Punto de Vista Debate público con el profesor Jované (II)

La opinión del Activista de los Derechos Humanos…

Manuel Castro Rodríguez

castroeducacion@yahoo.es

 

Profesor Jované, como usted sabe, en 1917 ocurrieron dos revoluciones en Rusia: la democrática de febrero y la comunista de octubre.   El próximo domingo 7 de noviembre se conmemora el 93 aniversario de esta última, que instauró por primera vez el tipo de régimen que usted ama. Como sucede todos los años, en el Mausoleo al Soldado Internacionalista Soviético ubicado al oeste de La Habana y con la asistencia de altos jefes militares castristas se realizará la ceremonia por el triunfo de los bolcheviques, ocurrido el 7/11/1917 (25 de octubre según el calendario juliano vigente en Rusia hasta el 1/2/1918).

Lenin y Trotsky dirigieron la toma del poder mediante una insurrección armada que derrocó al gobierno provisional encabezado por Kerensky, surgido de la Revolución de febrero que depuso al zar Nicolás II, el cual abdicó el 2/3/1917.   Ocho meses después del triunfo bolchevique, el 17/7/1918, por orden de Lenin fueron fusilados el zar Nicolás II, su esposa, sus cinco hijos, el médico de la familia, el ayuda de cámara, la doncella y el cocinero. Para que muriera el príncipe Alejandro, un niño hemofílico, tuvieron que dispararle varias veces. Profesor Jované, usted debiera explicar cuál es su posición ante esos crímenes que continúan recibiendo el beneplácito del castrismo.

En 2000, la Iglesia Ortodoxa Rusa canonizó al zar Nicolás II como “mártir del comunismo”; el Tribunal Supremo ruso lo rehabilitó en 2008, al dictaminar que fue víctima de una “injustificada represión”.

Profesor Jované, usted debiera opinar sobre la respuesta dada por Trotsky al Comité Central de los Soviets, veinticuatro días después del triunfo bolchevique: “antes de que transcurra el mes, el terror asumirá formas muy violentas (…). La guillotina estará lista para nuestros enemigos, (…)”. (www.kaosenlared.net/noticia/leon-trotsky-primer-estalinista).    Lenin pensaba lo mismo: “¡A menos que apliquemos el terror a los especuladores -una bala en la cabeza en el momento- no llegaremos a nada”.

En 1920, Trotsky escribió ‘Terrorismo y Comunismo’, donde expresa: “Nuestras comisiones extraordinarias fusilan a los grandes propietarios, a los capitalistas, a los generales que intentan restaurar el régimen capitalista. ¿Percibís ese… matiz?  ¿Sí? Para nosotros, los comunistas, es suficiente”.

Hace unos meses un ‘izquierdista’ me invitó a comer y nos enfrascamos en una fuerte discusión, que alcanzó su clímax cuando le dije que al castrismo se le han documentado diez mil seiscientas muertes (ver http://www.ArchivoCuba.org).   Sin parpadear, ese ‘izquierdista’ me respondió que eran pocas muertes, ya que “se había logrado que la clase obrera cubana obtuviera el poder”.   O sea, para ese ‘izquierdista’ el fin justifica los medios, además de confundir gerontocracia estalinista (ver el Panamá América del 11/1/2010) con clase obrera, dado que como expresa la marxista Mercedes Petit:   “en Cuba los trabajadores no tienen para defenderse el elemental derecho de huelga que existe en la mayor parte de los países capitalistas”.

Profesor Jované, ese ‘izquierdista’ llegó al extremo de pretender justificarme el asesinato de los cinco hijos del zar Nicolás II. Profesor Jované,   usted debiera explicar si existen diferencias entre fascistas, estalinistas, leninistas, trotskistas y castristas. Continuará.

 

<>Artículo publicado el  1  de noviembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/castro-rodriguez-manuel/

El derecho a huelga

La opinión del Ingeniero y Analista Político….

JOSÉ I. BLANDÓN C.

En los próximos días se debería iniciar el diálogo en la mesa de concertación para evaluar integralmente la Ley 30, de acuerdo a la propuesta aprobada como parte de los acuerdos para finalizar la huelga en Changuinola. Uno de los temas que será parte de esta discusión es el derecho a la huelga y como una contribución a este debate, adelanto algunos conceptos sobre este tema.

La huelga ha sido considerada como un derecho humano y está incorporada como tal en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 8, 1. d) y en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o mejor conocido como el Protocolo de San Salvador.

En la legislación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), no está incorporada expresamente en ninguno de sus convenios; no obstante, tanto la Comisión de Expertos en la aplicación de Convenios y Recomendaciones como el Comité de Libertad Sindical, han estimado en sus informes que la huelga es consustantiva a la libertad sindical y, por tanto, las organizaciones de trabajadores y empleadores, pueden tomarla en cuenta al formular su programa de acción y defender los intereses de los trabajadores.

