El principio de irretroactividad de los tratados internacionales y el AIIF

**

La opinión del Abogado…

Elías Solís González 

(solisgon@cwpanama.net)

A raíz de la celebración del Acuerdo para la Cooperación Fiscal y el Intercambio de Información en Materia de Impuestos (AIIF), suscrito entre la República de Panamá y Estados Unidos de América (EUA), se ha señalado que el tratado desconoce principios básicos del derecho internacional, porque contempla una cláusula de aplicación retroactiva, debido a que permite a las partes contratantes solicitar y obtener información fiscal relativa a los tres años anteriores a la firma del tratado. Así, erróneamente y sin fundamentos, se ha indicado que el AIIF viola el principio de irretroactividad de los tratados internacional y se ha descalificado a los responsables de nuestra política exterior.

Al respecto, debemos indicar que el principio de irretroactividad de los tratados internacionales no es inmutable o absoluto. El artículo 28 de la Convención de Viena de 1969, sobre el Derecho de los Tratados, dispone que “las disposiciones de un tratado no obligaran a una parte respecto de ningún acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado para esa parte ni de ninguna situación que en esa fecha haya dejado de existir, salvo que una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo”.

Como se observa, la Convención consagra como principio fundamental la irretroactividad de los tratados, sin embargo, con meridiana claridad advierte que una intensión diferente expresada en el tratado o que conste de otro modo (por ejemplo: una enmienda o un protocolo adicional), permite su aplicación retroactiva. Sin duda, la excepción artículo 28 se sustenta en la autonomía de la voluntad y en la soberanía de los Estados, atributos que les permite contraer toda clase de obligaciones internacionales lícitas, incluyendo darle efectos retroactivos al tratado que suscriben.

Por otra parte, en el plano nacional, tampoco existe incompatibilidad entre el AIIF y el derecho interno, porque Panamá es signataria de la Convención de Viena de 1969 y el artículo 4 de la Constitución Política indica que la República acata las normas de Derecho Internacional. Además, la aplicación retroactiva de la Ley también está permitida excepcionalmente por el 46 constitucional.

Por tanto, la obligación que dimana del artículo 11 del AIIF, en el sentido que tendrá efectos para solicitudes que se hagan en o a partir de la fecha de su entrada en vigor, con respecto a asuntos que correspondan a períodos fiscales que comiencen en o a partir de tres años anteriores a la firma del acuerdo, aún cuando entraña una cláusula retroactiva, no es incompatible con el derecho internacional convencional ni con el derecho interno. Afirmar lo contrario implica un desconocimiento del derecho internacional.

En consecuencia, ambas partes quedarán sujetas a la obligación consignada en el artículo 11 del AIIF, en concordancia con el artículo 28 de la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados (aprobada por Panamá, mediante Ley 17 de 31 de octubre de 1979).

<>Artículo publicado el  28 de diciembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

El debate constitucional sobre los acuerdos simplificados

La opinión del Ex Secretario General de la Procuraduría General de la Nación….

RIGOBERTO GONZÁLEZ M

En  el ámbito del Derecho Internacional Público, se parte del principio que los Estados pueden obligarse con otro u otros Estados, para lo cual cuentan con los instrumentos jurídicos internacionales apropiados, como lo son los tratados o convenios internacionales. En ese sentido, cada Estado, conforme a su ordenamiento constitucional, establece los parámetros a seguir para que, celebrado un tratado, éste quedé obligado. En cuanto a esto se dispone, en la mayoría de los casos, que la responsabilidad de las relaciones internacionales compete al Órgano Ejecutivo, concretamente al presidente de la República correspondiéndole, por lo mismo, la celebración de los tratados y convenios internacionales.

Tal es el caso de nuestro ordenamiento constitucional, al establecerse en el artículo 184, numeral 9 de la Constitución, que es atribución del presidente de la República con la participación del ministro respectivo (entiéndase el ministro de Relaciones Exteriores), ‘dirigir las relaciones exteriores; celebrar tratados y convenios internacionales… y acreditar y recibir agentes diplomáticos y consulares’. Ahora bien, en el caso de los tratados y convenios internacionales se dispone que, celebrados éstos, ‘serán sometidos a la consideración del Órgano Legislativo’, porque compete a este órgano constitucional, ‘aprobar o desaprobar, antes de su ratificación, los tratados y los convenios internacionales que celebre el Órgano Ejecutivo’, tal y como lo dispone el numeral 3 del artículo 159 de la Constitución.

Esto lo que viene a significar, dicho de otra forma, es que el Estado panameño no puede obligarse mediante un tratado o convenio internacional, si no se cuenta con la participación del órgano que representa la voluntad popular, como lo es el Órgano Legislativo. Lo que se busca y pretende con tal formula constitucional, es hacer efectivos los controles políticos que están atribuidos, en el caso nuestro, a la Asamblea Nacional, estando ésta, inclusive, en la posibilidad de no aprobar un tratado celebrado por el Órgano Ejecutivo.

Esta etapa del proceso de celebración de un tratado se ve eludida o evadida, cuando se recurre a los llamados acuerdos simplificados, los que, según la doctrina autorizada sobre la materia, son aquellos que para su perfeccionamiento solo se requiere de la firma, ya sea del presidente de la República o del ministro de Relaciones Exteriores, sin que deba ser sometido a la aprobación del Órgano Legislativo.   Basta con la firma para que éstos se entiendan perfeccionados y de obligatorio cumplimiento entre las partes.

El problema que representan los acuerdos simplificados, desde el punto de vista jurídico, tiene que ver con su posible inconstitucionalidad, desde el momento en que se recurra a éstos, sin que, por una parte, exista previamente un tratado marco en base al cual se adopta dicho acuerdo; y, por la otra, cuando al celebrar dicho acto internacional se le da la calificación de un acuerdo simplificado, cuando en su contenido y en su forma lo que existe es un tratado internacional.

