El nuevo procurador general

La opinión del Empresario…

Guillermo Roca Rivas

El Ministerio Público ha venido sufriendo en los últimos años quebrantos de conducta en diferentes despachos, lo que que ha mermado la confianza y la credibilidad en ese importante estamento que debe velar por la justicia en Panamá. Tales escándalos han motivado renuncias y separaciones de sus cargos hasta aclararse la situación.

La titular del Ministerio Público Ana Matilde Gómez fue separada del cargo por acusaciones que aún se encuentran en los despachos judiciales a la espera de establecer la verdad o la nulidad de los cargos. Al seguir el proceso de encontrar un nuevo Procurador interino hasta vencer el período de la titular surgió el nombre de Guiseppe Bonissi, figura desconocida en el ambiente político y en posiciones relevantes; sin embargo, su nombramiento fue ratificado sin ninguna consulta de los diferentes sectores políticos y sociales del país.

De un momento a otro surgió la renuncia del Procurador interino a raíz de algunas denuncias públicas que lastimaban el prestigio y la filosofía del Ministerio Público. Dicho funcionario no me inspiró ni confianza ni desconfianza en el cargo debido a ser una figura desconocida en los diferentes ambientes de la vida pública.

Después de todos esos incidentes políticos, sociales y administrativos surge el nombre de José Ayú Prado para ocupar el cargo de Procurador General de la Nación a fin de terminar el período constitucional, cargo que fue aprobado por un grupo de ministros de Estado con el visto bueno del Presidente de la República, el cual fue ratificado por la Asamblea de Diputados posteriormente.

Los funcionarios del Estado con base en sus acciones crean la confianza, la credibilidad de la sociedad, de los gobiernos y de la patria. El nombramiento del nuevo Procurador General de la Nación se debe, según los entendidos, al mensaje y las determinaciones patrióticas y valientes que ha demostrado frente a los cargos que ha desempeñado en el Ministerio Público de llamar, en busca de la verdad sin intenciones de venganzas políticas personales, a los grandes nombres y apellidos, poderes sociales y económicos, para el bien de la sociedad, de la patria y la justicia. Ello ha traído como consecuencia el apoyo y la anuencia de todos los sectores de la sociedad.

Ahora le corresponde al nuevo Procurador General de la Nación hacerle honor a la confianza depositada en él de manejar el Ministerio Público con carácter patriótico, en bien de la justicia, los derechos humanos y la democracia. Tiene por delante una dura tarea de regresarle al país la confianza de que la justicia es para todos, llevando en cuenta que en Panamá existen dos carteles, uno el cartel de las drogas y el lavado de dinero, donde sus castigadores son los sicarios, y el cartel de los políticos influyentes, poseídos, egoístas, ambiciosos, igual que algunos civiles que en contubernio con los militares hicieron fortunas a costa del Estado.

Escudriñar todas esas cosas es la tarea patriótica que le corresponde al nuevo Procurador General de la Nación para reivindicar la justicia en Panamá, pues los malos políticos han quebrantado la bonita filosofía de la política para el bien de sus intereses.

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Este artículo se publicó el 18  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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La felicidad de los dictadores

La opinión de…

Luis Toruño Plaza

¿Hasta cuándo vamos a seguir sentados sin hacer nada?    No podemos permitir que se sigan violando los derechos y las garantías constitucionales so pretexto de que se les viola solo a los delincuentes.   ¿Acaso los miembros de la policía que violan los derechos son jueces también?   ¡No, no son jueces!    Deben preservar la honra, los bienes y la vida; no están para quemar a las personas o matar impunemente.

Lo peor de todo es que solamente reaccionamos contra los abusos cuando es tarde y cuando el abuso es contra nosotros mismos o contra un familiar.   Basta ya de abusos policiales; estamos peor que en la dictadura militar. En estos momentos, el más grande violador de derechos humanos de Panamá, Manuel Antonio Noriega, ha quedado como un alfeñique, como un niño de pecho, frente a los vejámenes de estos policías.

Después de Noriega, Panamá tiene diversos ejemplos de violaciones a los derechos humanos. Veamos: tenemos jueces penales suplentes que se prestan para complacer con sus fallos al mejor postor. Tenemos fiscales estudiando en seminarios anticorrupción acusados de corrupción.

