El estatus de los empleados públicos

La opinión del Empresario…..

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Jaime Correa Morales


Hace años los empleados públicos eran de libre nombramiento y remoción, por lo que cada gobierno nuevo los cambiaba a su conveniencia.  Recientemente se instituyó una dizque carrera administrativa y a los gobiernos entrantes se les hace casi imposible despedir, para entonces nombrar a las personas de su confianza.  ¿Cuál sistema es mejor para el país,  no para los funcionarios sino para el país,  que es lo que nos debe interesar?

Ambos sistemas tienen sus beneficios y desventajas, y si bien la libre remoción puede pecar porque se podría perder la experiencia de años de algunos de estos empleados, por otra parte el hecho de que se podía remover libremente no necesariamente significaba que los despidos se hacían alegremente.   De hecho, ha habido numerosos empleados públicos que permanecieron en sus puestos a través de varios gobiernos hasta alcanzar la edad de jubilación y ello debido a que quienes podían removerlos los consideraban casi imprescindibles.   Sí, es inocultable que en ocasiones se despedía a personas capacitadas, pero eran los menos. A este respecto sabemos que un gobierno serio, como los que siempre deberíamos elegir, y esa es nuestra responsabilidad, no se desharía de los empleados eficientes, pues estos son su mejor garantía de éxito.

La carrera administrativa ha sido manipulada políticamente por gobiernos irresponsables y ello obliga a los nuevos gobernantes a mantener en su nómina a funcionarios politiqueros, carentes de capacidad y hasta de escrúpulos, que fueron incluidos en este sistema a la hora de salida en forma irregular y fraudulenta, como a todos nos consta.

Estos, a sabiendas de que es casi imposible despedirlos, se burlan de sus superiores jerárquicos y hasta llegan a sabotear su administración, perjudicándonos a todos los ciudadanos, no solo al nuevo gobierno.

Considero que debemos regresar al sistema anterior, que es más conveniente para el país, porque un nuevo gobierno elegido por mayoría de ciudadanos debería tener derecho a escoger a sus colaboradores para poder asumir la total responsabilidad de la administración, lo que no es posible hacer con funcionarios de dudoso origen que los antagonizan.

En otras palabras, un gobierno que elegimos todos es quien tiene que respondernos por la buena administración del país, pero no así los empleados que ni siquiera han sido elegidos ni tampoco asumen ninguna responsabilidad para con los votantes (nosotros), sino solo para con sus propios intereses. Además, la dificultad para despedir distrae la atención del gobierno entrante, en vez de dedicarla de lleno a mejoras al país.

No pongo en duda que lo mejor sería una verdadera, seria y responsable carrera administrativa tal como la que se ejerce en países de primer mundo, pero la realidad es que todavía no hemos llegado a esa etapa de desarrollo y lo que prevalece es el clientelismo político y la “ayuda a los copartidarios”. Gradualmente sí debemos llegar a aquello.

Urge desterrar el criterio de que un empleado despedido significa incremento del desempleo pues, lógicamente, otro nacional, con igual derecho a ganarse la vida honradamente, lo reemplazará. Nadie puede, nadie debe tener un empleo “comprado”, pues ello es garantía de corrupción.

Basta que recordemos las reiteradas pésimas experiencias que todos hemos vivido y aún vivimos, con funcionarios incapaces y groseros que deberían trabajar para nosotros y no “contra nosotros”, como la mayoría lo hace. Por lo anterior, insisto que el libre despido nos beneficia más a todo el país.

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Publicado el 5 de marzo de 2010 en el Diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El controvertido caso de la Procuraduría

La opinión del Empresario……

JAIME CORREA MORALES

Este tema ha creado mucha inquietud en nuestra sociedad y, como ciudadano, emito opinión basándome en las informaciones procedentes de los medios de comunicación, que son el único medio a nuestro alcance.   Creo que se ha estado pecando de excesiva suspicacia al acusar al Ejecutivo de manipular todo un andamiaje que conduciría a la remoción de la procuradora. A ella se le están siguiendo procesos en concordancia con las leyes y no arbitrariamente. Además, a ella le sobran abogados defensores, así como particulares que la apoyan y tiene amplio acceso a los medios, y así debe ser.