Los problemas que se derivan al aceptarse la existencia de los acuerdos simplificados, en cuanto a su posible inconstitucionalidad, tiene que ver con las siguientes interrogantes, ¿un acuerdo internacional ha de entenderse simplificado, y por ende exento de la aprobación del Órgano Legislativo, por la sola calificación como tal por parte de quien lo celebró? ¿Esta discrecionalidad estará exenta de control alguno, ya sea de carácter político, cuando interviene el Órgano Legislativo, o Jurídico, cuando es sometido al control de la constitucionalidad? ¿Puede un acuerdo simplificado establecer o regular aspectos que tengan que ver con derechos fundamentales? ¿Hasta dónde le está permitido al Ejecutivo, mediante este tipo de acuerdos, comprometer al Estado, internacionalmente, sin que cuente con la aprobación de la Asamblea Nacional?

Estas y otras interrogantes surgen desde el momento en que se acepta la tesis de la existencia de los acuerdos simplificados, tema que amerita, y exige, un debate sobre su constitucionalidad, por las implicaciones que tienen, al tratarse de un mecanismo a través del cual el Estado panameño asume ciertos compromisos u obligaciones, sin que éstos sean sometidos a la aprobación de la Asamblea Nacional, con lo que se evade el control político que al respecto establece la Constitución.

*

<> Este artículo se publicó el 5  de diciembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Las nuevas tendencias del pensamiento jurídico en la calumnia e injuria

La opinión del Jurista, Ex Embajador y  Ex Presidente de la República…

Dr. Aristides Royo 

En años recientes, han surgido nuevas figuras delictivas derivadas de las innovaciones tecnológicas en algunos casos y en otros de la comisión de actos criminales antes inexistentes. Por otra parte, se ha venido produciendo la desaparición de tipos delictivos que sancionaban conductas que aunque todavía se practican ya no son consideradas como delitos y en consecuencia no conllevan sanciones punitivas penales, menos aún aquellas que serían privativas de la libertad. En muchos países, en número creciente, el aborto, el adulterio femenino o el concubinato escandaloso del marido que sancionaban el Código Penal de 1922 inspirado en el italiano de 1888, así como la bigamia, han desaparecido de los textos penales modernos y contemporáneos. 

La honra de cualquier persona sigue estando protegida en las legislaciones.   Recuerdo el gusto con que los estudiantes institutores recitábamos en coro la famosa frase del Alcalde de Zalamea de Lope de Vega:   “Al Rey la vida y la honra se han de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma sólo es de Dios”.

Nuestros códigos penales, en la historia legislativa panameña, recogieron la honra y consagraron, aún en fecha tan reciente como el año 2007, los ataques a la misma como un delito, salvo en los casos de algunos funcionarios que de considerarse agraviados, no pueden ejercer la acción penal sino solamente la civil.   No obstante, tanto en el derecho de los países de la Unión Europea, como en muchos de América Latina, se ha ido poco a poco abandonando la calumnia y la injuria como hechos constitutivos de delito. En su lugar, se las considera como ofensas capaces de originar el ejercicio de acciones civiles ante tribunales de esta jurisdicción.

Consciente del valor de estas nuevas tendencias jurídicas y legislativas, que han sido plasmadas en excertas legales del hemisferio americano, organicé un encuentro entre el Relator de la OEA para la libertad de expresión y la Comisión Codificadora que preparaba el proyecto de Código Penal en 2007.   El funcionario de la OEA les hizo una detallada explicación de las razones jurídicas, políticas y humanitarias por las que hoy día la calumnia y la injuria no deben repararse mediante procesos penales que pueden culminar con la privación de la libertad.   Los codificadores, si bien no eliminaron estas figuras del proyecto, al menos exceptuaron de la vía penal a los ofendidos que fuesen funcionarios de los que menciona el artículo 304 de nuestra Constitución, quienes pueden sin embargo ejercer las acciones civiles pertinentes.

Hoy se encuentra sobre el tapete, pendiente de una decisión de la Corte Suprema de Justicia, el tema de si se mantiene o no la despenalización cuando los agraviados sean funcionarios incluidos en la lista del artículo 304 de la Constitución Política que reitera el párrafo segundo del artículo 193 del Código Penal.   Creo que lo que debe discutirse, aclararse y resolverse, no es quiénes no pueden interponer acciones penales por haber sido calumniados o injuriados y quiénes sí, que serían el resto de funcionarios no mencionados en la lista de los artículos citados así como los particulares.   Lo que a mi entender debe decidirse y ojalá que pronto, en aras del respeto a la libertad de expresión como uno de los más valiosos derechos humanos, es la derogación por parte de la Asamblea Nacional de Diputados, de los delitos de calumnia e injuria para que tales conductas sean objeto de acciones civiles de indemnización.   Tal proceder del Órgano Legislativo estaría de conformidad con la legislación de otros países, con el respeto a las normas internacionales estipuladas en las Convenciones Interamericanas que han sido, además, suscritas por la República de Panamá y son leyes de la República. No olvidemos que el artículo 4 de nuestra Constitución Política, prescribe que la República de Panamá acata las normas del Derecho Internacional.

Ojalá se presente, discuta y apruebe un proyecto de ley que convierta la calumnia y la injuria en causa de acciones civiles que serían dirimidas por jueces de la jurisdicción civil.    De esta forma, Panamá se equipararía en esta materia a muchos países del mundo, algunos de los cuales, como Argentina y Uruguay han reconocido en sus Constituciones este nuevo tratamiento de una figura que por ningún motivo debe seguir considerándose como delito ni al autor como delincuente.

<> Artículo publicado el 10  de octubre de 2010 en el diario El Panamá América, a quienes damos,    lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.

La OEA y la formación profesional

La opinión del Abogado y Consejero Legal-Representante Alterno de Panamá ante la OEA. LL.M. (´Master of Laws´) Universidad de Nueva York (NYU)….

