Asamblea de Diputados, ¿o qué?

La opinión de…

CHRISTI  ESCALANTE

chapis_es@hotmail.com

Si hay una entidad que a lo largo de los años, podríamos decir que ha estado integrada por funcionarios categoría manzanillos, es la Asamblea Nacional. Nos ha tocado ser testigos, durante cada quinquenio legislativo, de cómo algunos de estos funcionarios, cuando son mayoría del partido gobernante, se convierten en simples manzanillos.

La falta de propuestas, criterio y análisis propio queda al margen para estos incompetentes, supuestamente llamados a ser los Padres de la Patria. Aunque estos manzanillos tienen sus ventajas, constantes ausencias, curules desocupadas y, por supuesto, jugosos salarios. Y ojalá ya se hayan depurado en gran medida, los cargos denominados botellas y/o garrafones, quienes viven a costa del erario público.

En los últimos meses, he leído con decepción, que este órgano del Estado, el cual está llamado a legislar, prácticamente no lo está haciendo y su rol lo está asumiendo en gran parte el Órgano Ejecutivo.    Es obvio que la omisión en su rol de legislar, da la impresión que obedece en gran medida a la falta de capacidades, de criterio y proyectos trascendentales. Además, no son capaces siquiera de plantar cara y hacer valer su opinión, cuando se trata de iniciativas del Ejecutivo, pues no siempre se puede estar de acuerdo.

Cada iniciativa de proyecto tiene que ser analizada, estudiada con esmero y en ello está el derecho a disentir, y a proponer cambios.

Este humilde comentario es dirigido solo a los diputados categoría manzanillos que puedan sentirse aludidos, a los demás, mis más sinceros respetos.

Este artículo se publicó el 13 de febrero  de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que a la  autora,  todo el crédito que les corresponde.
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¡Por la puerta de la cocina!

La opinión del Abogado, Político independiente…

Juan Manuel Castulovich 

Literal y materialmente en eso consiste la propuesta para reintroducir la figura de los llamados “diputados nacionales”.

 

Anteriormente los hubo y fueron parte de la Asamblea Nacional Constituyente, integrada por 9 diputados nacionales y 42 diputados elegidos por provincias, para un total de 51, que elaboró la Constitución de 1946.

En 1945, para solucionar la crisis institucional que vivía el país, los dirigentes de las principales fuerzas políticas acordaron convocar la “Segunda Asamblea Nacional Constituyente”, la primera fue la de 1904, para que produjera una “nueva Constitución”, que reemplazara la de 1941, creada a su medida por el doctor Arnulfo Arias y de acuerdo con la cual el período presidencial que completaba Ricardo Adolfo de la Guardia, que lo había sucedido por un “golpe de Estado”, se hubiera extendido hasta febrero de 1947.

A partir de 1948, excepto durante el régimen militar, en el que desapareció la asamblea del corte tradicional, ya se denominare ésta “Asamblea Nacional, Legislativa o nuevamente Asamblea Nacional” ha tenido una sola clase de diputados. Sus miembros han sido elegidos por provincia o por los actuales circuitos electorales; pero no ha existido diferencia entre ellos.

Durante la crisis de 1945, la introducción de la figura de los “diputados nacionales” fue resultado de las transacciones políticas circunstanciales acordadas entonces; pero, en el presente político, para nada se explica y menos justifica su resucitación, mediante una fórmula absurda para privilegiar a personas específicas, que se erigirían en “seudo senadores”, utilizando para acceder a esa condición “la puerta de la cocina.”

So pretexto de que serviría para “elevar su nivel”, en el proyecto de la “comisión de reformas electorales” se propone que las 71 curules de la Asamblea Nacional se dividan entre “10 diputados nacionales”, que se elegirían en un circuito que comprendería todo el territorio nacional y 61 que se elegirían por los actuales circuitos. Y como en nuestro país no estamos vacunados contra sorpresas o contra la aparición de los que en la Argentina, certeramente, han bautizado como “flor de vivos”, la propuesta dispone que las listas de los 10 candidatos a “diputados nacionales”, estén encabezadas, automáticamente, por los candidatos o candidatas a la presidencia y vicepresidencia de la República. El puesto de los que ganen lo ocuparían “sus suplentes”; los que pierdan se consolarían, gracias a esa “brillante idea”, con una curul de “diputados nacionales.”

