Otro nueve de enero en la historia

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La opinión del Abogado…

Carlos Antonio Harris Jiménez 

El nueve de enero de 1964 está señalado en nuestra historia como un ataque a la dignidad del pueblo panameño por la soldadesca norteamericana; que tristeza que entre en nuestra historia otro ataque a la dignidad del pueblo panameño un nueve de enero, pero en esta ocasión perpetrado por unidades regulares de la Policía Nacional y cuando precisamente creemos vivir en plena democracia, luego de veintiún años de dictadura militar.

Los panameños tuvimos que ver escenas televisivas de jóvenes encarcelados pidiendo clemencia ante el desesperante dolor y la asfixia, producidos por llamas de gran magnitud, esto, en presencia de una gran cantidad de policías y custodios que evidentemente disfrutaban de la dantesca escena, que podían evitar, pero ellos actuaban con todo el dolo y la intención de que sus víctimas murieran.   Estas escenas perduraran en nuestras mentes y en nuestros corazones, para toda la vida. En adición a las quemaduras y la asfixia, hubo garrotazos cuando finalmente y posiblemente previo cálculo de que ya no vivirían, les abrieron las puertas y eso porque, gracias a Dios, valientes periodistas y camarógrafos estaban presentes. Definitivamente hubo excesiva crueldad.  Estos actos mancillaron la dignidad de la nación panameña.

El pueblo panameño debe comprender que ahora no se trata solamente, de que las autoridades del Ministerio Público, y el Órgano Judicial, actúen. Los panameños de todos los niveles, por ser madres, padres, profesionales, educadores, estudiantes, sociedad civil, gobernantes, asociaciones cívicas, iglesias, es decir todas las fuerzas vivas del país, toda una nación unida, debe salir a protestar y expresar su repugnancia hacia lo actuado por miembros de una institución llamada por mandato constitucional a salvaguardar las vidas de los habitantes del país. Preocupa, que todavía lo anterior no haya sucedido, cuando hay cuatro víctimas fallecidas y varias, luchando por una vida que no sabemos que calidad tendría, si acaso logran sobrevivir.

Que quede claro para el pueblo panameño y para algunos que con evidente enanismo mental, moral y espiritual, pretenden justificar la barbarie, que esos jóvenes pagaban una condena por la comisión de sus delitos, impuestas por las autoridades competentes, pero las sentencias no incluían la pena de muerte que le aplicaron sus verdugos.   Esos verdugos están conscientes de que su jefe, ha manifestado públicamente que los defenderá hasta las últimas consecuencias y que los diputados de la patria, han creado normas legales para que sus actuaciones criminales, se mantengan impunes.

Se ha ofendido la dignidad del pueblo panameño, todos, sin ningún tipo de diferencias, mientras nos organizamos para otras acciones, sugiero llevar en nuestras vestimentas diarias, una cinta de color negro que represente nuestro duelo e indignación nacional y nuestro sentimientos de solidaridad con los familiares de las víctimas. No lloremos mañana como mujeres, lo que hoy no sepamos defender como hombres.

El nuevo señor Procurador General de la Nación, tiene la gran oportunidad de demostrarle al país, su intención de adecentar la Administración de Justicia. Las escenas televisivas tantas veces repetidas, son pruebas suficientes para que muchos, ya estén en la cárcel.

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<>Artículo publicado el  22  de enero de 2011   en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Derecho y valores

La opinión de…

 

Ruling Barragán Yáñez

El derecho y los valores constituyen dos ámbitos cuyas características y relaciones no siempre suelen ser bien comprendidas. Esta incomprensión desemboca a menudo en problemas prácticos que pueden reflejarse en la administración de la justicia. En sentido estricto, los valores pertenecen al ámbito de la moral; los derechos, al legal.

Sin embargo, esto no significa que no exista –o, peor aún, que no deba existir– ninguna relación entre valores morales y el derecho. De hecho, el derecho nunca está –ni debe estar– desprovisto de valores. Pero, no todos los valores que integran la moral participan (o deben participar) de lo legal en cuanto tal. De otra manera, la incidencia o interferencia de lo moral en el derecho afecta negativamente sus funciones.

Explicaremos esto en lo que sigue. Entre los valores propios del derecho se suele mencionar una tríada clásica: la seguridad, el orden y la justicia.