Iván Chanis Barahona

Uno de los asuntos que mayor fuerza toma en la Organización de Estados Americanos (OEA) es lo concerniente a generar avenidas para facilitar la formación o desarrollo de los profesionales jóvenes en las Américas.   En ese marco, tuve la oportunidad de asistir a uno de esos esfuerzos enfocados a temas jurídicos y de cooperación internacional en Río de Janeiro, Brasil.   La experiencia fue sobresaliente en todos los aspectos.

El Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos se encarga, entre otras funciones, de asesorar a los órganos, organismos y entidades de la OEA, promover el desarrollo del derecho internacional y actuar como depositario de los tratados interamericanos; en tanto que el Comité Jurídico Interamericano es un cuerpo consultivo en temas jurídicos internacionales y busca promover el desarrollo y la codificación del derecho internacional en el hemisferio.

Uno de los medios de difundir estos avances es el desarrollar programas para profesionales de los países americanos. Tal como el XXXVII Curso de Derecho Internacional, llevado adelante el pasado mes de agosto en Río de Janeiro, organizado por el Departamento de Derecho Internacional y el Comité Jurídico Interamericano, cuya sede está precisamente en esta ciudad.

Esta iniciativa, que data de 1973, ha sido un evento clave en el desarrollo del Derecho Internacional en nuestro continente. Cada año el curso desarrolla un tema distinto buscando generar diálogo del más alto nivel sobre temas relevantes en el ámbito del derecho internacional. Ello se debe no solo a que son invitados a participar profesores destacados de América y de Europa, sino también a prestigiosos miembros directivos de la organización, además de la participación de alumnos de diferentes países. Este año participaron alumnos de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Brasil, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Nicaragua, Jamaica, México, Perú, Panamá, Uruguay y Venezuela.

Bajo el tema “El Derecho Internacional y las Transformaciones del Mundo Contemporáneo” los estudiantes tuvieron la oportunidad de abordar temáticas de gran relevancia y profundizar en su conocimiento de temas sobre Derechos Humanos, Derecho Internacional Comercial, asuntos relacionados al Sistema Interamericano; entre otros.

La OEA otorga un número de becas para jóvenes profesionales de los países miembros con título profesional en el área del derecho o de las relaciones internacionales. Importante destacar que este año se ofrecieron becas para jóvenes afro descendientes, como parte del proyecto para la incorporación de la temática afro descendiente en las políticas y programas de la OEA.

Este curso como muchos otros tienen como finalidad mejorar el recurso humano de los países desde una perspectiva de integración en busca del desarrollo común de nuestras sociedades. Sin duda un objetivo que se cumple.

<> Artículo publicado el 23  de septiembre de 2010 en el diario El Panamá América, a quienes damos,    lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.

Los problemas sistémicos

La opinión de…

Ricardo A. De León B

Actualmente vivimos en un sistema internacional en el cual ninguna potencia mundial es considerada el “hegemón”, por lo cual asistimos a diversas turbulencias que enrarecen la formación de una arquitectura mundial a largo plazo, dando pasos agigantados hacia un abismo sistémico del cual será muy difícil salir y buscar las formas adecuadas para restablecer o al menos iniciar el camino para un nuevo orden mundial.

Desde la paz de Westfalia (1648) hasta la I Guerra Mundial (1914), encontramos una uniformidad heterogénea en los sistemas estatales e internacionales, basados en las concepciones de soberanía y Estadonación, que configuraron el orden mundial en esos tiempos, dando lugar a la aparición de estados que con el tiempo desaparecieron o fueron forzados a formar una sola entidad estatal, tales como el imperio austro-húngaro, turco-otomano. A partir de esas experiencias, la teorización de un nuevo orden mundial se ha dificultado extremadamente, dando lugar a interminables discusiones y percepciones de parte de los expertos sistémicos.

De esta manera, la configuración de un (des) orden mundial ha venido dando diferentes concepciones históricas metodológicas como parte de un debate al más alto nivel intelectual, para dar lugar a una expresión o conceptualización acorde a los nuevos tiempos y desafíos que imponen los cambios coyunturales a nivel estatal e interestatal.

El derecho internacional ha dado algunas nuevas vías parar homogeneizar dichas divergencias que a través de los siglos ha persistido y con esto no ha dejado a la teoría de las relaciones internaciones y del sistema internacional, por ende, buscar un fin común, una explicación lógica para entender definitivamente los cambios en el sistema internacional.

A la vez, los diversos fenómenos internacionales han dado un camino indeterminado en la búsqueda de términos igualitarios. Ejemplos como las dos guerras mundiales, el período entre guerras con la consecuente crisis de 1929, el inicio y fin de la denominada Guerra Fría, que trajo consigo los diversos movimientos guerrilleros, la descolonización, el surgimiento y a veces confirmación de organismos regionales e internacionales, la aparición de un proceso de integración europeo, los cuales reconstruyeron o reconfiguraron el orden internacional.

La codificación del derecho internacional, la aparición de diversos procesos integracionistas a la par del proceso de implosión o desfragmentación de imperios dominaron el período recién posguerra fría, dieron inicio a una nueva configuración del orden mundial, donde los problemas sistémicos eran un continuus de los anteriores cambios dados a este nivel.

Los atentados del 11–S, vinieron a brindar nuevas herramientas para el análisis y estudio de los nuevos fenómenos internacionales. El terrorismo que se conoció con esos terribles atentados y, posteriormente, con atentados parecidos en España e Inglaterra, dieron la pauta para el inicio de estudios de este nuevo fenómeno, que rebasaba la teoría hasta esos días conocidas.

El hecho de ser ataques que no fueron provenientes de entes estatales, rebasó las expectativas teóricas de la ciencia de relaciones internacionales, con lo cual se inició la búsqueda de respuestas o justificaciones de semejantes ataques innecesarios.

