se encuentren’. …’.

El PP violenta esta norma, toda vez que a través del mismo, las autoridades en lugar de proteger, lo que hacen es perseguir, reprimir, incomodar, acechar y presionar al ciudadano común.

‘Artículo 18: Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infracción de la Constitución o de la Ley. Los servidores públicos lo son por esas mismas causas y también por extralimitación de funciones’ …’.

Aquí se dan dos violaciones, porque el ciudadano solo es responsable cuando se le demuestre que ha violentado la Ley y el PP de ninguna forma te prueba que ésta se ha violentado y hay una clara ‘extralimitación de funciones’ por los servidores públicos al utilizar el PP, pues, no está regulado en ninguna Ley, tal y como lo hemos mencionado.

‘Artículo 19: No habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas’.

Hemos visto que el PP solo se le aplica a la gente humilde, en los barrios de gente pobre, en retenes o vías donde solo pasa la gente de pueblo. No hemos visto que lo hagan con la gente pudiente, en barriadas de ricos y millonarios o a miembros del gobierno o del Club Unión, por ejemplo.

‘Artículo 21: Nadie puede ser privado de su libertad, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, expedido de acuerdo con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la Ley…’.

La Constitución lo dice claramente, ‘nadie puede ser privado de su libertad sin mediar una orden o mandato escrito de autoridad competente’. Estos policías o funcionarios del gobierno estiman que el mandamiento escrito de que habla la norma está en la ‘pantallita’ del PP, donde te sale la infracción; y es por ello que se llevan o aprehenden a la persona sin ningún miramiento ni justificación, aún cuando la persona proteste, alegue o se trate de defender, aún cuando salga una falta administrativa. Esto es peligroso y preocupante, porque, aún cuando se trate de ‘faltas administrativas’, esto no da derecho a la detención.

‘Artículo 22: Toda persona detenida debe ser informada inmediatamente y en forma que le sea comprensible, de las razones de su detención y de sus derechos constitucionales y legales correspondientes. Las personas acusadas de haber cometido un delito tienen derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad’.

Con el PP es todo lo contrario, se está presumiendo que eres culpable y tienes algún problema con la autoridad, violentando este ‘principio de inocencia’.

‘Artículo 27: Toda persona puede transitar libremente por el territorio nacional… sin más limitaciones que las que impongan las leyes o reglamentos de tránsito, fiscales, de salubridad y de inmigración’.

Se violenta este principio del libre tránsito de forma flagrante, porque la única limitación es que exista una orden legal y el PP ni siquiera se encuentra reglamentado en ninguna Ley de nuestro país.

Finalmente y otra cosa que nos preocupa, es el hecho de que el PP se estará usando para los casos de ‘pensiones alimenticias’, y para aquellas personas que tengan problemas de este tipo. Mañana, entonces, se usará para los enemigos del gobierno o para los que no comulguen con este gobierno.

Nos preocupa, porque las incapacidades administrativas de funcionabilidad y ejecutabilidad,   son las verdaderas causantes de que existan tantas personas con casos pendientes y otras absueltas sin haber sido registradas como tales, y no pueden venir a subsanarse con el PP.   Para ello se necesita una serie de elementos de logística, que obviamente no existen, que lo ha convertido en un ‘desastre’, por ello su inminente fracaso.

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<> Este artículo se publicó el 29 de noviembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del   autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/padilla-gonzalez-jaime-a/

Intervenciones telefónicas en la doctrina procesal penal

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La opinión del Abogado…

Ramiro Guerra Morales

Acotaba el maestro y destacado constitucionalista panameño, el Dr. José Dolores Moscote, que los derechos y libertades fundamentales, vinieron a hacer la diferencia entre el viejo régimen del estado poderoso, absoluto y la modernidad liberal, que se caracterizó por el advenimiento de un estado limitado en su poder frente al ejercicio de derechos considerados como naturales e inherentes a la condición humana.