Si en las pasadas elecciones hubiera existido el “ingenioso mecanismo”, la fórmula perdedora del PRD estaría “irradiando sabiduría y buen hacer” desde el palacio Justo Arosemena.    Algo parecido existió en el régimen “pre-Chávez” y por su virtud los candidatos presidenciales derrotados se convertían en “augustos senadores” y, supuestamente, todos quedaban contentos y felices.

Los “diputados nacionales” son como el espejismo de la “Constituyente”. Nada garantiza que los “constituyentes” sean mejores que los actuales diputados. Tampoco el “nuevo engendro” es fórmula mágica para acabar la mediocridad existente en la asamblea. Lo único que puede garantizar que exista una buena asamblea es que el pueblo se disponga a elegir buenos diputados, con formación y criterio; pero, sobre todo, con vocación independiente, no dispuestos a “saltar” o claudicar, antes de que se los hayan, siquiera, insinuado.

<>Artículo publicado el  1 de febrero  de 2011  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Si yo fuera diputado

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La opinión del Periodista…

Aquilino Ortega Luna

Si yo fuera diputado sería menos espectacular, más productivo y menos mediático. Sería más leal a mi país que a cualquier partido político sin conciencia, de izquierda o derecha.

 

Los “padres de la patria” olvidaron que deben ser un ejemplo para el pueblo y sus hijos, que fueron elegidos para servir y no para ser servidos. Pero como evitarlo, si en la Asamblea Nacional como en las mejores familias, también hay malos padres.

Malos padres que, disfrutan de las mieles del poder, que no asisten al pleno, que no presentan iniciativas parlamentarias, que defienden leyes inconsistentes y politiqueras aun a costa de herir de muerte la Constitución Nacional.

Diputados desconocidos, aún en la bodega más concurrida de su circuito, sin liderazgo, sin escrúpulos, que coquetean con la corrupción y la ilegalidad a los que no se les conoce la voz, que no defienden los derechos humanos, que debaten con insultos y no con ideas, que viajan en primera clase sin misericordia a congresos y seminarios improductivos.

Diputados sin criterio, auténticos campeones de la ineptitud y la indolencia que sobrevuelan la administración pública, que se pavonean por circuitos tristes de calles oscuras y llena de huecos en autos de lujo, que prometieron el cielo a sus votantes y hoy le regalan leyes infernales.

Diputados oscuros, que mienten y que defienden más los intereses políticos, que la propia bandera panameña, parvada de politiqueros mercenarios y charlatanes de café que no saben de política y que olvidaron lo que es patriotismo y responsabilidad.

Se necesitan diputados sin mancha en su ropaje político que eleven los principios éticos y morales por encima de sus intereses personales, que se profesen devotos del castigo ejemplar para los pillos de la política.

Diputados sin apetencias politiqueras y espejismos, sin hipocresías, que no le vendan al pueblo ilusiones para luego defenestrarlo con leyes de desengaños. Diputados con un discurso admirable, pero con una realidad preñada de hechos.

Diputados con luz propia, que no bajen la cabeza ante la mirada suspicaz de los vecinos, la desconfianza absoluta de los medios y el odio intestinal de sus adversarios políticos.

Se necesita un país verdaderamente democrático, con leyes, fiscales, magistrados, jueces y diputados sin rabo de paja que ejerzan su función con patriotismo, honestidad e independencia.

Si yo fuera diputado intentaría ser de los buenos, de los que solo hay un puñado en la Cámara.