Actualmente, el sistema internacional vuelve a sufrir de la falta de un lineamiento a través del cual mantener cierto orden. Las potencias dominantes y no hegemónicas no asumen el rol catalizador de conseguir unobjetivo claro, como la paz y seguridad internacional, el desarrollo socioeconómico de las naciones “menos adelantadas” o en estas circunstancias de un “décimo o undécimo mundo” rodeado de pobreza y desigualdades gigantescas.

El panorama no es alentador, sin embargo, las necesidades del mundo se centran en un mejor desarrollo socioeconómico, equilibrio ecológico-ambiental, mayor receptividad a las sociedades desde cada nación, las cuales nos brindarían un mejor ambiente sistémico a nivel mundial.

Los estados juegan el papel primordial en responder a dichas demandas, por lo cual necesitamos con urgencia gobiernos elegidos democráticamente que se enmarquen en procesos abiertos de democracia, entendiéndola como un sistema que genera las libertades necesarias para los individuos que, en su conjunto, forman la sociedad nacional y a la vez internacional.

<> Este artículo se publicó el 21 de septiembre de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,   lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

La libertad religiosa como derecho humano

La opinión del Pedagogo, Escritor y Diplomático….

Paulino Romero C.

Nos motiva escribir esta nota, la intención manifiesta del pastor evangélico Terry Jones y sus seguidores en el Estado de Florida, Estados Unidos de América, de “quemar” ejemplares del libro sagrado del Islam; intento que reconsideró después de la condena unánime del mundo civilizado a su malhadado despropósito.   Ahora bien, no solo los conflictos entre individuos y grupos, sino también los de nivel internacional tienen su causa, y muy frecuentemente, en las diferencias de concepciones del mundo. Allí donde aparentemente se trata solamente de puro poder, o de ganar territorios o influencias políticas, hay a menudo algo más en juego: la religión.    No pocos opinan que las creencias religiosas pueden ser también una causa para poner en juego la paz entre los pueblos.

La paz es uno de los conceptos directrices en opinión de los más caracterizados expertos en derecho internacional y experimentados diplomáticos contemporáneos. Análogamente a la expresión acerca de la función pacificadora del derecho, se encuentra, en relación al plano internacional, la “función pacificadora de los derechos humanos”. Parece provechoso entonces, ocuparse de modo detallado y pormenorizado de aquel derecho humano cuya falta de atención condujo, en otros tiempos, a las primeras oleadas de refugiados.   Se puede agregar, además, que el primer tratado de derecho internacional de la modernidad, la Paz de Westfalia, fue firmado luego de una guerra hecha en nombre de la religión. Los Estados Unidos de América deben su existencia y su actual hegemonía, en gran medida, a movimientos de refugiados por razones religiosas y a un espíritu pionero que nació también allí.

El mundo árabe busca afirmar su capacidad civilizadora y cultural, que, en la Edad Media, bajo la bandera del Islam, se desarrolló y luego se apagó, para imponer, por sobre las fronteras de los Estados rivales la verdadera fe;   esta tarea, según el punto de vista del buen mahometano, le corresponde en este mundo, o por lo menos en los territorios de donde proviene.   La importancia de la religión y de la libertad religiosa para la convivencia pacífica de las naciones y para el derecho internacional es, por lo tanto, evidente y es, sin embargo, muchas veces subestimada. Esto debe ser entendido como indispensable para la consideración de la libertad religiosa como derecho humano, y como fundamento de una libertad que tenga el carácter de una garantía internacionalmente válida.

El concepto y la idea de la libertad religiosa no pueden desligarse de las corrientes de pensamiento de aquellas instituciones que, no solo litúrgicamente sino también normativamente, ejercen, junto con el Estado, una influencia esencial sobre la condición espiritual y mental de los seres humanos, quienes, no solamente son destinatarios de esa libertad, sino que también cooperan considerablemente, en los diversos niveles, para su conformación jurídica y práctica.

> Artículo publicado el 20 de septiembre de 2010  en el diario El Panamá América, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

¿Juzgando a los vecinos: Venezuela y Colombia?

La opinión del Abogado y Docente Universitario…

Silvio Guerra Morales  

Claves principios en el Derecho Internacional Público, pisoteados por fuerzas poderosas en casos de renombre mundial, han alentado y deben seguir alentando las buenas relaciones entre los Estados, siendo que éstos son sujetos jerarquizados en el ámbito de la rama del Derecho indicada: La Libre Autodeterminación de los Pueblos y La No Intervención de un Estado en los Asuntos Privativos o Exclusivos de Otro.

No son principios absolutos, pero sí de inequívoca aplicación aunque den margen a ciertas excepciones que la misma historia se ha encargado de precisar.   La no intervención es la obligación de los Estados de inhibirse de intervenir, directa o indirectamente, en los asuntos internos o externos de otro Estado con la intención de afectar su voluntad y obtener su subordinación.

Es en la Doctrina Monroe en donde encontraremos los orígenes de este principio –1823- siendo que fue el Presidente James Monroe de los EE.UU., quien bajo el lema “América para los americanos” sostuvo que ninguna potencia de Europa tenía derecho a intervenir en ninguna parte del continente. Hay quienes han señalado que la doctrina Monroe nace inspirada en la idea de detener la intervención de las potencias imperiales europeas sobre las recién independizadas colonias, pero que al mismo tiempo abrió las compuertas a la intervención neocolonial de los EE.UU. en las frágiles naciones latinoamericanas.

El 27 de septiembre del año 1930 el señor Genaro Estrada, que a la postre era el secretario de relaciones exteriores del gobierno de Pascual Ortiz Rubio, en México, envía una carta a todos los representantes de aquella nación en el extranjero. En ella hizo recoger una gran idea y que a la sazón sería conocida como La Doctrina Estrada y es en esta doctrina que queda, de modo diáfano, desarrollado el principio de la no intervención, aunque, desde luego, con un enfoque mucho más amplio y diferente al usado por la Doctrina Monroe.