Nuestra Constitución Nacional, para los propósitos del presente artículo de opinión Jurídica y doctrinal, señala que “todas las comunicaciones privadas son inviolables y no podrán ser interceptadas o grabadas, sino por mandato de autoridad judicial”.

La Corte Suprema de Justicia, ha señalado, que lo de autoridad judicial, debe entenderse como la proveniente de mandato o decisión judicial, excluyendo al Ministerio Público del concepto de la judicialidad.   En ese sentido para que proceda la ejecución de una intervención de la naturaleza mencionada, la institución que lleva el sumario adelante, tiene la obligación de solicitar el mandato

que no puede otro, que el proveniente del Órgano Judicial.

La doctrina procesal penal, en cuanto a las intervenciones telefónicas, ha señalado que cuando estamos frente a intervenciones telefónicas,   a riegos de no caer en el campo de la arbitrariedad, el proceso que conduzca a la implementación de tal medida instrumental, deberá ceñirse al cumplimiento de varios principios, que según la jurisprudencia de el alto tribunal constitucional de España y la doctrina. corresponden a los Principios de Proporcionalidad;  el de Idoneidad y  el Principio del Mandato de lo Especial.

Los principios mencionados, implícitos en toda Constitución que se aprecie de tutelar de los derechos y garantías fundamentales. conducen a señalar, que la solicitud del funcionario instructor, tiene que darse dentro un sumario iniciado, debidamente fundamentado por el denominado auto cabeza de la investigación; la solicitud elevada a lo judicial, tiene que dar debidamente sustentada, marginada de conjeturas e inconducencias; de apreciaciones subjetivas y juicios de valoración; en otras palabras la petición tiene que estar sometida a los rigores propios de una relación de objetividad, entre el hecho objeto de la investigación y su eventual autoría.

En un estado de derecho, una solicitud al órgano Judicial, en el caso panameño, a la Sala de lo Penal, que no reúna los requisitos mencionados, trasunta el campo de la arbitrariedad y debe ser rechazada o en su defecto ordenada su ampliación, de tal suerte que se preserve la defensa del derecho a la no intervención de la comunicación privada.

Es importante señalar, que la decisión del Órgano Judicial de ordenar o mandatar la intervención, tiene que estar fundamentada, para no caer en el campo de la arbitrariedad y abuso. Tiene que ponderar, si lo solicitado por el Ministerio Público, en cuanto a la investigación del presunto delito, puede ser instrumentalizado por otros medios, sin que se tenga que exponer o cruzar los límites de un derecho fundamental, como el objeto de estos comentarios.

Somos del criterio, que un proceso penal, donde se hayan omitidos tales formalidades, riñe con claros principios de la defensa penal, lo que pudiera dar lugar a la nulidad de todo lo actuado.

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<>Artículo publicado el 17  de noviembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/guerra-morales-ramiro/
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Las garantías fundamentales: Democracia y Estado de Derecho

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La opinión del Abogado…

Ramiro Guerra Morales

Con sobradas razones, eximios constitucionalistas, de la talla de los doctores César Quintero, José Dolores Moscote y Víctor Florencio Goitía, en sus extraordinarias obras de Derecho Constitucional, fueron celosos guardianes del respeto de los derechos fundamentales y sus respectivas garantías.

Tales derechos y garantías son como el aire, dan sentido y vida a la condición humana, al punto que no poco autores, señalan que estos derechos vinieron hacer la diferencia con un pasado enajenante que reducía a la persona humana a menos y desde esta perspectiva, los estado constitucionales de nuestros tiempos están referenciados o tienen como núcleo central de su razón de ser la defensa y el respeto a la persona humana, con todos sus atributos y derechos ganados históricamente y con justa a tales estados en su finalidad, se les tiene como antropocéntrico.