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<>Artículo publicado el 29  de enero de 2011    en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Diputados nacionales

 

La opinión de…

 

 

Alfredo Arias

Aunque sea un poco tarde, uno de los mejores proyectos a ser debatidos en la Asamblea Nacional es el de la elección de diputados a nivel nacional.

En marzo de 1999, cuando fungía como legislador, propuse un anteproyecto de ley para elegir 10 legisladores a nivel nacional.

El argumento de mi propuesta era una mejor calidad de legisladores. En todos los partidos existen elementos sumamente estudiosos, honestos, con prestigio y con vocación de servir al Estado cuando se presente la ocasión. Igual ocurre con los miembros de la sociedad civil, los cuales tendrían más oportunidad de llegar al parlamento pro vía de un circuito nacional.

Nuestro Parlamento está lleno de jóvenes sin experiencia, pero llenos de entusiasmo, fe y buena voluntad para resolver problemas de su circunscripción geográfica, pero les hace falta visión para ver y analizar los problemas más complejos y de alcance nacional. La sabiduría es producto de la experiencia y donde no existe la experiencia es muy fácil cometer errores.

En aquel entonces señalábamos que Rosario Arias de Galindo, Lucho Moreno, Chato Alemán, Rosa María Britton, Marisín Villalaz, Nicky Barletta, Gloria Moreno de López, Mario Galindo, Bobby Eisenman, Carlos Bolívar Pedreschi y Raúl Leis, entre muchos otros ilustres panameños, le iban a dar confianza electoral al panameño al depositar su voto porque personas como ellos, si eran elegidos, podrían ilustrar y orientar a sus colegas.

Lamentablemente, el filtro de la Asamblea envió este anteproyecto a la Comisión de Reformas Electorales del Tribunal Electoral y allí nuestro Partido Arnulfista, junto con el PRD se opuso, aduciendo que ya había muchos legisladores.

Ignoramos de quién es la nueva iniciativa, pero la aplaudimos, y la reglamentación de la ley no debe ser restrictiva y abierta a aspirantes inscritos o no en un partido para que puedan participar dentro de un colectivo más afín a sus creencias ideológicas.

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Este artículo se publicó el  24  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Ofender, ultrajar, vilipendiar…

La opinión de…

Carlos Gasnell Acuña

Al analizar cada una de las conductas que se quiere tipificar como hechos delictivos cuando se dirijan contra el Presidente de la República o funcionarios de elección popular, tenemos que concluir que, además de que no se utilizó el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua para redactar el anteproyecto de Ley, la propuesta obedece a un enfado del momento, como cuando un futbolista comete una falta fuerte y al final se excusa diciendo: “todo ocurrió en medio del calor de la jugada”.   Estoy seguro de que, luego de un análisis concienzudo, los diputados recapacitarán y retirarán este absurdo anteproyecto.

Vayamos por partes: si de manera alegre se coloca en una norma de carácter penal que ofender a un funcionario es un delito, se está considerando como delincuente a quien “humille o hiera el amor propio o la dignidad de alguien, o lo ponga en evidencia con palabras o con hechos”.   De manera que quien diga que un político electo es un mentiroso, porque incumplió una promesa, un pacto o maquilló una realidad –lo cual algunos hacen de manera recurrente– quedará sujeto a que su conducta pueda ser calificada como delito, si un político siente que se le “humilló o se le hirió el amor propio y la dignidad”.

Si analizamos cuál es el significado de la palabra ultrajar, el diccionario indica que consiste en ajar, injuriar, despreciar o tratar con desvío a alguien, entendiéndose la palabra desvío como tratar con desapego o desagrado. Ajar, para efecto de la redacción, se entendería como “tratar mal de palabra a alguien para humillarle”. De modo que todos los que han mencionado públicamente en alguna entrevista, encuesta, que algún funcionario público es un payaso, un tonto, un gordo, un ignorante o un maleante, también, para efecto de la ley podrían ser considerados delincuentes y ser objeto de la respectiva sanción penal.