La regulación de la huelga adquiere matices divergentes en las distintas legislaciones y coyunturas políticas determinadas. Existen posiciones que van desde una libertad plena en su ejercicio, hasta la reglamentación excesiva que restringe el derecho de huelga, sometiendo a arbitraje obligatorio los conflictos colectivos. En nuestro país el derecho a huelga ha evolucionado a lo largo de nuestra historia.

La Constitución de 1904 fue ajena a derecho social alguno, inspirada como estaba en los principios de liberalismo decimonónico, señala en su artículo ‘El derecho de huelga en el Canal de Panamá’ la profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, Anayansi Turner. En la Constitución del 41 añade, la profesora Turner, ‘se estableció el derecho de huelga (Art. 54), más prohibió la que se llevara a cabo en los servicios públicos y la huelga por solidaridad’.

La legislación laboral del 1 de marzo de 1948, negó el derecho a huelga que estaba consagrado en el Art. 73 de la Constitución de 1946. Los trabajadores de nuestro país desarrollaron grandes jornadas para conquistar sus derechos, entre ellos, el derecho a huelga.

Bajo la conducción del general Omar Torrijos el gobierno panameño adoptó en diciembre de 1971 un moderno Código de Trabajo, que consagró principios fundamentales, como la irrenunciabilidad de los derechos laborales, la continuidad y estabilidad en el empleo, el derecho a huelga, el derecho a la libre asociación y de negociación colectiva, entre otros. La Constitución de 1972 recogió todos estos derechos y les dedicó el Capítulo Tercero al trabajo.

En la década de los 70’s el desarrollo del sindicalismo en Panamá fue acelerado y las organizaciones se multiplicaron a lo largo y ancho del país. El movimiento obrero fue parte fundamental en la lucha por la eliminación del enclave colonial llamado ‘zona del canal’.

Posteriormente, a este Código de Trabajo se han producido reformas al mismo en 1976, en 1981, en 1986, en 1993, en 1995 y en el 2002. Ninguna de estas reformas limitó sustancialmente el derecho a huelga. El denominador común de estas reformas fue la flexibilización del mercado laboral buscando eficiencia y atracción a la inversión privada nacional e internacional.

De 1986 al 2004, Panamá tuvo un crecimiento económico moderado y fue a partir de la Administración del presidente Torrijos (2004-2009) en donde éste crecimiento logró un promedio extraordinario del 8.5% en ese quinquenio, y paradójicamente no se realizaron reformas laborales.

¿Qué importancia tienen las reformas laborales propuestas en la Ley 30, que entre otras cosas intenta regular el derecho a huelga? ¿Son imprescindibles estas reformas para lograr un crecimiento económico alto o para generar más empleo? Estas son las preguntas básicas que debe contestar el gobierno. Porque si no hay respuestas contundentes, se tratará únicamente de querer debilitar el sindicalismo en el país y eso es una política equivocada.

Es importante que el gobierno y los sectores de la Sociedad Civil puedan trabajar armónicamente para lograr un consenso que permita mejorar la Ley 30. El objetivo fundamental de este debate debe centrarse en el bien común y en lograr un desarrollo económico y social equilibrado, justo y participativo. Frente a esto, no debemos tener excusas.

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Este artículo fue publicado el  30 de julio de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor o autora, todo el crédito que les corresponde

Reformas laborales: El engaño inicial

La opinión del Abogado….

FERNANDO  MARTÍNEZ  G.

El presidente ha propuesto reformar el Código del Trabajo haciendo alegaciones engañosas. Dice que es obsoleto y obstaculiza la inversión privada extranjera en el país. La economía panameña ha crecido y crece de forma vigorosa, sin que ello se refleje en el mejoramiento de la calidad de vida de los sectores pobres y marginados, como país seguimos disputándonos los primeros lugares con peor distribución de la riqueza en el mundo, en consecuencia, si fuera necesario reformar el Código, los cambios deberían dirigirse a resolver el problema de la inequidad de un sistema que concentra cada vez más el poder económico y político en cada vez menos manos.

A pesar del Código, muchos empresarios se las ingenian para cometer injusticias contra sus trabajadores. Por ejemplo, el 25% de las empresa no paga el salario mínimo (ver nota PA del 14 de junio).    Para ello también cuentan con el poder y el dinero (‘Si no estás de acuerdo con las condiciones y la paga, no te contrato, si te contrato y reclamas, te despido’), abogados expertos en burlar las normas (como nuestra ministra de trabajo) y un complicado, ineficiente y con frecuencia corrupto sistema de justicia laboral.