La seguridad puede considerarse como el valor más básico, si nos atenemos a un orden de realización, no de relevancia. Sin seguridad es imposible erigir –mucho menos mantener– cualquier orden, sea éste social, político o económico. Es por esto que es el valor más elemental. Luego de la seguridad sigue el orden. El orden jurídico –al menos idealmente– permite que la sociedad en su conjunto funcione en armonía. En tercer lugar, se da la justicia, siendo el valor por excelencia del derecho. La justicia no existe ni subsiste en abstracto, sino que se construye sobre las bases de la seguridad y el orden.

Por supuesto, los valores propios del derecho no son los únicos valores. Ellos constituyen apenas una ínfima parte del amplio inventario de valores morales. Podemos citar la amistad, el amor o la compasión, entre muchos otros. Ahora bien, ¿qué relación guardan estos valores con el derecho? Prácticamente ninguna.

El derecho puede subsistir sin ellos; aún más, la incidencia de estos valores en el derecho perturbaría su naturaleza y funciones. Así pues, es bien sabido que la amistad, el amor o la compasión no deben incidir o influir en decisiones judiciales. El espacio y funciones propias del derecho no permiten la intromisión de este tipo de valores. De acuerdo a lo anterior, el derecho puede y debe abstraerse de ciertos valores. Por supuesto, no de aquellos que le son propios y sin lo cuales no podría constituirse y funcionar.

Sin embargo, como bien dijo un jurista, no debemos olvidar que “los valores del derecho no son fines en sí mismos; su sentido proviene de otros valores, que son superiores y que también el derecho trata de alcanzar”. Así pues, existen valores superiores a los del derecho (ya mencionamos algunos) sin los cuales sería imposible un desarrollo humano integral. Si nos limitáramos únicamente a los valores propios del derecho, la vida en sociedad se deshumanizaría. Los valores propios al derecho son necesarios, mas no suficientes.

Por todo lo anterior, se concluye que el derecho exige de por sí determinados valores, a la vez que excluye a otros. Todo buen profesional del derecho tiene el reto de encontrar el balance adecuado entre lo moral y lo legal; el justo medio en que la moral pueda incidir en el derecho, sin que pierda su carácter y autonomía.

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Este artículo se publicó el 1 de febrero  de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

La justicia no es igual para todos

La opinión y el planteamiento de la….

FAMILIA  GATENO
opinion@laestrella.com.pa

Hace más de nueve meses se mantiene injustamente detenido el ciudadano panameño Teófilo Gateno. El señor Gateno ha sido acusado por el fiscal del caso y por quien fuera, hasta hace poco, el procurador general de la Nación- suplente, de estar vinculado a la sociedad Grupo Comercial Medicom, empresa que importó glicerina, la entregó al Seguro Social y que luego de dos años fuera confirmada como dietilenglicol.

Ni el fiscal ni el procurador suplente, tienen documento ni señalamiento alguno que sustente esta supuesta vinculación, pues no existen. Teófilo Gateno, no aparece en el pacto social de esa empresa, no es miembro de su Junta Directiva, ni accionista, y jamás recibió salarios ni dividendos de la misma. La acusación, por lo tanto, se basa en meras suposiciones e insinuaciones.

De acuerdo con la ley panameña vigente, los verdaderos responsables de una sociedad anónima son sus representantes legales, y el señor Gateno no aparece como tal, porque no lo es. Mal pudiera ser responsable él de las actuaciones de los directivos y gerente de MEDICOM, a quien solo le prestó cinco mil balboas (B./5,000.00) en un financiamiento tradicional que únicamente fue utilizado por esa empresa para el pago de fletes e impuestos y así cumplir con una orden de compra emitida por la Caja de Seguro Social.

Durante el proceso, el fiscal ha alegado que el señor Gateno, debía haber hecho las pruebas para comprobar la naturaleza del producto al que solamente le estaba financiando los derechos de importación. Ni siquiera los laboratorios del Seguro Social pudieron detectar el tóxico, ¿cómo se pretende entonces que lo haga el financista? Si cada vez que un banco o financiera hiciera un préstamo para una importación tuviese que comprobar la naturaleza de los productos, el sistema financiero colapsaría. ¿Acaso son los bancos responsables de defectos de fábrica de autos cuya importación financiaron? ¿Deben las instituciones financieras contratar expertos en todos los campos, cada vez que financian una importación, o son las autoridades competentes en cada ramo las que deben velar por el cumplimiento de las normas básicas de cada producto? En el caso por el que se le acusa al señor Gateno, cuya participación fue únicamente como financista, el Seguro Social recibió conforme el producto entregado por Grupo Comercial Medicom.