También tenemos envenenamientos masivos sin ninguna reparación o compensación por el daño causado. Quemados en un autobús sin ninguna indemnización del Estado. Buses que asesinan con alevosía y ventaja a los ciudadanos sin ninguna reparación económica para las víctimas. Inundaciones causadas por empresas hidroeléctricas sin ningún reparo económico. Un puente construido negligentemente y nadie responsable.

Es hora de que salgan a la palestra pública los llamados de la sociedad civil para que se pronuncien frente a la violación de derechos humanos, pues si mañana tu hijo cae en desgracia y entra en estas celdas, no tiene más que la seguridad de salir herido, con algún trauma mental o quemado vivo.

Es definitivo que el sistema jurídico no va de la mano con los cambios de la sociedad panameña. El sistema de leyes va dirigido a proteger los abusos en vez de proteger la vida humana.   Nuestro sistema judicial ha colapsado y las instituciones se han quedado sin razones ni fuerza para proteger a los ciudadanos.   La Policía Nacional ha caído en el deterioro de pensar en los delincuentes como enemigos y el Ministerio de Gobierno no hace absolutamente nada frente a las repetidas violaciones a las garantías de los ciudadanos. Esta es la realidad del sistema judicial que hace feliz a los narcotraficantes, a los pandilleros, a los dictadores y a los violadores de derechos humanos.

Esta es la realidad a la que nos quieren llevar para lograr sus fines. Defendamos los derechos humanos y defendamos la justicia por encima de la legalidad.   Busquemos un sistema que nos proteja frente a la violación de los derechos humanos. Más que cambiar la Constitución Nacional, debemos cambiar los criterios jurídicos con los que son hechas nuestras leyes.

Si se cambian las leyes y seguimos aplicándolas con los criterios actuales seguirán cometiéndose esta clase de actos de barbarie sin ninguna consecuencia.

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Este artículo se publicó el 21  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al  autor , todo el crédito que les corresponde.

La conducción de las audiencias por parte del juez de garantías

 

La opinión del Magistrado encargado de la implementación del sistema penal acusatorio….

 
JUAN FRANCISCO CASTILLO
jcastillo@organojudicial.gob.pa

Ante la inminente entrada en vigencia del nuevo modelo de justicia penal de corte acusatorio, no cabe la menor duda que el Juez de Garantías, quizás el servidor más representativo del sistema, tendrá que asumir un papel más protagónico y dinámico en la conducción de las múltiples y variadas audiencias que presidirá.

Eso lo decimos aceptando que cómodamente nos hemos venido acostumbrando a servir de facilitador de las diligencias, a dejar que los intervinientes controlen a voluntad el desarrollo de las audiencias, limitándonos a señalar las etapas, a quien le corresponde el uso de la palabra y por qué terminó.   Pocas veces llamamos al orden o le señalamos al interlocutor que precise o concrete sus argumentaciones en función a los puntos en debate.   Igual postura asumimos en los interrogatorios o contrainterrogatorios, donde, en la mayoría de los casos, los abogados preguntan lo que sea sin que importe mucho el respeto del tiempo y la paciencia del ciudadano, prácticamente dejamos a los testigos a merced de las partes.   Así ha sido siempre muy a pesar que en nuestro ordenamiento hay varias normas que nos recuerdan los deberes en la conducción de la audiencia (ver artículos 2358, 2366, 2367, 2368, 2369 y 2372 y otras disposiciones complementarias del proceso oral que se encuentran en el Código Judicial).

Cabría preguntarse sobre las motivaciones que tenemos los juzgadores al hacernos de la vista gorda y no aplicar esas reglas de conducción. Bueno, en cierta forma esa complaciente comodidad se va transmitiendo como buena práctica debido a que así nos evitamos molestias e incomodidades con los abogados.   En general, el abogado que participa en las audiencias quiere lucirse ante su representado y el público presente, por lo que nada bien le cae el llamado de atención del Juez, aún cuando sea consciente que interroga o argumenta fuera del debate. Es más, en muchas ocasiones se responde al llamado de atención con la más clásica de las argumentaciones, esto es ‘que le están limitando el ejercicio del derecho de defensa’.