No soy abogado como para introducirme en los vericuetos de los actos supuestamente anómalos achacados a la procuradora y saber si estos riñen o no con la legalidad, esta decisión la tomará la Corte Suprema de Justicia, que es la autoridad competente y cualquiera sea su decisión tendremos que aceptarla, pues, sus fallos son finales. Sabemos, eso sí, que no fueron este presidente ni sus allegados quienes presentaron ninguna de las varias demandas que pesan sobre la procuradora, puesto que el asunto inició con anterioridad a su mandato. Tampoco fue él quien, para causarle problemas, le ordenó intervenir teléfonos ni tampoco que mediante un acto de prepotencia y sin las pruebas requeridas, despidiera a varios fiscales y al médico forense, que luego debieron ser restituidos en sus puestos por orden de la Corte Suprema y a un costo millonario para todos nosotros.   Lo que no sabemos es si tales acciones fueron legales y ello es, precisamente, lo que se está tratando de aclarar a través de los procesos en trámite.

Lo que no acabo de entender es que haya quienes piensen que una procuradora que está suspendida en sus funciones, debido a que se le siguen procesos legales, sea la que pueda nombrar a algún allegado para que la suplante durante el trámite de tales procesos.   Permitirlo, sería como poner al ratón a cuidar el queso. Vale recordar que constitucionalmente es el presidente quien nombra a los procuradores y mal podría evitarse que en un caso como este sea al propio presidente a quien corresponda tal nombramiento.

Vale traer al caso que el presidente del período anterior controló absolutamente todos los órganos del Estado, pero ello no fue motivo de gran escándalo. En ocasión de los nombramientos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que todos conocemos, en período pasado, señalados como muy irregulares, sí hubo reacciones, pero ninguna tan marcada como esta que ahora estamos presenciando. Muy injusta, en mi opinión. Hasta pareciera que algunos medios de divulgación se han declarado opositores en contubernio con el PRD y ello no me sorprendería después que vimos a la Democracia Cristiana hacerlo sin ningún sonrojo.

La inconformidad pública con este tema se debe más bien a un rechazo a nuestra manipulada y deficiente Constitución Política, de la cual se origina la desconfianza generalizada hacia el Órgano Judicial. La solución, entonces, no es achacar la responsabilidad al presidente, sino iniciar campañas a favor de legítimas reformas constitucionales o de una Constituyente que corrijan estas deficiencias y muchas otras que subsisten del período militar.

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Publicado el 5 de marzo de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Policía y seguridad pública

La opinión del empresario……

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JAIME CORREA M.

El gobierno de Martinelli ya inició una campaña para brindarnos protección contra la delincuencia y la inseguridad galopante. El haber reducido a 12 años la edad de los menores imputables por delitos graves es un paso en firme, porque tolerar asesinatos por parte de menores de tales edades es, ni más ni menos, que aupar, que propiciar, la delincuencia, pues quien a los doce años se atreve a asesinar a otro, jamás en su vida volverá a ser un ciudadano decente.

Siempre hay quienes se oponen a todo y quienes quieren achacar todas las responsabilidades a un gobierno que apenas se inicia, pero esos son los negativistas, que solo saben hablar y petardear, pero nunca aportar nada bueno. ¡Claro que sabemos que lo anterior no es la única solución al problema y hay mucho más que hacer!, pero si esperamos a poder implementar todo lo demás, que es mucho, quizás nunca se logrará nada o pasarán muchos años más en los que se continuará agravando la situación, como ha venido ocurriendo desde hace ya varias décadas de gobiernos incapaces. Pero que nadie me diga que apresar delincuentes no es parte de la solución, pues de otra manera, si dejáramos que cada quien hiciera lo que quisiera, el país sería invivible.