Sin embargo, el fiscal insistió en mantener la detención de Gateno, obviando la presunción de inocencia y en reiteradas ocasiones le negó permisos de trabajo, al que tiene derecho y necesidad para su salud mental y para poder mantener a su familia.

No pretendemos analizar las razones ni argumentaciones que pudiera tener el fiscal para su conducta, pero llama poderosamente la atención que no ha podido sustentar sus respuestas con argumentos válidos.

Durante todos estos meses, la familia ha preferido mantenerse callada ante los medios de comunicación, con la esperanza de que el Ministerio Público diera indicios de que realmente estaba en busca de los verdaderos responsables de esta tragedia que afectó a miles de panameños. Sin embargo, no pareciera que esa es su intención, pues si bien hay más de ‘una veintena de imputados, lo cual no significa que son responsables’, él único que está siendo castigado con una prolongada detención es Teófilo Gateno.

El tiempo corre, los efectos de esta caprichosa detención ya se hacen sentir sobre los hijos, la esposa y los padres, y la paciencia se agota. Ya no podemos seguir callados, y es por ello que hemos decidido que la ciudadanía debe estar informada sobre el manejo que se le está dando a este caso. Tener a un ‘chivo expiatorio’ detenido no nos llevará a la verdad, ni resolverá los problemas de salud de los afectados. Lo único que logra es desviar la atención del público de una solución justa para todos.

Respetados magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, ahora tienen ustedes el caso en sus manos y esperamos que se haga justicia finalmente. Teófilo Gateno, debe ser liberado, como lo están los demás acusados, y debe tener los mismos derechos de defender su posición en libertad, como todos. ‘La justicia, señores, debe ser igual para todos.’*

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<> Este artículo se publicó el  21  de enero de 2011    en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que a los  autores,  todo el crédito que les corresponde.

Diez años en busca de una política

La opinión de…

DANILO TORO LOZANO
torolozano@hotmail.com

La propuesta electoral del candidato Ricardo Martinelli mencionaba el plan ‘Calles Seguras’. La publicación que distribuyó su campaña detallaba como medida puntual de seguridad pública, la eliminación de los Decretos Leyes con los que se creaban el Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Aeronaval, un Sistema Nacional de Inteligencia (SENIS) y se modificaban las normas sobre la Policía Nacional y el SPI.

Sin embargo, el nuevo gobierno dejó vigentes los decretos —aunque aún se espera la derogación del SENIS— con lo que evidenció, a la postre, su satisfacción con ellos, pese a contar con una mayoritaria y creciente fuerza parlamentaria, que los pudo haber pasado por el curso de legitimidad que reclamaba la opinión pública.

En materia de seguridad ciudadana, la administración Martinelli ha concentrado esfuerzos en el factor policial más que en cualquier otro factor.   Aumentó el salario de las unidades de la Fuerza Pública y montó cambios en la estructura, función y operación de componentes de esta. Pero, antes de terminar su primer año de gobierno, tuvo que salir al paso de una temprana manifestación de presión ciudadana catalizada por el asesinato del joven Daniel Carrizo y se comprometió a presentar resultados, en el nuevo plazo de tres años. Entre esos resultados habría de estar la aprobación de una Política Criminológica, para cuyo cumplimiento, en realidad, no es mucho lo que queda por hacer.

Desde que en 1990 se emitió el decreto que organiza la Fuerza Pública y, sobre todo, desde el año 2000, cuando se promulgó el decreto que expone los Fundamentos de la Política Panameña de Seguridad, mucha agua ha pasado bajo el puente.

En noviembre de 1992 fue rechazada en plebiscito, una propuesta para reformar la Constitución, que incluía nuevas disposiciones sobre la Fuerza Pública y la seguridad pública. Pero más tarde, con los actos legislativos 1 y 2 de los gobiernos de Guillermo Endara y Ernesto Pérez Balladares, en 1993 y 1994 respectivamente, se incorporaron a la Constitución nuevas normas sobre estos temas, en el Título XII.