En cuanto a la injuria, esta conducta ya está tipificada en el Código Penal, con sus respectivos eximentes de responsabilidad, cuando “los supuestos ofendidos sean uno de los servidores públicos de que trata el artículo 304 de la Constitución Política, funcionarios de elección popular o gobernadores”. Tal vez esta situación explique por qué en el anteproyecto se incluyó el artículo dentro del capítulo del Código que tipifica los delitos “Contra la personalidad interna del Estado”, aunque resulta algo ridículo (y disculpen la ofensa, el ultraje o el vilipendio) que se incluyan estas tres conductas en un capítulo que penaliza a quienes se alzan en armas para derrocar al Gobierno.

Y para finalizar, el vilipendio es definido como la “falta de estima y la denigración de alguien o algo”. Entendiendo que no se quiere tipificar la falta de estima, sino la denigración, la cual según el diccionario consiste en injuriar o en ofender la opinión o fama de alguien, lo cual entiendo se refiere a la buena fama, no a la mala fama que tienen algunos políticos electos. Entonces, herir la opinión de un político de forma burlona o cuestionar su buena fama señalando que no es muy bien ganada, también podría considerarse delito.

Como se puede observar, no tiene ninguna lógica tipificar estas conductas como atentados contra la personalidad interna del Estado, además de que se está tratando de penalizar de manera indirecta la injuria contra funcionarios públicos electos por votación popular, la cual ya fue despenalizada luego de un amplio debate.

Me gustaría dejar claro que no estoy a favor de que se ofenda, ultraje o vilipendie a ningún funcionario público, pero tampoco creo que al penalizarse estas conductas como un instrumento para infundir temor, los políticos se ganen el respeto de la ciudadanía que al parecer tanto anhelan.

Solamente a través de sus comportamientos y acciones los funcionarios que quiere proteger este anteproyecto lograrán que la imagen y opinión que la mayoría de los ciudadanos tiene de los políticos mejore.

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Este artículo se publicó el 10  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

‘Banana republic’ o el país 100-1

La opinión del Economista,  Educador,  Humanista…

VICTORIANO  RODRIGUEZ  SANTOS

La ‘Banana republic’ (concepto internacionalizado por E.U.) o el país 100-1, y según expresara algún cómico, perdón cónsul, producto de la forma en que son escogidos, salvo excepciones, entre posibles títeres o ignorantes; donde el nepotismo embriaga hasta a extravagantes de televisión, trae como secuela el desprestigio de los panameños, internacionalmente.

Resulta ahora que somos ‘costeños de Colombia’, donde el ‘Océano Pacífico tiene un mayor nivel que el Atlántico’, que la idea de la construcción del canal fue de los ‘franceses (alrededor del 1902/1903)’, que ‘fracasaron por un mosquito’, que los ingresos del canal alcanzan solamente ‘25 millones de dólares en 10 años’.   Así funciona nuestro servicio diplomático, a tal grado que el señor presidente prácticamente les prohibió hablar.   Vamos bien señor presidente, vamos bien.

Que una participante de belleza diga algunas barrabasadas pudiera entenderse, pero que un diplomático lo haga, es bochornoso; pero miembros del Ejecutivo lo consideran ‘folklórico’.

También es folklórico que algunos diputados estén proponiendo ‘insensateces’ a fin de distraer al pueblo y si el pueblo acepta el camarón pasarlo, así como el irrespeto de ciertos jerarcas y violación a ciertas leyes, inclusive firmadas por el propio presidente Ricardo Martinelli.   ¿Juntos haciendo un mejor Panamá?

¿Será que pretenden impulsar otras leyes como: la reelección inmediata, carcelazo, chorizo, eliminar la protección a los discapacitados, a pacientes de enfermedades terminales o crónicas, al medio ambiente, comunicación, derecho a reunión y convertir nuestro país en finca, supermercado o Estado amordazado?

¿Será o no la razón por la cual se quería implementar una ley que penalizara con dos a cuatro años a quien divulgara los exabruptos del gobierno?