Se advierte que ante la existencia de gobiernos extranjeros y actividades emanadas de ellos, México no se podría presentar o mostrar como Estado partidario de emitir juicios sobre el particular, toda vez que ello implicaba una práctica denigrante que terminaba menoscabando la misma soberanía de los Estados.

Adicionalmente se consagraba el concepto de que, ante situaciones o circunstancias que implicaban disensos o conflictos de trascendencia internacional y que relacionara a México, este Estado tan sólo se limitaría a mantener o a retirar a sus agentes diplomáticos en otras naciones, así como aceptar o seguir aceptando, según se considere necesario, a representantes extranjeros.

Por ello, en razón de uno u otro principio, los Estados deben entender que ante la existencia de conflictos, como es el caso el existente entre Venezuela y Colombia, ningún Estado, entre ellos Panamá –máxime que se encuentra comprometido con un Tratado de Neutralidad Permanente sobre el Canal- y en clara aplicación del principio de no intervención, ninguno de ellos puede ni debe presentar o expresar o de cualquier otro modo evidenciar o insinuar que se encuentra en capacidad de juzgar, aprobar o desaprobar a otras naciones.

<>

Este artículo se publicó el  30  de julio de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Consideraciones sobre la invasión a Panamá

Un análisis sociológico político sobre este evento de trascendencia historica, realizado por la Jurista, Docente Universitaria y Analista Política y Social….

Olga Nelly Tapia

El mes de Diciembre de 1989, en la ciudad de Panamá, era un día de compras de fin de año, existía en el ambiente un temor generalizado por los últimos acontecimientos políticos que se habían generado en el país. Manuel Antonio Noriega había levantado el machete en señal de guerra a los Estados Unidos, y el Mundo entero seguía la secuencia de los hechos.

Anteriormente Noriega había sofocado con su estilo una que otra insurrección en su régimen castrense, había un temor de todas partes, la inversión extranjera también tambaleaba cada día que transcurría en el territorio panameño, los extranjeros salían con sus maletas del país, pues se rumoraban vientos de guerra.

Esa noche el espacio aéreo panameño se vio lastimado igual que su soberanía, la de un pueblo noble, por el estruendo de aviones de combate que daban la alarma de la crónica de la guerra anunciada que había empezado. Unidades camufladas del Ii/75 de Rangers, a bordo de un C.141 que salió desde el campo de aviación de Hunter, EEUU, que según datos que custodian organismos de Derechos Humanos en el mundo, y datos de inteligencia publicados sobre el tema se dirigían hacia los aeropuertos de Tocumen y Torrijos en la República de Panamá. Se suman entre otros doce helicópteros de operaciones especiales AH-6 Litttle Bird, 10 MH-6 7mh-47 E y 17 mh60k NIGHT HAWK, Y EL PRIMER DEST, D operativo de FE, más conocido por la FUEZA DELTA, la cual es una fuerza de unidad antiterrorista altamente profesional en táctica de inteligencia, pues hace a su vez misiones de reconocimiento y acciones directas de contingencia.

La llamada Causa Justa permitió que EEUU utilizara armas de fabricación extranjera, tales como ametralladoras M240/M240 EL de 7.62 Mm. de los Sheridam y los lav. 25 MAG BELGAS para carros de FN, la pistola m9 de 9mm 92f Beretta, italiana, la LAW m136 de 84 mm, el AT-4, sueco, los morteros mejorados m252 de 81 mm, L16K, británico, el arma de asalto multipropósito lanzable desde el hombro, SMAW, MK53 o de 89 mm, basada en el lanzagranadas israelí B300 y los vehículos ligeros acorazados de la serie LAV, diseño suizo, de fabricación canadiense, Hubo 26 escuadrones de reabastecimiento y las últimas armas adquiridas por los norteamericanos, que luego fueron utilizadas junto a otras para la operación en el Golfo Pérsico llamada Tormenta del Desierto.

El despliegue bélico realizado por Estados Unidos hacia Panamá sepultó las insignias de los Batallones Paz, Cémaco, 2000, los Tigres, los Pumas, los Diablo Rojos, los Urracá, los Cholos, la Expedicionaria, los Macho Montes, la policía militar, el escuadrón de caballería, la fuerza aérea panameña, la Marina de Panamá y la Fuerza de Policía, todo el engranaje castrense conocido como las Fuerzas de Defensa de Panamá, comandados en ese momento por el General Manuel Antonio Noriega.

Lo insólito fue también que en la base de Río Hato existían jóvenes cadetes que estudiaban allí en un complejo militar llamado los Tomasitos, y los Benjamines, los cuales fueron víctimas del cruel ataque.

El General Marc A. Cisneros, otorgaba como comandante de tropas del Ejército Sur, un llamado pasaporte de la libertad que se le expedía a los miembros de las Fuerzas de Defensa de Panamá, al Batallón de la Dignidad y a los CODEPADI, pensando que con ello se garantizaba la seguridad personal, acceso a medicinas, comida, lugares de descanso y recuperación, todo esto expuesto antes de su firma con una frase que decía: “No hay que sufrir más”. Desconocemos para cuándo tendría eficacia la frase porque han pasado muchos años y todavía quedan secuelas psicológicas, sociales y de cualquier orden.

Manuel Antonio Noriega, que según EEUU, era el problema pues se le acusaba de tráfico de drogas y cuántas cosas más, fue encausado y condenado en EEUU donde cumplió su condena en prisión.  Luego  es extraditado a Francia a enfrentar nuevos cargos.  Su figura,   la cual fue el móvil de la llamada Causa Justa, sale del escenario político y los problemas de drogas, delincuencia se acrecientan sin su presencia en Panamá;  los muertos inocentes siguen a la espera de justicia y pareciera que la salida de EEUU, es como borrón y cuenta nueva, como decir no pasó nada, no es equitativa la solución, pues a muchos se les despojó de sus vidas y el panorama nacional no es nada favorable.