Durante la década de los noventa, además, se emite y aprueba una variada gama de normas dentro del temario de la seguridad pública, tales como: La creación del Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional, la organización de la Fuerza Pública, primero mediante Decreto de Gabinete Nº 38 de 1990 y luego mediante la Ley 18 de 1997; después ampliada y desarrollada en 1999. Igualmente, temas como la creación de la Policía Técnica Judicial, la regulación del Sistema Penitenciario, el uso y porte de armas y la actividad de las agencias privadas de seguridad fueron objeto de abordaje jurídico.   Pero, pese a los intentos de avance, todo este cuerpo normativo guarda escasa relación entre sí, y en algunos casos, incluso, genera o permite contradicciones a lo interno de diversas instituciones, tal y como ocurrió con la Policía Técnica Judicial.

Similar suerte, en cuanto a la formulación y aprobación de normas, han experimentado la administración de justicia y las instituciones encargadas de la protección y prevención social durante las dos últimas décadas.

En junio de 2000 se da un salto cualitativo, cuando se adoptan, como política de Estado, los Fundamentos de la Política Panameña de Seguridad, mediante la Resolución de Gabinete Nº 34. En la confección de este instrumento emitido por la administración de Mireya Moscoso y que fue producto de un audaz acuerdo entre partidos antagónicos como el Arnulfista y sus aliados, el PRD y el PP,   jugó un papel determinante Ricardo Arias Calderón.   Sin embargo, la presidenta Moscoso nunca se remitió a la Resolución por ella signada ni acogió una propuesta de política criminológica impulsada por el Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá.  En el ocaso de su periodo, agobiada, entre otras cosas, por un aumento alarmante de la criminalidad y la violencia, proclamó la aplicación de ‘mano dura’, como medida para enfrentar la situación.

La campaña que llevó a Martín Torrijos a la Presidencia hizo de la seguridad pública uno de sus principales focos de atención, que después, durante su administración, fue objeto de tratamiento, pese al faltante de convicción y de equilibrio político; que de haberse tenido, hoy posiblemente estarían validadas por todos los actores políticos, jurídicamente promulgadas y en ejecución, una política criminológica y una política de seguridad ciudadana. En la administración Torrijos, el tema de una Política Criminológica fue discutido ampliamente en la Mesa del Pacto de Estado por la Justicia, cuyos participantes terminaron aprobándola. Solo faltó que el Ejecutivo, tras acogerla, la remitiera a la Asamblea Legislativa para que alcanzara carácter normativo.

Además, a mediados de 2008, el ministro de Gobierno y Justicia, Daniel Delgado Diamante, presentó la Propuesta de Política de Seguridad Ciudadana ante esa misma mesa, como un producto del Programa de Seguridad Integral (PROSI), programa concebido durante la gestión de Héctor Alemán como ministro del ramo.   No se expresó ninguna objeción contra la Propuesta presentada, fruto de la labor que destacados especialistas efectuaron bajo la coordinación del PROSI. De ello debe mencionarse como relevante lo realizado por Juan Faroppa y en el tema concerniente a la creación del Viceministerio de Seguridad, a Hugo Fruhling.

Si se analiza la propuesta de esta institución se notará que para los objetivos y funciones planteados en la Política, correspondía una estructura determinada en el Viceministerio. La aprobación final y la consideración de ambos esfuerzos producidos por el PROSI, hubieran podido reducir los riesgos de improvisación, retardo y equívocos, para darle en su momento mayor sentido y utilidad a lo creado como Viceministerio de Seguridad primero y luego como Ministerio de Seguridad.

En cuanto a política criminológica y de seguridad ciudadana, es poco ya lo que hace falta para cumplir con el compromiso presidencial. Ahora la administración Martinelli tiene la oportunidad de reconocer los esfuerzos y logros obtenidos y, sin enfrascarse en la invención de la rueda, puede considerar las aprobaciones que corresponden para que las políticas en cuestión se conviertan en una realidad de Estado, al cabo de una década.

 

<> Este artículo se publicó el 13 de diciembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Exabrupto jurídico

La opinión del Abogado….