En realidad, el presidente pertenece al pequeño grupo de empresarios que no cree en nada que regule la relación capital—trabajo, y proteja, como se consagra universalmente, a la parte más débil de esa relación, al trabajador. ¿Por qué tendría que pensar de otra forma, si su propio desempeño como empresario —según testimonios y demandas de las víctimas que deben reposar en los juzgados de trabajo— indica que ha mantenido una conducta patronal abusiva y nunca permitió la organización de sindicatos en su cadena de supermercados o en el ingenio azucarero La Victoria, por citar los ejemplos mas conocidos?

Se nos pretende engañar afirmando que para que el país pueda ingresar al primer mundo se deben sacrificar los derechos de los trabajadores, desmejorar sus condiciones de trabajo y de vida. Eliminar el pago de recargos (por horas extra o por el día descanso obligatorio), así como el derecho a convención colectiva o a sindical izarse, implica sacar dinero del bolsillo de trabajador y ponerlo en el del empresario. Es decir, el presidente que en campaña nos dijo ‘Ahora le toca al pueblo’, hoy sostiene que para hacer más rico al país hay que hacer más pobres a los pobres.

El absurdo de esta pretensión gubernamental contrasta con el hecho de que, justamente, el desarrollo alcanzado por los países del llamado primer mundo es el resultado del pacto social entre capital y trabajo y que este, a su vez, es la principal garantía de la convivencia y la paz social. El liderazgo político de esos países comprendió que sin ese pacto, y un Estado garante y regulador, la explotación salvaje de los trabajadores conduce irremediablemente a la confrontación social, a la lucha de clases.

Se nos trata de engañar cuando se omite que lo que vienen a buscar muchos de los empresarios de ese primer mundo a nuestros países es mano de obra barata y la posibilidad de explotarla violando derechos que en el mundo desarrollado son celosamente custodiados por un movimiento sindical poderoso y fuertemente institucionalizado. Es a esos empresarios sin compromiso social a los que el gobierno abre las puertas al promover cambios en las leyes laborales.

El derecho a la sindicalización, a huelga, estabilidad laboral, el recargo por horas extras hace tiempo que pasaron a convertirse en derechos humanos universales. La Humanidad avanzó con estas conquistas sociales. El presidente y su ministra de Trabajo, con una elaborada técnica de manipulación mediática, dicen exactamente lo contrario a lo que hacen: Afirman que hay que modernizar el Código y conducen al país a la ley de la selva (el más fuerte —rico— se come al más débil —pobre—), de regreso a una era de explotación y barbarie.

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Este artículo fue publicado el  17 de julio de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Derecho a huelga

La opinión del Abogado y Periodista…

José Antonio Moncada

Entre los Derechos de protesta de los trabajadores está definida “la huelga”, que atemoriza a las empresas, pero que constitucionalmente está inserto en esta Carta de Derechos y la limitación que observo es que se podrá someter a restricciones especiales en los servicios públicos, lo cual no quiere decir que otras empresas, que bien se merezcan un paro puedan escabullirse por esta rendija, cuando no se ha sabido negociar entre patronos y trabajadores.

Al derecho a la huelga se le ha conocido como una forma del derecho de petición laboral. El último grito por forzar una presunta conquista, que se realiza cuando existe intransigencia en aceptar el mejorar las condiciones por parte de la empresa. Esto que he mencionado la OIT lo observa como “Libertad Sindical”, la cual entraña el derecho a realizar sindicatos sin injerencias de manos oscuras y sin obligar a los trabajadores a perder sus derechos de quejarse cuando lo amerita.

La causa principal del desgaste político de los paquetes de reformas legales ha sido ‘su rapidez” en aprobación. Esto es un hecho del que ha surgido la impresión de que nacen de la impopularidad y falta quien explique si realmente la economía de Panamá, dirigida ahora por Martinelli, requería el regular más la huelga.

El trabajador ha quedado en empresas las cuales cuando se hagan huelgas le pueden “suspender los efectos” de su contrato, sumado al tema de las cuotas sindicales, que pasan a ser “voluntarias” y no pactadas en descuento directo, si no lo quiere empleador. Lo que entiendo es que desean quitarle fuerza a la dirigencia sindical que se avoque a la huelga; lo que no estoy seguro es si esto rompe con el principio de protección a los sindicatos como organizaciones sociales, porque siempre es subjetiva la inocencia de la empresa en provocar o no las condiciones de paro.

En estos tiempos de terremotos, volcanes enfurecidos y huecos enormes que aparecen en la tierra, queda la visión de Martinelli de una economía empujada solo por los empresarios y con pocas consultas sindicales, que ahora no podrán cerrar empresas con motivos de huelga.   Lo que queda por escribir en la historia es si se respeta la institucionalidad de la organización obrera que no la tenemos en huelga, pero si en las calles.

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Este artículo se publicó el  13  de julio de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.