Ahora bien, ante la implementación del sistema penal acusatorio que, entre otras cosas, innova creando la figura del Juez de Garantías quien se encargará de dirigir y supervisar una buena cantidad de audiencias, en las que incluso tendrá que de una vez emitir su fallo, se hace sumamente necesario que todos, no sólo el Juez, inicien por definir sus nuevos roles y asuman la responsabilidad que tienen en el compromiso de dotar de una justicia penal más efectiva a nuestro país.   Y para eso, primero el Juez debe capacitarse en el dominio de las destrezas que sean necesarias para conducir las audiencias de un modo sencillo, práctico, sin formalismos pero en forma efectiva, estableciendo los tiempos y las oportunidades a cada parte para que expongan claramente sus puntos de vistas en torno al objeto debatido. De igual forma el Juez debe reforzar sus capacidades en materia de argumentación oral, o sea que si se le exige que de una vez emita su decisión, tiene que contar con las herramientas no sólo para hacerlo en el acto sino para sustentar argumentativamente su fallo.

Compromiso también tienen los intervinientes en el nuevo modelo de corte acusatorio, donde todo se resuelve en audiencias públicas. Primero con la claridad y la precisión en la presentación de sus peticiones, mociones o demandas, luego en las oportunidades que se le brinden al hacer uso de la palabra. En efecto, tanto a la acusación como a la defensa se le aplicarán las mismas reglas de participación en la audiencia, tratando siempre que el debate se centre en el punto sujeto a discusión, que no se aborden temas que si bien relacionados no se pueden considerar en el acto o que se ensayen defensas anticipadas. Pero, ante todo, con este nuevo modelo de juzgamiento los abogados tendrán que ser lo suficientemente comprometidos y solidarios para con el sistema de justicia, como para entender que no se puede perder el tiempo, que la idea es que los ciudadanos reciban una pronta y efectiva justicia penal, un modelo donde no hay espacio para las dilaciones ni para las argumentaciones fuera de lugar.

A dónde llegamos? Al convencimiento de que este nuevo modelo de justicia penal impone roles muy exigentes a los actores, pero sobre todo un firme compromiso de ‘cambiar de actitud’.   Y de la misma forma como el Juez debe prepararse para asumir esas nuevas responsabilidades, los abogados acusadores y defensores deben, por lo menos, irse acostumbrando a la idea que en las audiencias les pueden llamar la atención cuando se apartan del punto, sin que ese rutinario acto de dirección o conducción de la diligencia se convierta en un atentado al derecho de defensa.-

 

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<> Este artículo se publicó el 16 de enero de 2011    en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

‘Quo vadis, iustitia’

 

La opinión de…

 

Ramón Morales Quijano

Hace poco menos de dos años pensé hacer un análisis crítico de la total desnaturalización del Órgano Judicial y del Ministerio Público, pero cedí el paso a la infusión de optimismo que me dispensó el futuro gobierno del cambio. Ahora, habiéndose hecha patente la continuada destrucción del sistema judicial y en vista de los últimos escándalos en la Procuraduría General de la Nación y en la Procuraduría de la Administración, considero imperativa la intervención de la ciudadanía entera.

Si una alta funcionaria del Ministerio Público involucrada en la liberación ilegal de cuatro narcotraficantes califica la institución como una cloaca, y el Procurador encargado revela que desde hace dos meses su despacho manejaba la información sobre el plan para liberarlos (La Prensa 21/12/2010), ¿qué más queda por descubrir?

Es tal el envilecimiento de la administración de justicia, que bien se puede decir que los magistrados y jueces están administrando la injusticia. Lo que la mayoría de los magistrados, fiscales y jueces le están dosificando a los ciudadanos son acciones grotescas y monstruosas, modeladas por el soborno y los intereses políticos, y los ciudadanos tenemos la obligación de pararlas si queremos la supervivencia de nuestras instituciones fundamentales. Los criticables fallos que se suceden en la Corte Suprema, en las procuradurías y en casi todos los tribunales “de justicia” han desnaturalizado la función del sistema judicial, dejándonos a todos en absoluta indefensión.