Hace 21 años que Noriega no está en Panamá y la droga circula sin piedad en el territorio nacional, los cargamentos que se cautelan son enormes, los índices de criminalidad aumentan y ahora el crimen recluta menores para cometer sus fechorías.

La gente que ofrendó la vida de sus familiares, haciendo referencia a civiles inocentes, han perdido toda esperanza de que se les haga justicia; ya el 20 de Diciembre transcurre en el país sin pena ni gloria. Las estadísticas de muertos no son precisas, cada organismo maneja cómputos que entre sí no unifican criterios de pérdidas humanas, lo que sí podemos agregar es que Manuel Antonio Noriega salió preso de la Nunciatura de Panamá, vestido de General y se amparó hasta lo último en la Convención de Ginebra y fue tratado como prisionero de Guerra.

Muchos serían los argumentos para esgrimir, pero el que nos queda más claro fue la premisa que surgió del Documento de Santa Fe, en el cual se destaca a Panamá como ejército, realizando defensa conjunta con los EEUU, sobre la franja canalera, ello era problema, pues los EEUU no podía desplazarse solo porque el Tratado del Canal de Panamá hablaba de los dos ejércitos; al desaparecer el ejército panameño, la potestad sólo le quedaría a los EEUU por una situación de hecho, entonces el papel protagónico de EEUU sería más beligerante ya que tendría total control de defensa del Canal de Panamá y el control hemisférico por la posición geográfica del istmo.

Pareciera un juego de Ajedrez pero no es juego, es una cruel realidad. Lo interesante es que el Tratado del Canal de Panamá, hace la vía un territorio Neutral por el papel de la neutralidad de la vía acuática, estatuido en el propio Derecho Internacional, más sin embargo, nuestro territorio fue invadido por fuerzas y ejército extranjero, se violó el Tratado, se violó el espacio aéreo, se violentó la soberanía nacional y nadie dice nada.

Entonces por qué se producen sentencias de importancia en el ámbito de derecho internacional público, donde tribunales de justicia militar dan precedentes interesantes, remitámonos a Nuremberg y Tokio, por ejemplo, donde se realizaron condenas a criminales de guerra. El territorio de un Estado neutral se considera inviolable. No puede convertirse en teatro de las operaciones militares. Los beligerantes tienen prohibido cruzar el territorio de una potencia neutral con tropas o convoyes, sean éstos de municiones o de abastecimiento de víveres, así como instalar estaciones de radio o cualesquiera otras, cuyo fin sea el favorecer las comunicaciones con las fuerzas beligerantes. Los cuerpos de combatientes no se formaran en ningún caso ni se abrirán oficinas de reclutamiento en el territorio de un país neutral. El Estado Neutral tiene derecho a resistir contra un ataque perpetrado en violación de su neutralidad con la fuerza de las armas, todo esto es teoría, todo dogmático, se respetan esas cláusulas en el mundo de la Guerra.

A hora bien, nosotros pusimos los muertos ese 20 de Diciembre de 1989, se dieron situaciones de hecho, el Estado de Derecho junto a sus instituciones democráticas y sus poderes del Estado se vieron lacerados, toda una institución como el Estado quedó paralizado, los procesos judiciales, la justicia ordinaria se paralizó, pues hubo, posterior a l a invasión, una reestructuración del poder judicial, cambios en todo el organigrama judicial, los casos de hecho no admitían gestión alguna ya que los tribunales estaban cerrados.

A tantos años de la invasión a Panamá, ningún gobierno se ha tomado la molestia de revisar la posibilidad de que el Estado de Panamá se le indemnice por los daños causados, hay un silencio profundo sobre esto; creo que es hora, que la clase política, los nuevos gobernantes que asuman el próximo mandato hagan los reclamos correspondientes; esto son actos de guerra, si tomamos en cuenta como fue aceptado por el país norteamericano la figura de prisionero de guerra a Manuel Antonio Noriega, no puede haber colisión jurídica pues si él tuvo esa condición hasta este tiempo, es la aceptación de EEUU que hubo guerra contra nuestro país y todo lo que se produjo durante la ocupación por ese motivo, merece que sea analizado para determinar la responsabilidad de cada quién, no histórica pues la historia también les juzgará sino de manera judicial ante Tribunales de justicia imparciales donde se coloque el argumento frente al hecho y viceversa, porque se vulneró la esencia del propio Estado, y el paralizar la justicia en su totalidad es un atentado evidente contra el Estado de Derecho de una Nación, se debe sentar a los responsables de estos hechos que violaron derechos de ciudadanos panameños, considerando sean inocentes para el caso y solicitar se respete la majestad de la Patria ante el Tribunal máximo de Justicia porque les digo que son crímenes de guerra, y además hay precedentes en base a la costumbre internacional donde se yergue el Derecho Internacional Público, donde este tipo de agresiones son imprescriptibles.

Creo que la comunidad internacional debe tomar más en serio el asunto de la terminología usada por la Organización de Naciones Unidas puesto que dejar una rama del derecho de importancia como es la que regula la actividad de los Estados entre sí, con leyes que datan de los años de 1945, cuando existe evolución jurídica de nuestras sociedades, resulta arcaica la hermenéutica a utilizar como forma de interpretación legal y aplicación de las leyes en el tiempo y el espacio.

Hay en estos momentos la oportunidad de oro para que se definan con más claridad términos tales como orden público internacional, seguridad nacional y las famosas guerras preventivas que como estudiosa de las leyes no alcanzo a comprender, pero sí ilustro la figura con una semblanza de nuestros pueblos de América, tomando la gallina como ejemplo, después que la mata la espantas, eso para mí es la guerra preventiva, otro absurdo jurídico internacional.

<>

Este artículo,   enviado el 2 de mayo de 2010 por la autora a Pana Letras, se publicó en el sitio   Municipalidad y Cultura ” Cultura de los pueblos iberoamericanos” a quienes damos, al igual y en especial a la autora,  todo el crédito que les corresponde.  Todas las fotos son del sitio fuente, usadas con autorización de la autora.