En consecuencia, los derechos fundamentales y sus mecanismos o procedimientos de valía, cercan al estado llano y simple, de tal suerte, que no desborde hacia formas o correlatos, que pongan en peligro la vida en sociedad; no olvidemos al decir de Oscar Iriarte, las tentaciones autoritarias son parte de la realidad estatal; lo relevante no es que existan, sino los medios, los recursos para su control y limitación, de tal suerte se preserve la existencia humana en su desenvolvimiento, como ser pensante, creativo, capaz de hacer historia y futuro.

Este conjunto sistemático de derechos fundamentales y sus garantías de viabilidad, están literalmente consignados en nuestra Constitución Nacional, en el Título Tercero y la reformas constitucionales del 2004, con relación a tales derechos, lo revolucionaron, a tal punto, que de acuerdo con el artículo 17 de la Carta fundamental, lo mismos deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre la dignidad de la persona humana. Se trata de una adición o reforma constitucional con un alcance importante, sobre todo cuando estamos antes acciones o conductas que atentan contra la libertad en todas sus expresiones o derivaciones, sobre todo provenientes de las autoridades debidamente constituidas.

Debemos cuidar nuestro estado de derecho constitucional. Conocer los derechos fundamentales y hacer de su lectura, una asignatura ciudadana, de curso obligatorio para todos los panameños.

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<>Artículo publicado el  2  de noviembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor enhttps://panaletras.wordpress.com/category/guerra-morales-ramiro/

Violación a las garantías ciudadanas

La opinión del Abogado….

Irving I. Domínguez Bonilla

Nuestra Carta Magna reconoce y tutela efectivamente el derecho de locomoción o tránsito de los ciudadanos, dentro del territorio nacional, haciendo efectivo un derecho fundamental de primera generación, que no puede ser objeto de cortapisas o limitaciones infundadas por parte de las autoridades del país. Esta garantía solo puede ser eclipsada por serios motivos previamente establecidos en la ley, conforme lo dispone el artículo 27 de nuestras normas fundamentales.

El derecho de tránsito es consustancial con el ser humano, con los cuales nace y muere, siendo entonces parte de su vida. Este derecho es el denominado ius movendi et ambulandi del que hablaban los romanos, o el power of locomation que consagra la jurisprudencia anglosajona, y que ha sido objeto de un completo análisis por la jurisprudencia del pleno de nuestra Corte Suprema de Justicia.

Este derecho ha sido atacado constantemente por parte de las autoridades nacionales, quienes al ejercer su rol adoptan actos de hecho, en unos casos, y en otros supuestamente amparados en las leyes de procedimiento, que tienden a minimizar o coartar el derecho de tránsito de los ciudadanos.   Y es que en la práctica nos encontramos con los agentes de la Policía Nacional quienes de forma extraña utilizan la figura llamada “retención por investigación”, con la cual privan de su libertad a las personas con el objeto supuesto de investigar si tienen causas pendientes.

Con esta medida se priva de su libertad a la persona durante un lapso, a veces de hasta 24 horas, hasta que en la mayoría de los casos la persona es liberada después de haber pasado todo ese tiempo privado de su libertad, aunado a las connotaciones estigmatizantes que se infieren con esta medida y la afectación psicológica al estar, incluso, en las cárceles de la policía en donde es retenido sin fundamento o razón.

Por otro lado, ya con un fundamento legal, nos encontramos con la figura llamada conducción, la cual tiene por objeto que la persona citada o requerida, por la autoridad investigativa o judicial, y existiendo reticencia de su parte a comparecer, sea trasladada a estos despachos a evacuar las diligencias ordenadas.

A pesar de su existencia legal, se da la situación en que se abusa de la figura ordenándola sin haberse citado a la persona, sin darle la oportunidad de comparecer voluntariamente, y en muchos casos se decretaba un día viernes, con lo cual el ciudadano tenía que permanecer retenido el fin de semana hasta que lo presentaran el día hábil siguiente a la autoridad.