¿Cómo salir de la gravísima situación de conflicto existente entre las metas políticas que fomentan la corrupción y los valores de la estructura constitucional y judicial del país? Estamos, como en tiempos de la tiranía militar, entre mercenarios institucionales pervertidores de la Ley, violadores de los derechos humanos y cercenadores de las libertades públicas.

La Constitución y las leyes han sido contaminadas por magistrados, procuradores, fiscales, jueces y funcionarios pusilánimes o corruptos; son incontables los que han demostrado no tener marcas ni de distinción ni de dignidad. Y lo más grave es admitir que ellos sobreviven y lucran gracias a una ciudadanía despreocupada y conformista, y a los poderosos políticos que se aprovechan de la situación. Es inconcebible y degradante moralmente que continuemos viviendo indefinidamente sin extirpar este cáncer que ha corroído las fundaciones mismas de nuestra nación.

El problema tiene que ser atacado en sus fuentes, para rescatar al Órgano Judicial y al Ministerio Público de las garras de los individuos de baja calidad profesional, de dudosa reputación y comprometidos políticamente; y para también eliminar las manipulaciones y válvulas de escape procesales que les han servido de escudo para incumplir sus obligaciones.

Aún queda la frágil esperanza de que en nuestro medio surja pronto un movimiento que, haciendo gala de nuestros anhelos de democracia, justicia y libertad, se rebele contra la corriente que pretende hacernos perder la memoria y el sentido histórico de la nación. Queremos un verdadero estado de derecho; y más vale que los correctivos se den ya, antes de que sean fuerzas explosivas las que decidan el destino final de todo el sistema. Esto sería, más que lamentable, trágico.

 

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<> Este artículo se publicó el  28  de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

La planificación de la investigación

La opinión de…

Delia A. De Castro D.

La natural evolución de instituciones jurídicas producto del conocimiento de mejores prácticas que se dan en otros países obliga a dejar de ver el proceso penal como un simple conjunto de procedimientos seguidos uno de otro, dirigido a que se determine si corresponde o no imponer una pena, y apreciarlo, en consecuencia, como un asunto estratégico en el que los litigantes seleccionan los mecanismos jurídicos de actuación más adecuados, luego de verificar la situación en concreto que se presenta, las alternativas posibles de solución y sus probables consecuencias.

Esa actuación estratégica que a los abogados no nos enseñan en las aulas universitarias, sino que se aprende en la práctica, caso a caso, será todavía más relevante en el marco del Sistema Acusatorio, en el cual quien resulte triunfador en un juicio, no podrá estar apoyado en un expediente o en una serie de diligencias preconstituidas, sino que debe convencer al juez o los jueces que tomarán la decisión final de que los hechos que plantea se ajustan a las normas de derecho, en razón de la prueba que se practica en su presencia y con la intervención de la contraparte.

Todo ello alejado de prácticas corruptas y de intervenciones externas a la relevante misión de administrar justicia.

Conforme al nuevo modelo el sistema tendrá tres fases: investigación, intermedia y juicio oral, pero para garantizar una buena actuación en esta última, es necesario planificar desde el inicio.

La fase de investigación es aquella en la que se realizan averiguaciones para determinar si se dio un delito e identificar a sus posibles autores o partícipes con miras a llevarlos a responder en juicio.   El fiscal, quien la dirigirá, será auxiliado por los organismos de policía.   Así, Ministerio Público y Policía Judicial deben actuar como un equipo que define estrategias, respetando el rol de cada uno, fortaleciendo la coordinación interinstitucional, compartiendo sus experiencias y conocimientos en materia de persecución criminal con respeto de los derechos humanos y plena vigencia del principio de legalidad.

El cambio fundamental que debe darse en este aspecto, es pasar del ritualismo y la improvisación que se presenta en algunos casos, a la planificación en todos los procesos. Es superar la lógica de la tramitación y recopilación de información, de manera desordenada y sin claro sentido, en beneficio de la lógica de investigar de forma metodológica.