Nunca antes, en mis más de ochenta años, he visto una Policía Nacional actuar con la firmeza y eficacia con que lo está haciendo la actual, hasta el punto en que de mantenerse esta enorme presión sobre los maleantes por unos pocos meses más empezaremos a ver su gradual desaparición. Tampoco antes se veía, como ahora, a altos oficiales (capitanes, mayores, subcomisionados y hasta al propio comandante o comisionado Gustavo Pérez) participar tan activamente en sus tareas de calle junto con sus tropas, en vez de estar, también como antes, enconchados en sus oficinas. Por todo lo anterior me complace felicitarlos a todos, sin dejar por fuera al premier José Raúl Mulino, que es quien dirige este equipo.

Por los años 90, siendo yo director de Proveeduría y Compras de Hacienda y Tesoro, el entonces ministro Mario Galindo y el presidente Endara dispusieron la compra de las mil hectáreas que constituían la finca “ La Joya ”, de la familia Arias Espinosa, por un millón de dólares, o sea a tan solo 10 centavos por metro, incluyendo una pista de aterrizaje, varios ríos y las edificaciones que dejó el ejército de EE.UU. Estas antiguas viviendas para tropas se habilitaron para albergar las cárceles La Joya y La Joyita, que ocupan si acaso unas 30 hectáreas, quedando vacantes como 970. Los incapaces gobiernos subsiguientes no se preocuparon por darle uso benéfico a estos terrenos, como, por ejemplo: crear, para los prisioneros, escuelas de: agricultura, de ganadería, talleres de oficios de todo tipo, aulas de clases, hospitales y quién sabe cuántas otras más que podrían haber servido para ir convirtiendo a los presos en ciudadanos útiles. Este podría ser el próximo paso del gobierno actual como parte complementaria de su política coherente para combatir la delincuencia.

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Publicado el 14 de febrero de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Buenas intenciones ‘versus’ buenos resultados

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La opinión de….

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Jaime Correa Morales

No toda buena intención se concreta en buenos resultados, aunque los buenos resultados suelan originarse en buenas intenciones. El desconocimiento pleno de los objetivos a que aspiramos podría ser causa de fracasos.

En el campo de la política económica estatal, hay muchas muestras de ello. Ejemplo: para lograr que los ciudadanos adquieran inmediatamente una mejor calidad de vida –lo cual es una magnífica intención– decides decretar un aumento general de salarios, pero sin tomar en cuenta, ante todo, que es minoritario el porcentaje de quienes ostentan empleos formales y ellos serían los únicos beneficiados; y sin tomar en cuenta otros factores naturales involucrados.

Ello, casi seguramente, logrará resultados negativos como: crear desempleo al ahuyentarse los inversionistas,   y las inversiones son el único medio de creación de empleos.

También incrementaríamos la inflación, como la que hemos tenido en los años más recientes, debido a los ajustes que deben hacer los empresarios para compensarse y ello es otro aspecto indeseable; y, por supuesto, se deteriora más la economía de aquellos que se quedan sin empleo a causa de esta medida, así como la de aquellos que nunca lo tuvieron y que ya son pobres de solemnidad.

Y no es que esté afirmando que nunca se podrá lograr una mejor calidad de vida para los empleados.   Corrigiendo rumbos la meta es alcanzable, pero sin estancarse solo en una fácil buena intención.    Si, por ejemplo, los gobiernos planearan medidas a mediano y largo plazo para promover la productividad y se eliminaran algunas trabas o limitaciones que preocupan a los inversionistas, se crearía la necesidad de mejorar salarios para obtener la mejor mano de obra para aventajar a los competidores.  Generalizando, el empleado que sabe garantizada su estabilidad y sus incrementos salariales bianuales no se preocupará por superarse, por ser más productivo.

Por supuesto que esto no es alcanzable a corto plazo y siempre acechará la tentación de medidas inmediatas, demagógicas y politiqueras, como las que estamos comentando.

Otro factor imprescindible para este logro es mejorar la educación; pero, al igual que en lo anterior, tomará bastante tiempo. Es conocido que, debido a nuestra deficiente educación, la cultura panameña se ha orientado hacia la de anhelar tener “buenos empleos” y no así la de ser buenos empresarios que aporten más al desarrollo del país. Los enormes privilegios conque cubre el Código de Trabajo a los empleados contribuyen a esta distorsión.