Justicia e imagen internacional

La opinión de……

,

Carlos Guevara Mann


Bajo circunstancias normales, la privación ilegal de la libertad individual es un delito tipificado en el ordenamiento jurídico panameño. El Código Penal de 1982, vigente en Panamá el 20 de diciembre de 1989, establecía en su artículo 151: “El que ilegalmente prive a otro de su libertad será sancionado con prisión de seis meses a tres años”.

La pena mínima aumentaba a un año cuando la privación era perpetrada por un servidor público (Art. 156). El Código actual, que data de 2007, contempla de dos a cuatro años de prisión en casos de privación de libertad “ordenada o ejecutada por un servidor público con abuso de sus funciones”.

En situaciones de guerra, la toma de rehenes es un delito tipificado en el Derecho Internacional Humanitario. El artículo 34 del IV Convenio de Ginebra de 1949, relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, señala taxativamente: “Está prohibida la toma de rehenes”. Además, el artículo 147 incluye dicha acción entre las infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario.

Panamá es Estado parte de los Convenios de Ginebra de 1949 desde el 10 de febrero de 1956, por lo que las disposiciones transcritas estaban plenamente vigentes el 20 de diciembre de 1989. También estaba vigente (como lo está hoy) la norma constitucional mediante la cual “la República de Panamá acata las normas del Derecho Internacional” (Art. 4).

El artículo 17 de la Constitución indica que las autoridades de la República están instituidas, entre otros propósitos, para “cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley”. Además, el artículo 146 del IV Convenio de Ginebra establece la obligación de cada Estado parte (como lo es Panamá) “de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, una cualquiera de las infracciones graves” y “hacerlas comparecer ante los propios tribunales”.

Señalo todo esto a propósito de la divulgación, por El Panamá América (25 de febrero), de un presunto informe de la Policía Nacional, fechado el 22 de marzo de 1990, acerca de ciertas actividades en las que habría participado Gustavo Pérez de La Ossa, actual director general de la Policía. El informe, suscrito por los miembros de la Junta Disciplinaria, Gerardo García, José Serrano y Miguel Alemán Mendoza, afirma que Pérez y otro compañero de armas “fueron partícipes directos en la captura de personal civil norteamericano, a quienes hicieron rehenes posteriormente por unas horas” (www.pa-digital.com.pa/pdf/gustavoperez2010.pdf).

En vista de la seriedad del medio que ha hecho las revelaciones (El Panamá América) y la gravedad de los señalamientos, el asunto amerita una investigación inmediata por parte del Ministerio Público. Por un caso de menor envergadura se ha ordenado la separación de la procuradora General de la Nación. Por un asunto penal con algunas similitudes, Daniel Delgado Diamante, ministro de Gobierno y Justicia en la administración anterior, fue separado del cargo y, luego, despedido.

Las consideraciones jurídicas y humanitarias expuestas bastan y sobran para dar a este caso la atención que merece. Pero hay, además, aspectos políticos que son fundamentales considerar.

Los sectores más influyentes del país están empeñados en lograr ciertas metas económicas, entre ellas la aprobación del Tratado de Promoción Comercial (TPC) por el Congreso estadounidense. Dicha aprobación se encuentra pendiente desde que asumió la Presidencia de la Asamblea Nacional un diputado perredista sindicado en Washington por la muerte de un soldado estadounidense.

Por más gestiones que haga nuestro inteligente y diligente embajador en Washington, Jaime Alemán Healy, será muy difícil que los congresistas estadounidenses aprueben el TPC si se ventila allá que Panamá tiene un jefe policial presuntamente involucrado en la captura de un grupo de ciudadanos estadounidenses y que el sistema judicial panameño ha sido incapaz de aclarar los señalamientos.

Recordemos también que las violaciones al Derecho Internacional Humanitario son delitos de carácter internacional que pueden ser perseguidos por cualquier jurisdicción, si las autoridades nacionales no actúan para esclarecerlos.

La información divulgada por El Panamá América ya ha sido reproducida en varios portales anglosajones, tales como Panama Guide (www.panama-guide.com) y Bananama Republic (www.bananamarepublic.com). El Congreso estadounidense nos tiene en la mira, como lo demuestran los comentarios del senador Dodd, quien pidió respeto para la separación de poderes (La Prensa, 21 de febrero).

Además, el 23 de marzo tendrá lugar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, D.C., una audiencia sobre el sistema judicial de Panamá (La Prensa, 26 de febrero). En defensa de las normas internacionales de conducta, el prestigio nacional y los intereses que representa la administración del presidente Martinelli, el Gobierno Nacional y el Ministerio Público deben actuar decisivamente en este caso.

<>

Publicado el 3  de marzo de 2010 en el Diario La Prensa,   a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Una cuestión de principios…

La opinión del Abogado Internacionalista…..
.

PEDRO SITTON URETA

Una regla de oro del Derecho Internacional la constituye la no injerencia de un Estado extranjero o de sus altas autoridades en los asuntos internos de otro Estado. Este principio, que se remonta a los inicios del propio Derecho Internacional, ha sido recogido en doctrinas y convenios internacionales y principalmente en la Carta de la ONU.

Ciertamente, en esta sociedad internacional globalizada, a veces para muchos es difícil discernir conceptos y términos como injerencia, intromisión y/o no intervención en los asuntos internos de un país; pero corresponde a los académicos ser generadores de opiniones que permitan entender los mismos y evitar así que las actuaciones de nuestros órganos del Estado y autoridades nacionales se vean influenciadas o alteradas por entes extranjeros, que no tienen en mente necesariamente los intereses nacionales.