JAIME  PADILLA  G.
pototitopp@hotmail.com

No quiero escapar en externar mi criterio en relación al cuestionado fallo emitido recientemente por los magistrados del Segundo Tribunal Superior de Justicia, en el caso de los periodistas de TVN—2 y lo haré desde la perspectiva del derecho procesal penal, analizando los yerros jurídicos procesales en que se incurrió:

1) Acumulación de procesos.

Los magistrados, de oficio, decidieron acumular los dos procesos iniciales, cosa que no podían hacer, porque estos magistrados habían conocido de la solicitud de acumulación de los procesos, en grado de apelación, solicitada por la fiscal novena y negada por el juez a—quo, manteniendo la negativa formulada por el juez. Procesalmente no entiendo cómo los magistrados, actuando como tribunal de alzada, confirmaron la decisión del juez a—quo de negar la solicitud de acumulación formulada por la fiscal novena, y ahora en la segunda oportunidad, dentro de los mismos procesos, proceden de oficio a su acumulación. En nuestro ordenamiento procesal penal, no existe norma que permita que, una vez rechazada la acumulación, vuelvan a pronunciarse sobre la misma, porque en estos procesos no van a darse variantes que puedan cambiar la decisión del juez o magistrados, que éstos deban acumularse, y los magistrados no podían ahora contravenir su propia decisión ni ir en contra de sus propios fallos. Aquí se ha violentado el debido proceso y puede darse la nulidad del fallo por el exabrupto procesal advertido.

2) Ausencia de dolo.

Al momento en que el periodista González profirió la noticia (29/9/2005), su fuente era un Informe de la Policía Nacional en conjunto con el Consejo de Seguridad, que decía que existía una red de personas cometiendo actos de corrupción. El Informe mencionaba a una abogada y a su amante, como cabecillas de la red ilícita. Lo que hizo el periodista fue incorporar nombres de otras personas que no aparecían en el Informe realizado por la PN, pero que luego aparecieron producto de la investigación que el periodista desplegó. Ante esto consideramos que se dio el ‘animus injuriandi’ o ‘dolo’, componente vital en los delitos de calumnia e injuria.

El actor debe tener pleno conocimiento de que el delito es falso o que existiendo, tiene la seguridad que el calumniado no lo cometió. Por lo que no hay responsabilidad penal, porque no se llega a tipificar el delito. Además, cuando se publicó la noticia ya el Ministerio Público había iniciado la investigación que, si bien a la postre quedó archivada, el periodista no lo sabía y simplemente la publicó con el ánimo de ‘informar’ (‘animus informandi’) o ‘divulgar’ un hecho criminoso (‘notitia criminis’). Los magistrados alegan en su sentencia que se debió respetar la presunción de inocencia, pero no se percataron de que existían graves indicios de responsabilidad de los supuestos ofendidos, porque existía el indicio de ‘presencia y oportunidad’, uno era jefe de Seguridad y la otra, secretaria general del antiguo director de Migración, Señor De Lima.

3) Principio de Favorabilidad

En el proceso penal nuestro existe el ‘principio de favorabilidad’, aunado al de rango constitucional que permite aplicar la ‘retroactividad de la ley penal’, cuando sea favorable al reo o imputado. Si se investiga un hecho punible bajo el amparo de una ley, y que en el devenir del proceso entra en vigencia otra ley penal que sustituye o complementa la anterior, si la nueva ley trae beneficios al reo, debe ser aplicada con prelación y en forma retroactiva, de ser el caso. En la causa que nos ocupa, los magistrados aplicaron el nuevo Código Penal aprobado en mayo de 2007, con respecto a la penalidad, más no con respecto al delito en sí, desconociendo la norma que eximía de responsabilidad a los periodistas, que es el Artículo 194 del Código Penal que dice: ‘sin perjuicio de lo establecido en los artículos 185 y 190 de este Código no constituyen delitos contra el honor, entre otras situaciones, las discusiones, las críticas, y las opiniones sobre los actos u omisiones relativos al ejercicio de sus funciones, así como la crítica literaria…’.