Hace algunos días, un amigo mío, cuyos negocios están enfocados hacia las clases más pudientes y a quien, en consecuencia, le ha sido fácil transferir a sus clientes cualquier aumento, escribió que desde siempre los empresarios se han opuesto a los incrementos forzados de salario, pero que al final todo ha salido bien, pues el sector comercio inmediatamente ha aumentado sus ventas.   No toma en cuenta que la economía de todo un país no es solo aquella de los comerciantes, el efecto que tendrá en lo agropecuario aumentará la inflación.

La realidad sigue siendo que tenemos el salario mínimo más alto de la región, pero también tenemos a casi la mitad de nuestra población viviendo en pobreza o en pobreza extrema, cuyas dolorosas realidades a menudo vemos en televisión.

Pero eso no es todo lo malo, también ostentamos la mayor disparidad de las ofertas económicas de la región y una insostenible creciente delincuencia, cuyo costo para el país es incalculable, la cual bien podría atribuírsele a las limitadas oportunidades de empleo.   Los periódicos incrementos obligatorios del salario mínimo no han solucionado ni solucionarán estos problemas.

Pongamos como ejemplo otros países: Japón, después de la guerra quedó devastado y lo remediaron creando muchos empleos de baja remuneración para así atraer a los grandes capitales mundiales.   Sus salarios fueron mejorándose solos a medida que mejoraba su economía.   Idéntico es el caso de Corea del Sur y, más recientemente: Brasil, China, India y Chile, entre otros, que marchan aceleradamente hacia una sólida riqueza.

No olvidemos que Panamá es apenas “un mercadito de 3 millones” y que forma parte del mundo globalizado en el que hay una lucha permanente entre países por beneficiarse del comercio internacional, y en la medida en que perdamos competitividad, estaremos “fritos”.

No podemos seguir durmiéndonos sobre los laureles de una economía canalera, a pesar de los buenos resultados logrados. Tenemos que diversificar y fomentar las exportaciones, como reducir las importaciones en la medida de lo posible.

¡Muy importante!: “El sector más vulnerable de la economía no son los empleados, como suele afirmarse, son los desempleados”. No los descuidemos por demagogia.

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Publicado  el   7  de  enero  de 2010  en   el  Diario  La  Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

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Desorden universitario (II)

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La opinión del Empresario…..
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JAIME  CORREA  M.
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Hace días escribí la primera parte de este artículo, en el cual comentaba la irresponsable decisión de la rectoría universitaria de haberla mantenido cerrada durante varios días, como consecuencia de los disturbios promovidos por el mismo grupito de siempre, con lo cual se perjudicó a miles de estudiantes serios a quienes sí les interesa estudiar, como también al resto del país, en vez de expulsarlos.

Lo último fue que esos mismos camaradas salieron a decirnos “ que los daños causados por estos revoltosos irresponsables, solo alcanzan a unos $3000 ”, tratando de minimizar los mismos. No obstante, todos los daños directos causados, obviamente ascienden a más. Pero esto tiene el propósito de minimizar las faltas que cometieron, para poder aplicarles cualquier sanción poco severa, si es que les aplican alguna, pero nunca la expulsión, y.. todos tan felices, no ha pasado nada, puesto que los bobos que pagamos impuestos tendremos que cubrir esos “ pequeños ” gastos, en perjuicio de los pobres, que son quienes más se benefician de los presupuestos nacionales.

Pero la realidad es que los daños indirectos que han causado a todo el país son enormes.

Primero: por el hecho de que muchos policías tuvieron que dedicarle todo ese tiempo para tratar de controlarlos, utilizando toda clase de equipos muy costosos que ahora hay que readquirir y, a la vez, forzándolos a descuidar su obligación de protegernos a todos contra la creciente delincuencia. Después, esos mismos grupos son los que se quejan de que “ no hay seguridad ”. ¿Quién paga eso?