Recientemente dos fallos del pleno de la Corte Suprema de Justicia, uno con la ponencia de Jerónimo Mejía y el otro con ponencia de José Abel Almengor, han puesto coto al abuso de esta medida de conducción arbitraria estableciendo, vía estos fallos, los requerimientos necesarios para que esta sea procedente, llamando incluso la atención a los funcionarios al señalar que “dicha facultad debe manejarse con prudencia, evitando que en la práctica se instituya en un régimen preliminar de detención…” (Fallo de 23 de julio de 2010).

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<> Este artículo se publicó el 19  de octubre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/dominguezbonilla-irving/

¿Orden de conducción o de detención solapada?

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-La opinión del Jurista…

JAIME A. PADILLA G.

Vemos con preocupación, el abuso en que han caído funcionarios del Ministerio Público con relación a la ‘orden de conducción’, percatándonos de que existe una solapada intención de convertirla en una ‘orden de detención’.  Esto es peligroso y violatorio del principio del debido proceso y de las garantías constitucionales que salvaguardan a nacionales y extranjeros, la Carta Magna y otras normas de derecho sustantivo y adjetivo, que están siendo burladas por estos funcionarios.

¿Qué se entiende por ‘conducción’?   De acuerdo al nuevo Código Procesal Penal que entrará en vigencia el próximo año, la ‘conducción’ es ‘el acto de conducir a una persona al despacho del funcionario de instrucción cuando la investigación requiera su presencia’. De igual forma el juez también lo podrá ordenar, siempre y cuando él estime que existe mérito para ello o para aclarar algunos puntos oscuros o dudosos en el expediente. Yo la podría definir como ‘mecanismo procesal mediante el cual el despacho instructor, ante la necesidad de requerir a alguna persona, haga que ésta comparezca al despacho para alguna diligencia, al término de la distancia o sea al instante’.

En cuanto a los trámites procesales a cumplir, antes de ordenar la conducción de alguna persona al despacho requirente, se tiene que seguir el parámetro substancial que brinda el Artículo 17 de nuestra Constitución, que prevé los derechos fundamentales mínimos que deben respetarse ante todo.   En todo momento, los funcionarios de instrucción, deben respetar y proteger estas garantías fundamentales, con marcado respeto a la dignidad humana, y no ordenar la conducción, sino se han agotado previamente todos los mecanismos elementales de comunicación y notificación, como llamadas telefónicas a celulares, correos electrónicos, faxes y cualesquiera otros.    Concluida esta etapa, si se comprueba la renuencia o rebeldía de la persona en no asistir, entonces es que puede ordenarse su conducción al despacho, pues ya no le queda otra salida al funcionario de instrucción que utilizar este mecanismo procesal de comparecencia obligada.

¿Pero qué sucede hoy por hoy? Que sin ningún tipo de comunicación, o búsqueda previa, se procede directamente a ordenar la conducción de la persona. Recordemos el caso de la juez suplente Zulay Rodríguez, a quien el Ministerio Público le ordenó conducción sin ningún acto previo de notificación o llamado, y el reciente caso de Saúl Méndez, tratándolos como evasores de la justicia.

Esta mala praxis, no es otra cosa que la intención solapada de ignorar el orden de las medidas cautelares que contempla el Código Judicial en su Artículo 2127 y siguientes y aplicar directamente la detención preventiva, sin ningún sustento fáctico—jurídico y sin haber cumplido con los trámites procesales para aquella.

Aquí tenemos que aclarar que la detención preventiva es la última y la más gravosa de las medidas cautelares, y que para ordenarse tienen que haberse cumplido los requisitos exigidos por el Código Judicial en el Artículo 2128, siendo medida distinta a la simple conducción, pues, la conducción es netamente administrativa procesal y la detención preventiva es de naturaleza procesal con fines distintos.

La conducción pretende hacer comparecer al sujeto requerido al despacho requirente; mientras que la detención, priva de la libertad al sujeto requerido y lo aisla por completo de la sociedad, so pretexto de tenerlo a órdenes del despacho indefinidamente.