Lamento este fallo y no puedo, bajo ningún concepto, estar de acuerdo con él, porque al margen de poner en entredicho la tan sufrida libertad de expresión y utilizar el derecho como vehículo de transgresión a la justicia, como sociedad debemos estar alertas, porque su posición no fue casual y guarda relación con la Advertencia de Inconstitucionalidad presentada por el colega Sidney Sittón en representación del periodista Juan Carlos Tapia; al igual que con la absurda opinión del procurador Bonissi de penalizar la calumnia e injuria, so pretexto de evitar que se creen fueros y privilegios a favor de ciertos funcionarios, dejando desprotegidos a otros. El señor procurador confunde los conceptos, pues, si se despenalizó la calumnia e injuria para que altos funcionarios públicos no puedan querellarse por la supuesta ofensa, no quiere decir que quedan desprotegidos por el Estado, en cuánto a preservar la misma, porque tienen la vía civil para reclamar y probar los daños y perjuicios causados a su honra. Como fue el caso de la fiscal Argentina Barrera, que logró que se condenara al Diario La Prensa por los daños y perjuicios sufridos a nivel civil.

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<> Este artículo se publicó el 25 de octubre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que a la autora,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autora en: https://panaletras.wordpress.com/category/padilla-gonzalez-jaime-a/

Crisis de la administración de justicia, realidad insoslayable

La opinión del Jurista y Profesor de Derecho Procesal, Magister…


RAMÓN F. CASTELLANOS A.

Cuando en un país, la justicia es demasiado lenta, el sentido de ella, su ideal de justa, desaparece, dándole paso a su contrario, ‘La Injusticia’ conjuntamente con su homólogo, su majestad ‘La Corrupción’, la que camina muy de cerca de la mora y de la demora injustificada de los jueces.

Lo que acontece hoy día con la justicia, tanto civil como penal, no puede ser ignorado por ningún gremio que se identifique con los Derechos Humanos, porque los más afectados con el imperante y rampante leseferismo, es el ciudadano común, el que le confía su problemática a un profesional del Derecho, para que en su representación le pida ‘auxilio’, al administrador de justicia, quien de conformidad con el procedimiento establecido debe, responder en un término preestablecido, pero por lo general el grito de ‘auxilio’, llega después que el derecho de la víctima ha desaparecido o ha sucumbido.

Llegar a ciertos despachos es como ir a una presentación de un artista a escuchar dos o tres canciones, en este caso, las canciones son: ‘Está por Resolver’ o ‘Está en Lectura’; igualmente se puede escuchar una que dice: ‘Está en saneamiento’. En este estatus pude permanecer semanas, meses y, en algunos casos, varios años. ¿Por qué pasan esta cosas? Por varias razones en nuestro concepto, una de ellas es la ignorancia o inexperiencia en la materia, pereza mental o en espera de una proposición o instrucciones superiores, lo que estaría en abierta violación del Principio de la Independencia Judicial.

En la actualidad, en la esfera jurisdiccional como en la esfera de instrucción, hay una flagrante violación de lo señalado en el artículo 215 de la Constitución, en esta jurisdicciones no existe la Economía Procesal, muy por el contrario, existe un exceso de formulismo muy rampante, por cierto.

El ‘Leseferismo jurídico’ existente, el que tiene a la Administración de Justicia, a decir del Dr. Secundino Torres Gudiño, como una verdad de a puño, caminando a tres (3) velocidades, ‘Lenta’, ‘Súper Lenta’ y ‘Parada’, nosotros le agregamos ‘Súper Parada’. ¿Pero cómo enfrentamos este problema que tiene a la justicia en estado de colapsar de manera irreversible? Existe una realidad, el problema tiene y debe ser enfrentado, si es necesario solicitar la renuncia de magistrados de la cúpula como del nivel superior, por su ineficiencia y estar promoviendo el peculado con la figura de jueces de descarga. Tampoco podemos soslayar el gran número de quejas por conductas que pugnan con la ética.

Si los llamados a solucionar la Crisis en que han inmerso la Administración de Justicia, por estar en intereses distintos a sus apostolado, no enfrentan tal situación, a nuestro criterio los usuarios de esa administración de justicia deben enfrentar, de manera frontal, el problema para que las generaciones que nos pisan los talones, quienes reciben nuestras enseñanzas, NO encuentren el sentido contrario de lo que es justicia con toda su secuela de corrupción, para que no nos señalen como los responsables del leseferismo rampante, por ello, debemos procurar de manera valiente que ellos encuentren una verdadera y recta Administración de Justicia, verdaderos administradores, éticos, morales, el ideal de lo que llamamos JUSTICIA.