Segundo: porque también le hicieron daño a por lo menos un automóvil particular, que vimos en TV. ¿Quién paga eso, la Universidad?

Y tercero: pero mucho más importante aún, el enorme perjuicio causado a la economía nacional al mantener cerrada una vía de tanta importancia, secuestrando así, por horas, a numerosos ciudadanos e impedir que los demás pudieran efectuar sus diligencias.

Esta afectación sí la podemos calcular ya en millones de dólares. Pero obviamente que para ellos nada de eso importa.

Pero lo peor es que son esos mismos grupitos los que se hacen aparecer como defensores de las clases más necesitadas, a sabiendas de que mientras obstaculicen el desarrollo económico no podrá haber mejoría para aquellos a quienes falsamente dicen querer defender y ayudar.

Exactamente igual sucedió con la última revuelta de los institutores, que nos vinieron a decir que los daños habían sido mínimos (en este momento no recuerdo el monto que nos dijeron) y es obvio que a ese colegio mientras más dinero se le invierte, más lo destruyen los irresponsables.

¿No sospechan siquiera, las autoridades de la Universidad, que de lo que se trata es de acciones de movimientos ideológico—políticos? Obviamente que lo saben muy bien, así es que no hay dudas de que son estas mismas autoridades las que les están auspiciando y por ello buscan la forma de ayudarlos, sin expulsarlos, a costa del resto del país. De hecho están dándole largas a la decisión, a fin de que se olvide el tema, se calmen las aguas y que todo quede tal cual.

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Publicado el 17 de diciembre en el diario  La  Estrella  de  Panamá, a  quien  damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Desorden universitario

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La opinión del Empresario….
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JAIME  CORREA  M.
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No he percibido en los diferentes medios de divulgación opiniones opuestas a la decisión tomada por los regentes izquierdistas de la Universidad de Panamá de cerrar la misma indefinidamente, debido a los recientes disturbios allí producidos, lo que pareciera ser una aprobación a tal decisión.

Yo sí discrepo, porque la acción honesta y lógica era y es la de expulsar a los 20 ó 30 conocidos actores revoltosos, porque no son más, pero como estos forman parte de su clan prefieren perjudicar a los otros miles de estudiantes serios, a quienes sí les interesa aprovechar la oportunidad que le brindamos todos los panameños que pagamos impuestos.

La idea es que los provocadores se mantengan allí perennemente, pero haciendo ver que están actuando con firmeza y así permitirles futuras confrontaciones ideológicas y politiqueras. ¿Hasta cuándo les van a continuar dando “ advertencias ” si se sabe que siempre son los mismos que vemos por TV?

La realidad es que en nuestro país muchas decisiones se toman para beneficiar a ciertas minorías, si de por medio existe un interés mezquino.

Por falta de espacio, mencionaré solo algunos casos:  Los asesinos tienen mil derechos, pero las víctimas no y si algún funcionario de policía o del Ministerio Público comete un mínimo error de procedimiento inmediatamente quedan libres, aunque haya constancia indudable de su culpabilidad (Caso Sáenz) es una forma fácil de hacer liberar a quien se quiera.

Los ¿errores? costosísimos de muchos funcionarios los pagamos todos los demás y ellos quedan tan campantes, nadie está preso. Pocos propietarios de armas con licencia las han utilizado para delinquir, pero la solución fue prohibir los permisos de armas legalizadas, dejándonos a merced de delincuentes, que no necesitan permisos.

En algún momento “ alguien ” pagó al IDAAN con un cheque sin fondos, pero en vez de cumplir la Ley, ahora todos debemos pagar con cheque certificado que tienen un costo en dinero y trámites.

Otro:  El MIVI recauda los Depósitos de Arrendamiento, que no son en pago de nada ni siquiera es dinero del que el Estado puede disponer, pero, igualmente, exigen cheques certificados.

Las escuelas están obligadas a recibir a niños discapacitados, pero como estos requieren de mucha más atención, los maestros tienen que descuidar a todos los otros.