En fallo del 23 de julio de los corrientes, dentro del caso de la solicitud de Habeas Corpus a favor de Saúl Méndez, la Corte Suprema, en pleno, advirtió al Ministerio Público que las órdenes de conducción para la comparecencia de una persona no pueden convertirse en un ‘régimen preliminar de detención’, y que ‘debe manejarse con prudencia’, de manera que solo se aplique cuando ‘se hayan agotado los trámites ordinarios para conseguir la presencia voluntaria y oportuna de la persona requerida al proceso’.

El fallo agrega que la orden de conducción debe producirse dentro del margen de la constitucionalidad. La advertencia de la Corte indica a los funcionarios de instrucción que la orden de conducción incluye poner en conocimiento del conducido, los derechos contenidos en los Artículos 22 y 25 de nuestra Constitución.

<> Artículo publicado el 11  de octubre de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,    lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.

Sistema acusatorio ‘versus’ Constitución

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La preservación de las garantías y derechos fundamentales.  La opinión de…

Julieta Ábrego Acosta

El próximo año empezará a regir el sistema acusatorio, en virtud de la implementación del Código Procesal Penal, aprobado mediante Ley No. 63 de 28 de agosto de 2008, que obedece a los cambios que en el derecho penal se imponen en América Latina.   Ahora bien, se comenta que este sistema contraría el texto constitucional porque no lo contempla expresamente; pero, vale advertir que el actual sistema mixto (inquisitivo en la fase de investigación, y acusatorio en la fase plenaria) tampoco está inserto literalmente en este texto, así que mal puede pretenderse que este u otro sistema procesal sea inconstitucional.

En el artículo 215 de la Constitución hay un sólido fundamento para sostener que el sistema acusatorio es el más adecuado a lo establecido en nuestra Ley Fundamental,   pues en él se señala que las leyes procesales que se aprueben se basarán en la simplificación de los trámites, economía procesal y ausencia de formalismos; y que el objeto del proceso es el reconocimiento de los derechos consignados en la ley substancial.

Cabe anotar que el sistema inquisitivo es aquel donde el agente instructor o el juez investiga, dirige el proceso y juzga al acusado de cometer un delito, predominando el ritualismo, escrituralidad, secretismo de la investigación, convirtiéndose las garantías procesales en un cero a la izquierda.   En tanto, el sistema acusatorio es cuando dos partes contrarias, actuando en igualdad de condiciones, acuden ante un juez imparcial, en el cual la publicidad, la contradicción, la inmediación y la oralidad son los ejes fundamentales.

Finalmente, el sistema mixto es una combinación de los anteriores, pero prevalecen las características del inquisitivo, convirtiendo a este “pseudo” sistema en obsoleto y violatorio de derechos humanos.

El artículo 32 del texto constitucional establece que toda persona tiene que ser juzgada conforme a los trámites legales, es decir, en el caso penal, al sistema procesal que esté vigente (inquisitivo, acusatorio o el híbrido, denominado mixto).   Este artículo se complementa, jurisprudencialmente, con el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que contiene parámetros sobre garantías judiciales en procesos de toda índole, siendo esto apuntalado por el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución, referente a los derechos mínimos contenidos en ella, y no excluyentes de otros que afecten a los derechos y dignidad de la persona.

En conclusión, el sistema procesal que se impone, conforme a la Constitución y a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, es aquel que preserve las garantías y derechos fundamentales.   No obstante, tal como lo explica el profesor argentino, Alberto Binder, mientras no se modifique integralmente la legislación inquisitiva no será posible transformar la justicia penal, quedando el Código Procesal convertido en una quimera; y como decía el maestro Couture, “los códigos procesales son los textos que reglamentan la garantía de justicia contenida en la Constitución”; por ende, nuestros legisladores tienen el compromiso de adecuar las demás excertas legales relacionadas a la justicia penal a este sistema procesal.

<> Este artículo se publicó el 6 de octubre  de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,   lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.