Lo dicho por el ‘presunto’ diplomático deja un amargo paladar a quienes sin tratar de ser considerados para esos cargos, manejamos mucho mejor la información histórica y económica de nuestro amado Panamá.

Quienes nos hemos atrevido a decir la verdad, a no aceptar dádivas, chantajes o regalías ni permitir la compra de nuestros principios (éticos y morales), se nos persigue y en esta oportunidad, violando leyes constituidas, se nos destituye, como un mensaje a otras personas que quien manda, hace lo que le viene en gana, independientemente de leyes o sentido común. ¡Ahora le toca al pueblo! Dios te salve Panamá.

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<> Artículo publicado el 13  de enero de 2011  en el diario  El Siglo, a quienes damos,   lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Respeto y libertad de expresión para todos

La opinión de la Economista y Educadora….


LIZABETA S. DE RODRÍGUEZ
diostesalvepanama@yahoo.com

Recientemente, los medios se hicieron eco del comunicado, emitido por la Asamblea Nacional de Diputados, donde informan que discutirán en el pleno, un anteproyecto de ley presentado por el diputado suplente abogado Agustín Shellhorm, para ‘adicionar un artículo al Código Penal, con el fin de tipificar el delito de vilipendio contra servidores públicos en cargos de elección’.

Dicha propuesta generó rechazo inmediato de colectivos políticos, gremios periodísticos y sociedad civil, que ven en peligro la libertad de expresión, considerando dicha propuesta como instrumento para acallar la opinión pública hacia malas acciones ejecutadas por el gobierno.

Tal es la magnitud de malestar alcanzado, que el presidente del Consejo Nacional de Periodistas indicó, enviara un informe completo sobre el proyecto de ley mordaza, que se pretende aprobar, a la relatora de la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Igualmente, el presidente del Colegio Nacional de Abogados se pronuncio, exponiendo que este anteproyecto vulnera la Constitución, debido a que el sistema jurídico contempla normas que regulan esta materia.

Si expertos en leyes aseguran que existen medidas que reglamentan este tema, ¿Por qué no se aplican las normas existentes? ¿Las autoridades competentes son ineficientes en la aplicación de las leyes? Están promoviendo suspicacia en la ciudadanía.

Históricamente políticos llegados a los círculos de poder se convierten en alérgicos a la crítica de la opinión pública y desatinadamente recurren a la amenaza, persecución y búsqueda de subterfugios que les resguarden de dar explicaciones objetivas, serias, transparentes sobre el uso de los fondos públicos y acciones ejecutadas durante el periodo de administración gubernamental donde han actuado.

La sociedad está cansada del circo al que continuamente se ve sometida, por los gobiernos; está ávida de solución a sus problemas y no está dispuesta a continuar pagando altos costos de planillas, en funcionarios elegidos por votación popular o escogidos por el Ejecutivo para desempeñar altos cargos, que no brindan respuestas efectivas a las necesidades y expectativas de la población.

La revocatoria de mandato en manos de la población es imperativa, así como la aprobación de una ley que sancione con el patrimonio personal a quienes lesionan, usufructúen o hagan mal uso de los recursos públicos.

Se desprende la importancia de establecer claramente las reglas del juego, sobre todo, en cuanto a libertad de expresión. Nuestra Carta Magna establece que no existen fueros ni privilegios, tanto gobernantes como gobernados merecemos respeto.

La regulación de la libertad de expresión, no puede dejarse a la subjetividad o interpretación de quienes gobiernan. Es conveniente conformar una comisión permanente, integrada por representantes de diferentes gremios, directores de medios, representantes de diversos sectores de la sociedad civil y miembros del gobierno, que actúe como garante de la aplicación objetiva de estas normas.

Lo verdaderamente relevante es demostrar sentido común en la administración del Estado, lograr una relación de equilibrio entre gobernantes y gobernados que impida el abuso de poder y permita el desarrollo de una democracia participativa.

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<> Este artículo se publicó el 12 de enero de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que a la autora,  todo el crédito que les corresponde.