En algún momento hubo inquilinos que no podían o no querían pagar alquiler y se dispuso una ley de vivienda que acabó con las casas de alquiler y ahora vemos casas que se caen a diario y falta absoluta de viviendas de alquiler para quienes sí pueden y quieren pagar y, como siempre, la “ solución ” es que en vez de inversiones beneficiosas, se distraen fondos para construirles algunas casas a estos grupos.

Igualmente, al Banco Hipotecario casi nadie le paga, a costa de todos los bobos que pagan impuestos. En el muy publicitado caso del dietilenglicol, en vez de a los ejecutivos y para distraer atención, se pretendió encausar a la Directiva, que solamente son deliberantes.

Y así hay muchos otros casos de distorsión en cuanto a leyes y actos administrativos.
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Publicado el 30  de noviembre de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Pesca turística y pesca de camarón

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La opinión de…..

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Jaime Correa Morales

Afortunadamente hay instituciones conservacionistas que intentan proteger al atún de la depredación de que es objeto por parte de minorías ambiciosas que utilizan barcos con redes enormes, además de ultramodernas tecnologías como helicópteros, sonares o localizadores electrónicos, explosivos y más, que no les deja defensa, por lo que esta especie desaparecerá muy pronto, perjudicándose con ello toda la humanidad.

Desgraciadamente el atún no es la única especie que está en riesgo de extinción, todas las especies marinas lo están.   En Panamá son principalmente los camarones, debido al descomunal tamaño de la flota pesquera y a la brutal eficiencia de las redes de arrastre; también, las sardinas anchovetas que se utilizan para la fabricación de harina de pescado, en vez de alimento popular, lo que constituye un desperdicio.

Por la década de 1950, cuando en Panamá se iniciaba la pesca industrial de camarones y anchovetas, nuestras aguas eran de una riqueza indescriptible, un festín para los pescadores artesanales y los deportivos. Yo era uno de estos últimos y les aseguro que la comparación con la actualidad es abismal y muy preocupante. Como siempre, los permisos para operar el entonces pingüe negocio se convirtieron en un botín político que incrementó desproporcionadamente ambas flotas.

¿Qué hacer? No debe emitirse ni una nueva licencia de pesca industrial y a la vez limitar gradualmente las exportaciones, para ir sacando de operación a estos barcos –hasta con una compensación estatal si es necesario– e irlos reemplazando con botes de pesca deportiva, ya que en unos años, cuando la pesca aquí se recupere, no tendremos capacidad para atender a tantos turistas pescadores, debido a que los mares del mundo entero están sufriendo de igual devastación.

Aún no es tarde para regenerar nuestra vida marina, debido a la conformación geográfica del golfo de Panamá, casi aislado del océano, y beneficiado por el “afloramiento” o enfriamiento del agua por los vientos del verano; fenómeno que nos trae –del fondo marino– el nutritivo alimento plancton para las anchovetas y muchas otras especies. A medida que vayamos logrando esta recuperación nos convertiríamos en “el lugar” internacional para la pesca deportiva, por lo que esto se debe iniciar inmediatamente.

Esta sustitución de la actividad pesquera industrial por la turística no solamente fomentará la preservación de nuestra riqueza marina para las futuras generaciones, sino que ello beneficiará a las clases menos pudientes que practican la pesca artesanal para el consumo local, que debe ser muy bien regulada, eso sí, para evitar nuevos excesos.

No es que desee eliminar la industria extensiva de la pesca, pues de ello se están encargando los propios dueños de barcos e, irremediablemente y muy próximamente, la extinguirán; pero si no lo planeamos con seriedad y anticipación, no tendríamos una actividad sustitutiva.

La industria pesquera anualmente representa unos 40 millones de dólares en exportaciones que cada año decrecen, a lo que debe restársele el enorme costo del combustible utilizado, el cual emigra del país.   En cambio, del turismo recibimos anualmente más de mil 200 millones de dólares, cifra que cada año se incrementa, aun antes de que ofrezcamos este importante atractivo que es la pesca turística.   Dinero que sí permanece más tiempo en nuestra economía.

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Publicado el 24 de noviembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.