Por ello, cuando el señor fiscal general de Costa Rica manifiesta públicamente que la investigación que se le sigue a la licenciada Ana M. Gómez es un retroceso en la democracia panameña, menoscaba la labor de la Procuraduría de la Administración y es una injerencia en nuestros asuntos judiciales, que solo le competen a nuestras autoridades.   Asimismo, es una burla a nuestras autoridades, incluyendo a los tres órganos del Estado, que el primer fiscal tico manifestara que él fracasaría a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia si fueran sus estudiantes y fallaran en contra de la licenciada Gómez, dejando al descubierto una patética defensa política de dicha funcionaria, que debe ser considerada como inaceptable dentro de las relaciones de plena igualdad soberana que deben mantener dos Estados amigos y vecinales, como lo son Costa Rica y Panamá.

El rechazo que expresé, en conjunto con otros juristas de talla nacional e internacional reconocidas, en contra de las declaraciones que emitiera en un foro público el fiscal general tico, para que no continuase expresándose en la forma en que lo hacía, no debe considerarse un atentando a la libertad de expresión y mucho menos una violación a lo establecido en el artículo 29 de nuestra Constitución, porque dicha libertad tiene límites y uno de ellos es la no injerencia en los asuntos internos de una nación por parte de un alto dignatario de una institución oficial extranjera.

Sabemos que de pinchazos telefónicos sabe el fiscal general de Costa Rica, porque en su país fue investigado por la Asamblea Nacional al jactarse ante una periodista de haber pinchado 3000 teléfonos, lo que llevó a decir al presidente de la Asamblea Legislativa de aquella época, Gerardo González, que de ser cierto, se trataría de “ un hecho gravísimo, porque se denigra a la Asamblea Legislativa ” y traería “ consecuencias muy graves en la plataforma institucional y democrática del país ”.

Hoy, nos corresponde a todos mantener nuestra soberanía nacional libre de cualquier intromisión, pues, el respeto al derecho ajeno es la paz, como nos recuerda ese patriota mexicano Benito Juárez.


<>

Publicado el  22  de enero de 2010   en el Diario La Estrella de Panamá , a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El costo de una política equivocada

.

El costo de una política equivocada

.
Carlos Ernesto González Ramírez
.

En el año 1998, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), un cartel económico compuesto por los 30 países más desarrollados del mundo, decidió iniciar un ataque frontal a los países que utilizaban sus políticas fiscales para atraer capitales foráneos.

Este ataque pretende evitar la competencia fiscal y el funcionamiento de centros financieros fuera del control de sus autoridades que, mediante beneficios fiscales y la protección de la información, permiten que los ciudadanos de sus países (y del resto del mundo) puedan protegerse de los abusos y confiscaciones fiscales de sus gobiernos.

Para lograr su objetivo le sugirieron a sus países miembros que aplicaran medidas discriminatorias a los países que no se sometiesen a sus designios. Estas medidas, sin embargo, eran y son todas contrarias a las obligaciones que en materia de comercio internacional tienen todos los miembros de la OCDE.

Esto lo afirmó en el 2000 un abogado que había ejercido como asesor legal de la sección comercial del mencionado cartel. Dijo, además, que así se lo había hecho saber a los fiscalizadores de la organización, sin lograr persuadirlos de su error.

En el 2001, hice una presentación demostrando las causas por las que estas medidas eran contrarias al Tratado de Marrakech (que crea la Organización Mundial del Comercio) y sugerí que Panamá iniciara un proceso de solución de diferencia en contra de un país latinoamericano que discriminaba a Panamá.

Lamentablemente, un asesor gubernamental se opuso a esta iniciativa argumentando que la misma podía tener un impacto negativo en nuestras relaciones internacionales, tal como lo había vivido él cuando formaba parte del Ministerio de Relaciones Exteriores durante la administración Endara.

Esto no es cierto. En efecto, los procesos de solución de diferencia se establecieron para que los países defendieran sus posiciones dentro del marco del derecho internacional público, sin amenazas ni uso de la fuerza. Esta es la forma civilizada de actuar.

A través del tiempo esta opinión (y otras similares que surgían de la cancillería) impidieron que Panamá hiciese uso de los mecanismos legítimos que tenía para defenderse. De no haber sido por estas políticas equivocadas, ya hoy hubiésemos tenido una decisión en la OMC, la cual sería, muy probablemente, favorable a nuestros intereses.

Una decisión así hubiese reventado el “cartel” haciendo completamente ineficiente las “amenazas” de esta organización abusiva que pretende imponer su visión del mundo a las demás naciones. Además, hubiese movido el debate internacional al campo en el que debía estar: el del comercio internacional. Es decir, al ataque de “paraísos fiscales” les hubiésemos respondido con la defensa de “proteccionismo financiero ilegítimo”.

Lo que aquí describo lo vine a conocer recientemente en toda su magnitud, cosa me obliga a retirar lo que publiqué hace un tiempo en contra del Viceministerio de Comercio Exterior (dirigido entonces por Melitón Arrocha), a quien responsabilicé de la inacción del gobierno. Definitivamente hoy sé con certeza que ese despacho y sus sucesores han tratado en varias ocasiones de proseguir esta línea de acción, para sólo ser parados por una Cancillería que obviamente no entendía lo que tenía entre manos.

Mantengo la esperanza que, ahora que tenemos un vicecanciller que conoce profesionalmente las reglas que rigen el comercio internacionalmente, esta instancia se convierta en un aliado del ejercicio legítimo del derecho a la defensa. Tal como se ha hecho con el Banano (demandando a toda la Unión Europea) y con las exportaciones de la Zona Libre en contra de Colombia. El doble estándar no tiene base lógica y menos fáctica.

Termino señalando que Estados Unidos, que es miembro de la OCDE y que activamente persigue una política de atracción de capitales foráneos eximiéndolos de impuestos y protegiendo la identidad de los dueños de dichos capitales, eventualmente será víctima de la política de la OCDE, momento en el cual, vaticino, morirán las “amenazas”. Ese momento no está lejos y Panamá sólo debe saber cómo resistir el más reciente embate.

<>

Publicado el 28 de julio de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.