Planificar la investigación permite que éstas tengan un desarrollo más ordenado y sistemático, dándole a esta primera fase del procedimiento un rumbo cierto, a efectos de facilitar la obtención de resultados más precisos, incluso, para determinar cuándo un caso no constituye delito o debe ser aplicado un mecanismo alternativo de solución del conflicto como la mediación.

Bajo este modelo, se tiene como punto de partida la adecuación del hecho denunciado, querellado o conocido por las autoridades de oficio, a un tipo penal específico, de forma que se puedan probar luego cada uno de sus componentes (autor, víctima, conducta cometida, mecanismos de ejecución, bienes afectados, si se actuó con dolo o culpa, así como si se presentan agravantes o atenuantes). Toda esta información generará la hipótesis delictiva, es decir, lo que el litigante considera que ocurrió al reconstruir la historia de un probable suceso delictivo, que contribuirá luego a fundamentar su teoría del caso.

De esta forma se recaban elementos de convicción estrictamente relacionados con el delito en particular y, por ende, la prueba que luego se produce es más útil y pertinente al caso concreto. Se ahorra tiempo y dinero, se protegen garantías fundamentales al tiempo que se logra mayor eficiencia en la persecución de las conductas violatorias a la ley penal.

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<> Este artículo se publicó el 14 de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

Radiografía de nuestro sistema de justicia

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La opinión del Abogado…

ALBERTO ISAAC SITTÓN REYES 
El título de este artículo inicia con la palabra radiografía y no retrato o fotografía, pues, las fotografías y los retratos son demasiado superficiales para ver la ruina que puede haber tras las remozadas paredes de un edificio, o para detectar el cáncer que puede estar minando el cuerpo de una persona bien acicalada. Eso es justamente lo que pasa con nuestro sistema de justicia, que tras las bellas fachadas de los nuevos edificios que alojan los numerosos despachos, nuestras instituciones se encuentran en ruinas, completamente minadas por un cáncer llamado corrupción.

La progresiva decadencia del Órgano Judicial y el Ministerio Público, es un fenómeno ante el cual no concibo que algún panameño pueda mostrarse indiferente. Desgraciadamente la indiferencia no solo proviene de parte de algunos individuos, si no de casi todos los ciudadanos, autoridades, gremios, entidades e instituciones educativas, que solo se refieren a casos aislados, evadiendo hablar sobre el masivo alcance del problema.

Señores no vayamos más por las ramas. El Órgano Judicial y El Ministerio Público han sido minados de tal forma por la peste de la corrupción, que más que estructuras al servicio de la sociedad, se han convertido en el andamiaje a través del cual la corrupción y el tráfico de influencias han escalado probablemente al más alto grado de organización y sofisticación, que jamás tuvieron en nuestro pais. Y ésto queda en evidencia ante el hecho de que cada vez es más frecuente que funcionarios de los despachos judiciales y de instrucción, por encargo de sus jefes, se acerquen a las partes interesadas en procesos con cierto potencial económico, para tantearlas con ofrecimientos de colaboración o promesas de autos y resoluciones que les favorezcan a cambio de sobornos, para luego acabar beneficiando a la parte que ofrezca mejores dividendos. Por esto resultaría más apropiado decir que en este país, en vez de impartirse justicia, se vende justicia, al mejor postor.

A pesar que ésta es una práctica muy extendida en todo el territorio y que la mayoría de los litigantes de este país han recibido este tipo de ofrecimientos, prácticamente ninguno ha presentado las denuncias ante las autoridades competentes, o los medios de comunicación. Esto se debe por una parte, a que hay un grupúsculo influyente de malos profesionales del derecho a quienes no les interesa dar a conocer la problemática, pues no se identifican con ese ideal del abogado, como hombre o mujer de letras, de principios y de leyes, si no con este nuevo modelo de mercenario, que desdeña el profesionalismo, el desarrollo intelectual, humanístico y sobre todo el ideal universal de justicia, porque están perfectamente adaptados a este sistema donde todas sus deficiencias profesionales y humanas, se suplen con el dinero de los sobornos que sus clientes pagan para poder hacer valer sus derechos o para privar a otros de ellos.