NO queremos concluir sin antes externar el pensamiento de dos maestros e ilustres procesalistas, el primero Santiago Sentís Melendo y el uruguayo Eduardo Couture, el primero llegó a expresar lo siguiente:

‘Una nación puede vivir con ministros prevaricadores. Pero no Puede vivir con administradores de justicia prevaricadores. Si el gobierno en nombre de la razón de Estado, no impide la falta de moral, de ética, y de seguridad, podemos decir que no hay garantías para nadie, a decir verdad, ya no hay Estado de Derecho’.

‘El Derecho valdrá, en un país y en un momento histórico determinado, lo que valgan los jueces como hombres. El día en que los jueces no cumplan con su deber de administrar justicia conforme a la ética y la moral, ningún ciudadano podrá dormir tranquilo’.

<> Artículo publicado el 9 de octubre de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Fondos Públicos y beneficio social

La opinión de la Economista y Educadora…

LIZABETA S. DE RODRÍGUEZ

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, procura justificar lo injustificable, frente al caso de los pinchazos telefónicos.  Se argumentan medidas para intervenir conversaciones telefónicas de dirigentes políticos y sindicalistas,   como mecanismo especial y confidencial para detectar posibles comisiones de delitos. Esto deja un desagradable sabor de violación a los derechos y la discreción.

Trasciende que en algunas instituciones gubernamentales se incumple con la Ley 6 de 22 de enero de 2002, como marco de transparencia, para conocer el uso y manejo de los fondos consignados a salarios (incluyendo contratos), viáticos, gastos de representación y otros.  La información concerniente a la ejecución presupuestaria y su objeto de gasto adolecen de actualización en la web, lo cual crea desconfianza.

La adquisición de autos lujosos, para uso personal y con placa particular, por jerarcas del gobierno, son fuertemente cuestionadas. Tal es el caso que hace referencia a la compra de un ‘Toyota Land Cruiser Prado VJ200, adquirido con fondos de autogestión de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas’, por más de 100000 dólares, para uso del ministro de Salud, Franklin Vergara.

El Ejecutivo proyecta invertir más de medio millón de dólares en la restauración del antiguo búnker situado en las faldas del Cerro Ancón, construido por el ejército estadounidense como refugio antibombas, durante la segunda guerra mundial. La intención de acondicionar estas instalaciones —indican— es tener un espacio seguro donde el Gabinete pueda sesionar, en caso de una catástrofe natural. La iniciativa puede ser buena, pero el concepto mal orientado. Al analizar el costo/beneficio que representa invertir medio millón de dólares para que el Gabinete se reúna en el caso de una tragedia muy remota, es un despilfarro. La intención del gasto concebido no justifica la inversión.

Si se pensara en la creación de un museo u otra obra, que evidencie la historia de nuestras relaciones con Estados Unidos o como sitio turístico, redituando beneficios económicos, empleos y/o culturales, la idea sería acogida con beneplácito, como reconocimiento a la eficiente utilización de nuestros impuestos y patrimonio nacional.

La situación descrita, debe provocar la reflexión y rectificación de nuestras más altas autoridades, así como una investigación inmediata, objetiva y veras de la Contraloría General de la República, en todo el gobierno, a fin de comprobar el adecuado uso de los fondos estatales.

Señor presidente, examine el desempeño de sus colaboradores. Es inadmisible la utilización de enormes sumas de dinero en gastos suntuosos u obras sin mayor beneficio social, mientras la población requiere respuestas inmediatas en seguridad pública y servicios de salud, entre otros.

Estas actuaciones conllevan interrogantes: ¿Si existiendo contrafirma en el control previo, se consuman estos exabruptos, con nuestros impuestos, qué sucedería con las arcas del Estado, si se elimina dicho control previo, se neutralizan las funciones de la Contraloría General, y es el Ministerio de la Presidencia el que controlara el presupuesto del Estado, según el proyecto de ley en discusión.  ¿Quién podrá defendernos?

<> Artículo publicado el 29  de septiembre  de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos,  lo mismo que a la autora,   todo el crédito que les corresponde.