No es el Presidente, es la Constitución

La opinión de…

Antonio Saldaña

El principal actor de la recuperación del Canal y de su zona adyacente fue el pueblo panameño, particularmente su juventud, por ello el general Omar Torrijos sentenció que a los bienes rescatados –unos 31 mil millones de dólares en valor de mercado de las áreas revertidas y otros 700 millones anuales, en promedio, que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) entrega al presupuesto nacional– se les debía dar “el uso más colectivo posible”.

Suponíamos, en consecuencia, que a la lógica torrijista anteriormente enunciada respondían los dos programas emblemáticos de la administración del hijo del general: La Red de Oportunidades y el Programa de Desarrollo Comunitario (Prodec).

Hoy podemos especular que en estos dos programas se han despilfarrado algo más de 300 millones de dólares distribuidos entre malas prácticas administrativas, clientelismo político, sobreprecios y corrupción generalizada, es decir, sucumbieron ante el peso de la corrupción pública y privada engendrada en el gobierno oligárquico del pasado quinquenio, tal y como lo demuestran las marranadas dadas a conocer a la opinión pública a través de una prolija investigación periodística sobre las inversiones del Prodec, publicadas recientemente. (La Prensa 23/08/2010).

También en cierta ocasión el general Torrijos, ante las constantes quejas de los residentes de los corregimientos en virtud de la desaforada conducta de los representantes de corregimiento –el corregimiento era unidad política y administrativa del país en la Constitución de 1972, antes de las reformas de 1983– formuló la siguiente frase lapidaria: “La comunidad que elige a un pillo es tan pilla como aquél”.

¿Y qué refleja la investigación en comento? Que como en el pretérito militar, la comunidad nacional para las elecciones presidenciales de 2004 continuó siendo “tan pilla” como otrora.   Es por ésta y otras decenas de millones de razones, que he criticado y continuaré cuestionando la defensa a ultranza que realiza la directiva transitoria del PRD, de quienes tienen el deber ineludible de poner en claro ante las autoridades judiciales sus oscuras andanzas públicas, en especial en la administración de los fondos del Estado.

Sin embargo, pecaría de anecdótico sí al anterior comentario coyuntural, no agregara el antecedente constitucional del excesivo presidencialismo, que constituye la esencia de la mayoría de males que hoy aquejan a la República, sobre todo en el sentido de la separación y el ejercicio del poder público, tal y como lo dispone el artículo dos de la norma superior.   Por ello resulta ilustrativa la definición de Lassalle de la carta magna: La Constitución es el resultado de la suma de los factores reales de poder.

El hecho de que la Constitución de 1972 incorporara a la Fuerza Pública al ejercicio del poder, otorgara poderes extraordinarios al general Omar Torrijos Herrera y subrogara totalmente los numerales 16 y 21, y parcialmente el 25, del artículo 118 de la Constitución de 1946, constituyó el reflejo de la época que se vivía, donde el poder real residía en los cuarteles de la Guardia Nacional que el 11 de octubre de 1968 había asumido el poder político del Estado.

Extinguido por la invasión estadounidense, el proyecto político del cuartel, en que devino el proceso revolucionario, a raíz de la muerte del general Torrijos Herrera; lo que procedía era la instauración de un proyecto político de democracia participativa, mediante la convocatoria de una constituyente, para revertir todos los resabios autoritarios y presidencialistas que aún subsistían en la carta política. No obstante lo anterior, la neo oligarquía emergente, como en el pasado liberal, volvió a traicionar las legítimas aspiraciones populares y de la Cruzada Civilista.

En consecuencia, de lo que se trata en estos momentos no es reprobar per se, el excesivo presidencialismo contenido en la gestión de Martinelli que, a propósito del principio de legalidad, se encuentra sustentado en la Constitución Política vigente y que también ha sido ejercido por todos los presidentes de la República post invasión, sino de plantearse la renovación y modernización de la ley fundamental que hoy nos rige, reflejo de un pasado que debió ser sepultado en el mismo instante en que los invasores estadounidenses cedieron el poder al triunvirato Endara, Arias yFord.

¡Así de sencilla es la cosa!

<>Artículo publicado el 3  de septiembre de 2010 en el diario La Prensa,   a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

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