La otra razón de la poca divulgación de esta problemática es que los profesionales del derecho honestos prefieren guardar silencio, porque saben que si denuncian a los corruptos, más temprano que tarde, éstos obtendrán sendos sobreseimientos, cortesía de correligionarios que laboran en los tribunales. Mientras que como denunciantes tendrán que afrontar represalias por desafiar a la clase corrupta, como el sabotaje de la mayoría de los procesos y los trámites que realicen en los diferentes despachos, aislamiento en el los ámbitos gremial, político y docente, para sumir al disidente en la decadencia profesional y económica.

Este documento pretende ser un llamado para esa mayoría de abogados honestos, para que en vez de matizar la terrible degeneración por la que atraviesa el sistema judicial, del cual como auxiliares de justicia formamos parte, llamemos a la corrupción así como a los corruptos por su nombre y desterremos definitivamente de nuestra conciencia individual y colectiva la idea de someternos, a los dictámenes de este sistema corrupto. Pues es, la valentía, el idealismo y el arrojo y no el traje costoso, el auto de lujo, ni la oficina ostentosa, es lo que hacen que una persona de entre muchas otras, pueda presumir de llamarse a sí mismo abogado, o abogada.

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<>Artículo publicado el 27  de noviembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Héroes de la justicia

La opinión de…

César E. Escobar Vásquez

Quienes de una u otra manera estamos vinculados a la actividad judicial sabemos que hay terminologías jurídico–procesales importantes en los procesos judiciales, tal es el caso de las notificaciones judiciales. Brevemente diremos que las notificaciones son actos procesales de comunicación, que tienen por objeto poner en conocimiento de las partes y demás interesados en el proceso, las distintas resoluciones judiciales.

La finalidad de las notificaciones es marcar el comienzo de la relación jurídico–procesal, fijando el término inicial para el cómputo de los plazos dentro de los cuales deben cumplirse o impugnarse las resoluciones.

El personal dedicado al proceso de notificación en nuestro país realiza un trabajo agotador; estos “heraldos de la justicia” recorren diariamente los caminos, calles, veredas, senderos, trochas, entre otras vías de comunicación y bajo condiciones de tiempo algunas veces desfavorables y medios de transporte poco usuales para tratar de hacer efectiva la comunicación de los procesos judiciales, a fin de que las partes concurran a las diligencias programadas por los tribunales.

La labor de los notificadores se inicia con la recepción de los formularios de notificación que envía cada tribunal al despacho del centro de comunicaciones judiciales, luego son distribuidas por zonas para clasificar al notificador que corresponde y proceder a su distribución a la dirección indicada. Algunas notificaciones no se hacen efectivas por la mala información de la dirección que se brinda, aunque, con esfuerzo, el heraldo judicial trata de ser investigador, fuera de su labor como notificador, para dar con el paradero de las personas requeridas.

Muchas veces el mensajero judicial se enfrenta a personas groseras, es mordido por perros y, con la situación de inseguridad que vivimos, se expone a robos cuando transita por las veredas o, incluso, queda en medio de una balacera.

El trabajo que brinda el sistema judicial con los notificadores es arduo, efectivo, gratuito y confidencial. Estos héroes llevan bajo sus hombros una gran responsabilidad para con la justicia.

La apertura de nuevos campos en el mundo informático ha transformado a la sociedad con la aparición de las nuevas tecnologías de información y comunicaciones. En este sentido, en un futuro no muy lejano se implementarán las notificaciones electrónicas, estas requieren el empleo de mecanismos técnicos, como servidores de base de datos y de correo electrónico, redes cerradas como una intranet o extranet y redes abiertas como el internet. Corresponde al derecho dar valor probatorio y eficacia legal a estas notificaciones hechas a través de medios electrónicos y, por otro lado, regular sus mecanismos de funcionamiento. Con la notificación electrónica se logra reducir el tiempo que demora en llegar una notificación al domicilio procesal de las partes. El tiempo ganado se podría emplear para ampliar los plazos procesales en beneficio de los litigantes. La implementación de la notificación electrónica es necesaria y útil por ser un sistema eficaz que satisface el requisito de la celeridad y economía procesal.

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Este artículo se publicó el 27 de julio de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.